En el programa de hoy analizamos la necesidad de las reformas del Estado que deben ser impulsadas desde el Ejecutivo, luego discutidas y aprobadas en el Legislativo, con el acompañamiento de la sociedad civil. 

En su editorial, Dionisio Gutiérrez analizó el declive y deterioro del sistema político guatemalteco: “Democracia, República, Justicia, Tribunal Electoral, Congreso, Presidencia; palabras pronunciadas en mayúscula que, con el tiempo, desde que nació nuestra democracia, se han quedado pequeñas y vacías. Con honrosas pero escasas excepciones, y con el paso de los años, llegamos a permitir y aceptar, con resignación e impotencia, que se colaran a la presidencia de la República, al Congreso, y a otras instituciones de nuestra democracia, los malandrines y los bandoleros de la sociedad. Gentuza sin clase, sin valores y sin escrúpulos que nos tiene al borde de Estado paria y fracasado”.

Además, se refirió a la pérdida de prestigio de instituciones que en momentos de crisis, salvaguardaron la democracia: “En los momentos críticos de los últimos 35 años, fueron las altas Cortes de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral quienes, en los momentos más graves y aciagos, salvaron el día. Salvaron la poca democracia que hemos construido. Importante pero insuficiente pues el deterioro continuó y nos trajo al presente de riesgo e incertidumbre que hoy vivimos. Un hoy sin garantías, un presente sin futuro”.

También, abordó las consecuencias de la disfuncionalidad del Estado y su impacto en el hecho de que no podamos alcanzar el desarrollo: “Los personajes oscuros que dominan el Estado han banalizado la política, contaminado las instituciones y comprometido el desarrollo. Por eso, en Guatemala, no hay condiciones para la inversión, el crecimiento económico o la creación de oportunidades; no hay condiciones para que su gente alcance desarrollo y bienestar. Las causas son el subdesarrollo político al que hemos llegado y las dinámicas perversas que hemos permitido, la indiferencia de las élites, el temor y la asfixia del ciudadano ausente, a quien solo queda tiempo y energía cada día para sobrevivir”.

Posteriormente, en el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a los diputados Bernardo Arévalo,  del partido Semilla, y Estuardo Rodríguez-Azpuru, del partido Humanista, sobre las reformas del Estado que se necesitan emprender desde el Congreso y de la correlación de fuerzas en la dinámica legislativa.

Sobre la necesidad de generar acuerdos mínimos y consensos entre bancadas que hagan viable un proceso de reformas en el Estado, el diputado Arévalo comentó: “Es un reto con el que llegamos nosotros como diputados de partidos nuevos. Dentro del plenario, nosotros venimos de distintas perspectivas y agrupaciones políticas pero muchos estamos orientados hacia una agenda compartida de nación, donde lo que tiene que prevalecer es el interés común frente a este proceso de des-democratización que estamos viviendo. Intentamos converger alrededor de algunos temas y convicciones, esto debe articularse hacia afuera con las organizaciones de la sociedad”.

A propósito de la reforma al Sistema de Justicia en relación a la elección de magistrados de altas cortes, el diputado Rodríguez-Azpuru señaló: “Necesitamos darnos cuenta de que el sistema de comisiones de postulación ha caducado. En este momento lo que nos queda es trabajar con lo que tenemos. Tenemos que hacer una revisión seria como partidos y bloques para empezar a ver cómo cambiar este sistema. Hay que fortalecer la carrera judicial”.

Sobre la articulación de una agenda de reformas en el Parlamento y la sociedad civil organizada, el diputado Arévalo afirmó: “Hay que generar una gran convergencia social y política, tenemos que empezar a atar voluntades dentro de la sociedad que nos lleve a una reforma constitucional y dejemos de tener un Estado cooptado para tener un Estado consolidado. Eso requiere un esfuerzo colectivo”.

Finalmente, en el segmento de debate, Edgar Ortiz moderó el panel entre los diputados Samuel Pérez Álvarez, de la bancada del partido Semilla, y Cristian Álvarez, de la bancada del partido CREO, donde también se abordaron las reformas del Estado, la dinámica dentro del Congreso y el liderazgo del Ejecutivo para llevarlas a cabo.

Para ver el programa completo, haga click aquí.

En el programa de hoy hicimos un balance de los 199 años de vida independiente en términos institucionales, sociales y económicos. Abordamos las cuatro reformas del Estado que deben impulsarse de forma urgente y la responsabilidad de las élites de liderar el cambio institucional. 

En su editorial, Dionisio Gutiérrez hizo una revisión histórica de los últimos cien años y los retos y desafíos que trajo el nuevo milenio para la humanidad: “El siglo XX, sobre todo en las primeras seis décadas, marcó su historia con una pandemia que se llevó a más de 50 millones de seres humanos, una depresión devastadora, dos guerras mundiales y la imposición de numerosas dictaduras. Sin embargo, en las cuatro décadas finales de aquel lejano siglo, las democracias del mundo avanzaron como nunca, cayó el Muro de Berlín, los países de Occidente tuvieron un crecimiento económico extraordinario, la pobreza bajó y la expectativa de vida subió”.

Posteriormente, explicó que parte de la explicación de la crisis y disfuncionalidad modernas, se encuentra en la política: “Si se gestionan bien estos desafíos, se pueden superar. Pero el problema del siglo en que vivimos es la política y la forma en que quienes la practican están destruyendo las democracias, sus instituciones y los valores que protegen y garantizan los derechos y libertades de los ciudadanos”.

Además, afirmó que las reformas son indispensables para que Guatemala alcance el desarrollo: “Que no quede duda, vivimos tiempos en los que se hacen indispensables el heroísmo cívico, la militancia política ejemplar y la ciudadanía presente y comprometida. Emprender las cuatro reformas del Estado y la integración económica de Centroamérica es el camino al futuro, el único que nos llevará al bienestar, al desarrollo y a la libertad”.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Richard Aitkenhead, presidente de IDC y columnista, y Phillip Chicola, director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo, sobre las razones por las que Guatemala no ha avanzado en su desarrollo en estos 199 años.

Sobre la variables que explican el subdesarrollo político y económico del país, el licenciado Aitkenhead refirió: “Estamos atrapados en la coyuntura y todas las discusiones son cómo sobrevivimos un año más y cómo logramos mejorar marginalmente algo que no funciona. Si tuviéramos una visión de mediano y largo plazo nos daríamos cuenta que este Estado no sobrevive 10 años más. Hay que empezar a hacer las reformas como si estuviéramos re-constituyendo al Estado. Sin una Ley electoral y de Partidos Políticos que reforme el sistema político y sin una Ley de servicio civil, que atienda el problema de la administración pública, no tendremos instituciones serias y fuertes”.

A propósito de los escenarios para Guatemala si no se corrige el camino y no se atacan los problemas de corrupción y captura del Estado, Chicola señaló: “Si Guatemala sigue por el camino de esta democracia fachada, de esta república disfuncional capturada por mafias, se nos presenta un escenario muy complicado. Miremos el caso haitiano que nunca superó el subdesarrollo político, o el caso de Guinea, que es un estado mafia. O incluso el caso de Venezuela, que es una sociedad que implosionó, además con un estado criminal y con un populismo político. Estamos ante una encrucijada del país de tratar de construir institucionalidad y no ser un Venezuela o un Haití”.

Sobre la necesidad de una integración económica centroamericana para alcanzar el desarrollo, Aitkenhead comentó: “No entenderlo es miopía, Centroamérica necesita la integración no para protegerse de los mercados de afuera ni para proteger los intereses de las élites, sino para catapultar el crecimiento económico y poder integrarnos a un mercado como el estadounidense. Eso cambiaría completamente el modelo y la dinámica de nuestros países”.

Finalmente, en el último segmento de debate, Paul Boteo moderó el panel entre Christians Castillo, investigador del IPNUSAC y Jesús María Alvarado, catedrático universitario, sobre el estado de las instituciones en el país, las reformas del Estado y la necesidad de fomentar acuerdos mínimos en las élites del país para generar desarrollo.

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En el programa de hoy hicimos un balance de los 199 años de vida independiente en términos institucionales, sociales y económicos. Abordamos las cuatro reformas del Estado que deben impulsarse de forma urgente y la responsabilidad de las élites de liderar el cambio institucional. 

En su editorial, Dionisio Gutiérrez hizo una revisión histórica de los últimos cien años y los retos y desafíos que trajo el nuevo milenio para la humanidad: “El siglo XX, sobre todo en las primeras seis décadas, marcó su historia con una pandemia que se llevó a más de 50 millones de seres humanos, una depresión devastadora, dos guerras mundiales y la imposición de numerosas dictaduras. Sin embargo, en las cuatro décadas finales de aquel lejano siglo, las democracias del mundo avanzaron como nunca, cayó el Muro de Berlín, los países de Occidente tuvieron un crecimiento económico extraordinario, la pobreza bajó y la expectativa de vida subió”.

Posteriormente, explicó que parte de la explicación de la crisis y disfuncionalidad modernas, se encuentra en la política: “Si se gestionan bien estos desafíos, se pueden superar. Pero el problema del siglo en que vivimos es la política y la forma en que quienes la practican están destruyendo las democracias, sus instituciones y los valores que protegen y garantizan los derechos y libertades de los ciudadanos”.

Además, afirmó que las reformas son indispensables para que Guatemala alcance el desarrollo: “Que no quede duda, vivimos tiempos en los que se hacen indispensables el heroísmo cívico, la militancia política ejemplar y la ciudadanía presente y comprometida. Emprender las cuatro reformas del Estado y la integración económica de Centroamérica es el camino al futuro, el único que nos llevará al bienestar, al desarrollo y a la libertad”.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Richard Aitkenhead, presidente de IDC y columnista, y Phillip Chicola, director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo, sobre las razones por las que Guatemala no ha avanzado en su desarrollo en estos 199 años.

Sobre la variables que explican el subdesarrollo político y económico del país, el licenciado Aitkenhead refirió: “Estamos atrapados en la coyuntura y todas las discusiones son cómo sobrevivimos un año más y cómo logramos mejorar marginalmente algo que no funciona. Si tuviéramos una visión de mediano y largo plazo nos daríamos cuenta que este Estado no sobrevive 10 años más. Hay que empezar a hacer las reformas como si estuviéramos re-constituyendo al Estado. Sin una Ley electoral y de Partidos Políticos que reforme el sistema político y sin una Ley de servicio civil, que atienda el problema de la administración pública, no tendremos instituciones serias y fuertes”.

A propósito de los escenarios para Guatemala si no se corrige el camino y no se atacan los problemas de corrupción y captura del Estado, Chicola señaló: “Si Guatemala sigue por el camino de esta democracia fachada, de esta república disfuncional capturada por mafias, se nos presenta un escenario muy complicado. Miremos el caso haitiano que nunca superó el subdesarrollo político, o el caso de Guinea, que es un estado mafia. O incluso el caso de Venezuela, que es una sociedad que implosionó, además con un estado criminal y con un populismo político. Estamos ante una encrucijada del país de tratar de construir institucionalidad y no ser un Venezuela o un Haití”.

Sobre la necesidad de una integración económica centroamericana para alcanzar el desarrollo, Aitkenhead comentó: “No entenderlo es miopía, Centroamérica necesita la integración no para protegerse de los mercados de afuera ni para proteger los intereses de las élites, sino para catapultar el crecimiento económico y poder integrarnos a un mercado como el estadounidense. Eso cambiaría completamente el modelo y la dinámica de nuestros países”.

Finalmente, en el último segmento de debate, Paul Boteo moderó el panel entre Christians Castillo, investigador del IPNUSAC y Jesús María Alvarado, catedrático universitario, sobre el estado de las instituciones en el país, las reformas del Estado y la necesidad de fomentar acuerdos mínimos en las élites del país para generar desarrollo.

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En el programa de hoy analizamos y discutimos el proyecto de presupuesto para 2021 presentado por el Ministerio de Finanzas ante el Congreso de la República. 

Phillip Chicola, director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo, comenzó el editorial de esta semana haciendo un diagnóstico de estos seis meses de pandemia y de fuerte crisis económica: “Seis meses después, la economía nacional vive el momento más crítico de su historia reciente. Economistas de renombre estiman que el PIB caerá entre 3 y 5%. Más de 67,000 trabajadores formales perdieron su empleo. 174,000 más fueron suspendidos. Y eso sin contar a los cientos de miles de personas afectadas que laboran en la informalidad o en el autoempleo. Ante números de esta magnitud, Guatemala necesita políticas públicas audaces, innovadoras y agresivas, que encaminen al país por la ruta de la reactivación económica”.

Posteriormente, hizo un balance del proyecto de presupuesto presentado para el año 2021 y señaló sus debilidades: “El Presupuesto del Estado para el año 2021 es una oportunidad para que el Gobierno replantee sus prioridades luego de esta crisis. Sin embargo, nos topamos con que la propuesta entregada al Congreso no sigue los parámetros deseados de un Presupuesto encaminado a hacer posible la reactivación de la economía”.

Luego, criticó el endeudamiento y la poca capacidad de ejecución del Estado: “En lugar de pensar en endeudar más a nuestra generación, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos, deberíamos de pensar primero cómo mejorar la capacidad del Estado”.

En el siguiente segmento, Paul Boteo, director ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo, entrevistó al ministro de Finanzas Álvaro González Ricci sobre el proyecto de presupuesto 2021 presentado al Congreso, además de tocar temas como la reactivación económica, la adquisición de deuda, la eficiente ejecución del gasto y la transparencia en el Estado.

Sobre la racionalidad detrás del proyecto de presupuesto 2021, el titular de Finanzas comentó: “Este presupuesto no viene de un número frío, sino que viene de un análisis. El hecho de hacerlo virtual nos permitió llegar a mucha más gente y ser mucho más ágiles. Recordemos que estamos trabajando con el presupuesto del año anterior que no fue aprobado. Aquí se hizo un presupuesto orientado a la reactivación económica y social. Lo que tenemos para el año 2020 son 95mil millones y para 2021 tenemos un presupuesto que se puede partir en dos, y que suman 99mil millones. También, la parte destinada a reactivación económica tiene nombre y apellido para que esto no se vaya a usar en otra cosa que a lo que está destinado”.

Además, sobre las reformas y leyes que hacen falta para la reactivación económica, el funcionario detalló: “Hace falta un trabajo en el Congreso porque este presupuesto va amarrado a una agenda legislativa. Nosotros necesitamos una Ley de Zonas Francas porque eso nos va a permitir que empresas vengan a instalarse a Guatemala e iniciar procesos de industrialización y necesitamos una Ley de Trabajo Parcial. Estas leyes nos las han pedido los inversionistas. Recordemos que el presidente tiene iniciativa de ley y muchas se van a presentar en el Congreso en las próximas semanas; tenemos la Ley de Leasing, la Ley de Tasa Preferencial para Vivienda que va a subsidiar la tasa de vivienda social. Hay muchas leyes que tenemos en el tintero y que se van a presentar”.

También, con respecto a la deuda pública que acumula Guatemala y la recaudación fiscal, el ministro señaló: “A nadie le gusta la deuda, pero lo que pasa es que tenemos un Estado caro e ingresos tributarios muy bajos ¿Cómo podemos subir la carga tributaria? Podemos subir impuestos, lo cual está fuera de discusión. En segundo lugar, podemos ampliar la base, lo cual es lo deseable. Y tercero, sólo por temas matemáticos aunque también está fuera de discusión, que bajemos el PIB. La respuesta es entonces ampliar la base tributaria, tenemos que formalizar a los trabajadores informales. Necesitamos mejorar la función de la SAT y hacer eficiente la recaudación de impuestos y facilitar el pago de impuestos. Hay un gran esfuerzo para mejorar la recaudación”.

Finalmente, en el último segmento de debate, Edgar Ortiz, director del Área Jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo, moderó el debate entre el economista Olav Dirkmaat y el abogado Adrián Zapata Alamilla, donde discutieron en torno al proyecto de presupuesto, la eficiencia del gasto, la transparencia en el Estado y las deficiencias en la administración pública y en el servicio civil.

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En el programa de hoy analizamos y discutimos el proyecto de presupuesto para 2021 presentado por el Ministerio de Finanzas ante el Congreso de la República. 

Phillip Chicola, director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo, comenzó el editorial de esta semana haciendo un diagnóstico de estos seis meses de pandemia y de fuerte crisis económica: “Seis meses después, la economía nacional vive el momento más crítico de su historia reciente. Economistas de renombre estiman que el PIB caerá entre 3 y 5%. Más de 67,000 trabajadores formales perdieron su empleo. 174,000 más fueron suspendidos. Y eso sin contar a los cientos de miles de personas afectadas que laboran en la informalidad o en el autoempleo. Ante números de esta magnitud, Guatemala necesita políticas públicas audaces, innovadoras y agresivas, que encaminen al país por la ruta de la reactivación económica”.

Posteriormente, hizo un balance del proyecto de presupuesto presentado para el año 2021 y señaló sus debilidades: “El Presupuesto del Estado para el año 2021 es una oportunidad para que el Gobierno replantee sus prioridades luego de esta crisis. Sin embargo, nos topamos con que la propuesta entregada al Congreso no sigue los parámetros deseados de un Presupuesto encaminado a hacer posible la reactivación de la economía”.

Luego, criticó el endeudamiento y la poca capacidad de ejecución del Estado: “En lugar de pensar en endeudar más a nuestra generación, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos, deberíamos de pensar primero cómo mejorar la capacidad del Estado”.

En el siguiente segmento, Paul Boteo, director ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo, entrevistó al ministro de Finanzas Álvaro González Ricci sobre el proyecto de presupuesto 2021 presentado al Congreso, además de tocar temas como la reactivación económica, la adquisición de deuda, la eficiente ejecución del gasto y la transparencia en el Estado.

Sobre la racionalidad detrás del proyecto de presupuesto 2021, el titular de Finanzas comentó: “Este presupuesto no viene de un número frío, sino que viene de un análisis. El hecho de hacerlo virtual nos permitió llegar a mucha más gente y ser mucho más ágiles. Recordemos que estamos trabajando con el presupuesto del año anterior que no fue aprobado. Aquí se hizo un presupuesto orientado a la reactivación económica y social. Lo que tenemos para el año 2020 son 95mil millones y para 2021 tenemos un presupuesto que se puede partir en dos, y que suman 99mil millones. También, la parte destinada a reactivación económica tiene nombre y apellido para que esto no se vaya a usar en otra cosa que a lo que está destinado”.

Además, sobre las reformas y leyes que hacen falta para la reactivación económica, el funcionario detalló: “Hace falta un trabajo en el Congreso porque este presupuesto va amarrado a una agenda legislativa. Nosotros necesitamos una Ley de Zonas Francas porque eso nos va a permitir que empresas vengan a instalarse a Guatemala e iniciar procesos de industrialización y necesitamos una Ley de Trabajo Parcial. Estas leyes nos las han pedido los inversionistas. Recordemos que el presidente tiene iniciativa de ley y muchas se van a presentar en el Congreso en las próximas semanas; tenemos la Ley de Leasing, la Ley de Tasa Preferencial para Vivienda que va a subsidiar la tasa de vivienda social. Hay muchas leyes que tenemos en el tintero y que se van a presentar”.

También, con respecto a la deuda pública que acumula Guatemala y la recaudación fiscal, el ministro señaló: “A nadie le gusta la deuda, pero lo que pasa es que tenemos un Estado caro e ingresos tributarios muy bajos ¿Cómo podemos subir la carga tributaria? Podemos subir impuestos, lo cual está fuera de discusión. En segundo lugar, podemos ampliar la base, lo cual es lo deseable. Y tercero, sólo por temas matemáticos aunque también está fuera de discusión, que bajemos el PIB. La respuesta es entonces ampliar la base tributaria, tenemos que formalizar a los trabajadores informales. Necesitamos mejorar la función de la SAT y hacer eficiente la recaudación de impuestos y facilitar el pago de impuestos. Hay un gran esfuerzo para mejorar la recaudación”.

Finalmente, en el último segmento de debate, Edgar Ortiz, director del Área Jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo, moderó el debate entre el economista Olav Dirkmaat y el abogado Adrián Zapata Alamilla, donde discutieron en torno al proyecto de presupuesto, la eficiencia del gasto, la transparencia en el Estado y las deficiencias en la administración pública y en el servicio civil.

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En el programa de hoy analizamos la reciente actuación del TSE al ratificar a Sandra Torres como secretaria general de la UNE a pesar de enfrentar arresto domiciliario por diversos delitos. También examinamos el serio daño a la democracia que ocasiona la captura del árbitro electoral de la nación por intereses criminales y partidos-mafia.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez definió la función de los partidos políticos en una democracia y la necesidad de tener organizaciones políticas transparentes en Guatemala: “Los partidos políticos son el epicentro de la democracia y las instituciones a través de las cuales el ciudadano, el dirigente, participa en política y accede a gobernar, a representar a sus conciudadanos, a los que votan por él, como alcalde, diputado o presidente. Por eso es tan importante proteger la integridad de los partidos, por eso es tan peligroso que sean instrumentos criminales”.

Además, denunció las intenciones criminales de los actores políticos del país que buscan capturar el Estado para servir a sus propios intereses: “En su afán de apoderarse del presupuesto nacional y facilitar la corrupción, el narcotráfico y todos los negocios ilícitos posibles, necesitan controlar el sistema de justicia para operar con impunidad, y por supuesto, necesitan también dominar el Tribunal Supremo Electoral para asegurar la llave que les permite mantener operativos los vehículos con los que cometen los crímenes: los partidos políticos”.

También resaltó la importancia de un árbitro electoral imparcial que no responda a agendas políticas y así poder garantizar la democracia: “El golpe mortal a la vida de una democracia y a las libertades de los ciudadanos se consuma cuando perdemos la posibilidad de elegir gobernantes de forma democrática y transparente, que realmente nos representan, que cumplen con la honestidad, con el honor con el que nuestro voto los distinguió. Por eso es tan importante vigilar y exigir un Tribunal Supremo Electoral que esté a la altura de la democracia que queremos construir”.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a los abogados Luis Fernández Molina, ex magistrado de la CSJ, y Mario Fuentes Destarac, columnista de opinión, sobre los cuestionamientos al Tribunal Supremo Electoral y el impacto que esto tiene en la democracia guatemalteca.

El licenciado Fuentes Destarac señaló los orígenes del TSE y como fue perdiendo su credibilidad con el paso de los años: “El TSE fue creado, con motivo de la apertura de los años 80, como una institución que fuera independiente. Lamentablemente no quedó establecido en la Constitución sino en una Ley Electoral y de Partidos Políticos que se ha manoseado y se ha politizado como se ha querido. Esto se agravó a partir del año 2000 gracias al Gral. Ríos Montt en su intento por manipular al Tribunal Electoral, hasta llegar al año pasado donde la gestión de este órgano fue nefasta. Como consecuencia tenemos un debilitamiento en la autoridad electoral y la actual magistratura fue elegida en un marco de opacidad muy marcado”.

Sobre la cuestionada decisión del TSE de ratificar a Sandra Torres como secretaria general de la UNE, a pesar de tener una orden judicial de no acercarse al partido y de enfrentar arresto domiciliario por diversos delitos, el ex magistrado Fernández Molina comentó: “A la luz de todas estas pruebas es procedente que el TSE ejecute la cancelación de la UNE; pero el TSE no da buenos indicios. Es sumamente preocupante que alguien como Sandra Torres, que si bien no ha sido condenada −sí está retenida y como beneficio se le dio arresto domiciliario− pero que conceptualmente es una presa, una rea ¿Cómo puede ser secretaria general de un partido político? Es muy preocupante lo que ha hecho el TSE”.

Finalmente en el último segmento de debate, Edgar Ortiz moderó el panel entre los politólogos Phillip Chicola y Mario Yon, en el cual se estableció un mapa de relaciones y actores que conforman el TSE y que tienen vínculos con partidos políticos y claros intereses en favorecerlos.

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En el programa de hoy analizamos la reciente actuación del TSE al ratificar a Sandra Torres como secretaria general de la UNE a pesar de enfrentar arresto domiciliario por diversos delitos. También examinamos el serio daño a la democracia que ocasiona la captura del árbitro electoral de la nación por intereses criminales y partidos-mafia.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez definió la función de los partidos políticos en una democracia y la necesidad de tener organizaciones políticas transparentes en Guatemala: “Los partidos políticos son el epicentro de la democracia y las instituciones a través de las cuales el ciudadano, el dirigente, participa en política y accede a gobernar, a representar a sus conciudadanos, a los que votan por él, como alcalde, diputado o presidente. Por eso es tan importante proteger la integridad de los partidos, por eso es tan peligroso que sean instrumentos criminales”.

Además, denunció las intenciones criminales de los actores políticos del país que buscan capturar el Estado para servir a sus propios intereses: “En su afán de apoderarse del presupuesto nacional y facilitar la corrupción, el narcotráfico y todos los negocios ilícitos posibles, necesitan controlar el sistema de justicia para operar con impunidad, y por supuesto, necesitan también dominar el Tribunal Supremo Electoral para asegurar la llave que les permite mantener operativos los vehículos con los que cometen los crímenes: los partidos políticos”.

También resaltó la importancia de un árbitro electoral imparcial que no responda a agendas políticas y así poder garantizar la democracia: “El golpe mortal a la vida de una democracia y a las libertades de los ciudadanos se consuma cuando perdemos la posibilidad de elegir gobernantes de forma democrática y transparente, que realmente nos representan, que cumplen con la honestidad, con el honor con el que nuestro voto los distinguió. Por eso es tan importante vigilar y exigir un Tribunal Supremo Electoral que esté a la altura de la democracia que queremos construir”.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a los abogados Luis Fernández Molina, ex magistrado de la CSJ, y Mario Fuentes Destarac, columnista de opinión, sobre los cuestionamientos al Tribunal Supremo Electoral y el impacto que esto tiene en la democracia guatemalteca.

El licenciado Fuentes Destarac señaló los orígenes del TSE y como fue perdiendo su credibilidad con el paso de los años: “El TSE fue creado, con motivo de la apertura de los años 80, como una institución que fuera independiente. Lamentablemente no quedó establecido en la Constitución sino en una Ley Electoral y de Partidos Políticos que se ha manoseado y se ha politizado como se ha querido. Esto se agravó a partir del año 2000 gracias al Gral. Ríos Montt en su intento por manipular al Tribunal Electoral, hasta llegar al año pasado donde la gestión de este órgano fue nefasta. Como consecuencia tenemos un debilitamiento en la autoridad electoral y la actual magistratura fue elegida en un marco de opacidad muy marcado”.

Sobre la cuestionada decisión del TSE de ratificar a Sandra Torres como secretaria general de la UNE, a pesar de tener una orden judicial de no acercarse al partido y de enfrentar arresto domiciliario por diversos delitos, el ex magistrado Fernández Molina comentó: “A la luz de todas estas pruebas es procedente que el TSE ejecute la cancelación de la UNE; pero el TSE no da buenos indicios. Es sumamente preocupante que alguien como Sandra Torres, que si bien no ha sido condenada −sí está retenida y como beneficio se le dio arresto domiciliario− pero que conceptualmente es una presa, una rea ¿Cómo puede ser secretaria general de un partido político? Es muy preocupante lo que ha hecho el TSE”.

Finalmente en el último segmento de debate, Edgar Ortiz moderó el panel entre los politólogos Phillip Chicola y Mario Yon, en el cual se estableció un mapa de relaciones y actores que conforman el TSE y que tienen vínculos con partidos políticos y claros intereses en favorecerlos.

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Luego de la caída histórica de la economía guatemalteca en el segundo trimestre de 2020, existe la expectativa de que, con la reapertura gradual, la economía comenzará a reactivarse. Pero ¿Tendremos una recuperación fuerte como la que pareciera tener Estados Unidos? ¿O será nuestra recuperación mucho más lenta? Los datos parecen indicar que la recuperación tardará más tiempo de lo que algunos suponen.

El Índice Mensual de Actividad Económica cayó 8.6% en junio de 2020, respecto a junio de 2019. En el mes de julio, los bancos registraron una caída en su cartera de crédito por Q1,681 millones, la contracción intermensual más fuerte desde enero de 1995. La recaudación fiscal en julio cayó 11.8%, lo cual es positivo, en el sentido que es una menor caída a la registrada en junio. Tanto las exportaciones, como las importaciones registraron el cuarto mes de números rojos. Por otra parte, las remesas sorprendieron en los meses de junio y julio, con un fuerte crecimiento, luego de tres meses consecutivos de reducciones significativas. En medio de la crisis económica, la ejecución del Presupuesto del Estado sigue siendo bajo, en relación con el promedio de los cinco años previos. El total de ejecución a julio es de 46%, cinco puntos porcentuales menos que el promedio 2013-2019.

Con la dinámica de recuperación que está tenido la economía, la precaria ejecución del gasto público y el contexto internacional, esta casa insiste en que lo más probable es que la economía se contraiga entre un 3% y 5% en 2020.

Para descargar el Reporte de Actividad Económica, haga click aquí. 

En el programa de hoy analizamos la captura del Estado de Guatemala a través del proceso de elección de las Cortes, los ataques a actores e instituciones que de alguna forma han combatido y denunciado esta cooptación y las reformas de Estado que deben promoverse para que Guatemala retome la senda del respeto al Estado de Derecho. 

En su editorial, Dionisio Gutiérrez detalló los efectos de la captura del Estado por intereses criminales y su impacto en el desarrollo de las naciones: “La captura del Estado es un fenómeno común en los países que sufren el peor subdesarrollo de todos. El subdesarrollo político. Las consecuencias son muchas, pero algunas de las más graves son la condena a la pobreza y la consecuente devastación social, política y económica que mantiene atrapadas a las naciones en el subdesarrollo”.

Además, relató cómo en nuestra historia reciente, hemos tenido gobiernos y actores influyentes vinculados al crimen y a la corrupción: “No es casualidad que, en Guatemala, desde la apertura democrática, los actores en los escándalos de corrupción, crimen organizado y narcotráfico han sido, y en muchos casos, siguen siendo, funcionarios públicos, diputados de varios partidos, alcaldes, candidatos presidenciales, algunos jueces y magistrados, vicepresidentes y presidentes; y por supuesto, actores de la vida privada en varios sectores de la sociedad. Muchos de ellos, hoy en prisión preventiva. Los últimos 3 gobiernos de Guatemala profundizaron el subdesarrollo político y consolidaron las condiciones para que el Estado y sus instituciones estén al servicio de mafias criminales”.

También, hizo un llamado a la ciudadanía para exigir con responsabilidad un proceso de elección de Cortes limpio, que permita garantizar el Estado de derecho: “La responsabilidad y la obligación de quienes creemos en la libertad y la democracia exige rescatar este presente abandonado y a la deriva, demanda promover la reforma que necesita nuestro Sistema de Justica; y nos debe motivar a sentir el futuro como una oportunidad ilusionante, llena de promesas y esperanza”.

Posteriormente, en el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a los directores de las áreas política y jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo, Phillip Chicola y Edgar Ortiz, sobre la cooptación del Estado por intereses criminales, la influencia de estos grupos en la elección de altas cortes y las reformas urgentes para consolidar un sistema de justicia probo y eficaz.

A propósito de la actuación del fiscal Juan Francisco Sandoval por combatir la impunidad y llevar a la justicia a los responsables de elaborar y participar en grandes estructuras de corrupción, Ortiz refirió: “Juan Francisco Sandoval es una estrella en todo este tema, recordemos que todos los casos grandes de 2015 están a cargo de esta Fiscalía Especial. Hay muy poca gente en el Ministerio Público dispuesta a enfrentar estos casos y por eso es que estas mafias buscan doblegarlo judicial y hasta anímicamente”.

Adicionalmente, Phillip Chicola se refirió a la ideologización y la polarización política que se ha creado alrededor del conflicto de las cortes de justicia: “La mafia ha ideologizado la lucha contra la corrupción para crear un frente común de la derecha para encauzar los grandes casos. Esta es una estrategia que se usa desde los años 70: sacar la carta ideológica. De 2015 para acá la FECI hay causado un terremoto político. Hay un gobierno preso en Mariscal Zavala, pero también hay intereses que no se han tocado, por eso hay un esfuerzo de actores, que ven que les va a llegar su hora, para que la FECI no saque más casos”.

Sobre los dos peligros para Guatemala de consolidarse en un Estado mafioso o sucumbir a un populismo radical, Chicola afirmó: “Guatemala está en una encrucijada porque si las cortes son capturadas por la mafia y se consolida un estado mafioso, Guatemala va a ser un estado paria. También, si no se implementan satisfactores económicos a la población, tendremos un caldo de cultivo para populismos. Tiene que haber un esfuerzo del gobierno de hacer las reformas pendientes al sistema de justicia, electoral y de servicio civil, y los partidos políticos decentes de centro deben proponer un consenso mínimo para que ninguno de estos escenarios se dé”.

Finalmente, en el último segmento de debate, Paul Boteo moderó la discusión entre los abogados Andy Javalois, de la Fundación Myrna Mack, y José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional, donde abordaron el tema del cumplimiento de los plazos constitucionales para elegir las cortes de justicia y el rol del MP en el conflicto entre el Congreso, CSJ y CC.

Para ver el programa completo, haga click aquí.

En el programa de hoy analizamos la captura del Estado de Guatemala a través del proceso de elección de las Cortes, los ataques a actores e instituciones que de alguna forma han combatido y denunciado esta cooptación y las reformas de Estado que deben promoverse para que Guatemala retome la senda del respeto al Estado de Derecho. 

En su editorial, Dionisio Gutiérrez detalló los efectos de la captura del Estado por intereses criminales y su impacto en el desarrollo de las naciones: “La captura del Estado es un fenómeno común en los países que sufren el peor subdesarrollo de todos. El subdesarrollo político. Las consecuencias son muchas, pero algunas de las más graves son la condena a la pobreza y la consecuente devastación social, política y económica que mantiene atrapadas a las naciones en el subdesarrollo”.

Además, relató cómo en nuestra historia reciente, hemos tenido gobiernos y actores influyentes vinculados al crimen y a la corrupción: “No es casualidad que, en Guatemala, desde la apertura democrática, los actores en los escándalos de corrupción, crimen organizado y narcotráfico han sido, y en muchos casos, siguen siendo, funcionarios públicos, diputados de varios partidos, alcaldes, candidatos presidenciales, algunos jueces y magistrados, vicepresidentes y presidentes; y por supuesto, actores de la vida privada en varios sectores de la sociedad. Muchos de ellos, hoy en prisión preventiva. Los últimos 3 gobiernos de Guatemala profundizaron el subdesarrollo político y consolidaron las condiciones para que el Estado y sus instituciones estén al servicio de mafias criminales”.

También, hizo un llamado a la ciudadanía para exigir con responsabilidad un proceso de elección de Cortes limpio, que permita garantizar el Estado de derecho: “La responsabilidad y la obligación de quienes creemos en la libertad y la democracia exige rescatar este presente abandonado y a la deriva, demanda promover la reforma que necesita nuestro Sistema de Justica; y nos debe motivar a sentir el futuro como una oportunidad ilusionante, llena de promesas y esperanza”.

Posteriormente, en el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a los directores de las áreas política y jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo, Phillip Chicola y Edgar Ortiz, sobre la cooptación del Estado por intereses criminales, la influencia de estos grupos en la elección de altas cortes y las reformas urgentes para consolidar un sistema de justicia probo y eficaz.

A propósito de la actuación del fiscal Juan Francisco Sandoval por combatir la impunidad y llevar a la justicia a los responsables de elaborar y participar en grandes estructuras de corrupción, Ortiz refirió: “Juan Francisco Sandoval es una estrella en todo este tema, recordemos que todos los casos grandes de 2015 están a cargo de esta Fiscalía Especial. Hay muy poca gente en el Ministerio Público dispuesta a enfrentar estos casos y por eso es que estas mafias buscan doblegarlo judicial y hasta anímicamente”.

Adicionalmente, Phillip Chicola se refirió a la ideologización y la polarización política que se ha creado alrededor del conflicto de las cortes de justicia: “La mafia ha ideologizado la lucha contra la corrupción para crear un frente común de la derecha para encauzar los grandes casos. Esta es una estrategia que se usa desde los años 70: sacar la carta ideológica. De 2015 para acá la FECI hay causado un terremoto político. Hay un gobierno preso en Mariscal Zavala, pero también hay intereses que no se han tocado, por eso hay un esfuerzo de actores, que ven que les va a llegar su hora, para que la FECI no saque más casos”.

Sobre los dos peligros para Guatemala de consolidarse en un Estado mafioso o sucumbir a un populismo radical, Chicola afirmó: “Guatemala está en una encrucijada porque si las cortes son capturadas por la mafia y se consolida un estado mafioso, Guatemala va a ser un estado paria. También, si no se implementan satisfactores económicos a la población, tendremos un caldo de cultivo para populismos. Tiene que haber un esfuerzo del gobierno de hacer las reformas pendientes al sistema de justicia, electoral y de servicio civil, y los partidos políticos decentes de centro deben proponer un consenso mínimo para que ninguno de estos escenarios se dé”.

Finalmente, en el último segmento de debate, Paul Boteo moderó la discusión entre los abogados Andy Javalois, de la Fundación Myrna Mack, y José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional, donde abordaron el tema del cumplimiento de los plazos constitucionales para elegir las cortes de justicia y el rol del MP en el conflicto entre el Congreso, CSJ y CC.

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