Esta semana hablamos sobre la urgencia de fortalecer el Sistema de Justicia para revertir el declive y el deterioro de la incipiente democracia guatemalteca.

El programa inició con el editorial de Dionisio Gutiérrez, enfatizando la importancia de fortalecer el  Estado de Derecho en Guatemala: “Sin respeto a la ley y sin Estado de Derecho somos territorios en manos de bandas de incapaces, ladrones y matones. En los tiempos que hoy vivimos, también se les conoce como narco Estados o Estados criminales.”

 Aseguró que “Nuestro país tiene un saldo acumulado negativo que debemos cancelar. El atraso social, la ausencia de economías de escala por nuestro tamaño y la falta de masa crítica para crecer con más velocidad se unen a la escasez de recursos humanos y económicos para articular y ejecutar un plan de desarrollo exitoso” e indicó que “Si tenemos limitaciones para alcanzar un crecimiento económico acelerado debemos fortalecer la otra columna del desarrollo que es el Sistema de Justicia para garantizar certeza jurídica y Estado de Derecho.”

Concluyó con un mensaje para el gobierno de Alejandro Giammattei: “Esta lamentable y peligrosa realidad hace imperativo que el próximo gobierno se comprometa, desde el primer día, a resolver, liberar y fortalecer el Sistema de Justicia en Guatemala; a garantizar la igualdad ante la ley y el más riguroso Estado de Derecho. De esto depende el éxito o el fracaso de los próximos 4 años. De esto podría depender la misma sobrevivencia de nuestra democracia republicana.”

Después, Gutiérrez entrevistó al politólogo Phillip Chicola y al abogado Edgar Ortiz sobre los vicios del actual proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a Salas de Apelaciones; y sobre las reformas pendientes al Sistema de Justicia.

Sobre la elección de magistrados, Edgar Ortiz explicó: “La CC le da una bocanada de oxígeno al proceso cuando solicita que se haga la evaluación de desempeño de los jueces, pero el camino sigue siendo muy rocoso. Hay dos momentos cruciales: Nos encontramos apenas en el momento para la elaboración de la nómina -donde se ha intentado colocar a personas afines a círculos criminales-. Pero todavía falta el segundo momento, que es cuando el Congreso determina quiénes son los magistrados. Obviamente no se quería tener un proceso de evaluación de desempeño de jueces porque muchos de sus ‘amigos’ no iban a pasar esa evaluación. Ahora lo que tenemos que pelear es que esa evaluación sea objetiva y se filtre muy bien a los candidatos.”

Phillip Chicola coincidió  y agregó que “La CC abrió la puerta para tratar de mejorar el procesos y tratar de evitar que las mafias tomaran las Cortes de Apelaciones y la CSJ.” Sin embargo, Chicola señaló que el problema radica en las deficiencias del sistema actual:  “Yo soy más radical; el modelo está caduco.  Es un contrasentido que un órgano político nombre a los jueces que van a conocer los casos en su contra, tiene que renovarse.”

Posteriormente, Edgar Ortiz reflexionó sobre la labor que debe realizar el próximo gobierno para impulsar las reformas que el país necesita: “Tiene que ser la clase política quién de la talla. La sociedad se manifestó en el 2015 y nada cambió. Si el próximo gobierno no realiza reformas adecuadas, en cuatro años es muy probable que veamos a ciudadanos eligiendo opciones populistas y anti-sistema. Nos hemos salvado de muy malos candidatos, pero puede ser que no corramos con la misma suerte en el futuro.” 

Phillip Chicola agregó: “el presidente electo tiene un capital político natural y debe aprovecharlo, encauzando desde el primer día una agenda de reformas. Un buen ejemplo puede ser la elección de los magistrados del TSE. Los partidos en riesgo de cancelación van a poner a gente que los favorezca, pero esto es lo que se debe evitar. Hay que poner gente de primer nivel en el TSE.”

En el último segmento Paul Boteo moderó el debate entre el analista político, Danilo Carías; el politólogo, Luis Guillermo Velásquez; y el internacionalista, Luis Pineda, sobre las crisis políticas que están enfrentando distintos países de Latinoamérica. 

Una de las conclusiones del debate fue que “sin importar si los gobiernos son de izquierda o de derecha, lo realmente preocupante es el autoritarismo presente en países latinoamericanos como Bolivia o Venezuela. La batalla política en la que debemos enfocarnos los ciudadanos es en mantener nuestras garantías democráticas.” 

Vea el programa completo aquí: 

Esta semana hablamos sobre nuestro subdesarrollo político y las élites extractivas que perjudican el desarrollo del país. 

El programa inició con el editorial de Dionisio Gutiérrez donde habló sobre los grandes cambios que han sufrido las naciones: “Nunca en la historia de la humanidad, como en nuestra generación, se creó tanta riqueza, se alcanzó gran crecimiento en las clases medias del planeta y mejoró de forma extraordinaria el bienestar de la raza humana (...) somos la generación del cambio exponencial en la tecnología; con la mecanización, la robótica y la Inteligencia artificial.”

“Sin embargo, a pesar de estas grandes oportunidades” indicó, “la economía del mundo no está generando suficientes oportunidades (...) y la discusión sobre el cambio climático, la migración ilegal y la renta universal son desafíos que están en las mesas de discusión sin solución sencilla o económicamente viable.”

Además, reflexionó sobre la situación en Guatemala: “Estamos atrapados en un subdesarrollo político humillante y vergonzoso. Las elites hemos sido incapaces de romper las cadenas de la corrupción, la incompetencia y la impunidad. Hemos sido incapaces de diseñar un modelo de desarrollo incluyente y solidario.” 

Por lo que hizo un llamado a comprometerse con el futuro del país: “Para que Guatemala se convierta en una nación exitosa necesita instituciones fuertes, honradas y efectivas, empezando por los partidos políticos (...) Este es el gran desafío de nuestro tiempo; un desafío que solo se podrá enfrentar con élites comprometidas, honestas, capaces y estratégicas, que estén dispuestas a ofrecer el sacrificio suficiente para ser la generación que lleva a Guatemala al pedestal de la victoria, la dignidad y la libertad.”   

Después Gutiérrez entrevistó Roberto Ardón, Director Ejecutivo de CACIF; y a Juan Carlos Paiz, Presidente de Fundesa sobre el rol de las élites en el país y la importancia de la construcción de instituciones incluyentes que busquen el bienestar general del país. 

Roberto Ardón reflexionó sobre como las decisiones políticas afectan la vida de los ciudadanos: “Una de las lecciones importantes que hemos tenido del ENADE es la importancia de las decisiones políticas en un país; porque esas decisiones permiten la existencia de instituciones inclusivas o no. (...) Muchos grupos prefieren no salir de su zona de confort para establecer un diálogo constructivo con otros actores, pero es importante tener puntos de encuentro para desarrollar una ruta de país. Sin esto seguiremos estancados, carentes de propuestas transformadoras en lo político y lo económico.”

Juan Carlos Paiz coincidió y agregó: “Durante el evento, Robinson (uno de los autores del libro ‘¿Por qué fracasan las naciones?’) dijo que todos los países han pasado por esto y aquellos que han logrado establecer instituciones incluyentes son los países que han generado prosperidad. Un ejemplo de sistemas extractivos es el tema de las carreteras. Se ve que hay unos grupos sindicales, contratistas y diputados que están parando las reformas porque se benefician del sistema actual. Vemos claramente cómo impacta esto en el PIB y en los indicadores que bajan año tras año, así que si bien es un tema difícil de resolver, hay que hacerlo.”

Ardón además reflexionó sobre los cambios que Guatemala necesita: “Creo que hay dos cambios que podemos hacer: cuentadancia y distribución de poder. Sin ellas lo que producimos son instituciones extractivas. Como no tenemos rendición de cuentas, la política se volvió una selva y eso aleja a la gente buena y capaz de la gestión pública y de la participación política.” 

Después Paul Boteo moderó el debate entre Lionel Toriello, Manuel Villacorta y Jesús María Alvarado, donde se discutió la construcción de instituciones inclusivas. 

Una de las conclusiones del debate fue que “Las élites extractivas en el mundo son la regla, las élites inclusivas son la excepción. En la historia de Guatemala descubrimos grandes razones por las que tenemos élites extractivas, que saquean el Estado y promueven reformas que solamente benefician a ciertos sectores”. 

Los tres participantes coincidieron que los autores Robinson y Acemoglu presentan un análisis importante para acceder a la prosperidad: “Debemos proteger el derecho de propiedad y transformar la política en Guatemala; ya que  son las élites políticas las que deben tener la creatividad, la integridad y la habilidad para construir las instituciones inclusivas que tanto necesitamos”.

Esta semana en Razón de Estado hablamos sobre el incumplimiento del plazo para nombrar a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones; y también sobre cómo construir un Sistema de Justicia transparente e independiente.      

El programa inició con un resumen de los editoriales de Dionisio Gutiérrez sobre la captura de la justicia en Guatemala: “Desde la apertura democrática en 1985, los grupos dominantes de la política se han dedicado a diseñar un sistema político que promueve la corrupción y a establecer un sistema de justicia que favorece la impunidad.” 

Indicó que “los grupos delincuentes que sienten como amenaza que se persiga la corrupción y se acabe la impunidad, con el apoyo del actual gobierno, se resisten a dejar sus posiciones de poder; e intentan, una vez más, mantener y consolidar su control cómplice y con frecuencia criminal sobre el Sistema de Justicia.” Lo cual está sucediendo en el marco de “las elecciones de gran trascendencia en la Corte Suprema de Justicia y en las Cortes de Apelaciones.” 

Por eso, aseguró que el ciudadano debe involucrarse en la vida cívica de su país: “En 2015 la corrupción sacó a la calle a los guatemaltecos a protestar contra una clase política deshonesta y vulgar que, con bandera de izquierda o derecha, llevó al país a la bancarrota moral. Guatemala no aguanta 4 años más de fracasos y decepciones. La democracia no se defiende sola. Necesita al ciudadano.” 

En el siguiente segmento, Edgar Ortiz moderó el debate entre los abogados Stuardo Ralón y Elvyn Díaz sobre los distintos escenarios que tendría el proceso de elección para magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones, al no poder cumplirse con el plazo constitucional del 13 de octubre. 

Stuardo Ralón señaló que “existe una preocupación sobre la certeza jurídica. Creo que a partir del 13 de octubre podremos vivir un período de incertidumbre por varios meses. A nuestro criterio (según CEDECOM) ninguna norma o decisión es superior a la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto nos pondría en el escenario de un vencimiento de un plazo constitucional.”

Sin embargo, Elvyn Díaz compartió que “claramente hay un clima de incertidumbre sobre lo que puede pasar después del 13 de octubre, pero tenemos que resolverlo. No podemos quedarnos sin jueces y para eso la CC interpreta el artículo 71 de la Ley del OJ, donde indica que los actuales magistrados deberán mantenerse en el puesto hasta que tengamos a sus sucesores. Yo sí creo que debemos cumplir y acatar la resolución de la CC hasta que evaluemos a los jueces que se postulan y elevemos nuestros estándares en el proceso.” 

Después Paul Boteo moderó el panel entre los analistas Phillip Chicola, Carlos Paz Archila y Edgar Ortiz sobre lo que hace falta para construir un sistema de justicia independiente. 

Phillip Chicola aseguró que “a nadie le interesa que la justicia sea independiente. Los actores con intereses políticos quieren tener cuotas en el sistema de justicia para garantizarse impunidad.”

Carlos Paz coincidió con esto y agregó que “después de 34 años vemos que el sistema está completamente desgastado. Tenemos un modelo muy primario donde solo se evalúa el ingreso pero no se evalúa el desempeño, lo que tiene como consecuencia un Sistema de Justicia capturado con jueces que no responden a un interés legítimo sino que se ven influenciados por el crimen organizado.”

Por último Edgar Ortiz reflexionó sobre los modelos de elección de jueces en otros países: “El diseño institucional actual es el peor posible. Estamos muy por debajo en indicadores de justicia, incluso en América Latina. Hay varios modelos, pero el que podríamos aspirar a implementar es uno en donde la carrera judicial meritocrática  sea por oposición como es en Francia por ejemplo. (...) o algún modelo híbrido como el americano en donde la elección si bien es política, hay un filtro elitista donde los nominados a ser jueces son los mejores de las mejores universidades. Está bien que la decisión final recaiga en el congreso, pero hay que pensar en los filtros para llegar a ese nombramiento.”

Los tres coincidieron en que el próximo gobierno debe impulsar la reforma del Sistema de Justicia en los primeros meses de gestión, aprovechando el capital político que tendría y de esa forma evitar que el país caiga en una crisis política como la que vive Perú actualmente. 

Vea el programa completo aquí: 

Dionisio Gutiérrez participated in the forum "Business and politics, can we turn our backs?" in the III Ibero-American CEAPI Congress.

En el marco del "III Congreso Iberoamericano para Presidentes de Compañías y Familias Empresarias", auspiciado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) -que se desarrolló durante los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2019 en la ciudad de Madrid- Dionisio Gutiérrez tuvo una participación en el panel“Empresa y política ¿Podemos dar la espalda?” donde se habló del futuro del capitalismo y los poderes públicos.  

En una de sus intervenciones, Dionisio Gutiérrez apuntó que desde muy temprana edad se dio cuenta que el empresario no puede dar la espalda a la política: “A mis 20 años, sufrimos un ataque en una de las empresas a causa del conflicto armado que vivía Guatemala y Centroamérica, donde la guerrilla puso una bomba que destruyó entero uno de nuestros edificios. Llegué al lugar y le pregunté a uno de los periodistas y a uno de los ejecutivos que estaban allí: ¿Qué sentido tiene construir empresas potentes y exitosas, en un país que está implosionando; en un país que no funciona, donde la democracia no opera y donde no hay certeza jurídica? Ese fue el momento en que me comprometí con la política de mi país".

Posteriormente, se refirió a la transformación vertiginosa que se está dando en todo el mundo y en todos los sectores de la vida humana: “A la generación actual nos está tocando vivir la era del cambio exponencial. Hay muchos temas que nos afectan y tenemos que empezar a administrarlos: la tecnología, la mecanización, la robótica, la inteligencia artificial… todo esto está afectando de una manera brutal la economía y la vida de las personas." Y aseguró que"se están perdiendo trabajos que no se están sustituyendo. La economía no está generando suficientes oportunidades. Por primera vez se está hablando de una generación que tendrá menos expectativa de vida y menos ingreso que sus padres”.

Además, realizó un diagnóstico sobre las distintas crisis políticas que atraviesan varios países del mundo: “Hoy en día tenemos a Reino Unido, Israel y España sin lograr formar gobierno y el resto de Europa con muchas debilidades. En América Latina, tenemos el posible retorno de Cristina Fernández en Argentina, la reelección de Evo Morales en Bolivia, la finca de Ortega en Nicaragua, el drama de Venezuela -a la que se han acabado las palabras para describirlo-, la mitad de países de Centroamérica muy cerca de convertirse en narcoestados y a Colombia amenazada de nuevo con una narco-guerrilla. En Estados Unidos, México y Brasil son gobernados por populistas de diferentes colores. ¿Cómo llegamos a esto?"  Y por último reflexionó sobre las posibles soluciones para enfrentarlas: "En este ciclo tenemos que comprender que para que la economía y la democracia funcione, los sectores empresariales de todos los países del mundo tienen que estar mucho más involucrados en la participación y en la formación de cuadros técnicos para hacer gobierno, en el apoyo a la academia para formar líderes y dirigentes que sean capaces de formular las políticas públicas que necesitamos hoy”.

El resto del panel estaba integrado por María José Álvarez Mezquíriz, presidenta Grupo EULEN (España); Enrique V. Iglesias, presidente de honor de CEAPI (Uruguay) y Fernando Garea, presidente Agencia EFE (España). Otros expositores del evento fueron empresarios reconocidos como Antonio Brufau, Juan de Antonio, Ramón Mendiola, y Blanca Treviño.
 

Esta semana hablamos sobre la transición de poder entre el Gobierno de Jimmy Morales y el de Alejandro Giammattei

El programa inició con el editorial de Dionisio Gutiérrez donde habla sobre el período de transición de gobierno: “Recibirán un país y un gobierno con problemas complejos y desafíos extraordinarios. Esta es la primera vez desde la apertura democrática que una transición de gobierno tomará 5 meses”.

Explicó que “este tiempo presenta una oportunidad que el binomio presidencial está aprovechando para formar su equipo, formular su plan de políticas públicas, hacer contacto con los sectores de la sociedad y definir las decisiones más importantes que tomarán en los primeros días de gobierno” e hizo énfasis en que “no tendrán excusa” sobre las primeras acciones que realizarán a partir del 14 de enero. 

Por último hizo una reflexión sobre las grandes reformas que Guatemala necesita: “El Estado de Guatemala necesita las grandes reformas; al Sistema de Justicia, a su Ley Electoral, a su Sistema de compras y contrataciones y a la Ley de Servicio Civil (...) El Estado de Guatemala necesita Justicia, orden y respeto. El Estado de Guatemala necesita más transparencia, más certeza y mejores resultados.” 

Después Gutiérrez entrevistó al vicepresidente electo, Guillermo Castillo, sobre los planes del nuevo gobierno y la transición en la que actualmente se encuentran. 

Castillo aseguró que “tienen una oportunidad valiosa como nuevo gobierno (...) es un proceso de transición largo que nos permitirá que nuestros funcionarios no lleguen a improvisar, sino a tomar las decisiones más importantes que se están demandando. Y en esto es en lo que estamos enfocados.” 

Se refirió a la relación que tienen su equipo de trabajo con el gobierno actual: “Hemos estado teniendo una buena comunicación con el gobierno actual. Sin embargo, creemos que a nosotros no nos corresponde tomar decisiones. El gobierno (actual) lo será hasta el 14 de enero y seremos respetuosos con sus tiempos. Haremos recomendaciones, pero no nos involucraremos en la gobernabilidad del país.” 

Además, habló sobre los planes de gobierno que tienen preparados para el periodo 2020-2024. Sobre su plan nacional de innovación comentó: “Nuestro plan nacional de innovación y desarrollo está bien estructurado y fueron más de 300 profesionales y técnicos los que nos ayudaron a diseñarlo. (..) Hemos tenido una buena respuesta de los tanques de pensamiento, grupos indígenas y agrupaciones del sector privado para apoyarnos en impulsarlo”.  

Por último agregó la postura del nuevo gobierno sobre la lucha contra la corrupción: “No se puede detener. Debemos seguir impulsando un estado transparente y con probidad. Por eso hemos tenido acercamientos con la Contraloría de Cuentas, que tiene que cumplir con su función; pero les hemos pedido que sea un acompañamiento preventivo. Eso nos va ayudar a que el Estado no se detenga y que las compras gubernamentales sean de calidad.”

Después Edgar Ortiz moderó el debate entre Celia Luna, Gregorio Saavedra y Hugo Novales sobre el desgaste que podría traer para el futuro gobierno de Giammattei una transición tan larga. 

Una de las conclusiones del debate es que “el presidente electo en una transición tan larga va a caminar en un campo minado. No tiene la aprobación de toda la población guatemalteca y tiene un bloque muy pequeño en el Congreso; esto podría complicarle la posibilidad de liderar algún proceso de reforma.”

Vea el programa completo aquí: 

Análisis de la situación económica de la Eurozona y Guatemala para septiembre del 2019.  

Eurozona: La mayoría de países de la Eurozona han logrado consolidar sus finanzas públicas, reduciendo su déficit fiscal y con ello, deteniendo la dinámica de crecimiento incontrolable de la deuda gubernamental. Sin embargo, los países que tuvieron problemas con la deuda pública (España, Italia, Grecia, Portugal y Chipre), si bien lograron un mayor control de sus finanzas públicas, se encuentran en una situación bastante vulnerable por los altos niveles de endeudamiento que todavía presentan (casi 100% del PIB o más).

Lo más preocupante de la Eurozona es que, a pesar de que toda la curva de rendimiento de bonos gubernamentales se encuentra en negativo desde el mes de agosto, la inflación sigue con tendencia hacia la baja y la demanda interna parece no responder a los estímulos monetarios. La tasa de desempleo en toda la Eurozona está llegando a los niveles previos de 2009, pero aún siguen muy altos en España, Italia y Francia.

Guatemala: La economía de Guatemala sigue en números positivos, aunque el comercio exterior continúa en números rojos. El crédito hipotecario de vivienda reporta un crecimiento interanual de 16%, lo cual es un reflejo de los múltiples proyectos inmobiliarios que se están desarrollando en la ciudad. El Índice de Actividad Económica reporta un crecimiento interanual de 3.2%, consistente con la proyección de crecimiento de 2019 (entre 3% y 4%). Comparado con el resto de países de Centroamérica, Guatemala reporta el segundo mejor crecimiento, después de Panamá. Sin embargo, las exportaciones continúan en números rojos (-0.2%) y las importaciones registran un crecimiento raquítico (1%). Lo que “sostiene” las exportaciones en este momento (evita que sean más negativas) son las ventas a  la Eurozona, que reportan un crecimiento de 8%. Por último, se tuvo una mejora en la recaudación de impuestos, lo que contuvo el incremento sustancial que reportaba la brecha fiscal en meses anteriores.

Descargue el informe en PDF AQUÍ.

Esta semana hablamos sobre el aniversario de Razón de Estado y la captura del sistema de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones por parte de mafias y estructuras criminales. 

El programa inició con el editorial de Dionisio Gutiérrez a propósito del aniversario de Razón de Estado: “En estos días, Razón de Estado cumplió un año de estar con ustedes. Un año en el que Guatemala siguió buscando alivio a sus dolores y solución a sus problemas. Desde esta tribuna intentamos dar un aporte a la claridad, al análisis serio, al compromiso con la verdad y a la defensa de nuestras libertades.”

Explicó los problemas a los que se enfrenta el país en la actualidad: “hoy nos enfrentamos a la amenaza del secuestro del sistema de justicia y a la consolidación del imperio de la impunidad (...) La democracia guatemalteca está herida y sus instituciones no alcanzan para ser el remedio que necesita. El discurso público vive tiempos marcados por el abaratamiento de la verdad y la pérdida de honestidad. Vivimos, dicen, la era de la post verdad; que realmente, es la era de la mentira.”

Por último llamó a la reflexión sobre el futuro del país: “con el inicio del segundo año de Razón de Estado, me parece honesto proponer que nos cuestionemos si las generaciones de hoy, estamos fracasando en la construcción de la idea que es Guatemala.” Y aseguró que “desde esta tribuna, también afirmamos que seguiremos comprometidos con la verdad, con el Estado de Derecho y con la Libertad; los fundamentos de la democracia.”

Después Gutiérrez entrevistó a Helen Mack y a Luis Fernández Molina sobre la cooptación del sistema de justicia guatemalteco y los vicios en el proceso de elección de jueces para las altas cortes del país. 

Luis Fernández Molina explicó que “estructuras y mafias criminales dentro de las comisiones de postulación no están buscando debilitar la justicia, sino que quieren cooptarla para colocar a sus peones en los tribunales, y no les importa si califican o no.” Además, mencionó que la expulsión de CICIG del país es la oportunidad perfecta para que el actual congreso “liquide y nombre a los magistrados que velarán por sus intereses, ya sea personales o económicos.”

A propósito de la nueva comisión en el Congreso para evaluar los resultados de CICIG, Helen Mack aseguró que “todo lo que habíamos logrado quiere ser destruído por los diputados y la comisión actual. El nuevo pacto de corruptos busca derogar o modificar todas las reformas que se hicieron porque los amenaza; no les gusta la figura del colaborador eficaz ni los tribunales de alto riesgo porque no les conviene tenerlos. Seguir legislando según a los intereses de grupos específicos hace que el país no salga adelante.” 

Por último ambos invitados reflexionaron sobre el rol de la ciudadanía en velar por que la justicia del país sea transparente: “Es importante que estemos conscientes de que todos los problemas de salario bajos, de falta de trabajo, las malas carreteras del país, la mala educación, etc. pasan de alguna u otra forma por el sistema de justicia que tenemos”. Aseguraron que la sociedad civil debe activarse para evitar la injerencia del crimen organizado y ayuda así a consolidar un auténtico Estado de Derecho. 

Después Edgar Ortiz moderó el debate entre los abogados Diego Marroquín, Elvyn Díaz y José Echeverría sobre la sentencia de la Corte de Constitucionalidad para repetir el proceso de elección para los magistrados de la CSJ.

Una de las conclusiones del debate es que el diseño institucional de la elección de magistrados de las altas cortes en el país, tiene que ser revisado, pues desde su origen ha permitido que estructuras criminales coopten nuestro sistema de justicia y favorezcan la impunidad. 

Por último, aseguraron que si bien normativamente no habría diferencia en el hecho de que sea este Congreso o el siguiente el que elija a los magistrados que conformarán las altas cortes del país; sin embargo políticamente nos enfrentamos a que intereses espurios de los actuales diputados se interpongan en la elección de magistrados. 

Esta semana en Razón de Estado hablamos sobre la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad en la elección de magistrados y discutimos sobre los partidos políticos pendientes de cancelación.

El programa inició con un resumen de los editoriales de Dionisio Gutiérrez sobre la captura de la justicia en Guatemala: “Los grupos delincuentes que sienten como amenaza que se persiga la corrupción y se acabe la impunidad, con el apoyo del actual gobierno, se resisten a dejar sus posiciones de poder; e intentan, una vez más, mantener y consolidar su control cómplice y con frecuencia criminal sobre el Sistema de Justicia. Esto sucederá en las próximas semanas o meses pues se tendrán elecciones de gran trascendencia en la Corte Suprema de Justicia y en las Cortes de Apelaciones.”

Indicó que el ciudadano debe involucrarse en la vida cívica de su país: “En 2015 la corrupción sacó a la calle a los guatemaltecos a protestar contra una clase política deshonesta y vulgar que, con bandera de izquierda o derecha, llevó al país a la bancarrota moral. Guatemala no aguanta 4 años más de fracasos y decepciones. La democracia no se defiende sola. Necesita al ciudadano.” 

Por eso, aseguró que “la nación guatemalteca debe poner la mirada y toda su atención en lo que está haciendo la Comisión de Postulación y en la elección que podría hacer el congreso para escoger magistrados para las Cortes de Justicia para los próximos 5 años. Si esta batalla se pierde, podríamos regresar a como era todo antes de 2015.”

Después Edgar Ortiz moderó el debate entre los abogados Omar Barrios Osorio y Carlos Bezares sobre la reciente resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, que obliga a iniciar nuevamente el proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia.

Los invitados explicaron los dos recursos que se presentaron ante la Corte de Constitucionalidad: “Hay dos amparos que se plantean de formas diferentes. En el del abogado Ventura Loyo se alega que los representantes del Instituto de Magistrados en la Comisión de Postulación, fueron elegidos por planilla única; y la otra es la de la Fundación Mirna Mack que alega que no se aplicó el mecanismo de evaluación para los magistrados y jueces en activo que tuvieran interés en participar en el proceso.”

Carlos Bezares indicó  que fue incorrecto que el Instituto de Magistrados eligiera a sus representantes a la Comisión de Postulación sólo dentro  de una planilla, ya que la fórmula que se utiliza para asignar las representaciones supone que haya por lo menos dos planillas compitiendo.  En tanto que Omar Barrios indicó que si sólo se presenta una planilla a participar, no se puede obligar a que se postulen más y por tanto se tenía que asignar las representaciones de acuerdo a la única planilla que se postuló. Ambos coincidieron en que la convocatoria a participar que hizo el Instituto de Magistrados, no fue precisamente la mejor y pudo haber influido en que se postulara solo una planilla.

Respecto a que nos se utilizó el mecanismo de evaluación para los magistrados y jueces en activo que mostraron interés en participar en el proceso, Bezares indicó que fue una grave omisión de lo que establece la ley y por esa razón, la Corte de Constitucionalidad actuó correctamente. Barrios por su parte, expresó que no se podía utilizar un mecanismo de evaluación, debido a que no existe un reglamento en el cual basarse para hacer dicha evaluación.  

Aún cuando difirieron respecto a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, ambos coincidieron que esta elección de magistrados es de suma importancia para continuar la lucha contra la corrupción en el país.

Por último Paul Boteo moderó el segundo debate de la noche entre Phillip Chicola, Jesús María Alvarado y Mario Fuentes Destarac sobre la depuración del sistema de partidos políticos en Guatemala. 

Los panelistas indicaron que lo logrado en el 2015 tiene que ver por el contexto político de la época, lo cual es imposible de replicar hoy en día: “La historia del PP y de Líder es completamente distinta a lo que vemos hoy con el FCN o con la UNE. Ambos partidos en aquellos años ni siquiera pelearon su caso y esto hizo que su proceso de cancelación fuera más rápido.” 

Phillip Chicola explicó que si bien el caso de la UNE por financiamiento electoral ilícito fue presentado en febrero del 2019, el TSE dejó correr a Sandra Torres porque ningún otro partido impugnó su candidatura; “esto demuestra la complicidad que existe en el mismo sistema de partidos políticos.” 

Sin embargo, Fuentes Destarac y Jesús María Alvarado fueron críticos con el TSE por no haber actuado de oficio para iniciar el proceso de cancelación de la UNE: “El TSE tiene toda la facultad para actuar de oficio en la cancelación de un Partido Político cuando éste ha incurrido en ilegalidades, y de forma inexplicable, el TSE no actuó en el caso de la UNE, aún cuando tenía las pruebas para hacerlo.”

Sobre la próxima elección de los magistrados para el TSE, aseguraron que es un reto enorme pues “nadie corta la rama donde se está parado. Es el mismo congreso, conformado por grandes bloques de partidos como la UNE, quien elegirá a los futuros magistrados. (...) hay que trabajar para que el sistema electoral tenga una absoluta neutralidad y que quienes lleguen al TSE no respondan a intereses político partidista”.

Vea el programa completo aquí: 

Esta semana en Razón de Estado hablamos sobre el proceso de selección de magistrados y los resultados de la lucha contra la corrupción en Guatemala. 

Dionisio Gutiérrez inició el programa de esta semana con un editorial dedicado a la justicia y el Estado de Derecho: “El fundamento de una democracia liberal y republicana lo constituyen partidos políticos fuertes e institucionales, ciudadanos presentes, un sistema electoral cristalino, poderes y cortes independientes, libertad económica y orden fiscal.” 

Aseguró que “existe un intento de consolidación de un Estado criminal en Guatemala” y que lamentablemente “debemos reconocer que no somos una democracia representativa. Somos una democracia de poderes periféricos, algunos de ellos oscuros y criminales; otros que responden solo a intereses económicos, y por eso se proyectan parciales y egoístas.” 

Por último indicó que estos problemas solamente se corrigen “con Estado de Derecho y democracia; y el más absoluto respeto a la independencia de poderes” por lo que el objetivo de los ciudadanos “debe ser vigilar a las comisiones de postulación de Cortes de Justicia y al congreso que las elegirá. La vida civilizada se funda en el derecho. Y como dicen, su fin es que el delito se pague al contado y que la justicia lo cobre pronto. Y esto solo es alcanzable con una simbiosis digna e impecable de las leyes y los jueces.” 

Después Dionisio Gutiérrez entrevistó al economista Fritz Thomas y al columnista Lionel Toriello sobre las fallas que tiene el sistema de justicia guatemalteco y las lecciones que se han obtenido de la lucha contra la corrupción.

Lionel Toriello explicó que “Guatemala tiene problemas por resolver: uno es que una gran parte de la población no se ha incorporado a la vida republicana, otro es que el país no tiene Estado de Derecho y que tenemos un sistema de justicia muy enfermo. (...) Para arreglar esto hay que sacudir el “zapotal” y sacar a esos frutos podridos del sistema de justicia. Los tres organismos del Estado deben sacar a los incompetentes y corruptos y modernizarse para que, cuando alguien cometa un crimen, se detecte, se capture y se procese con eficiencia.” 

Por su parte, Fritz Thomas reflexionó sobre el rol que tuvo CICIG en Guatemala: “Creo que de las principales lecciones que dejó la CICIG en el país es que sí se puede hacer; se puede hacer investigación y juzgar a los culpables. Ahora el problema es ver cómo mantenemos un esfuerzo sostenido y vigoroso sin que se descarrile como le pasó a esta institución.” Pero para esto, agregó, que las élites del país deben enfocarse en el tema de justicia: “La justicia es prioritaria para que camine todo lo demás. Las élites económicas e intelectuales han fallado porque no hay propuestas. No hay suficiente generación de nuevas ideas ni proyectos de ley; y debemos hacer que esto funcione.” 

Ambos coincidieron en que cualquier crisis es una oportunidad. Por lo que la lucha contra la corrupción en Guatemala impulsada en los últimos años le permite a la sociedad “construir un tejido nuevo”. Sin embargo, aseguran que esto solamente se logrará si “se dejan a un lado las diferencias para buscar soluciones de fondo al país.” 

Por último Paul Boteo moderó el debate entre los abogados Andy Javalois y Julio García Merlo y la activista política Andrea Reyes sobre los saldos de la  lucha contra la corrupción y la elección de magistrados para las altas cortes del país. 

Los panelistas expresaron varias veces que “la lucha contra la corrupción sonaba interesante en el 2015 porque era un tema que indignaba a la población en general, pero cuando esa lucha comienza a tocar otras puertas, la cuestión dejó de plantearse interesante y CICIG comenzó a verse como una amenaza.” 

Una de las conclusiones del panel en relación a la elección de magistrados para la CSJ y la Corte de Apelaciones es que “el sistema de elección de las cortes es perverso y fracasado. Mientras la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones no se cambien completamente el sistema no funcionará y hará más difícil continuar con la lucha contra la corrupción. Los nombramientos políticos de jueces deben terminar y para eso debe hacerse un cambio estructural.” 

Vea el programa completo aquí:

 

 Más una crítica a la figura del antejuicio,  hay que hacer una fuerte reflexión sobre las personas e instancias involucradas en su tramitación que actúan conforme a sus compromisos políticos. 

Un antejuicio supone proteger a los funcionarios públicos de imputaciones falsas y de venganzas políticas o personales, que puedan recibir por decisiones o acciones que su cargo conlleven. Un buen ejemplo de esto son los jueces del sistema de justicia, pero en Guatemala este derecho es inherente a más de  10 cargos públicos. 

Esta semana Jimmy Morales prometió luchar por mantener el derecho de antejuicio que tienen los alcaldes, señalado como una de las reformas constitucionales que promueven CICIG y MP. Las críticas de la ciudadanía explotaron, haciendo énfasis en que ese comentario perpetúa la vieja política y la impunidad que arrastra el país por tanto tiempo. 

Jimmy Morales sigue en campaña politica, ofreciendo que no va quitar el antejuicio a los alcaldes!

— Anthony Rivas (@AnthonyRivasG) 15 de mayo de 2016

Si retrocedemos hace algunos años, el derecho de antejuicio solamente beneficiaba a los diputados, jueces y magistrados por su rol de mediadores de la ley, lo cual podría traer claras represalias hacia su cargo. Bajo esta perspectiva, la inmunidad que reciben estos actores se convierte en una garantía constitucional para que ejecuten su labor sin las amenazas de demandas sin fundamento, impidiéndoles continuar con sus responsabilidades públicas.

Ahora bien el problema ha sido que, con el transcurso del tiempo, cada modificación que recibía la institución del antejuicio consistía en ampliar el número de funcionarios que gozaban de ese derecho. 

 En el 2015, la Corte Suprema de Justicia reportó 632 solicitudes de antejuicios, siendo los alcaldes el grupo mayoritario afectado por denuncias en temas como malversación de fondos, lavado de dinero o abuso de poder; las cuales en su mayoría quedaron sin alguna investigación que verificara los cargos, al no ser admitido el correspondiente antejuicio. 

Lo cierto es que la realidad de nuestro país hace ver que, más una crítica a la figura del antejuicio,  hay que hacer una fuerte reflexión sobre las personas e instancias involucradas en su tramitación que actúan conforme a sus compromisos políticos, haciendo que los casos prosperen o no. De esta forma el antejuicio pasó de ser una garantía constitucional a, muchas veces, una herramienta de impunidad.

El debate sobre si quitar o no la inmunidad a los cargos de alcaldes, gobernadores o diputados del Parlamento Centroamericano, seguirá sobre la mesa  en las reformas a la constitución. Incluso hay quienes creen que el derecho de antejuicio debería de revocarse de cualquier puesto público (incluyendo jueces, presidentes o magistrados), pues tendría que prevalecer el derecho de igualdad ante la ley.

Cualquiera que sea la decisión final, en definitiva pondrá a prueba el sistema de justicia de nuestro país, pues permitiría demostrar a los tribunales y personas involucradas, su apego a la ley   y su capacidad de no ser objeto de manipulaciones que conlleven a más casos de corrupción.