El Tribunal Supremo Electoral convocó en Enero de 2019 a «elecciones generales» a celebrarse el 16 de junio. Iniciamos otro proceso electoral que de ningún modo significará un incremento de la libertad de los individuos. Debido a la confusión entre Estado de Derecho y democracia, los asistentes a la votación entregarán nuevamente un cheque en blanco a las facciones políticas en contienda.

La inexistencia del Estado de Derecho se mantendrá incólume. La ansiedad por salir de los «titulares ocasionales del poder» será satisfecha. La emoción por la alternancia se mezclará con la confusión conceptual que impedirá una toma de conciencia sobre la situación del país.

El bullicio babélico se encargará de promover la mentira de que en 2019 se elegirá, para no decir que solo se refrendará lo que ya fue elegido por las camarillas político-estatales.

El proceso electoral de 2019 se regirá por la Ley Electoral y de Partidos Políticos Decreto Número 1-85 y 26-2016. Cargada de disparates técnico-jurídicos y de imposibilidades legales, esta normativa se encargará de empobrecer más el debate político, inexistente en un país sin representación política y sin un foro político democrático.

La reforma (mejor dicho, la deforma) de 2016 se encargó de plasmar un entramado de disposiciones punitivas eludiendo el precario y débil sistema contencioso administrativo electoral. En lugar de favorecer la libertad política vedada en la Constitución, los cambios entronizarán el miedo, el political correctness y el eufemismo político.

En 2019 no se elegirá sino que se votará sin libertad. La legislación electoral nunca ha favorecido el acto de escoger. Siempre ha sido favorable a los partidos políticos convertidos en órganos auxiliares del Estado. Por ello, hasta las campañas  millonarias de las facciones político-estatales serán financiadas por el «ogro filantrópico».

Las otras fuentes de financiamiento se ocultarán con el supuesto sistema ideal de financiamiento electoral, que encubre las exigencias de todo tipo de su público cautivo, debido a la fetichización del derecho, tan usado cuando se quiere resolver cuestiones que escapan a problemas normativos.

La votación de 2019 consistirá en la ratificación de alguna propuesta político-partidista para Presidente, Vicepresidente, alcalde, diputado etc. Cada candidato atizará la sociedad del espectáculo que bien describió Guy Debord. Lo irrelevante y las emociones dominarán la escena en conjunto con los distintos programas mágicos improvisados que cada cierto tiempo tienen peso electoral.

Los ciudadanos convertidos en funcionarios asistirán lamentablemente a entregar un voto más para engranar la máquina estatal. Luego olvidarán sus responsabilidades cívicas para recluirse en las redes sociales. Otros cansados de lo mismo votarán nulos o se abstendrán. El proyecto de Estado seguirá sin discutirse en la inercia de los acontecimientos.

La afasia política existente, consistente en la pérdida de la capacidad de comprender o emitir el lenguaje, hará de las suyas. Tirios y troyanos emplearán palabras vagas como izquierda o derecha para eludir que eso es irrelevante en la clase política.

Los ratificados en el acto de votación este año pasarán a engrosar a los organismos del Estado, no para fungir como representantes del pueblo, sino como comisarios de los partidos políticos que los escogieron.

Mientras tanto, la fórmula constitucional que jamás se cumple está allí en el papel de 1985. A saber, la de una República democrática representativa (art. 140) que nunca termina de cristalizar.

Guatemala necesita una nueva derecha. 

Una que sea auténticamente liberal y no únicamente anticomunista. Que aprenda a dejar en el pasado los temores de la Guerra Fría, entienda que hoy la guerra se hace con las ideas y que defienda al capitalismo demostrando sus logros, no intentando destruir a sus opositores con las etiquetas del siglo pasado.

La nueva derecha guatemalteca debe ser abiertamente democrática, lo cual demostraría condenando los autoritarismos de todos los colores; así daría a entender que comprende que solo en democracia puede existir libertad y un ambiente propicio para el desarrollo.

Existirá dentro de esta nueva derecha una facción que se identificará como conservadora, pero ojo, conservador no es lo mismo que inmovilista. Un conservador debe aprender a reconocer cuando un sistema ha caducado y por lo tanto es necesario reformarlo; para esto, debe tener propuestas serias y ponerlas sobre todas las mesas de discusión. No es válido oponerse al cambio solo por miedo.

La nueva derecha debe defender sin complejos a la empresa privada, porque reconoce que es fuente de riqueza y empleo. Con esa misma firmeza debe separarse de esos empresarios que no están dispuestos a respetar las reglas del juego y que prefieren retozar con políticos corruptos para procurarse favores. Apañar la corrupción y aplaudir violaciones a la institucionalidad de parte de los políticos queda fuera de discusión 

También debe alejarse del populismo moral que utiliza la religión y los valores conservadores para hacer política irresponsable. No se vale apelar a los miedos, prejuicios conservadores y creencias de los guatemaltecos, para ganarle votos a proyectos políticos que no tienen la capacidad de hacer propuestas serias.

En ese sentido, algunos miembros de esta nueva derecha podrían identificarse abierta y libremente como religiosos, pero claro, comprenderían que la religión es un tema para el hogar, la familia y la vida, no para la política.

La nueva derecha debe alejarse de las políticas populistas de toda la vida, esas que ofrecen soluciones sencillas para resolver problemas complejos. Eso implica insertarle seriedad a discusiones de temas como la pena de muerte, la cual es vendida por la vieja derecha como herramienta para combatir la violencia.

En esa misma vía, la nueva derecha debe curar sus alergias al término de Derechos Humanos, pues debe estar consciente que estos fueron creación del mundo occidental y que su función no es “defender criminales” como se repite desatinadamente, sino proteger a los ciudadanos frente a potenciales abusos de los organismos del Estado.

Tampoco debe tener miedo a la diversidad cultural y de ideas. Guatemala es un país en donde conviven distintas formas de ver el mundo y es necesario que quienes quieran hacer política puedan sentarse en distintas mesas a compartir sus puntos de vista con apertura y respeto.

Una nueva derecha no se casaría con el ideal libertario de un Estado minúsculo, porque reconoce que eso no funciona en ninguna parte del mundo y que, en un país como este, es necesario financiar políticas sociales de manera transparente y estratégica, principalmente en salud y educación, para aliviar los problemas de las grandes mayorías.  

También reconocería que para lograr el objetivo de reducir los índices de pobreza, es obligatorio promover el crecimiento económico, pero no suficiente. El Estado también debe tomar un papel protagónico, creciendo ordenadamente y tomando solo aquellos compromisos que sean necesarios. Ningún país desarrollado funciona sin un Estado profesional y bien financiado.  

La nueva derecha debería reconocer que su participación en política es importante porque su ausencia deja espacio a una derecha populista, irresponsable y vociferante. También, debe reconocer que restarle importancia al servicio público ha dejado el camino libre para que los peores ocupen los puestos de mayor responsabilidad.

Por último, la nueva derecha debe evitar ese destructivo comportamiento tribal que tanto aflige a la vieja derecha. Debe reconocer que dentro de sus filas existirá la diversidad de ideas y de voces, lo cual no implica falta de lealtad.

La nueva derecha guatemalteca debe ser estratégica, debe tener propuestas y debe aprender a comunicarlas. Debe ser firme en sus posturas y expresarlas sin complejos.

¿En dónde está la nueva derecha guatemalteca?

Una cronología de las vinculaciones existentes en un Estado capturado.

Corría el año 2014. FECI y CICIG le seguían la pista a una red dedicada a la defraudación aduanera. Mediante interceptaciones telefónicas, armaban un rompecabezas sobre la integración de una compleja estructura criminal. Desde tramitadores, vistas de aduanas, pasando por supervisores, gerentes, intendentes, hasta el mismo superintendente. Todos, coordinados en un esfuerzo para generar riquezas ilícitas, facilitando la defraudación de impuestos en importaciones aduaneras.

La investigación determinó también que existía una estructura externa, integrada por particulares que, desde fuera del poder público, incidían en el nombramiento de funcionarios de SAT para servir los intereses de la red. El personaje que actuaba como enlace entre funcionarios y los particulares era Giovanni Marroquín Navas, cuya línea telefónica fue interceptada a partir de noviembre 2014.

Las escuchas de Marroquín permitieron identificar la trama para nombrar a Omar Franco como Superintendente de SAT, o los esfuerzos por conseguir el apoyo de Pérez Molina para nombrar un Gerente de Recursos Humanos afín a la red. Dichos episodios sustentaron la judicialización del Caso La Línea, aquel 16 de abril de 2015, y la captura de Marroquín y una veintena de personas más. Y meses más adelante, llevaría también a la captura de Roxana Baldetti y la caída de Otto Pérez Molina.

Pero eso no se quedó ahí. El análisis de las interceptaciones de Marroquín Navas evidenció que este también se dedicaba a realizar otros “trámites” tributarios. Concretamente, a entorpecer casos administrativos y penales por posible defraudación, además de agilizar devoluciones de crédito fiscal. Todo ello, mediante un proceso corrupto de pago de sobornos y cobro de comisiones ilícitas.

Esta línea de investigación permitió presentar el Caso Aceros de Guatemala en febrero 2016.

Pero esto tampoco se quedó ahí. La información recabada en los allanamientos de La Línea y del Caso Aceros, el examen financiero sobre los movimientos bancarios de Marroquín, y el análisis de más interceptaciones telefónicas de su línea, permitió identificar que la red dedicada a la tramitación de expedientes de crédito fiscal era de mayores dimensiones.

Esta ampliación de la investigación permitió que en febrero 2018 se presentara el Caso Traficantes de Influencias, en el cual se descubrió que personajes como el ex vicepresidenciable de la UNE, Mario Leal Castillo, y el diputado Felipe Alejos, captaban clientes que luego eran referidos con la estructura de Marroquín Navas. Este último mantenía el mismo rol de siempre: ser el enlace con la SAT, cobrar comisiones y trasladar los beneficios económicos indebidos a los funcionarios públicos.

El análisis financiero dentro del Caso Traficantes de Influencias permitió identificar un grupo de sociedades utilizadas por Giovanni Marroquín para captar las comisiones y pagar los sobornos. Una de ellas era “Ingeniería Integral S.A.”, administrada por su hijo, Marlon. El análisis de los movimientos financieros reveló que dicha empresa transfirió recursos a otra sociedad anónima en 2015: Maariv S.A. Dichas transferencias ocurrían a pesar de que ambas carecían de relación comercial alguna.

Una búsqueda en Google de Maariv S.A. arroja varios resultados de la página del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Porque Maariv S.A. aparece registrada como financista de la campaña UNE de 2015. 

La investigación sobre financiamiento de la campaña UNE 2015, que se conducía paralelamente a la trama anterior, permitió entender por qué Maariv recibía fondos de una sociedad vinculada a Marroquín Navas. Sencillo. Era una empresa de fachada utilizada para captar fondos e inyectarlos al partido. Igual que Promotora de Recursos Habitacionales (PROHABSA), vinculada al vice presidenciable Leal, o el Grupo Inmobiliario San Felipe, vinculado al diputado Julio Ixcamey.

Maariv, Prohabsa y San Felipe son típicos ejemplos de sociedades de cartón utilizadas para captar recursos -tanto lícitos aportados de forma anónima, o fondos provenientes de corrupción- con el fin de financiar campañas. Similar a lo que ocurría con el Grupo Estrella y el financiamiento del Patriota; o el conglomerado de empresas de fachada de Manuel Baldizón utilizadas para la campaña de Líder.

Giovanni Marroquín es el centro neurálgico que permite en una misma red de relaciones, conectar La Línea, a Pérez Molina y Baldetti, algunos empresarios, con Felipe Alejos y la UNE. Personajes como este, alrededor de quienes se configuran nodos de relaciones de negocios que trascienden partidos y sectores, sobran. Algunos ya están en prisión, pero otros muchos, siguen operando en la impunidad.

Y así, quien diría que tirando de la misma cuerda que permitió dar con La Línea y que llevaría a la caída de Pérez Molina y Baldetti en 2015, permitiría dar con el financiamiento de quienes en el papel eran sus némesis políticos: la UNE y Sandra Torres. Todo un script digno de una novela best seller, una serie de Netflix, o una de esas historias enredadas propias de Quentin Tarantino o Christopher Nolan.

Pero en realidad, ese hilo conductor es el fiel reflejo de la captura del Estado. Un sistema político que sirve para satisfacer intereses de grupos criminales sin importar banderas o ideologías. Y la lógica que, para participar de esa juerga de negocios corruptos, hay que invertir en campañas electorales.

Esta es precisamente la razón por la que creo que la FECI y CICIG se les debe permitir seguir operando, incluso más allá de septiembre 2019. Porque aún hay muchas cuerdas pendientes de las cuales hay que tirar. Pero esa es la misma razón por la que muchos quieren evitarlo a toda costa: si de la misma cuerda de la que cayó el Patriota, hoy sale golpeada la UNE, ¿qué no habrá en los otros extremos de esas cuerdas aún pendientes de tirar?

Columna originalmente publicada en El Periódico. 

Dionisio Gutiérrez escribe una carta abierta al presidente electo de El Salvador, a quien recuerda que tiene una oportunidad sin precedentes, pues asume el mando de su país después de años de gobiernos deficientes y corruptos.

Señor Presidente electo:

Le felicito por su victoria y le deseo lo mejor a usted, a su familia y al pueblo salvadoreño.

Conozco muy bien su país pues lo recorrí muchas veces – antes de que usted naciera – de Metapán a Playas Negras y de Cara Sucia a Nueva Esparta. 

Los salvadoreños son gente buena y generosa, trabajadores incansables y ciudadanos valientes que aprecian la libertad y sueñan con un mejor país.

No soy quien para dar consejos y menos a un Presidente. Es más, muchos expresidentes de Centro América, especialmente los de Guatemala, se consideran mis enemigos porque expuse sus mentiras, su incompetencia y su corrupción.

De los 8 presidentes de la democracia de Guatemala, dos están en la cárcel, pero deberían estar tres; uno está prófugo de la justicia, por golpista y por corrupto, escondido en Panamá; el que está hoy en la presidencia, es muy probable que también termine en la cárcel; y se salvan tres que pasaron por el gobierno sin pena ni gloria. 

Llegar a la presidencia de una nación es un gran honor, un privilegio extraordinario y la responsabilidad más grande a la que puede aspirar un ciudadano. Se puede afectar de manera dramática y determinante la vida de la gente y el futuro de la nación. Para bien o para mal.  

Como usted sabe, Presidente electo, América Latina está llena de historias y testimonios de corrupción, terror y destrucción. Necesitamos historias de éxito y testimonios de desarrollo y bienestar, como los dan con frecuencia Chile, Uruguay, Colombia, Costa Rica y Panamá.  

Usted, presidente Bukele, tiene una oportunidad sin precedentes. Asume el mando de su país después de años de gobiernos muy deficientes y excesiva corrupción.

El cambio de gobierno y el ejercicio de un liderazgo positivo y efectivo renovarán en su país el brillo, la esperanza y el optimismo que siempre le han caracterizado.  

Usted llega al poder sin compromisos y con la frescura que le dan su juventud, sus ideales y su deseo de cambiar el rumbo y la historia de El Salvador. Anímese. Atrévase. 

Tiene la ventaja, si así lo quiere, de poder convocar a los mejores de su país para que le ayuden a gobernar. El mundo ofrece suficiente evidencia sobre las políticas y las decisiones que construyen pueblos prósperos. Escoja la libertad y los valores de la democracia liberal y republicana. La historia y la estadística confirman que es el mejor camino a la grandeza de las naciones.

Con las excepciones de Nicaragua y Cuba, el drama en Venezuela y la incertidumbre en México y Bolivia, América Latina está gobernada – en este momento – en su mayoría por demócratas que dan la impresión de comprender la importancia de respetar las reglas de la democracia, y, sobre todo, dan la impresión de saber que la inversión y la creación de oportunidades son elementos determinantes de la ecuación para el crecimiento y el desarrollo de las naciones.

Reactivar la economía, aliviar la pobreza, detener la migración por sobrevivencia, evitar la fuga de la inteligencia de su país, el drama de la separación de familias y la seguridad ciudadana son algunos de los desafíos que usted enfrentará.    

La certeza jurídica, el Estado de Derecho, el respeto a la propiedad y el libre mercado son clave para lograrlo; pero la condición indispensable para el éxito de su gobierno es que usted, como Presidente, lidere esa formidable misión con honestidad, capacidad, transparencia y compromiso.   

Usted, Presidente, puede ser un referente para Centro América, como lo intenta el Presidente Alvarado de Costa Rica. Usted puede ser el Estadista que el norte de Centro América esperaba desde hace tiempo. 

Presidente Bukele, tiene usted en sus manos y en su corazón el poder para hacer historia; de la buena, de la que construye y transforma, de la que nuestros países están tan necesitados de escuchar, sentir y vivir.

 Respetuosamente,

Dionisio Gutiérrez
Ciudadano centroamericano

Columna originalmente publicada en Estrategia y Negocios. 

¿Quién es Nayib Bukele?

La contundente victoria de Nayib Bukele sugiere cuando menos dos grandes temas. Primero, el malestar de la ciudadanía contra las élites políticas y el desprestigio de los partidos políticos tradicionales vuelve a dar el triunfo a un candidato «antisistema». Y segundo, el impacto del voto joven y el cambio de las preferencias derivado del ascenso de las clases medias emergentes que está cambiando los resultados electorales en la región.

A partir de la apertura democrática, en El Salvador se consolidó un bipartidismo fuerte. Por un lado, el partido ARENA, formado por el ala anticomunista salvadoreña y el FMLN formado por la exguerrilla. ARENA gobernó desde 1989 hasta el 2009 y desde entonces hizo gobierno el FMLN. Ambos partidos han sido objeto de acusaciones de corrupción. El expresidente de ARENA, Tony Saca fue condenado a 10 años de prisión y el expresidente efemelenista, Mauricio Funes, se encuentra prófugo en Nicaragua y acumula cuatro órdenes de captura.

El propio Bukele empezó su carrera política en las filas del FMLN primero como alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y luego como alcalde de San Salvador (2015-2018) donde acabó con un histórico 84% de aprobación. Ya en 2016 Foreign Policy lo había considerado uno de los 15 tomadores de decisiones más importantes del mundo pero en las filas efemelenistas no pensaban darle espacio como candidato presidencial. Con su popularidad en las nubes y tras hacer críticas al FMLN a finales de 2017 le acabaron expulsando del partido.

Para entonces Bukele ya había roto con el sistema. Después de salir del FMLN intentó formar un nuevo partido político, pero no tuvo éxito. Se unió a las filas de un pequeño partido político de izquierdas llamado Cambio Democrático, pero el partido fue cancelado por el TSE. Tras ese revés, en julio de 2018 se unió finalmente al partido de centro-derecha GANA y el pasado 4 de febrero ganó la presidencia con ese partido.

Bukele logró capitalizar el malestar con la clase política y entre su campaña del «devuelvan lo robado» y su fuerte presencia en las redes sociales logró catapultarse a la presidencia. Para los salvadoreños en general y en especial para los jóvenes y clases medias emergentes, Bukele era la alternativa a los actores políticos tradicionales.

No hay que perder de vista que desde 2016 hemos visto cómo el descontento de las clases medias está teniendo un impacto importante en la política. En el mundo desarrollado, esas clases medias insatisfechas culpan a la élite política y al globalismo de su estancamiento económico. Son ellos quienes votaron por Trump y por el sí en el Brexit.

En los países de ingresos más bajos y concretamente en Latinoamérica, las clases medias emergentes son hijas de la apertura democrática y la apertura económica que comenzó a mitades de la década de 1980. Estas clases medias emergentes están cambiando profundamente la demanda política de la región.

En Centroamérica se ve cómo aquellos grupos de los deciles de ingreso más bajos, especialmente los que vivían en zonas rurales, que eran presa fácil de los programas clientelares, se han transformado en clases medias emergentes urbanas que demandan ahora seguridad y servicios públicos funcionales y que aborrecen a esa clase política tradicional, precisamente por ser incapaz de garantizarles aquellas condiciones.

Hoy fue Bukele en El Salvador y en 2015 el electorado pensó que sería Jimmy Morales la respuesta para Guatemala. El caso es que estas clases medias emergentes buscan con ansias reemplazar a esos desprestigiados partidos políticos. Latinobarómetro reflejó a finales de 2018 que solo el 13% de latinoamericanos cree en los partidos. De ese descontento es que surgen los Bukele, los Bolsonaro o los AMLO. ¿Cuál será el resultado de este giro a los políticos antisistema? El tiempo lo dirá.

El 2019 nos necesita despiertos. Seamos críticos con la información que recibimos.

Hace tres siglos, el escritor Jonathan Swift anticipó el mundo de la posverdad en su obra “El arte de la mentira política” cuando dijo: “La falsedad vuela, mientras la verdad se arrastra tras ella, de suerte que cuando los hombres se desengañan, lo hacen un cuarto de hora tarde”.

En 2016 el Diccionario de Oxford nombró a la posverdad como la palabra del año, después de meses convulsionados por fenómenos como el Bréxit o la victoria de Donald Trump, donde noticias con datos adulterados inundaron los medios de comunicación.

Estudios realizados en el MIT han demostrado que las noticias falsas se comparten seis veces más rápido que la verdad. Medios de comunicación tradicionales han perdido popularidad y plataformas como Facebook, Twitter y Youtube, están afrontando grandes retos para contrarrestar la difusión de información de baja calidad.

Según la empresa iLifeBelt, cuatro de cada diez guatemaltecos tienen acceso a internet y para la mayoría de los jóvenes, es el medio de información con mayor impacto. Las redes son el principal canal por el que los jóvenes consumen la información que define su postura ante los graves problemas que enfrenta nuestro país. ¿Cómo nos aseguramos de formar criterios con base en hechos y no por historias inventadas?

Un consejo trillado es revisar las fuentes de donde proviene la información, pero es esencial reconocer el peso del autor y el espacio en el que se está difundiendo. Pausemos un momento antes de compartir aquella noticia que nos impactó. Somos responsables de lo que suscribimos por redes sociales. No podemos permitir que bloggeros y cuentas que viven de la difamación ganen credibilidad.

Además, es importante analizar los otros puntos de vista. Escuchar otras opiniones no significa que se esté de acuerdo con los argumentos, pero permite confrontar visiones opuestas, de las cuales se pueden obtener conclusiones interesantes. En países con democracias consolidadas, el debate es la herramienta que permite la evolución de las instituciones. Guatemala necesita del sano disenso para generar los cambios sociales que tanto añoramos.

El panorama político y social de nuestro país en los próximos meses vendrá marcado por la influencia de la posverdad donde la evidencia, pierde peso frente a las historias a medias. Esfuerzos ciudadanos nos presentan herramientas como Confirmado que busca ser una plataforma que corrobora datos, o ¿Por Quién Voto? que está próxima a lanzarse y que permitirá conocer las posturas ideológicas de los partidos políticos.

Seamos críticos con la información que recibimos. Una mentira contada cien veces, nunca será una verdad si rechazamos la información que no tiene sustento científico o legal. El 2019 nos necesita despiertos, el futuro de nuestro país depende de las decisiones que tomemos.

Columna publicada originalmente en El Periódico. 

El valor del nivel de conocimiento.

Hace una semana, reseñé en este espacio las variables que configuran un proceso electoral bastante atípico. La idea de hoy es esbozar una teoría sobre el efecto que algunas de estas variables tendrán sobre el comportamiento de los actores electorales.

Quizá los tres cambios más significativos para el proceso electoral 2019 afectarán la capacidad de los partidos de ejecutar su “campaña de aire”, entendida como la comunicación y publicidad de campaña.

La prohibición de contratar libremente pauta en medios de comunicación y la no-inscripción de los medios de comunicación más importantes del país, permite advertir desde ya que esta campaña será bastante ‘silenciosa’ para los estándares tradicionales. No tendremos personajes como Alejandro Sinibaldi en 2011 o Manuel Baldizón en 2015 que saturaban los medios con sus spots publicitarios.

Pero este cambio tiene un efecto concreto para los candidatos pequeños. La posibilidad de aumentar el nivel de conocimiento de un candidato, sin libre acceso a medios, será reducida.

Si esto fuera poco, agreguemos la variable del tiempo. La campaña electoral tendrá una duración de noventa días. Esto es una reducción de casi un mes en comparación con el viejo calendario electoral, que permitía campaña de mayo a septiembre. Y si agregamos que, ante los cambios normativos y la fortaleza del régimen de sanciones, hoy no vemos campaña anticipada, resulta que el tiempo efectivo para dar a conocer las candidaturas y sus propuestas, será mínimo para los estándares guatemaltecos.

El tercer cambio está relacionado con las normas de financiamiento y el acceso a recursos privados. La expectativa es que esta campaña será austera. Y la austeridad implicará menor disponibilidad de recursos para “campaña de tierra”, entendida como mítines, concentraciones, visitas al interior del país, etc.

"Vaya complejidad. Los partidos se enfrentan al reto de promover a sus candidatos en poco tiempo, sin recursos, ni libre acceso a medios".

En este contexto, resulta entonces que la principal ventaja competitiva para un candidato en el proceso electoral 2019 será el capital político propio. O traducido en variables cuantificables, el nivel de conocimiento y el nivel de aprobación que tenga.

A la luz de las encuestas recientes, existen cinco personajes que arrancan con cierta ventaja competitiva frente a sus rivales, producto de sus ya establecidos niveles de conocimiento y aprobación.

Sandra Torres es la única candidata con conocimiento universal (es decir, que la conoce más del 90% de la ciudadanía) pero con niveles de rechazo relativamente altos. Thelma Aldana y Alejandro Giammattei tienen niveles superiores al 50% tanto en conocimiento como aprobación. Zury Ríos es la candidata con mayor nivel de aprobación, pero con niveles de conocimiento relativamente bajos (sobre todo en áreas rurales). Y Edwin Escobar, entorno al 50% tanto en conocimiento como en aprobación.

El problema al que se enfrentan el resto de los candidatos, que en su mayoría se encuentran por debajo de 25% de conocimiento, es como cerrar la ventaja competitiva de estos cinco personajes en tan poco tiempo, sin dinero y sin acceso a medios. Ahí entonces el reto de la elección. Encontrar mecanismos alternos para potenciar el conocimiento de imagen en condiciones de recursos muy limitados.

Esto es como la Fórmula 1: ya no solo se trata de contar con el mejor vehículo o el mejor piloto. Ganar la carrera implica ser muy eficientes en el consumo de combustible, porque este ya no es infinito.

Este año hay dos grandes eventos que marcarán la agenda del 2019. En primer lugar, las elecciones generales y, segundo, la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y magistrados de Cortes de Apelaciones.

Cada evento tendrá una serie de temas que serán importantes para entenderlos. Para las elecciones generales nos espera un largo trecho. La inscripción de candidatos está abierta y cierra el 17 de marzo. Este plazo será crucial para determinar si apuestas nuevas, como la de Semilla con Thelma Aldana al frente, logran celebrar sus asambleas e inscribir a sus candidatos. Los procesos son engorrosos y las impugnaciones siempre son una manera de entorpecer aun más ese largo camino hasta la proclamación e inscripción de candidaturas.

Por otra parte, habrá candidaturas rechazadas por impedimentos legales de diversa índole. Como comenté en diciembre, se le negó a Zury Ríos la inscripción por la prohibición del artículo 186 constitucional. Ahora la candidata Ríos podrá interponer un amparo ante la Corte Suprema de Justicia y esa resolución (favorable o desfavorable) terminaría siendo resuelta por la Corte de Constitucionalidad.

Luego, el Tribunal Supremo Electoral rechazará múltiples candidaturas (a alcaldes, diputaciones y presidenciales) a todos aquellos que no tengan su constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, popularmente conocido como «finiquito». Thelma Aldana de momento ha logrado ampararse y habrá que ver qué suerte tengan otros aspirantes a cargos públicos.

Por último, el Tribunal Supremo Electoral podrá aplicar el criterio de no inscribir candidatos que carezca de honradez basando su decisión en el artículo 113 de la Constitución. Recordarán los lectores que en 2015 se negó la inscripción como candidato a diputado a Alfonso Portillo bajo ese argumento. Portillo acudió a las cortes, pero éstas respaldaron el criterio de la autoridad electoral. Este tema ha sido poco explorado y será motivo de controversia.

El otro gran evento se refiere a la designación de magistrados. Para el 13 de octubre habremos de tener al órgano del poder judicial del país renovado.  Para elegir a la Corte Suprema de Justicia se convocará, probablemente a mediados de junio, a la Comisión de Postulación que debe elaborar una nómina de 26 candidatos a magistrado de Corte Suprema de Justicia. El Congreso posteriormente designará a los 13 magistrados titulares de ese listado.

Esa comisión de postulación la integrarán 1 representante de los rectores de las universidades, 12 decanos de las facultades de derecho de las universidades, 12 representantes de los magistrados de cortes de apelaciones y 12 representantes nombrados por el colegio de abogados.

Este 8 de febrero se celebran las elecciones en el colegio de abogados y el resultado de esa elección determinará las fuerzas en la comisión de postulación. De momento parece que los tres candidatos con mayores posibilidades son Stuardo Ralón, Ovidio Orellana y Julio Dougherty.

La elección de magistrados de corte de apelaciones será más difícil de seguir. La comisión de postulación es la misma que para magistrados de Corte Suprema de Justicia con la diferencia que los 12 representantes de salas de apelaciones, en este caso, se convierte en 12 representantes designados por la Corte Suprema de Justicia.

El asunto está en que esta comisión debe elaborar una nómina de 252 aspirantes y el Congreso designará a los 126 titulares y 84 suplentes definitivos a partir de ese abultado listado. La cantidad de aspirantes vuelve al proceso difícil de fiscalizar para la ciudadanía.

Cinco dinámicas normativas y políticas del Proceso Electoral guatemalteco del 2019.

Con la convocatoria a elecciones generales del pasado viernes 18, formalmente ha arrancado el proceso electoral en Guatemala. Un proceso, que vale recordar, parece configurarse con dinámicas bastante atípicas. Esto, como consecuencia de una serie de reformas normativas que por primera vez serán implementadas. Y también, producto de dinámicas políticas que han trastocado los incentivos del sistema.

Sin duda, el primer gran cambio es el calendario electoral. Guatemala se enfrenta a un escenario de transición similar al de México: tendremos un Presidente electo desde mediados de agosto coexistiendo con un Presidente saliente, y en franco debilitamiento, durante cinco meses. Predecir desde ya los efectos de esta convivencia resulta complicado. Pero de experiencias similares, como la mexicana, es evidente que el poder real, la atención mediática y la agenda política se traslada gradualmente hacia el Presidente electo en detrimento del saliente.

En segundo término, esta elección tendrá una dinámica muy atípica en cuanto a campaña electoral. Hagamos una sencilla comparación: estamos en el equivalente de mayo del viejo calendario electoral. Y a estas alturas del juego, no hay vallas, ni publicidad de candidatos. Nada. Esto, consecuencia del endurecimiento de las sanciones por campaña anticipada, práctica que lentamente parece fenecer.

A ello agreguemos tres variables más. Primero, que bajo las nuevas reglas electorales, los partidos políticos tendrán acceso igualitario a medios de comunicación. Segundo, la reducción del techo de campana, de $1 dólar a $0.50 por empadronado. Tercero, derivado de los casos judiciales 2016-2018, es relativamente fácil predecir que el financiamiento privado de la campaña 2019 estará deprimido.

La sumatoria de esas tres variables arroja una gran conclusión: esta será una campaña con limitada exposición mediática de los candidatos presidenciales. El efecto político es fácil de identificar. Se vuelve más complicado para los candidatos menos conocidos alcanzar “conocimiento universal”. Esto implica que el mayor activo para un candidato en esta elección es tener una imagen ya posicionada, y un capital político establecido. Construirlo de cero, será difícil. Porque no habrá ni recursos, ni medios, ni tiempo.

La tercera dinámica atípica será el efecto de la movilización en tierra. En 2011, la campaña electoral a nivel rural se definió en términos de dos ejércitos de votantes (UNE y Patriota) que fueron movilizados los días de la elección. Pero para 2015, resultó que la movilización en tierra fue un factor secundario, y el clientelismo se diluyó entre los múltiples partidos que repartían prebendas. Predecir si 2019 será más como 2011 o como 2015 resulta muy difícil a estas alturas del juego.

La cuarta variable atípica es el posicionamiento de los candidatos. Contrario a elecciones pasadas, resulta difícil identificar a un “favorito” al inicio del proceso. A ello agreguemos la posibilidad que tres candidatas mujeres (Thelma Aldana, Zury Rios y Sandra Torres) se posicionen como favoritas en la elección. Eso, sin duda, es inédito, para la historia política de Guatemala.

En cambio, una dinámica que seguramente continuará y se profundizará, será la judicialización de las candidaturas electorales. Al igual que en 2011 y 2015, se vislumbra desde ya decenas de casos de potenciales candidatos, cuya participación seguramente se definirá en las cortes. Candidatos sin Finiquito, posibles conflictos con el artículo 186 constitucional, la participación de los tránsfugas, participación de candidatos de partidos que fueron cancelados, o candidatos con posible incompatibilidad por falta de idoneidad y honorabilidad, terminarán peleando su caso ante la Corte de Constitucionalidad.

Por todo esto, y mucho más, bienvenidas estas alegres, pero atípicas, elecciones.

«Una cosa es opinar que una decisión de un tribunal es equivocada y otra muy distinta es argumentar que esa decisión constituye delito de prevaricato (delito del que acusan a los 3 magistrados)»

La denuncia contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) trajo a la superficie uno de los principios básicos para la independencia judicial: que los magistrados no pueden ser perseguidos por sus opiniones.  Los fallos de la CC pueden agradar o no, pero de acuerdo con la jurisprudencia[1], los magistrados expresan sus opiniones en sus fallos.

La denuncia planteada por la Asociación Dignatarios de la Nación se basa en la opinión de que, a juicio de los exconstituyentes, la resolución emitida por la CC en mayo de 2018 (admitir un amparo en contra de una decisión del Ejecutivo de pedir el retiro del embajador del Reino de Suecia) viola el artículo 183 literal “o” de la Constitución.

No se puede perseguir a los jueces por sus opiniones

Una cosa es opinar que una decisión de un tribunal es equivocada y otra muy distinta es argumentar que esa decisión constituye delito de prevaricato[2] (delito del que acusan a los 3 magistrados).

El delito de prevaricato se comete cuando un juez viola deliberadamente la ley o funda sus resoluciones en hechos falsos. Para probar esto deben existir circunstancias objetivas que ayuden a demostrarlo. Por ejemplo, si hay evidencias de que un juez recibió un soborno para fallar en sentido favorable a esa persona, entonces existen indicios de prevaricación y de otros delitos.

En el presente caso, lo único que tenemos es una denuncia donde se ARGUMENTA que los 3 magistrados de la CC en cuestión interpretaron incorrectamente la Constitución. A lo mejor llevan razón, pero interpretar en contra de lo que otros consideran el criterio atinado, no constituye delito.

La jurisprudencia

Para quienes no son abogados, cuando la CC dicta 3 fallos con la misma interpretación de una norma, ésta se vuelve vinculante para los demás tribunales[3]. Sobre el artículo 167 de la Ley de Amparo ya se ha sentado jurisprudencia de observancia obligatoria.

Artículo 167 de Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad:

«Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad ejercerán sus funciones independientemente del órgano o entidad que los designó y conforme a los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a su investidura. No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo».

Lo interpretación es que los magistrados expresan sus opiniones en las resoluciones que dictan en el ejercicio de su cargo y en consecuencia no pueden ser perseguidos por las mismas. Para quienes argumentan que la circunstancia actual responde a cuestiones ideológicas, revisemos cuáles son los tres casos que dieron lugar a la formación de esta doctrina legal:

Caso 1: Magistrado Mynor Pinto en 1995[4]

El magistrado Mynor Pinto fue denunciado[5] por emitir el acuerdo 3-95 que tenía por objeto resolver temas administrativos de la presidencia de la Corte. En esa ocasión, los denunciantes consideraban que el magistrado Pinto había violado la Constitución con la emisión de ese reglamento. La Corte Suprema de Justicia tramitó el antejuicio contra el magistrado y lo remitió al Congreso.

En ese momento, el funcionario presentó un amparo y la Corte de Constitucionalidad resolvió que en virtud del artículo 167 de la Ley de Amparo, los magistrados no pueden ser perseguidos por sus opiniones y que, al expresarlas en sus fallos, el trámite del antejuicio era improcedente y que debió ser rechazado. Al final, gracias al amparo, la denuncia no prosperó.

Caso 2 Magistrados que permitieron la candidatura de Efraín Ríos Montt en 2003[6]

El segundo caso ocurre como consecuencia de la polémica decisión de la CC de permitir la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial[7]. En esa oportunidad la votación quedó 4 votos a favor y 3 en contra. Los cuatro magistrados que votaron a favor tuvieron cuestionamientos de diferente tipo que llegaron a judicializarse en la CC ya que los afectados interpusieron amparos contra lo sucedido.

Los 4 magistrados, Francisco Palomo, Guillermo Ruiz Wong, Manuel de Jesús Flores y Cipriano Soto fueron denunciados por unos colegas ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados por «falta a la ética» debido a su pronunciamiento en el fallo en el Caso Ríos Montt. El Colegio de Abogados había admitido la denuncia y eso motivó el amparo. El caso de Cipriano Soto tuvo un ingrediente adicional y es que el Consejo Superior Universitario lo había declarado persona non grata. La CC amparó a todos en diversos expedientes bajo el mismo argumento: los magistrados no pueden ser perseguidos por sus opiniones y sus opiniones las expresan en sus fallos.

Caso 3: Denuncia contra Maldonado Aguirre por anulación de condena por genocidio[8]

Lo mismo ocurrió con el exmagistrado y luego ex presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre. CALDH presentó una denuncia pena por prevaricato en contra del abogado Maldonado Aguirre por haber dictado la famosa sentencia de amparo que anuló el Juicio por Genocidio contra el fallecido Efraín Ríos Montt. Al presentar la denuncia, la CSJ decidió rechazar el antejuicio.

CALDH presentó un amparo y en sentencia del 11 de septiembre de 2017 la CC una vez más amparó al exmagistrado Maldonado Aguirre y sentenció nuevamente: los magistrados expresan sus opiniones en sus sentencias y el artículo 167 de la Ley de Amparo establece que los magistrados no pueden ser perseguidos por las mismas.

Conclusión

Es así, queridos lectores, que lo que está en juego esta vez es la independencia judicial. Las denuncias contra los magistrados de la CC que ahora están en manos del Congreso en el trámite del antejuicio contradicen la doctrina legal de la CC y comprometen su independencia judicial.  Sería de esperar que uno de los amparos que ya se han presentado a favor de estos 3 magistrados resuelvan que el antejuicio nunca debió tramitarse. El detalle es que será la propia CC quien decida si ampara o no a estos magistrados.

[1] Por jurisprudencia nos referimos al conjunto de fallos y resoluciones que han dictado los tribunales.

[2] Ver artículo 462 del Código Penal.

[3] El artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, dice: «ARTICULO 43. DOCTRINA LEGAL. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber tres fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse tres fallos sucesivos contestes en el mismo sentido.»

[4] Expediente 313-95 de la Corte de Constitucionalidad, sentencia de fecha 29 de agosto de 1995.

[5] Lo denunciaban por violación a la Constitución, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución.

[6] Expedientes 358-2004 y 438-2004 de la CC en el Caso Ruiz Wong; Expediente 227-2004 de la Corte de Constitucionalidad en el caso de Manuel de Jesús Flores; Expediente 1904-2004 de la CC en el Caso de Cipriano Soto; y Expediente 2257-2003 en el Caso de Francisco Palomo.

[7] Esto se encuentra en el Expediente 1089-2003 de la Corte de Constitucionalidad.

[8] Expediente 3920-2017 de la Corte de Constitucionalidad, sentencia de fecha 11 de septiembre de 2017.