En respuesta a las menciones directas de Pérez Molina esta mañana a Dionisio Gutiérrez, él ha decidido responderle con lo siguiente:

"Pérez Molina me recuerda a los políticos corruptos que he enfrentado desde que tengo 20 años. Todos repiten la misma historia. 

Si Pérez Molina tiene algún problema conmigo, que vaya a los tribunales. Ahí nos vemos la cara. Yo no tengo derecho de antejuicio. 

Lo importante ahora es lograr los 105 votos en el Congreso para quitar la inmunidad al presidente para que responda por sus actos." 

 Lea aquí la carta que el Presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, Dionisio Gutiérrez dirigió al Presidente Otto Pérez Molina exigiendo su renuncia. 

Esta carta escrita el 24 de mayo de 2015 salió publicada el día de hoy como Campo Pagado en el diario Prensa Libre.

 Al respecto, Guatevisión escribió una nota en la que indica "las palabras clave de Disonisio":

 

"General, márchese usted", dice Dionisio Gutiérrez a Otto Pérez http://t.co/Ql6OVlUSuF pic.twitter.com/3VOFgibx89

— Guatevisión (@Guatevision_tv) 24 de agosto de 2015

 Poco tiempo antes de publicar esta carta, Gutiérrez también había dedicado un mensaje televisado al Presidente en el que le exigía su renuncia.

Mensaje de Dionisio Gutiérrez sobre la actual crisis política e institucional del país.

 #ActualidadAnalizada

La judicialización de la política y la politización de la justicia son dos fenómenos interrelacionados que se observan en países con déficit de democracia formal y de “Estado de Derecho”, en los cuales se observa una férrea disputa de determinados actores políticos por lograr controlar a los poderes públicos, en especial, el poder judicial. El objetivo es simple: se trata de conseguir provechos políticos y económicos gracias al favoritismo que se quiere obtener del árbitro judicial. 

Vale acotar que la judicialización de la política,  no excluye  casos históricos en países con democracia y Estado de Derecho sólidos. En efecto, ya TOCQUEVILLE sostenía que “Lo que un extranjero comprende más fácilmente en los Estados Unidos es la organización judicial”, agregando que “no hay acontecimiento político en el que no oiga invocar la autoridad del juez, y concluye de ello naturalmente que en los Estados Unidos el juez es uno de los primeros poderes políticos” . La observación del pensador francés, era del todo cierta, en cuanto que muchos problemas políticos terminaban en el ámbito judicial en dicho país, antes y ahora. 

Sin embargo, TOCQUEVILLE  matizaba la judicialización de la política sosteniendo que: “Cuando el parlamento de París redactaba protestas y rehusaba registrar un edicto, cuando hacía sentar en el banquillo a un funcionario prevaricador, se veía al descubierto la acción política del poder judicial. Pero nada semejante se observa en los Estados Unidos. El juez americano no entra nunca en la lucha directa ni se encuentra enfrentado a los poderes políticos propiamente dichos”, lo que sugería, que si bien muchas disputas llegaban al ámbito judicial, el juez actuaba como árbitro y no como una parte más en el “juego democrático”, distinción que se desvanece en todas partes. 

El peligro de la judicialización de la política es que cercena la democracia, niega los desacuerdos, erosiona la independencia e imparcialidad de los jueces, impide  la separación de poderes y genera un debate ficticio; dado que la deliberación democrática  se realiza de manera limitada, y que los jueces al pronunciarse en cuestiones sometidas a su controversia por parte de los actores políticos, terminan siendo instrumentos de los actores políticos, estableciendo posiciones de ventaja en el debate democrático a una de las partes, o bien, en instrumentos para despolitizar asuntos políticos convirtiéndolos en presuntas cuestiones técnico-jurídicas. 

“La judicialización de la política es que cercena la democracia, niega los desacuerdos, erosiona la independencia e imparcialidad de los jueces, impide la separación de poderes y genera un debate ficticio”
 

 La judicialización de la política implica la politización de la justicia. Ambos fenómenos de por sí perjudiciales, conllevan a que el debate político se centre en los estrados judiciales, incentivando a que los actores políticos procuren convertir sus programas políticos en sentencias judiciales, generando una deslegitimación y desdibujamiento de la función judicial, al desfigurar la condición de árbitro de un juez, e inaugurar el juego del “arbitrio del tanteador” , es decir, la aplicación de criterios antojadizos sin fundamento con el objeto de favorecer a una de las partes en disputa. 

En tal sentido, una reforma institucional y una elevada conciencia ciudadana en torno a estos problemas, evitaría minar el precario ideal político del Estado de Derecho y el ideal democrático actualmente  existente, dado que quien arbitra en una democracia sujeta al Estado de Derecho (limitada), debe ser independiente e imparcial en relación a las partes en la contienda política, tanto en lo que concierne al árbitro electoral como en lo referente al árbitro judicial. 

Cualquier reforma institucional a futuro, debe estar dirigida al establecimiento de “reglas de juego”  consustanciales a la forma de gobierno democrática, que permitan que las decisiones colectivas sean tomadas por quien detenta la soberanía (el pueblo) mediante procedimientos específicos que culminen, reconociendo los desacuerdos, en una decisión mayoritaria en ejercicio de la libertad política. Ello aunado, a la necesaria demarcación de aquello que es democrático, y aquello que es de la incumbencia del ámbito judicial, como por ejemplo, la protección de los derechos, impidiendo al poder político transgredir el “coto vedado”   de los derechos de libertad, en tanto presupuestos y condiciones necesarias de la forma democrática limitada. 

 Cuando la probabilidad de que su voto sea el definitorio entre un candidato y otro es menor que la probabilidad de ser arroyado por un carro en camino a emitir ese voto, ¿por qué tomarse la molestia? ¿Cuáles son algunos factores psicosociales que influencian directamente la decisión de votar?

El voto es considerado uno de los pilares fundamentales de la participación cívica. Muchos estudiosos de la ciencia política lo relacionan directamente con la salud del proceso democrático y alegan que una participación con tendencia a la baja puede ser síntoma de un “déficit democrático”[1]. Dado que la participación política influencia las políticas públicas, también existe la preocupación de que una menor participación resulte en políticas que no son representativas de lo que quiere o no una población determinada. Es por esto que el número de votantes es señalado como un factor clave de participación[2]. 

Aunque se comprende la importancia del voto dentro de un sistema democrático,  es relevante plantearse la pregunta, ¿por qué votan las personas? Y de forma más puntual, ¿por qué votan los guatemaltecos? Cuando la probabilidad de que su voto sea el definitorio entre un candidato y otro es menor que la probabilidad de ser arroyado por un carro en camino a emitir ese voto, ¿por qué tomarse la molestia?[3]  Un estudio de la Universidad de Harvard define el voto como una expresión individual de un comportamiento social, que es influenciado por los eventos que ocurren antes y después de la emisión del voto, y aclara que la decisión de votar no es estática, sino que es influenciada por lo que sucede alrededor de la persona. ¿Qué es entonces lo que conduce a una persona a votar?

Algunos factores psicosociales influencian directamente la decisión de votar. El primero de esos factores,  si bien puede resultar algo tautológico, es la mera predicción de acudir a votar. Esto se debe a que el compromiso de una persona consigo misma, activa su deseo de llevar a cabo esa acción para poder ser consecuente[4].  Este deseo es  más fuerte si la intención de emitir el sufragio ha sido manifestada públicamente, y aún más fuerte si es percibida por el individuo como una decisión auténtica y voluntaria. En cuanto a la idiosincrasia guatemalteca, aunque el compromiso individual está presente, debido a la significativa identidad colectiva de las personas la manifestación pública de la intención de votar, es probablemente más determinante para que la persona en efecto acuda a votar. En cuanto a una práctica auténtica y voluntaria de la decisión de voto, esta está seriamente comprometida en algunos sectores debido al clientelismo y distintos mecanismos de coerción[5].  

“En cuanto a una práctica auténtica y voluntaria de la decisión de voto, esta está seriamente comprometida en algunos sectores debido al clientelismo y distintos mecanismos de coerción. ”
 

Otro factor que incide es el pensar lo que pueda pasar después de las elecciones[6].  Este miedo a “qué pasaría si”, parece ser un ingrediente permanente en el imaginario chapín, pues se acostumbra un voto en contra, a favor del “menos malo”. 

Un tercer elemento que puede influenciar la decisión de votar o no es la necesidad de pertenencia,  que también se refiere a la presión social y exigencia de rendición de cuentas por parte de los integrantes de un grupo. Las personas se comportan en formas consistentes con las expectativas de otros miembros de su comunidad[7]. Esa sensación de responsabilidad cívica que bien puede ser declarada por la persona, también puede ser señalada o exigida por su entorno social cercano.  La información clave de este elemento (sentido de pertenencia), es que los mensajes que remarcan un patrón (negativo o positivo) solo provocan que este se repita, por la percepción que genera de amplia aceptación o práctica del mismo. Este es uno de los efectos que se ven, por ejemplo, cuando las personas ven los resultados de las encuestas. También se ha visto recientemente con el discurso que valida el voto nulo.  

Finalmente, existen otros componentes quizá más específicos de la realidad guatemalteca, que hacen que el votante acuda a las urnas. El docente e investigador, Mariano González, señala los siguientes: Los beneficios del sistema democrático que en el caso de Guatemala, aún son percibidos como la mejor opción versus las dictaduras que aún no han sido olvidadas[8]; las mejoras en el sistema de participación electoral, lo cual incluye una mayor cantidad de mesas y cercanía a centros de votación; la  influencia de la propaganda electoral y la esperanza de una mejora para el país. En definitiva, estos componentes  que incentivan el voto tienen un gran potencial de mejora,  desde la calidad de nuestro sistema hasta una esperanza más fundamentada. 

Como lo muestra el porcentaje histórico de votantes en los comicios de 2011[9], debido a una combinación de los factores mencionados y seguramente muchos otros, los guatemaltecos sí acuden a las urnas. Con una amplia aceptación del sistema democrático,  el estado de subdesarrollo de Guatemala indica que el problema va más allá de la participación y apunta a la necesidad de un recambio de la clase política. 

1. Pammett, Jon H. and Lawrence LeDuc. 2003. Explaining the Turnout Decline in Canadian Federal Elections: A New Survey of Non-Voters. 79 p.

2. Archer, Keith. 2003. "Increasing youth voter registration: Best practices in targeting young electors." p. 26-30.

3. Rethinking why people vote. http://www.innovations.harvard.edu/sites/default/files/rethinking.pdf

4. Festinger, L. (1964). Conflict, Decision, And Dissonance. Stanford University Press.

5. Ver Artículo 136 (c) Constitución Política de la República de Guatemala.

6. Lerner, J. S., & Tetlock, P. E. (1999). Accounting for the effects of accountability. Psychological Bulletin, 125, 255-275.

7. Cialdini, R. B. (2003). Crafting normative messages to protect the environment. Current Directions in Psychological Science, 12(4), 105.

8. Gálvez, Mariano. 2011. http://www.plazapublica.com.gt/content/%C2%BFpor-que-siguen-votando-los-...

9. Gálvez, Mariano. 2011. http://www.plazapublica.com.gt/content/%C2%BFpor-que-siguen-votando-los-...

 ¿Existe en Guatemala alguna relación entre religión y política? 

En 2014, el Pew Research publicó un estudio llamado "Religión en América Latina: Cambio generalizado en una región históricamente católica"[1]. En dicho estudio Guatemala aparece como un país predominantemente cristiano con un 50% de población católica y un 41% de población protestante, además de un 6% de población sin afiliación alguna y 3% de población en la categoría “otro”. El estudio revela que Guatemala es un país en el que más del 90% de la población indica que la religión y la fe juegan algún papel en sus vidas. Los políticos están conscientes de esta situación y de forma intencional o no, utilizan la religión para ganar cercanía con las personas a las que quieren hacer llegar sus mensajes o pedir sus votos. 

Sin embargo, algunos políticos no abandonan la idea y continúan intentando construir imágenes y mensajes que evocan las creencias religiosas de las personas.

Algunos ejemplos de momentos en los que la política se mezcla con la religión podemos encontrar en casos como el de la reciente controversia generada por la iniciativa de ley que pretende la lectura, enseñanza e instrucción Bíblica en establecimientos educativos públicos, privados y por cooperativa; además de la gran cantidad de mensajes con connotación religiosa que utilizan algunos partidos políticos en sus campañas. Se pensaría que en un país con una mayoría importante de personas creyentes, este tipo de estrategias serían bien recibidas, sin embargo, el efecto ha sido contrario y ni siquiera las autoridades eclesiales parecen interesadas en apoyar la iniciativa o lo partidos en cuestión[2].

Que sea obligatoria la lectura de la Biblia en las escuelas ya es una iniciativa de ley ¿qué opinas?http://t.co/O8rG2hgUO4

— Diario Digital (@diariodigitalgt) 15 de julio de 2015

El marco legal del país no es claro con el tema de la educación religiosa, ni la Constitución de la República de Guatemala ni la Ley de Educación Nacional[3] hacen referencia a una educación laica. Por el contrario, señalan que "la enseñanza religiosa es optativa en los establecimientos (educativos) oficiales y podrá impartirse dentro de los horarios ordinarios, sin discriminación alguna"[4]. Asimismo no se encuentra referencia alguna sobre la denominación que debiera tener esta educación religiosa, por lo que se entiende que esto quedaría a discreción de las autoridades educativas nacionales o de las autoridades de cada establecimiento educativo público.

Ante esta disyuntiva, reconociendo que en Guatemala existe una importante diversidad cultural y religiosa y que el artículo 36 de la Constitución garantiza la libertad de religión, la deducción correcta es que la sociedad debe promover la educación pública laica y dejar la educación religiosa para el hogar, las iglesias y los establecimientos educativos privados que así lo deseen. Es importante recordar que ya que la educación pública es la única forma como una gran proporción de la población puede acceder al conocimiento académico, ésta debe ser lo más abierta posible, evitando excluir a las personas por sus diferencias culturales y religiosas.

En el tema de la política electoral, la legislación guatemalteca sí es clara y prohíbe expresamente el uso de la religión como herramienta de campaña política, el inciso “e” del artículo 36 del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos[5] indica que no es permitida: “Toda forma de propaganda, valiéndose de creencias religiosas o invocando motivos de religión, que influya en los ciudadanos a que se adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas”. 

Lo que se infiere del espíritu de esta legislación es que se debe evitar que la religión sea utilizada por la política para manipular las emociones y necesidades de las personas. Es aquí en donde se encuentra la línea entre la política con principios éticos que debiera ofrecer estrategias y soluciones factibles para procurar el bien común; y la política sin ética que ofrece soluciones irreales a problemas profundos muy sentidos por la población.

Es importante retirar del imaginario colectivo las connotaciones religiosas de los mensajes políticos, como es importante también que se asegure que tanto el político como los argumentos que sostiene en su propaganda sean responsables ante la ley. 

La religión no es un problema, ésta aporta valores y esperanza a la vida de muchas personas.  El problema es cómo la política pretende, todavía hoy, utilizarla con fines ilegitimos. 

1. Pew Research Center, 13 DE NOV. DE 2014, “Religión en América Latina: Cambio generalizado en una región históricamente católica”. Disponible en: http://www.pewforum.org/files/2014/11/PEW-RESEARCH-CENTER-Religion-in-La...

2. ¿Podrá la Biblia combatir la corrupción? http://diariodigital.gt/2015/07/15/podra-la-biblia-combatir-la-corrupcion/

3. Consultar en: http://www.oei.es/quipu/guatemala/Ley_Educacion_Nacional.pdf

4. Artículo 73, Sección cuarta. Constitución Política de la República de Guatemala

5. Consultar en: http://www.foroderechoguatemala.org/wp-content/uploads/2011/07/cons007.pdf

 Es claro que el momento que vive Guatemala es sumamente complejo. Hay luces de esperanza que nos indican que si se continúa con los procesos de depuración de la política, el país puede tomar el camino de la consolidación de las instituciones democráticas. Pero también existen riesgos latentes.

Es innegable el rol que está jugado la CICIG en la develación de los casos de corrupción que tanto nos han indignado. Tenemos que reconocer que nada de lo que actualmente estamos viviendo hubiera sido posible sin la intervención oportuna y eficaz de este órgano de las Naciones Unidas. En este sentido, se puede decir que ha sido un factor externo el que ha sacudido a nuestro corroído sistema político y si se le quita del escenario, seguramente el país volvería a la senda que nos conduce al precipicio.

Si el camino hacia la consolidación institucional lo tuviéramos que comparar con una carrera de maratón, sin duda alguna nos encontraríamos tan sólo en el calentamiento. Para que la carrera realmente “comience” tendríamos que ver que los casos que se han presentado hasta el momento logren prosperar en las cortes. Esa será la verdadera prueba de fuego del sistema. En el pasado se han presentado casos de corrupción, pero estos han sido desestimados en los juicios y las personas inculpadas han quedado libres. De esta cuenta, sabremos que realmente estamos avanzando cuando veamos la primera sentencia en firme. 

“Sabremos que estamos en el camino correcto cuando veamos moverse el engranaje de la justicia”

Por supuesto, esto es un proceso y tenemos que comprender que los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Sin embargo, es importante colocar la actual coyuntura en la perspectiva correcta. El “talón de Aquiles” de nuestra democracia ha sido precisamente la ausencia de un sistema de justicia realmente independiente y funcional. En este sentido, podremos decir que estamos en el camino correcto cuando veamos moverse el engranaje de la justicia que por tantos años ha estado atrofiado. 

Y esto nos lleva a un punto que no debemos perder de vista. Las reformas que hoy se discuten en el congreso son todas importantes. Es necesario contar con una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos que regule y haga transparente la actividad de los partidos. Eso queda muy claro después del informe de CICIG presentado recientemente. Asimismo es de vital importancia las reformas a las Ley de Servicio Civil y a la Ley  de Contrataciones del Estado. Sin embargo, la aplicación en el futuro de estas leyes dependerá de que contemos con un “árbitro” independiente y eficiente. Este “árbitro” claramente es el Sistema de Justicia. 

Es importante que recordemos que actualmente existen muchas leyes que podrían hacer que el Estado funcione mejor, pero éstas no se aplican debido a que tenemos un Sistema de Justicia sumamente frágil. Si no hacemos las reformas que corresponden al Sistema Judicial del país, para evitar que sea cooptado por la política, las reformas a las otras leyes caerán en saco roto. 

Por el momento toda nuestra indignación está concentrada en la clase política. Sin embargo, no debemos olvidar que la batalla que actualmente está librando la sociedad guatemalteca tarde o temprano se concentrará en los tribunales. Es allí donde veremos si realmente nuestra democracia avanza. Por ese motivo, las reformas al sistema judicial del país no deben quedar en un segundo plano. El peor escenario es que la CICIG abandone el país y el sistema judicial quede intacto. Ese sería el camino directo  hacia el precipicio. 

En su segunda transmisión, Razón de Estado abordó el tema de la captura del Estado en Guatemala, donde históricamente la función pública ha sido usada como mecanismo de enriquecimiento ilícito por los políticos.

Dionisio Gutiérrez, inició el programa con un editorial donde denunció la captura del Estado guatemalteco: “Guatemala se enfrenta a una peligrosa alianza de grupos criminales que pretende asfixiar los escasos logros alcanzados en materia de Justicia para mantener el secuestro del Estado(…) Promulgan leyes que no cumplen, fundan instituciones que no respetan, y a la sombra de la defensa de una falsa soberanía, niegan y esconden el secuestro del Estado y el grado de criminalización que ha alcanzado la política."

Recalcó que la reforma del Estado y la reforma al sistema de justicia son indispensables para que el país avance: “La causa más evidente del subdesarrollo político es la ausencia de Estado de Derecho; y entre las condiciones para alcanzarlo están el perfeccionamiento de las fuerzas de seguridad y la carrera judicial.”

Después, Dionisio Gutiérrez realizó una entrevista al abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac, donde hablaron sobre temas como el trabajo de CICIG en Guatemala, la corrupción, la ausencia de justicia y las reformas que el país necesita para solventar los grandes problemas que aquejan a la sociedad.

En el segmento de debate, moderado por Phillip Chicola, participaron los abogados César Sigüenza y Elvyn Díaz, quienes discutieron sobre la propuesta para una ley de aceptación de cargos que permitiría hacer más eficiente el sistema de justicia y reducir la mora judicial.

Al finalizar el programa, Dionisio Gutiérrez resaltó la urgencia de una reforma judicial, presentando cifras alarmantes sobre la impunidad en el país, la tasa de criminalidad, la tasa de homicidios y la presencia del Ministerio Público en el territorio guatemalteco. Asimismo, criticó las grandes deficiencias del sistema penitenciario, como la tasa de hacinamiento y el abuso a la prisión preventiva.

Dionisio Gutiérrez indicó que la inoperancia de nuestro sistema de justicia ha generado desconfianza entre los ciudadanos, pues sus resultados en todos estos años han sido tardíos o simplemente ausentes: “Apenas el 27% de los guatemaltecos confía en que el sistema de justicia los protegerá si son víctimas de un hecho criminal. La desconfianza es justificada pues el sistema es un fracaso.”

Vea el programa completo a continuación:

La tercera entrega de Razón de Estado abordó, desde diversas perspectivas, uno de los temas más urgentes e impostergables que debe tener la agenda del país en los próximos años: La crisis económica.

Dionisio Gutiérrez inició su editorial recordando el programa Libre Encuentro y comparando aquel contexto económico y social con el que vivimos actualmente: "Hace casi 30 años, nació Libre Encuentro, aquella tribuna que me enseñó tanto y que me acercó a la realidad de nuestro país, a las ilusiones y tristezas de su gente. Hoy en Razón de Estado, confieso con frustración que después de tres décadas, más de la mitad de nuestros hermanos siguen viviendo en la pobreza y batallan cada día para sobrevivir."

Se pronunció sobre el rol de los empresarios en la sociedad para generar prosperidad, a la vez que denunció la actuación de políticos corruptos que históricamente han impedido el desarrollo económico de Guatemala: “Al empresario lo acusan de los males del país y le persiguen políticos populistas. (…) Aunque nuestra economía sea imperfecta e insuficiente; los empleos que hoy se tienen, los impuestos de los que vive y mal gasta el gobierno y lo poco que se produce en el país, depende de esos cientos de miles de hombres y mujeres que decidieron arriesgar y emprender. Sin ellos las cosas serían aún más difíciles.”

Después Dionisio Gutiérrez realizó una entrevista al economista Richard Aitkenhead, donde abordaron temas como el impacto de la política en la economía, el efecto de las remesas en países centroamericanos, las políticas de libre comercio y el desarrollo en países con bajos indicadores sociales y económicos como Guatemala. Durante la entrevista, Aitkenhad indicó que para superar la crisis en el país hay que enfocarse en al menos tres acuerdos: infraestructura vial, ahorro para vivienda y vivienda urbana con servicios públicos. Además propuso un diálogo nacional que promueva cambios en el status quo, concluyendo que "el país necesita élites que estén dispuestas a tomar riesgos".

En el segmento del debate, moderado por Paul Boteo, participaron los economistas Jonathan Menkos, director ejecutivo de ICEFI, y Daniel Fernández, director de UFM Market Trends. Ambos plantearon sus opiniones sobre si la lucha contra la corrupción es la causante de la desaceleración económica en el país.

Al finalizar el programa, Dionisio Gutiérrez resaltó las cifras e indicadores preocupantes sobre la economía del país: “Guatemala es el país más pobre de América Latina y el segundo con mayor tasa de crecimiento demográfico. En el 2025 seremos casi 20 millones de chapines. En los últimos 30 años, nuestra economía creció solo 1.3% en promedio. A este ritmo tomaría 54 años duplicar el ingreso per cápita y en 2072 seríamos más pobres.”

Además denunció el impacto cotidiano que trae consigo la falta de oportunidades de empleo para más del 70% de la población, el clima de incertidumbre que viven las inversiones, la caída en los precios de nuestros productos de exportación, la escasa infraestructura y la falta de un modelo de desarrollo que tome en cuenta la educación, libertad y certeza jurídica.

Vea el programa completo a continuación:

 ¿Cuál es la realidad económica de Grecia y qué podemos aprender de su situación actual?

Grecia ha sido el centro de atención en las últimas semanas por la crisis de deuda pública que atraviesa desde hace más de media década y que se ha agudizado recientemente por su incapacidad de cumplir con sus obligaciones financieras ante el Fondo Monetaria Internacional.  Lo que más preocupa en los mercados internacionales es la eventual salida de este país del Euro, pues representaría un duro golpe a la credibilidad de esta moneda y el bloque económico europeo. Ante esta situación, no han faltado las voces que han presentado a Grecia como una víctima de sus acreedores, y particularmente del gobierno Alemán.  Pero ¿Qué es en realidad lo que ha ocurrido con este país? ¿Qué podemos aprender del mismo?

Grecia es considerado hoy en día un país desarrollado. Se incorporó a la Zona Euro en el año 2002 y había gozado de una bonanza económica desde mediados de los años noventa. Su integración al Euro representaba, en teoría,  el reconocimiento de su solidez macroeconómica. Sin embargo,  tiempo después se encendieron las señales de alerta, cuando se descubrió que las autoridades de este país habían ocultado las cifras reales de su abultado déficit fiscal y el enorme saldo de su deuda pública.  La crisis finalmente estalló en diciembre de 2009, cuando las tres principales agencias calificadoras de riesgo crediticio,  degradaron de forma consecutiva  la nota sobre la deuda soberana de Grecia ante el riesgo que éste no pudiera afrontar sus obligaciones.

Desde entonces, la economía de Grecia se ha sumido en una profunda recesión económica, que ha hecho que su PIB per cápita se contraiga en 23% en los últimos siete años y que una cuarta parte de su fuerza laboral se encuentre sin empleo.  Algunos economistas de renombre mundial han criticado las medidas de austeridad implementadas por el gobierno de Grecia para balancear sus cuentas públicas, aduciendo que estas medidas han profundizado la crisis económica que afronta este país. Sin embargo, parece que estos economistas olvidan por completo que la razón de la crisis griega es precisamente el descontrol que ha tenido en el gasto público en los últimos treinta años.

Si se revisan las cifras, se puede constatar que los distintos gobiernos que ha tenido Grecia en las últimas tres décadas se han dedicado a gastar a manos llenas. En 1980 la deuda pública de Grecia era de tan sólo 21% del PIB, en 1990 ya alcanzaba el 68% del  PIB; y para el año 2000  rondaba el  100% del PIB. En la década siguiente no reportó un crecimiento tan escandaloso, ubicándose en el año 2008 en 108% del PIB.  Sin embargo, ya los niveles eran insostenibles y el resultado estaba a la vista.

Sin duda la situación de Grecia es complicada y cualquier camino que tome tendrá serias consecuencias sobre el bienestar sus habitantes. Sin embargo, debe tenerse claro que lo que necesita esta economía es impulsar su competitividad, atraer mayores niveles de inversión privada; así como diversificar su producción. También debe realizar reformas profundas de su Estado, para que sea más eficiente y transparente. 

Hablar de mayor gasto público para Grecia y hacerlo ver como víctima de sus acreedores es pasar por alto las últimas tres décadas de historia económica del país.  Es una lección que Guatemala debe aprender y no suponer que nos podemos endeudar indefinidamente.  Las consecuencias están a la vista. 

 En este programa abordaremos un tema que resulta de mucha importancia para entender la capacidad para el desarrollo que tiene nuestro país, la política fiscal.Fuente: Dimensión

 Para el programa de Dimensión de este domingo, nos acompañaron tres invitados especiales: Nicolás Shea de Chile, Federico Rivas de El Salvador y Nelson Ortíz de Venezuela con quienes hicimos un análisis de la situación económica, política y social actual de la región latinoamericana.

Para complementar el análisis que hicimos con nuestros invitados, incluimos en nuestro documental algunos datos que ayudan a tener una perspectiva completa de la difícil situación que atraviesa América Latina:

• Diez de los veinte países más desiguales del mundo se encuentran en América Latina, constituyéndose en la región más desigual del planeta.

• Cuarenta y tres de las cincuenta ciudades más violentas del mundo están ubicadas en América Latina; mientras que seis de los diez países más violentos del mundo se encuentran en la región.

• Según el Índice de Progreso Social,  ningún país latinoamericano se encuentra dentro del club de las naciones más desarrolladas del mundo.

• La tasa de mortalidad materna en la región es de 85 por cada 100,000 nacidos vivos;  más de diez veces la tasa que reporta la Unión Europea, de solamente 8.

• En el Índice de Percepción de Corrupción, la región tiene un promedio de 38 puntos, de un máximo posible de 100; y en el Índice de Estado de Derecho el promedio es 50 de un máximo de 100 puntos.

 Estos datos reflejan el enorme atraso y subdesarrollo que enfrenta la región latinoamericana. La cual, a pesar de haber reportado un crecimiento económico relativamente alto en la última década, aún no logra consolidar sus instituciones democráticas, lo que le ha provocado serios problemas políticos y sociales.

Los recientes escándalos de corrupción que se ha reportado en diversos países, ponen al descubierto la precariedad institucional de la región y evidencian que el mayor reto de América Latina es contar con Estados modernos, transparentes y eficientes que permitan la implementación de políticas públicas exitosas. Sin una institucionalidad fuerte, será imposible que América Latina supere el subdesarrollo. 

No se pierdan el programa completo:

 En este programa conversamos con tres latinoamericanos sobre la realidad política, económica y social de la región.Fuente: Dimensión