Así como estos cinco países son muy distintos entre sí, también los casos de corrupción; la forma en la que fueron o están siendo manejados; y el efecto que han tenido, ha variado según el nivel de tolerancia de los ciudadanos y la capacidad de respuesta que tienen las instituciones de los diferentes países ante los complicados casos que se han presentado.

 Considerado por muchos como un ejemplo de desarrollo en la región, en 2014 Chile ocupaba el puesto 21 de 175 países en el índice de percepción de corrupción realizado por la organización Transparencia Internacional. El puesto más alto alcanzado por un país latinoamericano.

 El gobierno mexicano enfrenta desde finales de 2014 una polémica que alcanza al presidente Peña Nieto, a la primera dama Angélica Rivera y otros funcionarios de gobierno, por haber realizado una compra de casas a contratistas del gobierno federal. Ante estos señalamientos, el Presidente ordenó que la Secretaría de la Función Pública investigara si él o alguien de su círculo cercano habían incurrido en conflicto de intereses por la compra de estas casas.

Fuente: Transparencia Internacional

 El escándalo de la empresa estatal Petrobras en Brasil se remonta hasta 2014, cuando un exdirector ejecutivo de la misma nombro a más de 40 políticos, entre los que se encontraban ministros, gobernadores y congresistas por su implicación en el supuesto pago de sobornos millonarios a partir de contratos y lavado de dinero. Muchos de estos casos se remontaban más de una década. 

 Asimismo, una gran cantidad de ciudadanos brasileños quieren que sea impugnada y cada vez menos personas creen que llegará al final de su período.

 Brasil ocupa el puesto 69 de 175 países en el Índice de Percepción de Corrupción.

Fuente: Transparencia Internacional

 En enero de 2015 la Corte Suprema de Panamá aprobó abrir una investigación contra el expresidente Ricardo Martinelli por su supuesto involucramiento en casos de corrupción durante su gestión entre 2009 y 2014. 

 Guatemala ocupa el puesto 115 de 175 países en el Índice de Percepción de Corrupción, el quinto país peor calificado de América Latina solamente superado por Honduras, Paraguay, Haití y Venezuela.

 Para agosto de 2015 los casos todavía se encuentran en proceso, pero la presidencia de Otto Pérez Molina pende de un hilo mientras es mencionado por su supuesta participación directa o indirecta en varios casos de corrupción y la exvicepresidenta Baldetti es ligada a proceso por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo.

 No es casualidad que la clase política de muchos países latinoamericanos esté enfrentando una crisis de legitimidad frente a poblaciones que parecieran ya no estar dispuestas a soportar los abusos y robos descarados de sus principales figuras políticas. Manifestaciones y otras muestras de rechazo han sido el denominador común en muchos países de la región, aunque los casos son distintos las demandas ciudadanos son siempre muy parecidas.

 La respuesta a los problemas de corrupción de los países latinoamericanos pareciera caer siempre en la lucha por fortalecer las instituciones y construir verdaderos Estados de Derecho. 

#ActualidadAnalizada

El momento crítico en el que se encuentran los jóvenes en cuanto a oportunidades laborales y los efectos que esto genera.

Los  jóvenes están viviendo un momento sumamente crítico.  La falta de oportunidades laborales, un mal que se asociaba principalmente a los países en desarrollo, también está presente en las economías más desarrolladas del mundo. En el primer trimestre de 2008, el desempleo juvenil en la Unión Europea se encontraba en 15.2%, el nivel más bajo alcanzado en la década pasada. Sin embargo, desde esa fecha el desempleo juvenil se incrementó en este bloque económico y se ha ubicado entre 23% y 22% en los últimos tres años. Los casos más graves son Grecia y España, en donde el desempleo juvenil supera actualmente el 50%; mientras que en Croacia e Italia supera el 40%.

En Estados Unidos si bien las cifras no son tan dramáticas, también revelan una situación difícil para los jóvenes. En el año 2010 el desempleo juvenil alcanzó el 19.5% y luego ha descendido gradualmente hasta ubicarse actualmente en 12.3%. Esta reducción en el desempleo se debe al mayor dinamismo del mercado laboral de Estados Unidos, en comparación con el mercado laboral de Europa, que tiene mayores rigideces.  Pero también se debe a que muchos jóvenes han decidido salir del mercado laboral  o bien se han conformado con trabajos de medio tiempo, que ofrecen condiciones precarias. 

La generación de jóvenes de los países avanzados que están entrando al mercado laboral bajo estas circunstancias, corren el riesgo de afrontar consecuencias negativas por muchos años. La primera es en cuanto al nivel de salario que obtienen. Las personas que entran al mercado laboral en un episodio de recesión económica, tenderán a gozar de un salario menor a lo largo del tiempo, que aquellos que entran en un momento de expansión económica. Esto se debe a que la base salarial inicial es menor y también a que es poco probable que los salarios aumenten cuando las condiciones económicas son adversas.

El segundo efecto es respecto a la duración del desempleo. Algunos estudios sugieren  que, después de diez años, aquellas personas que  estuvieron desempleados por más de seis meses, tendrán en promedio un salario inferior en 32% que aquellas personas que nunca estuvieron desempleadas. Esta diferencia salarial tenderá a mantenerse incluso  después de veinte años. Pero aún  si el desempleo no dura más de seis meses, se tendrá efectos negativos de largo plazo. Después de diez años, aquellas personas que pierden sus empleos, tendrán en promedio un salario inferior en 9%, que aquellas personas que nunca perdieron sus empleos. 

Al final, ya son más de siete años que  varios países avanzados están afrontando un estancamiento económico crónico, lo cual podría marcar a toda una generación de jóvenes en estos países. En el caso de Guatemala, la situación es mucho más crítica. La economía del país es incapaz de crear la cantidad de empleos que se necesita todo los años. El efecto ha sido que la mayoría se tienen que conformar con trabajos sumamente precarios en la informalidad, otros optan por abandonar el país para probar suerte en Estados Unidos y unos cuántos más deciden entrar al mundo criminal. 

Ya sea en los países desarrollados o acá en Guatemala, la evidencia muestra que para  que los jóvenes tengan un futuro promisorio, lo que se necesita es que tengan acceso a empleos de alta calidad. Eso es lo que determinará,  decisiones tan vitales como la familia que formarán. En el mundo desarrollado se habla de la generación perdida en la actual década. Pero, ¿cuántas generaciones perdidas estamos dispuestos a tener en Guatemala?

Las redes sociales, especialmente durante estas elecciones, se han convertido en una herramienta útil para los políticos y actores sociales. 

No obstante, esta multiplicidad de actores e historias, puede dejar a quienes participan en una situación vulnerable cuando no es posible identificar identidades ni discernir entre los verdadero y lo falso.  

Los mecanismos sociales online producen una interesante dinámica que influye en la opinión de quienes interactúan. No es que se pueda determinar estrictamente una relación causal lineal, pues se trata de un entramado de relaciones (red), pero sí se le puede catalogar como herramienta de presión hacia la pertenencia o identidad social.

Desde estas redes vistas como herramientas de presión social, los políticos han intentado promover sus propuestas, lo cual resulta válido; sin embargo, también las utilizan para criticar o difamar de forma anónima con el objetivo de moldear el imaginario público en relación a alguna persona o algún tema en particular. ¿Cómo podemos identificar cuando no hablan desde una identidad real ni desde la verdad? ¿Cómo podemos identificar perfiles que promueven “campaña negra”?  

Estos son algunos indicios:

1. No poseen una fotografía que les identifique o utilizan una fotografía que puede identificarse como descargada de internet.

2. En Twitter su línea de tiempo consiste en retweets y notas.

3. En Facebook sus posts son principalmente caricaturizaciones.

4. Sus posts son ataques o referencias a otros, en Twitter incluso promoviendo hashtags negativas.

5. Los perfiles suelen coincidir entre sí en las fechas de publicaciones y creación.

6. La poca actividad en sus perfiles se limita a e enviar enlaces relacionados a política.

7. Tienen nula o poca interacción con sus contactos.

Según Sergio Mortaya, experto en el tema, el gasto de los políticos es de entre Q150 mil y Q200 mil mensuales en centros de operaciones dedicados a crear cuentas y perfiles falsos, comprar likes, hacer comentarios, y más. Si esto se multiplica por al menos nueve meses, significa que los partidos gastan más de 1.3 millones de quetzales en estos medios [1].    El Tribunal Supremo Electoral ha sancionado a algunos partidos por su actividad online, pero solamente por campaña anticipada, pues señalan que la fiscalización de campaña negra corresponde al Ministerio Público. Los usuarios pueden apoyar denunciando estos perfiles en las redes sociales correspondientes.

1. http://www.guatevision.com/candidatos-hacen-campana-negra-en-la-web/

#ActualidadAnalizada

Un estudio reciente realizado por la Universidad del Sur de California concluyó que la mala nutrición en los primeros años de vida puede provocar comportamientos agresivos y antisociales durante la niñez y la adolescencia.

La desnutrición y la violencia son dos problemas latentes en países como Guatemala; sin embargo, poco se conoce de la relación que puede existir entre ambas. Estos problemas, íntimamente ligados a condiciones de pobreza y desigualdad de oportunidades, afectan a una importante proporción de la población del país. 

Se ha avanzado bastante en el estudio de la desnutrición crónica, en los efectos que tiene en el ser humano y en las sociedades que no realizan esfuerzos importantes por erradicarla. No obstante, parece que todavía hay mucho que la ciencia puede aportar sobre el tema. 

Hoy en día se sabe que la desnutrición crónica tiene severos efectos físicos y sociales. Por un lado los efectos físicos de la desnutrición infantil según Reynaldo Martorell[1]  incluyen baja estatura, menor masa muscular, menor desarrollo del cerebro, mayor riesgo de obesidad y enfermedades crónicas. 

Además de los efectos físicos, la desnutrición crónica impacta de forma importante y permanente en el desarrollo social de la persona: el bajo desarrollo cerebral provoca un bajo desarrollo cognitivo, dificultad para aprender, limitaciones en lectura y vocabulario, entre otros. Algunas de las consecuencias claras de estos efectos son el aumento de la posibilidad de abandono escolar y la limitación de las aspiraciones profesionales y de desarrollo de cualquier persona. 

Una persona adulta que sufrió de desnutrición crónica en su niñez difícilmente podrá aspirar a un trabajo que le permita generar ingresos suficientes para salir de la pobreza, además de que sus limitaciones físicas también le dificultarán realizar labores que requieran de motricidad fina o demasiada fuerza. En palabras de Martorell: “La desnutrición crónica perpetúa el círculo de pobreza”.

Además de los efectos ya conocidos de la desnutrición, la Universidad del Sur de California presentó en 2014 un estudio[2]  que presenta los primeros hallazgos que demuestran que la mala nutrición en la niñez temprana, antes de los 3 años, predispone a las personas a presentar problemas de comportamiento a los 8, 11 y 17 años. Estos comportamientos, según el estudio, se presentan independientemente de las adversidades psicosociales que enfrenta la persona, además se demuestra que la relación existente entre nutrición y problemas de comportamiento es mediada por el cociente intelectual. 

Los resultados del estudio indican que los niños que sufrían deficiencias nutricionales mostraban un incremento de 41% en el comportamiento agresivo a los 8 años; un incremento del 10% en agresividad y comportamiento delictivo a los 11 años; y un incremento del 51% en comportamiento agresivo y antisocial a los 17 años.

El nivel socioeconómico al que pertenecían los sujetos de estudio no parecía jugar un papel importante en el comportamiento, sin embargo el nivel de inteligencia sí. Según uno de los autores del estudio, la mala nutrición en las primeras etapas de la niñez, caracterizada por la deficiencia de zinc, hierro, vitamina B y proteínas; provoca un bajo cociente intelectual lo que más adelante resultaría en comportamiento antisocial. Los investigadores también encontraron que a mayores indicadores de mala nutrición, más pronunciado era el comportamiento antisocial.

Según los investigadores estos hallazgos también tienen implicaciones en países con mejores índices de desarrollo, pues la mala nutrición que provoca condiciones como la deficiencia de hierro no es exclusiva de sociedades con bajo nivel de desarrollo.

La conclusión más interesante del estudio es que el comportamiento antisocial podría ser prevenible. Sería posible cambiar la predisposición biológica al comportamiento agresivo o antisocial. Esto presenta una posibilidad importante en materia de prevención de violencia, especialmente en un país como Guatemala, que se encuentra entre los más violentos del mundo.

“Guatemala tiene la tasa de desnutrición crónica más alta de América Latina y séptima a nivel mundial.”
 

Guatemala tiene la tasa de desnutrición crónica más alta de América Latina y séptima a nivel mundial. Prácticamente 1 de cada 2 niños menores de 5 años sufre de este mal. Estudios como el que presenta la Universidad del Sur de California hacen aún más evidente que la desnutrición es el tema que debe preocupar a la sociedad guatemalteca si algún día se desean revertir los penosos indicadores de desarrollo. 

1. Martorell, Reynaldo (2007). Efectos de la desnutrición en la salud y desarrollo humano y estrategias efectivas para su prevención. Instituto Nacional de Salud Pública de México. Cuernavaca, México. Disponible en línea en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10649061

2. Para consultar el estudio visite: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1570126/ Para consultar un artículo sobre el estudio visite: http://news.usc.edu/24161/Nutrition-Key-to-Aggressive-Behavior/

 El veto no puede ser parcial sino total, por lo que en las observaciones que estime pertinentes el poder ejecutivo debe tomar en cuenta la totalidad de la ley vetada.  Si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los quince días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionada la ley y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los ocho días siguientes. 

 Con arreglo a la Constitución, el Presidente de la República en Consejo de Ministros devolvió al Congreso el decreto n° 13-2016 en ejercicio de su potestad de veto (arts. 183 “h” y 179). La Junta directiva del Congreso, con arreglo a la Constitución (arts. 179-181) y la Ley del Organismo Legislativo (arts.129-133), ha sometido al conocimiento del pleno el veto presidencial para que se consideren o se rechacen las razones aducidas por el Ejecutivo. Sin embargo, algunos diputados han manifestado su intención de rechazar el veto y aprobar la ley, lo que requiere de la votación de las dos terceras partes del total de sus miembros (ciento cinco (105) votos) conforme al art. 179 de la Constituación.

 El rechazo del legislativo al veto pretende evitar que “los titulares de las distintas carteras no asistan a las citaciones hechas por los diputados”(1) . Si tal rechazo consigue el apoyo de los diputados, el Ejecutivo deberá obligatoriamente sancionar y promulgar la ley dentro de los ocho días siguientes de haberlo recibido. Si no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de tres días para que surta efecto como ley de la República, conforme a la Constitución (art. 179).

 Las razones aducidas en el Acuerdo Gubernativo 46-2016 que objetan la ley son de orden constitucional –presunta violación del art. 17 de la Constitución- en lo que respecta al artículo 414 Bis. modificado en el artículo 1 del Decreto, referido al incumplimiento de particulares a las citas legislativas. Otras razones apelan a lo irrazonable e irracional de la normativa al no establecerse con claridad las motivaciones del decreto n° 13-2016, lo cual dificulta según el ejecutivo la comprensión de  las disposiciones por ser supuestamente vagas, imprecisas y con defectos técnicos importantes. En las consideraciones del Acuerdo se elude un importante argumento relacionado con la inconveniencia que representa criminalizar la función pública, al punto de que incluso no se critica la represión penal existente.

 Reducida la discusión a unas formalidades y consideraciones políticas, la ley vetada pretende agravar(2) las sanciones penales eludiendo dos hechos importantes. En primer lugar, la exigencia de que todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso, prevista en la Ley del Organismo Legislativo (art.4), no cuenta con una sanción penal clara y específica en el ordenamiento jurídico. En tal sentido, no aplican los artículos mencionados en el Acuerdo Gubernativo 46-2016, a saber, 414 y 420 del Código Penal. En segundo lugar, la declaración de un funcionario o empleado público no puede ser interpretado como una interpelación a un ministro, cuya consecuencia debe ser la de emitir un voto de falta de confianza a un ministro conforme a la Constitución (arts.166 y 167). 

 Por último, en ningún caso las existentes sanciones penales no pueden ser alegadas como posibles consecuencias que se pudieran desprender de la potestad de control del Congreso, cuyos actos jurídicos no se precisan. Ello sin negar que la criminalización de la función pública, no es el medio más adecuado para lograr el fin que pretende el Congreso. Será la Corte de Constitucionalidad quien tendrá mediante consulta o en pretensiones constitucionales posteriores, que dilucidar las diversas interpretaciones jurídicas en conflicto y esclarecer el problema jurídico en cuestión. 

 1 http://www.congreso.gob.gt/noticias.php?id=7268

2 No “grabación” como dice el Acuerdo Gubernativo 46-2016.

 #ActualidadAnalizada

 Tras ser uno de los puntos más solicitados por parte de la ciudadanía, la Ley Electoral y de Partidos Políticos sigue en revisiones para ser aprobada. Estos son los avances más importantes de las últimas semanas.

 La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos fue una de las exigencias de los movimientos ciudadanos del 2015. Sin embargo estas exigencias no son nuevas, ya que desde hace varios años diversas organizaciones han venido discutiendo y analizando los temas que ésta debiera contener en mesas y foros de discusión abiertos y cerrados. 

 A inicios del mes de abril del 2015 la reforma está siendo aprobada capítulo por capítulo en el Congreso de la República y es conveniente hacer un análisis preliminar de los temas que han sido aceptados y los que no, para hacer un balance del resultado que tuvo la exigencia ciudadana y la respuesta del sistema político.

 Los temas más importantes que han sido aprobados hasta el momento son:

 Financiamiento: 

- Se duplicó el financiamiento público de 2 dólares a 4 dólares por voto y se asignan rubros específicos en donde deben gastar este dinero.

 - Se obliga a los partidos a recibir todas las contribuciones en una sola cuenta a nombre del partido y a publicar el monto de los aportes y el nombre de quién los dio. 

 - Se da facultad a otras instituciones del Estado, además del TSE, como la Contraloría General de Cuentas, SAT, Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Telecomunicaciones para que fiscalicen a los partidos políticos.

 - Los partidos políticos podrán ser cancelados si incumplen con los controles.

 Proselitismo:

 -Se define como las acciones y actividades de formación y capacitación, organización y difusión de su ideología, programa político, propuestas políticas, posiciones políticas, convocatorias y cualquier otra actividad referida al funcionamiento de las organizaciones políticas, así como su difusión en medios de comunicación.

 Publicidad en medios:

 - El TSE será el que contratará la campaña en los distintos medios de comunicación. Los partidos políticos no podrán hacerlo directamente. 

 - El TSE administrará la pauta publicitaria en medios, distribuyendo el espacio comprado en 50% para presidencia, 25% para diputados, 25% para corporaciones municipales.

- Ninguna persona individual o jurídica puede contratar a título propio o a través de terceros publicidad en medios de comunicación en favor de ningún candidato.

- Se aumenta el monto de las multas a los partidos.

- Se podrá cancelar un partido: Por campaña anticipada, por infracción a normas de financiamiento y durante el proceso electoral por las gravedad de las faltas que se comentan.

 Voto nulo:

- El voto nulo tendrá validez. Para que sea efectivo es necesario contar con mayoría absoluta y la elección se repetirá con los mismo candidatos de la elección anterior. 

 Congreso:

- Aumenta el número de diputados a 160.

- Se prohíbe el transfuguismo durante los tres primeros años del período legislativo.

Voto en el extranjero

- Se aprueba el voto en el extranjero únicamente para elegir Presidente y Vicepresidente a partir de las elecciones de 2019.

 La información para esta nota fue obtenida de lo que se ha publicado en medios de comunicación y lo que organizaciones que fiscalizan el Congreso de la República, como Justicia Ya, han tenido a bien compartirnos. La reforma completa se conocerá cuando el Congreso termine de aprobar todos los artículos de la misma y se complete el procedimiento legislativo. Ampliaremos sobre el tema cuando el documento esté disponible para consulta.

 Fotografía: lared.com.gt

 Proponen modificar más de veinte artículos constitucionales para fortalecer el sector justicia e iniciar la senda de construcción de un auténtico Estado de Derecho. 

La Secretaría Técnica del Ministerio Público, del Procurador de los Derechos Humanos y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentaron a la Nación unas Reformas a la Constitución de la República de Guatemala, con el título de “Propuesta para la discusión presentada por los organismos ejecutivo, legislativo y Judicial” de fecha 25 de abril de 2016.

Fuente: elperiodico.com.gt

El documento plantea la modificación de más de veinte artículos constitucionales para fortalecer el sector justicia e iniciar la senda de construcción de un auténtico Estado de Derecho. Con cambios en la organización, estructura y funcionamiento del sector justicia, se pretende combatir el flagelo de la impunidad y corrupción. La propuesta forma parte del llamado proceso denominado “Diálogo Nacional”, cuya plataforma consiste en fomentar un espacio de discusión que facilite la probación e implementación de reformas constitucionales necesarias para el país. 

La exhortación a la sociedad civil para que  participe activamente en la mejora de la propuesta, se complementa con diversas estrategias para lograr la inclusión de diversos sectores del país. De igual modo, la discusión deberá ceñirse a los estándares internacionales del constitucionalismo occidental. A este respecto, llama la atención la ausencia de una exposición de motivos que pueda dar cuenta de las bases y fundamentos de los cuales se partió para la elaboración de la misma. 

Los temas que aborda la propuesta son varios. A modo de ejemplo, pueden mencionarse los de carrera judicial, las regulaciones de antejuicio para dignatarios y funcionarios públicos, la independencia del organismo judicial, los requisitos para ser magistrado o juez, la integración y duración de las funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, además de regulaciones en cuanto al funcionamiento del sistema jurídico indígena. 

Tales transformaciones no están solas y aisladas del funcionamiento integral del sistema político constitucional. Los proponentes a tal efecto, han sostenido que ello solo procura centrar la atención en el aspecto judicial para no desviar la atención hacia temas no prioritarios por el momento. En efecto, de ser aprobadas las reformas por el Congreso de la República serán sometidas a la ratificación del pueblo mediante consulta popularcomo indica la Constitución, y posteriormente requerirán de desarrollos legislativos, por lo que al Congreso le tocará un rol preponderante en esta etapa política que parece iniciarse.  

 La Procuraduría de los Derechos Humanos publicó hace poco un informe sobre trata de personas que describe la situación que viven las víctimas de este delito en Guatemala. 

No hace muchos días atrás, la Procuraduría de los Derechos Humanos publicó el Informe de situación de la trata de personas en Guatemala 2015, donde presenta el panorama de la explotación laboral, sexual y mendicidad del país; siendo las mujeres, niños y  jóvenes los grupos más vulnerables. 

El informe comienza dando un panorama sobre la situación migratoria del país, pues la migración y la trata muchas veces van de la mano.  Las deportaciones en el 2015 alcanzaron el número de 158,789[1] personas, lo que da un panorama de la cantidad de migrantes que viajan cada día hacia Estados Unidos. El crimen organizado se aprovecha de esta situación y captura en la transición de Guatemala a México a personas para “colaborar” en su red, especialmente a niños y mujeres, pues son fáciles de secuestrar y controlar.  

 En el  2015, el Ministerio Público -MP- detectó a 673 posibles víctimas de trata, las cuales debían de probar su caso con la ayuda del MP para contar con el apoyo institucional del Estado. Una de las grandes críticas que surge en el informe es la poca capacidad de acción que tiene el Estado guatemalteco ante la detección de estos casos en lugares vulnerables como las fronteras. La mayoría de las organizaciones sociales vinculadas al tema de trata o migración indicaron que desconocían si la Dirección General de Migraciones tenía algún protocolo para responder ante “posibles víctimas” (cuando es una de las entidades estatales con mayor acercamiento a la problemática). Lo único que tienen claro es que, en caso de ellos identificar a una víctima, se comunican con la subestación de la Policía Nacional Civil más cercana para que puedan atenderla.  

La ONU ha señalado que por cada víctima de trata rescatada hay 30 ocultas lo que daría un total de 20,190 víctimas sin descubrir, conforme a los datos del 2015. El problema es que algunos guatemaltecos han olvidado que el tema de trata de personas está relacionado con la privación de libertades que cada ser humano tiene y en su lugar, es entendida como algo “normal” o cultural.  Esto hace difícil encontrar casos que no necesariamente tienen que ver con explotación sexual, sino aquellos que suceden en la cotidianidad con empleadas domésticas exclavisavas, obreros en fábricas o agricultores explotados o personas en la mendicidad. 

Otro vacío que se encuentra es la atención y protección de quienes ya son consideradas víctimas. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Estado debe garantiza el alojamiento seguro y adecuado para las necesidades de las víctimas de trata y no deben ser recluidas en centro de detención para inmigrantes u otro tipo de albergues, ya que tienen necesidades especiales. Durante 2015 se albergaron, del total de víctimas, a 201 personas en seis albergues gubernamentales, de los cuales tres no están especializados en la atención a víctimas de trata.  Así mismo la Secretaria de Bienestar Social cerró el Albergue Luz de Esperanza en diciembre del 2015 sin más explicación que su reglamento interno no le permitía realizar esas actividades.  Lo preocupante de esta situación es que quedarían un total de dos albergues especializados para el 2016. 

En materia judicial, las cifras aumentaron en el 2015 al resolver satisfactoriamente 37 de las 394 denuncias[2] que se registraron en el MP con víctimas de tratas confirmadas, a diferencia de las 19 que se realizaron en el 2014. El problema con el proceso judicial es que muchos de los casos se desestiman cuando la investigación no encuentra al acusado de trata por la misma naturaleza “oculta” del delito y esto hace que jamás llegue a las cortes. Tan solo en el 2015, el MP tuvo que desestimar 67 de las denuncias, mientras que las restantes siguen en investigación. 

Guatemala tiene todavía un largo camino para combatir la trata de personas, pues a pesar de los avances que han habido en materia de acompañamiento legal o judicial, los casos siguen sin salir a luz y la atención a las víctimas es precaria. El Estado se ha apoyado en organizaciones no gubernamentales para suplir la falta de servicios, pero el resguardo de los derechos humanos de las víctimas debe provenir del mismo Estado. El fortalecimiento de instituciones, como el Ministerio Público, Organismo Judicial o la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas no solo mejoraría las cifras de la lucha del Estado en esta problemática, sino que alejaría a más mujeres, hombres y niños de este círculo criminal. 

Referencias:

[1] Página web de la Dirección General de Migración: http://www.migracion.gob.gt/index.php/root1/estadisticas.html

[2] Ministerio Público. CRM-4883-Personas Agraviadas Trata 2015-. Reporte Estadístico de Personas Victimas por el Delito.

 La lucha contra las violaciones de derechos humanos se ve nublada para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En Junio de 2016, la Oficina de Prensa y Comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó la suspensión de audiencias, visitas, así como los Períodos de Sesiones n° 159 y 160 programados para julio y octubre de este año, ello sin contar con la probable reducción, en un 40%, del personal que allí labora el próximo 31 de julio de 2016, fecha en la que expiran los contratos de gran parte del personal capacitado y que históricamente se ha formado allí. 

Todo esto fue producido por la disminución de donaciones internacionales y la ausencia de pago de las cuotas a las cuales están obligados los Estados miembro. Ante esta crisis financiera, algunos países prefirieron en lugar de honrar sus compromisos, criticar el funcionamiento de la CIDH, alegando que la situación puede deberse a la «desconfianza de los Estados», mientras que otros, más allá de las críticas que pueden formularse al funcionamiento de toda institución, se comprometieron públicamente a aportar fondos inmediatos para evitar el colapso de la institución. 

Monto de donaciones en miles de dólares.

 Esta severa crisis financiera por la cual atraviesa el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, impediría el cumplimento de las funciones de la CIDH, como es la de: «promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia»[1]. Ello crearía una indefensión de los ciudadanos de la región, dificultando el derecho de formular peticiones ante el sistema interamericano de derechos humanos, como señalan los tratados y las constituciones nacionales. 

De hecho, luego del Comunicado  2016/069 de la CIDH, diversos representantes de la OEA han sugerido la necesidad de que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elaboren un proyecto de fondo independiente, que elimine la dependencia de los vaivenes de las donaciones[2], lo que coadyuvaría a lograr mayor independencia y autonomía técnica de tales organismos. 

Esta discusión, de igual forma, se ha extendido en torno al Proyecto de Resolución: «Financiamiento del Programa-Presupuesto de la Organización 2017» (CP/doc.5229/16 rev. 1), que discute el Consejo Permanente de la organización, para lograr, conforme a los artículos 54(e) y 55 de la Carta de la OEA, aprobar un presupuesto donde se fijen claramente las cuotas con las cuales debe contribuir cada uno de los Estados al sostenimiento de la organización.

El no cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados Miembros de la OEA sin duda revela poco compromiso con la defensa de los derechos humanos. De hecho, se ha sostenido, que el presupuesto regular de la CIDH en este 2016, no alcanza los 5 millones de dólares. 

Si la crisis se agudiza y, las labores de la CIDH y de la Corte se ven afectadas severamente, el no funcionamiento de tales órganos implicaría el desconocimiento del Derecho internacional de los Derechos Humanos[3]. Este detalle tiene importancia, ya que los derechos humanos han venido incorporándose en las Constituciones nacionales de los Estados miembros. Si la CIDH y la Corte disminuyen en sus labores, afectaría a los ciudadanos, pues estarían impedidos de hacer valer sus derechos y garantías a través de los mecanismos de protección nacionales e internacionales. 

 Referencias:

1. Art. 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

2. http://www.oas.org/es/cidh/mandato/finanzas/RecursosFinancieros-2011-201...

3. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; Carta Democrática Interamericana; Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. 

 Entrevista realizada a Dionisio Gutiérrez en el 2005 en donde expresa sus opiniones sobre la situación de Guatemala. 

En el 2005, Nuestro Diario le realizó una entrevista a Dionisio Gutiérrez donde comparte sus gustos personales, su labor en los negocios familiares, pero sobre todo su preocupación por el desarrollo político de Guatemala. 

En la entrevista, Dionisio expresó que a pesar de no tener interés de participar en la política partidista, ha asumido como una responsabilidad brindar aportes a la vida cívica del país. Además se descubren aspectos personales como su admiración por los presidentes Juan José Arévalo y Ramiro de León Carpio. Y al preguntarle sobre los problemas del país, compartió que existe una necesidad de crear políticas que resuelvan la pobreza, violencia, atraso, injusticia, falta de institucionalidad y educación. Al preguntarle sobre qué pensaba de la política, él respondió "urge rescatarla". 

A continuación le invitamos a leer la entrevista completa: 

Fuente: Periódico Nuestro Diario

Fuente: Periódico Nuestro Diario