¿Qué necesita Venezuela para librarse del régimen de Maduro?

A inicios del año, en esta misma tribuna, se plantearon varios escenarios a los que se enfrentaba la oposición venezolana en este 2019 en relación a una posible transición democrática. Felizmente, dados los acontecimientos del 23 de enero de 2019 y las semanas posteriores, pareciera que se cumplieron varias condiciones del escenario optimista y que, por primera vez en veinte años, existen elementos contundentes que avizoran el fin del chavismo. 

Ahora bien, la apuesta osada de la presidencia de Juan Guaidó, que realmente es una estrategia del partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, junto con un sector del Partido Republicano de EEUU, liderado por el senador Marco Rubio; pareciera tener elementos del escenario pesimista porque se estaría arriesgando al último bastión de legitimidad en el país, que es la Asamblea Nacional, a riesgo de que este órgano pueda ser disuelto y sus representantes, encarcelados y perseguidos y no se logre la transición.

En ese sentido, no hay duda de que la salida de Nicolás Maduro del poder es el desenlace deseable. Mientras más tiempo esté Maduro en el poder, más se agudiza la crisis interna en Venezuela, y las amenazas para la región, porque recordemos que el llamado “socialismo del siglo veintiuno”, desde sus orígenes en el Foro de Sao Paulo, ha sido un proyecto de escala continental que hoy en día, gracias al viraje hacia la derecha de varios gobiernos en América Latina, sólo está en “repliegue táctico”. Sin embargo, el hecho de que la salida de Maduro sea la solución buscada, no significa que los resultados vayan a ser óptimos, pues si algo debemos entender es que el daño ocasionado a Venezuela por parte del chavismo ha sido muy profundo e inmensurable.

Los daños van desde la economía, con el envilecimiento de la moneda, la destrucción de la industria petrolera, el endeudamiento irresponsable, los controles de precios, las expropiaciones, etc. En la política, con el fraude electoral, la cooptación de los Poderes Públicos e instituciones, la judialización de la política y la politización de la justicia, las violaciones masivas a derechos humanos, la persecución política a opositores, ejecuciones extrajudiciales, presos políticos, desaparecidos y torturados, la censura a medios de comunicación, el desfalco a la nación de más de 200 mil millones de dólares (se dice fácil), la narcopolítica en el Estado y en las Fuerzas Armadas (Cartel de los Soles). Además de la erosión en el tejido social que han provocado 20 años de un discurso polarizado y de odio exacerbado a clases altas. Y sin contar, una crisis humanitaria sin precedentes en el continente, con cientos de miles de muertes por falta de comida y medicinas y un éxodo masivo que según ACNUR ascenderá a 5.2 millones de refugiados este año.

En medio de este nuevo capítulo de lucha por reestablecer la democracia, el sábado 23 de febrero fue una fecha clave para el rumbo que tomarán los destinos de Venezuela en su lucha por la democracia. Ese día, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro reveló ante el mundo, que observaba atónito, su verdadera cara opresora, despótica, arbitraria e inhumana; cuando no permitió la entrada al territorio venezolano del cargamento con ayuda humanitaria en la frontera con Colombia y asesinó indígenas en la frontera con Brasil. 

Ante este estado de cosas, y mientras más se le suben los costos de salida a la dictadura madurista, se abre de nuevo otro abanico de escenarios: 

Escenario moderado (países post-comunistas y Centroamérica)

Este es el escenario que el mundo tiene meses esperando y es el de la fractura dentro de la Fuerzas Armadas. Aunque no pareciera que el quiebre exista, no podemos descartar este desenlace. Lo cierto es que en las últimas semanas ha habido levantamientos y deserciones a cuenta gotas, más no un pronunciamiento masivo, lo cual sigue dándole margen de maniobra al régimen. Por otra parte, algunos analistas incluso cometen la ligereza de afirmar que la oferta de amnistía que se le hizo a los militares que apoyaran una transición democrática se queda corta o no es suficiente, lo cual básicamente no sería una rama de olivo sino un cheque en blanco de impunidad total. Y sabemos los daños profundos que este tipo de acciones trae a una sociedad que necesita justicia para poder pasar la página, el ejemplo está en Colombia con los acuerdos de paz. Lo cierto es que la falta de pronunciamiento del cuerpo castrense revela la participación cómplice y la estructura depredadora del factor militar venezolano dentro de la narco dictadura chavista-madurista.

En ese sentido, y dicho lo anterior, en el supuesto de que de hecho los costos de liderar una transición se bajen significativamente para las Fuerzas Armadas, el resultado será la liberación de Venezuela de una tiranía opresora y de las peores que ha visto el continente, y la transición hacia una democracia. Pero, aclaremos, el resultado será una democracia –y esto hay que decirlo– que estará cooptada por intereses criminales, derivados de los privilegios hacia los militares y el hecho de haber dejado intacta la estructura delictiva que les protege. De tal suerte que, derivada de esta transición, el problema de Venezuela a partir del esperado “día después”, será lidiar con el cheque en blanco otorgado a sus “liberadores”, lo cual probablemente lleve a la consolidación de un Estado criminal o mafioso, con una fachada de democracia. El cual ha sido el caso de los países post-comunistas como Rusia y los Balcanes, pero también el de Honduras y Guatemala, en América Latina. 

Escenario estático (Cuba y Corea del Norte)

Si algo ha demostrado la dictadura en estos 20 años es su capacidad de resistir los escenarios más imposibles y la capacidad de normalizar las crisis. Recordemos que más o menos parecido a este escenario, fue el período de consolidación de la “revolución cubana”, en su deriva totalitaria de los años sesenta, que resistió crisis geopolíticas, bloqueos financieros, invasiones militares y atentados. Sabemos que hoy no estamos en el contexto de la Guerra Fría y que prácticamente todo el mundo libre reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado y repudia la narco-dictadura madurista; pero tampoco es menos cierto que la presión internacional tiene límites y que se necesita alguna acción de fuerza, por la vía que sea, que saque irreversiblemente al régimen de Miraflores.

En este sentido, de no lograrse la transición democrática ni el quiebre interno de la cúpula militar, Venezuela pasaría a ser una de las tantas reliquias del comunismo en el mundo como Cuba y Corea del Norte. Ahora sí con un Estado totalitario, plenamente consolidado, con la oposición política completamente exterminada (asesinados, presos o en el exilio), con el partido de gobierno completamente purgado y con una población plenamente sometida a uno de los sistemas de control social y biopolítico más viles y crueles que el mundo occidental haya visto o tenga registro.

Escenario extremo (¿Panamá o Libia?)

Es un escenario de cambio violento. Presupone que EEUU y aliados van un paso más allá y hacen una incursión militar. Este es un escenario delicado y difícil de medir en el tiempo. Algunas opiniones sugieren que pudiera ser un enfrentamiento “quirúrgico” al estilo de Noriega en Panamá, en 1989. Sin embargo, en el caso venezolano existen otras variables que hacen impredecibles los resultados de una intervención militar extranjera. Primero, además de un ejército regular altamente blindado con armamento ruso, hay que evaluar la presencia en Venezuela de grupos irregulares como ELN, FARC, Hezbollah, ETA, milicias civiles, crimen organizado y narco, además de las alianzas geopolíticas con el bloque anti-occidental liderado por Rusia, China, Irán, Turquía, etc. Estos elementos pueden hacer de un conflicto armado en Venezuela, una crisis de escala internacional prolongada de proporciones ciclópeas, que difícilmente derive en una transición democrática, pero que probablemente nos lleve a un Estado fallido al estilo de Medio Oriente o África, con facciones armadas regulares e irregulares apoderadas de recursos naturales y un éxodo de población civil refugiada mayor al que ya existe.

En conclusión, los tres posibles escenarios son sub-óptimos y tienen costos. No cabe duda que el culpable de cualquiera de los desenlaces es el propio Maduro, al haber comenzado desde 2014 a radicalizarse y a cerrar las vías de expresión política a la oposición y a la sociedad civil y a no reconocerle sus espacios. Esperemos que, por el bien de la región, se logre una transición democrática y una recuperación económica cuanto antes y así se cierre de una vez por todas, uno de los capítulos más ominosos de la historia de América Latina.  

Una condición necesaria para contrarrestar el poder patrimonialista.

La sociedad política guatemalteca es bastante compleja. Para empezar, hay dos dimensiones de actores que coexisten en un mismo tiempo y espacio bajo lógicas e incentivos diferentes.

Por un lado, encontramos a los actores político-partidarios, que con honrosas excepciones, han sido los grandes participantes de esta juerga de 30 años de expoliación. Los actores partidarios se rigen bajo una lógica puramente patrimonialista: obtener rentas de la acción política. Para ellos, las campañas y el financiamiento político no son más que la inversión que permite participar de la repartición de utilidades de los negocios patrimonialistas. La actividad partidaria tampoco se caracteriza por ser ideológica o programática. Tan sólo piense cuándo fue la última vez que escuchó a un partido político sentar postura frente a los grandes temas del país, o en relación a los temas que más fisura social generan (CICIG, modelo económico, justicia transicicional post-conflicto, el debate sobre la utilización de recursos naturales, etc.)

Para terminarla de amolar, los partidos tampoco se preocupan por generar organización formal, sino que recurren al modelo de franquicias para tercerizar en caciques locales la administración de la marca. En pocas palabras, son meros vehículos organizados para acceder a la repartición del patrimonio del Estado.

Frente a esta dinámica, encontramos la segunda dimensión de actores en nuestra sociedad política: los actores no partidistas. Aquí encontramos una amalgama bastante amplia de sectores y actores. Desde el empresariado con sus cámaras y gremios, pasando por las organizaciones sociales, tanques de pensamiento, expresiones de la academia, medios de comunicación, pensadores, columnistas de prensa, por mencionar algunos.

En este mundo la dinámica es diametralmente opuesta a los partidos. Aquí florece la ideología. Sin ir tan lejos: en Guatemala las universidades tienen más ideología que los mismos partidos. También, aquí vemos mayor esfuerzo por generar propuesta programática. Y sobre todo, son los actores que rápidamente toman posturas ante las dinámicas estructurales y coyunturales del país.

Sin embargo, esta segunda dimensión de actores tiene un gran problema. Derivado de la historia reciente del país, de los traumas no sanados del conflicto armado, del modelo de educación escolástica que impera en el país (en dónde se fomenta la repetición de verdades y no el cuestionamiento y el pensamiento crítico) y como consecuencia de nuestra tradicional desconfianza, en esta dimensión impera la fragmentación y la polarización. Esto hace muy complicado que diversos sectores puedan incluso sentarse en una misma mesa, aún si sus posiciones no son tan divergentes entre sí. También provoca que exista desconfianza y rencor mutuo a flor de piel: los empresarios no se sientan a dialogar con organizaciones sociales y viceversa; los académicos y profesionales de la Universidad liberal no se sientan con los de la Universidad pública y viceversa. Y así sucesivamente el mal se repite una y otra vez.

Todo lo anterior tiene dos efectos. Primero, una enorme anomia política que limita la capacidad de los grupos relevantes de la sociedad de plantear agendas en común. Y segundo, la incapacidad de los actores fragmentados y polarizados de actuar como contrapeso al poder de los actores partidarios que operan bajo lógicas patrimonialistas.

Por ello, todo esfuerzo de generar una agenda de reencauce de país debe partir de un esfuerzo por reducir los prejuicios y la desconfianza. Sin ese paso previo, ningún ejercicio de construcción de consensos o de formulación de planes estratégicos puede dar frutos positivos.

El 2019 no solo trae las elecciones generales, sino que también se elegirán a los magistrados de la CSJ y de la CC. 

Todos los focos están puestos en las elecciones generales que tendrán lugar el 16 de junio próximo donde elegiremos al nuevo Congreso y a los nuevos titulares del poder ejecutivo, sin embargo también en este 2019, habrá relevo en el poder judicial.

Por primera vez desde hace 20 años (aquella CSJ 1999-2004), se elegirán los tres poderes del Estado en un mismo año. En pocos meses arrancará el proceso de designación de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones. Tocará elegir 13 magistrados de la CSJ y 210 magistrados que ocuparán 42 Salas de Cortes de Apelaciones.

Naturalmente para el ciudadano medio la elección de las Cortes es mucho más difícil de seguir. Primero porque las nóminas las prepara una comisión de postulación y dar seguimiento al proceso es costoso en términos de tiempo e información. En segundo lugar, porque aunque se hagan públicos los nombres prácticamente, dada la cantidad de aspirantes y de vacantes por llenar, el ciudadano medio no conoce a los abogados que optarán por las magistraturas.

¿Por qué es tan importante la elección de las Cortes?

Lo cierto es que los grupos oscuros del narcotráfico y del crimen organizado están al acecho de la elección de las cortes. Probablemente dediquen más esfuerzos a la elección del poder judicial que a las elecciones generales. Garantizarse una Corte Suprema afín y colocar la mayor cantidad de magistrados de salas de Cortes de Apelaciones les garantiza un control importante sobre los casos de corrupción abiertos y que podrían venir en el futuro.

Hay que recordar que todos los antejucios pasan primero por el filtro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Contra todo sentido común, hace unos días la CSJ rechazó, sin entrar siquiera a conocer el caso, el antejuicio que planteó el MP contra Sandra Torres y otros funcionarios ligados al partido UNE.

Claro está que hay que respetar lo que decidan las cortes, pero lo decidido por la CSJ carece de sentido. Había indicios más que suficientes para, por lo menos, discutir la conveniencia de retirar el derecho de antejuicio dado que se contaba con evidencia documental y con escuchas telefónicas.

Ahora la Corte de Constitucionalidad (CC) tendrá que conocer un amparo contra la decisión de la CSJ de no tramitar el antejuicio. En estos momentos se espera que la CC dé un equilibrio y enmiende la plana a la CSJ.

Los magistrados de Salas de Corte de Apelaciones también son importantes. No hay que olvidar que son los órganos encargados de conocer de cualquier antejuicio contra los alcaldes municipales. Las municipalidades son presa de la captura de crimen organizado especialmente en regiones donde la presencia del Estado es casi nula.

Por otra parte, es frecuente que la CSJ designe a las Salas de Apelaciones la tarea de desempeñarse como jueces pesquisidores en aquellos casos en que la propia CSJ debe conocer el antejuicio.

Sin olvidar, por supuesto, que un país que aspira a tener un Estado medianamente funcional necesita de un sistema de cortes que funcione. Algo que desde hace muchos años no ocurre en nuestro país debido al caduco sistema de designación de cortes. Desde que el crimen organizado hackeó el sistema de comisiones de postulación, las cortes están acechadas por grupos oscuros.

¿Vale la pena votar cada cuatro años por el "menos peor"?

Estamos en las vísperas de un nuevo proceso electoral. A diferencia de la euforia y el optimismo de 2015, en estas elecciones  prevalece un clima de escepticismo e indiferencia. En las votaciones anteriores se creía que a través de las urnas se podían vencer a los candidatos que representaban la continuidad de la corrupción y la impunidad, que tanto indignaba en aquel entonces.

Sin embargo, lo ocurrido en los últimos cuatro años demuestra que las votaciones no garantizan la depuración del sistema. Ni el Ejecutivo, ni el Congreso electo en 2015 lideraron el cambio que tanto necesita este país. Más bien se convirtieron en íconos del inmovilismo, en guardianes de este sistema que utiliza todo lo que está a su alcance para no morir.

El colmo del cinismo es que algunos de los candidatos rechazados contundentemente en las elecciones pasadas, hoy se están postulando nuevamente. Presentan un “rostro nuevo”, apostando a que los guatemaltecos tenemos muy poca memoria y que unos cuantos discursos son suficientes para ocultar las verdaderas intenciones. Nunca faltan los ingenuos que lo creen.

Lamentablemente, aquellos candidatos que se presentan por primera vez, tampoco levantan gran entusiasmo. Muchos de ellos tienen tantos señalamientos como los viejos candidatos. Otros, simplemente son improvisados que no tendrían idea alguna de qué hacer a  partir del día uno en la presidencia.

La lección de estos treinta años de experimento democrático, es que realizar elecciones es insuficiente para garantizar el funcionamiento de una democracia liberal. Claramente no estoy sugiriendo que volvamos al esquema de fraudes electorales o de golpes de estado que imperó antes de 1985. Pero sí debemos exigir algo más que elecciones limpias y transparentes.

Los partidos políticos, esas instituciones que son el corazón de una democracia vibrante, simplemente desaparecieron del escenario político guatemalteco. O tal vez nunca existieron. En su lugar, tenemos organizaciones con  dueños, cuya única intención es llegar al poder para saquear el Estado. La ideología simplemente es irrelevante.

¿Qué podemos hacer ante un panorama tan desolador? Lo mismo que en otras ocasiones. Elegir entre aquellos candidatos “menos peores”. Es la única opción que tenemos en el corto plazo. Ir a votar, aunque sea con el semblante de un funeral. Porque no nos engañemos. Esto no será una fiesta cívica, cuando la oferta política es tan pobre.

En el largo plazo, sin embargo, debemos exigir un cambio radical de nuestro sistema político. Si seguimos bajo las mismas reglas, la oferta política no se modificará. Seguiremos eligiendo entre los “menos peores” en cada proceso electoral.

Pero también es necesario un cambio en la cultura política del país. Es indispensable que la clase media y el sector urbano se involucren activamente en los partidos políticos, con un sistema de financiamiento transparente, que impida que los partidos tengan dueños.

Debemos  comprender que el disgusto y la animadversión que la mayoría de guatemaltecos siente hacia la actividad política, sólo allana el camino para que los peores elementos de esta sociedad se hagan con el control del Estado.  En política no hay vacíos y los espacios que dejan las personas decentes, son ocupados por individuos inescrupulosos.

A la mayoría de políticos de este país poco les importa el rechazo de la ciudadanía. Se roban los impuestos que pagamos y gozan de privilegios insultantes, sin tener la más mínima vergüenza. Total, viven en un país en donde la impunidad es la norma.

Esa es la razón por la cual se debe pasar de simplemente votar cada cuatro años por el “menos peor”, a  construir una cultura en donde la actividad política sea vista como un derecho y una obligación ciudadana.

Si queremos un país distinto, no podemos esperar a que la oferta política cambie de forma “espontánea”. Nosotros debemos colaborar activamente en construir un sistema político decente.  No tenemos opción.

Columna publicada originalmente en El Periódico. 

Se utiliza el término «populismo» para denigrar cualquier propuesta política, pero ¿está siendo bien utilizado?

La etiqueta de populista está a la orden día. En la próxima campaña electoral en Guatemala, tal y como viene usándose en la prensa, será el dardo que se empleará para denigrar a los adversarios políticos. Todo el mundo usa la etiqueta pero nadie sabe con rigor qué significa. En efecto, antes de la moda teórica actual, los peligros del populismo ya habían sido analizados, entendiéndose éste, como sinónimo de colectivismo (socialismo etc.). La historia ha evidenciado el carácter perjudicial de estas ideas una y otra vez. 

El intento por renovar el colectivismo en los países ricos, ha disociado el vocablo populismo del colectivismo. En Iberoamérica, en las últimas décadas, el socialismo del siglo XXI, catapultó un sistema socialista que solo fue tachado de populista por sus extremos militaristas, medidas económicas y persecución a la disidencia, no por socialista, debido a la carga emotiva que empieza a tener el término en países indefensos ideológicamente.  

Frente a esto existe otra versión más intelectual y rigurosa sobre el populismo. Esta versión no consiste en argumentar sobre una presunta crisis de la democracia, por irrupción de actores externos al consenso de partes entendidas, o bien, por el declive de las instituciones formales. Allí el análisis consiste en observar la reacción política en curso, en contra de la hegemonía de las élites que proliferan en Europa con ecos en otras latitudes.

La crisis de las élites estriba en el distanciamiento y desprecio que éstas tienen con realidades concretas como la familia, comunidad, nación y valores tradicionales. Este desprecio viene dado por la ideología dominante de una universalidad abstracta, heredera del proyecto ilustrado europeo-continental que empieza a fracturarse y degenerarse.

Como acertó Edmund Burke, siempre se ha tratado de una oposición entre el proyecto revolucionario en curso que pretende concretar derechos metafísicos o abstractos a una realidad compleja en detrimento de la historia y tradiciones.

Estas élites herederas de 1789, siguen hablando babélicamente sin tomar en cuenta las problemáticas sociales. Arrogantes de su papel en la historia, acusan a todo aquello que no coincida con su proyecto ilustrado con la etiqueta peyorativa de «populista». Semi-intelectualizadas como afirma Del Sol, están llamadas más a etiquetar en lugar de pensar y guiar, atacando todo aquello que no se acomode a su visión del mundo unilateral.

En lugar de asumir la naturaleza compleja del ser humano, la política moderna parece unilateral. Por ello, las élites no comprenden la tensión entre universalidad y particularismo, al punto de sostener que todo particularismo es propio de gente no ilustrada que hay que excluir.

Así, con arreglo al ideal de consenso, no se entienden realidades políticas como las de Trump, Bolsonaro, López Obrador, Brexit etc., que escapan a la afasia política imperante.

Así pues, en lugar de entender y comprender, las élites pretenden prescribir recetas de cómo acabar con los populistas, lo cual se traduce paradójicamente, en liquidar o silenciar a todo aquel que no piense como las élites. De hecho, aun cuando no existe un núcleo que permita entender conceptualmente qué se entiende por populismo, se sigue vendiendo un ideal anti-democrático que consiste en que solo los defensores de la ideología ilustrada y abstracta de los derechos humanos merecen el rótulo de demócratas. Esto no es nuevo.

Desde la ilustración francesa al comunismo internacional se ha intentado imponer a sangre y fuego el proyecto de la homogeneidad social. Por ello, el desprecio por lo rural, tradiciones, usos y normas sociales y educación ha sido sustituido por el political correctness. Por ello, frente al movimiento anti élite o populista que no se entiende, solo cabe la rabia, la cual ahora en el discurso emocional parece reemplazar la razón.

Fragmentado, volátil, poco representativo… entre otras cosas. Guatemala tiene un sistema de partidos políticos fallido.

Desde la apertura democrática, la tragedia de los partidos políticos guatemaltecos ha sido objeto de estudio a nivel latinoamericano, por su fragmentación, volatilidad y poca representatividad.

¿Qué significan en la realidad estas características?

La fragmentación hace referencia al número desmedido de organizaciones que han surgido a lo largo de los años. De 1985 al 2018, se han registrado 98 partidos ante el TSE. Lo que los expertos no explican es que la mayoría de esas organizaciones han sido meros cascarones electorales, diseñados para llevar a determinados personajes o grupos al poder.

La volatilidad se refiere a la poca estabilidad de los partidos políticos. En 33 años de democracia, la vida promedio de los partidos ha sido de 12.1 años. En un poco más de una década, un partido nace, crece, se reproduce y muere.

De los 72 partidos que han participado en procesos electorales, 40 sólo lo hicieron en un evento electoral. Tan sólo 19 han sobrevivido a tres o más elecciones.

Salvo algunas excepciones, llegar al poder ha sido la mayor maldición para los partidos en Guatemala. Ninguna organización ha logrado reelegirse. Y en promedio, todos los partidos que han llegado a la Presidencia han perdido alrededor de 20 puntos porcentuales de votos luego de sus desastrosas gestiones al frente del Gobierno.

De ocho partidos que han ganado a la Presidencia entre 1985 y 2015, cinco de ellos ya no existen.

La falta de representatividad se debe a la forma en que los partidos funcionan. En Guatemala, los partidos han innovado para mal en la forma de hacer política. En lugar de construir organizaciones, con cohesión ideológica, con planes de gobierno y propuestas de políticas públicas, con afiliados comprometidos con la organización y una dirigencia interesada en el país; los partidos a penas aspiran a funcionar como meros vehículos electorales para caudillos y caciques.

Por ello se dice que los partidos operan como franquicias electorales. Esto implica que la utilización de los recursos se focaliza en la campaña electoral y no en el fortalecimiento de la organización, en la formación de cuadros o en la capacitación de afiliados.

Bajo la lógica de “quien paga para llegar, llega para robar”, en Guatemala los partidos que ganaron las elecciones de 1985 a 2011, fueron los que más dinero gastaron en campaña, quienes más tuvieron acceso a espacios en televisión y quienes más hicieron uso del clientelismo.

La necesidad de recursos obliga a los partidos a buscar financiamiento en la corrupción, o peor aún, en el mundo criminal. Esto explica por qué el 75 por ciento de los fondos utilizados durante las campañas provienen de la corrupción o del narcotráfico. Por esta razón, en los últimos años, cuatro partidos políticos han sido cancelados por anomalías en el financiamiento.

Ante esta realidad de voracidad y criminalidad que ha capturado a los partidos, no debe sorprendernos entonces que de la campaña 2015, tres candidatos presidenciales y dos vicepresidenciales estén presos o tengan cuentas pendientes con la justicia. 

¿Es posible lanzarse como candidato a la presidencia sin un partido político? 

El abogado Carlos Cerezo Blandón acudió al Tribunal Supremo Electoral para inscribir un binomio presidencial sin postularse a través de un partido político. En 2015 se acercó al Tribunal Supremo Electoral para consultar cuál era el procedimiento para postular candidaturas sin hacerlo a través de partidos políticos o comités cívicos y éste respondió que no existía procedimiento para ello. 

El intento del Licenciado Cerezo plantea un ejercicio interesante y que ya ha sido abordado en otras latitudes: ¿Exigir que los ciudadanos se postulen a través de partidos políticos vulnera el derecho a elegir y ser electo? Al fin y al cabo, nuestra Constitución reconoce en el artículo 136: «Son derechos y deberes de los ciudadanos: (…) b. Elegir y ser electo». Y si vamos al artículo 23 del Pacto de San José veremos más de lo mismo y un listado de razones por las cuales puede limitarse este derecho.

¿Qué dice la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad? 

Hay al menos dos casos donde la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado respecto de si son los partidos los vehículos por los cuales se canaliza el derecho a elegir y ser electo o son los individuos los titulares absolutos de ese derecho.

Entre los casos que han resuelto las cortes vemos que en el expediente 1235-99, donde Carlos David Pineda reclamó que la negación de su inscripción como alcalde de Zacapa se notificó al partido y no a él personalmente. En el expediente 2080-2011, Alejandro Baslells reclamó la inconstitucionalidad del artículo 250 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que establece que la legitimación para interponer recursos en el proceso electoral corresponde únicamente a las partes acreditadas dentro del proceso electoral, es decir, a las organizaciones políticas.

En ambos casos la Corte les negó la razón a los accionantes y resolvió que: «los ciudadanos ceden a los partidos y organizaciones políticas el papel de argumentar, desarrollar, defender y difundir sus intereses y objetivos» (la negrita es propia) y que «la ley faculta a los partidos políticos legalmente reconocidos para postular e inscribir candidatos para todos los cargos de elección popular, ante el Registro de Ciudadanos, y siendo que la democracia guatemalteca es representativa y se delega en las organizaciones políticas éstas [sic] facultades, pues si no todos los ciudadanos podrían inscribirse por si [sic] mismos creando desorden y anarquía en vez de un sistema electoral». 

El criterio anterior deja ver que la Corte acepta que son los partidos políticos los vehículos a través de los cuales se ejercen los derechos políticos y no los individuos de forma directa.

Dos casos que llegaron a la Corte Interamericana: el Caso Yatama vs Nicaragua y el Caso Castañeda Gutman versus Estados Unidos Mexicanos

Decíamos antes que ningún derecho es absoluto, pero también hay que matizar que los límites a los derechos políticos deben ser proporcionales y necesarios.

En el Caso Yatama vs. Nicaragua una población indígena de la costa atlántica reclamó que no pudo presentarse a las elecciones municipales de 2002 porque la autoridad electoral les exigía participar a través de un partido político. Bajo la ley anterior a 2002, esta población indígena participaba en las elecciones municipales a través de la figura de Asociación de Suscripción Popular, pero una reforma a la legislación electoral obligaba a los ciudadanos a presentarse a las elecciones municipales exclusivamente a través de un partido político. 

La CIDH resolvió varias cuestiones en ese caso, pero una de ellas relacionada al hecho de que Nicaragua violaba el derecho a elegir y ser electo debido a que la medida impuesta era discriminatoria y no proporcional. Lo que la CIDH manifestó fue que la participación política en figuras legales distintas de los partidos «es esencial para garantizar la expresión política legítima y necesaria cuando se trate de grupos de ciudadanos que de otra forma podrían quedar excluidos de esa participación (…)». 

Sim embargo, el Caso Castañeda Gutman es más interesante ya que surge a partir del intento del señor Jorge Castañeda de postularse como candidato independiente a la presidencia de México en las elecciones presidenciales del 2006. Un intento similar al del Licenciado Cerezo. La candidatura fue rechazada en virtud de que la legislación federal mexicana exigía que se presentara con un partido político. 

La respuesta de la CIDH fue que México no violaba el derecho a elegir y ser electo de Jorge Castañeda Gutman porque exigir que las candidaturas presidenciales se postulen a través de partidos políticos, es una medida proporcional y necesaria. Lo es teniendo en cuenta que, en una sociedad de más de 85 millones de electores, en las que todos tendrían derecho a ser elegidos y donde hay financiamiento mayoritariamente público, es un mecanismo adecuado para ejercer el derecho a elegir y ser electo.

¿Ayuda este breve repaso de la jurisprudencia nacional y de la CIDH a reforzar la idea de candidaturas independientes? No. Aun así, podría plantearse la discusión de permitir candidaturas independientes a través de una reforma a la legislación electoral como un debate más amplio y profundo.

El Tribunal Supremo Electoral convocó en Enero de 2019 a «elecciones generales» a celebrarse el 16 de junio. Iniciamos otro proceso electoral que de ningún modo significará un incremento de la libertad de los individuos. Debido a la confusión entre Estado de Derecho y democracia, los asistentes a la votación entregarán nuevamente un cheque en blanco a las facciones políticas en contienda.

La inexistencia del Estado de Derecho se mantendrá incólume. La ansiedad por salir de los «titulares ocasionales del poder» será satisfecha. La emoción por la alternancia se mezclará con la confusión conceptual que impedirá una toma de conciencia sobre la situación del país.

El bullicio babélico se encargará de promover la mentira de que en 2019 se elegirá, para no decir que solo se refrendará lo que ya fue elegido por las camarillas político-estatales.

El proceso electoral de 2019 se regirá por la Ley Electoral y de Partidos Políticos Decreto Número 1-85 y 26-2016. Cargada de disparates técnico-jurídicos y de imposibilidades legales, esta normativa se encargará de empobrecer más el debate político, inexistente en un país sin representación política y sin un foro político democrático.

La reforma (mejor dicho, la deforma) de 2016 se encargó de plasmar un entramado de disposiciones punitivas eludiendo el precario y débil sistema contencioso administrativo electoral. En lugar de favorecer la libertad política vedada en la Constitución, los cambios entronizarán el miedo, el political correctness y el eufemismo político.

En 2019 no se elegirá sino que se votará sin libertad. La legislación electoral nunca ha favorecido el acto de escoger. Siempre ha sido favorable a los partidos políticos convertidos en órganos auxiliares del Estado. Por ello, hasta las campañas  millonarias de las facciones político-estatales serán financiadas por el «ogro filantrópico».

Las otras fuentes de financiamiento se ocultarán con el supuesto sistema ideal de financiamiento electoral, que encubre las exigencias de todo tipo de su público cautivo, debido a la fetichización del derecho, tan usado cuando se quiere resolver cuestiones que escapan a problemas normativos.

La votación de 2019 consistirá en la ratificación de alguna propuesta político-partidista para Presidente, Vicepresidente, alcalde, diputado etc. Cada candidato atizará la sociedad del espectáculo que bien describió Guy Debord. Lo irrelevante y las emociones dominarán la escena en conjunto con los distintos programas mágicos improvisados que cada cierto tiempo tienen peso electoral.

Los ciudadanos convertidos en funcionarios asistirán lamentablemente a entregar un voto más para engranar la máquina estatal. Luego olvidarán sus responsabilidades cívicas para recluirse en las redes sociales. Otros cansados de lo mismo votarán nulos o se abstendrán. El proyecto de Estado seguirá sin discutirse en la inercia de los acontecimientos.

La afasia política existente, consistente en la pérdida de la capacidad de comprender o emitir el lenguaje, hará de las suyas. Tirios y troyanos emplearán palabras vagas como izquierda o derecha para eludir que eso es irrelevante en la clase política.

Los ratificados en el acto de votación este año pasarán a engrosar a los organismos del Estado, no para fungir como representantes del pueblo, sino como comisarios de los partidos políticos que los escogieron.

Mientras tanto, la fórmula constitucional que jamás se cumple está allí en el papel de 1985. A saber, la de una República democrática representativa (art. 140) que nunca termina de cristalizar.

Guatemala necesita una nueva derecha. 

Una que sea auténticamente liberal y no únicamente anticomunista. Que aprenda a dejar en el pasado los temores de la Guerra Fría, entienda que hoy la guerra se hace con las ideas y que defienda al capitalismo demostrando sus logros, no intentando destruir a sus opositores con las etiquetas del siglo pasado.

La nueva derecha guatemalteca debe ser abiertamente democrática, lo cual demostraría condenando los autoritarismos de todos los colores; así daría a entender que comprende que solo en democracia puede existir libertad y un ambiente propicio para el desarrollo.

Existirá dentro de esta nueva derecha una facción que se identificará como conservadora, pero ojo, conservador no es lo mismo que inmovilista. Un conservador debe aprender a reconocer cuando un sistema ha caducado y por lo tanto es necesario reformarlo; para esto, debe tener propuestas serias y ponerlas sobre todas las mesas de discusión. No es válido oponerse al cambio solo por miedo.

La nueva derecha debe defender sin complejos a la empresa privada, porque reconoce que es fuente de riqueza y empleo. Con esa misma firmeza debe separarse de esos empresarios que no están dispuestos a respetar las reglas del juego y que prefieren retozar con políticos corruptos para procurarse favores. Apañar la corrupción y aplaudir violaciones a la institucionalidad de parte de los políticos queda fuera de discusión 

También debe alejarse del populismo moral que utiliza la religión y los valores conservadores para hacer política irresponsable. No se vale apelar a los miedos, prejuicios conservadores y creencias de los guatemaltecos, para ganarle votos a proyectos políticos que no tienen la capacidad de hacer propuestas serias.

En ese sentido, algunos miembros de esta nueva derecha podrían identificarse abierta y libremente como religiosos, pero claro, comprenderían que la religión es un tema para el hogar, la familia y la vida, no para la política.

La nueva derecha debe alejarse de las políticas populistas de toda la vida, esas que ofrecen soluciones sencillas para resolver problemas complejos. Eso implica insertarle seriedad a discusiones de temas como la pena de muerte, la cual es vendida por la vieja derecha como herramienta para combatir la violencia.

En esa misma vía, la nueva derecha debe curar sus alergias al término de Derechos Humanos, pues debe estar consciente que estos fueron creación del mundo occidental y que su función no es “defender criminales” como se repite desatinadamente, sino proteger a los ciudadanos frente a potenciales abusos de los organismos del Estado.

Tampoco debe tener miedo a la diversidad cultural y de ideas. Guatemala es un país en donde conviven distintas formas de ver el mundo y es necesario que quienes quieran hacer política puedan sentarse en distintas mesas a compartir sus puntos de vista con apertura y respeto.

Una nueva derecha no se casaría con el ideal libertario de un Estado minúsculo, porque reconoce que eso no funciona en ninguna parte del mundo y que, en un país como este, es necesario financiar políticas sociales de manera transparente y estratégica, principalmente en salud y educación, para aliviar los problemas de las grandes mayorías.  

También reconocería que para lograr el objetivo de reducir los índices de pobreza, es obligatorio promover el crecimiento económico, pero no suficiente. El Estado también debe tomar un papel protagónico, creciendo ordenadamente y tomando solo aquellos compromisos que sean necesarios. Ningún país desarrollado funciona sin un Estado profesional y bien financiado.  

La nueva derecha debería reconocer que su participación en política es importante porque su ausencia deja espacio a una derecha populista, irresponsable y vociferante. También, debe reconocer que restarle importancia al servicio público ha dejado el camino libre para que los peores ocupen los puestos de mayor responsabilidad.

Por último, la nueva derecha debe evitar ese destructivo comportamiento tribal que tanto aflige a la vieja derecha. Debe reconocer que dentro de sus filas existirá la diversidad de ideas y de voces, lo cual no implica falta de lealtad.

La nueva derecha guatemalteca debe ser estratégica, debe tener propuestas y debe aprender a comunicarlas. Debe ser firme en sus posturas y expresarlas sin complejos.

¿En dónde está la nueva derecha guatemalteca?

Una cronología de las vinculaciones existentes en un Estado capturado.

Corría el año 2014. FECI y CICIG le seguían la pista a una red dedicada a la defraudación aduanera. Mediante interceptaciones telefónicas, armaban un rompecabezas sobre la integración de una compleja estructura criminal. Desde tramitadores, vistas de aduanas, pasando por supervisores, gerentes, intendentes, hasta el mismo superintendente. Todos, coordinados en un esfuerzo para generar riquezas ilícitas, facilitando la defraudación de impuestos en importaciones aduaneras.

La investigación determinó también que existía una estructura externa, integrada por particulares que, desde fuera del poder público, incidían en el nombramiento de funcionarios de SAT para servir los intereses de la red. El personaje que actuaba como enlace entre funcionarios y los particulares era Giovanni Marroquín Navas, cuya línea telefónica fue interceptada a partir de noviembre 2014.

Las escuchas de Marroquín permitieron identificar la trama para nombrar a Omar Franco como Superintendente de SAT, o los esfuerzos por conseguir el apoyo de Pérez Molina para nombrar un Gerente de Recursos Humanos afín a la red. Dichos episodios sustentaron la judicialización del Caso La Línea, aquel 16 de abril de 2015, y la captura de Marroquín y una veintena de personas más. Y meses más adelante, llevaría también a la captura de Roxana Baldetti y la caída de Otto Pérez Molina.

Pero eso no se quedó ahí. El análisis de las interceptaciones de Marroquín Navas evidenció que este también se dedicaba a realizar otros “trámites” tributarios. Concretamente, a entorpecer casos administrativos y penales por posible defraudación, además de agilizar devoluciones de crédito fiscal. Todo ello, mediante un proceso corrupto de pago de sobornos y cobro de comisiones ilícitas.

Esta línea de investigación permitió presentar el Caso Aceros de Guatemala en febrero 2016.

Pero esto tampoco se quedó ahí. La información recabada en los allanamientos de La Línea y del Caso Aceros, el examen financiero sobre los movimientos bancarios de Marroquín, y el análisis de más interceptaciones telefónicas de su línea, permitió identificar que la red dedicada a la tramitación de expedientes de crédito fiscal era de mayores dimensiones.

Esta ampliación de la investigación permitió que en febrero 2018 se presentara el Caso Traficantes de Influencias, en el cual se descubrió que personajes como el ex vicepresidenciable de la UNE, Mario Leal Castillo, y el diputado Felipe Alejos, captaban clientes que luego eran referidos con la estructura de Marroquín Navas. Este último mantenía el mismo rol de siempre: ser el enlace con la SAT, cobrar comisiones y trasladar los beneficios económicos indebidos a los funcionarios públicos.

El análisis financiero dentro del Caso Traficantes de Influencias permitió identificar un grupo de sociedades utilizadas por Giovanni Marroquín para captar las comisiones y pagar los sobornos. Una de ellas era “Ingeniería Integral S.A.”, administrada por su hijo, Marlon. El análisis de los movimientos financieros reveló que dicha empresa transfirió recursos a otra sociedad anónima en 2015: Maariv S.A. Dichas transferencias ocurrían a pesar de que ambas carecían de relación comercial alguna.

Una búsqueda en Google de Maariv S.A. arroja varios resultados de la página del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Porque Maariv S.A. aparece registrada como financista de la campaña UNE de 2015. 

La investigación sobre financiamiento de la campaña UNE 2015, que se conducía paralelamente a la trama anterior, permitió entender por qué Maariv recibía fondos de una sociedad vinculada a Marroquín Navas. Sencillo. Era una empresa de fachada utilizada para captar fondos e inyectarlos al partido. Igual que Promotora de Recursos Habitacionales (PROHABSA), vinculada al vice presidenciable Leal, o el Grupo Inmobiliario San Felipe, vinculado al diputado Julio Ixcamey.

Maariv, Prohabsa y San Felipe son típicos ejemplos de sociedades de cartón utilizadas para captar recursos -tanto lícitos aportados de forma anónima, o fondos provenientes de corrupción- con el fin de financiar campañas. Similar a lo que ocurría con el Grupo Estrella y el financiamiento del Patriota; o el conglomerado de empresas de fachada de Manuel Baldizón utilizadas para la campaña de Líder.

Giovanni Marroquín es el centro neurálgico que permite en una misma red de relaciones, conectar La Línea, a Pérez Molina y Baldetti, algunos empresarios, con Felipe Alejos y la UNE. Personajes como este, alrededor de quienes se configuran nodos de relaciones de negocios que trascienden partidos y sectores, sobran. Algunos ya están en prisión, pero otros muchos, siguen operando en la impunidad.

Y así, quien diría que tirando de la misma cuerda que permitió dar con La Línea y que llevaría a la caída de Pérez Molina y Baldetti en 2015, permitiría dar con el financiamiento de quienes en el papel eran sus némesis políticos: la UNE y Sandra Torres. Todo un script digno de una novela best seller, una serie de Netflix, o una de esas historias enredadas propias de Quentin Tarantino o Christopher Nolan.

Pero en realidad, ese hilo conductor es el fiel reflejo de la captura del Estado. Un sistema político que sirve para satisfacer intereses de grupos criminales sin importar banderas o ideologías. Y la lógica que, para participar de esa juerga de negocios corruptos, hay que invertir en campañas electorales.

Esta es precisamente la razón por la que creo que la FECI y CICIG se les debe permitir seguir operando, incluso más allá de septiembre 2019. Porque aún hay muchas cuerdas pendientes de las cuales hay que tirar. Pero esa es la misma razón por la que muchos quieren evitarlo a toda costa: si de la misma cuerda de la que cayó el Patriota, hoy sale golpeada la UNE, ¿qué no habrá en los otros extremos de esas cuerdas aún pendientes de tirar?

Columna originalmente publicada en El Periódico.