La revista Estrategia y Negocios cumple 20 años. 

En 1999 Centroamérica estaba gobernada por Alfonso Portillo en Guatemala, Paco Flores en El Salvador, Carlos Roberto Flores Facussé en Honduras, Arnoldo Alemán en Nicaragua, Miguel Ángel Rodríguez en Costa Rica y Mireya Moscoso en Panamá.

Aquel fue un momento crítico para la región, pues a pesar de los buenos esfuerzos de algunos de aquellos presidentes -los menos- nuestros países empezaron a sentir la complejidad de la era presente. Los peores presidentes del 99 fueron el principio de la captura criminal del Estado en al menos tres de nuestros países.

Entre algunos de los fenómenos que arrancaron hace unos 20 años y que seguimos sin poder descifrar y enfrentar, están la caída en los precios de nuestros productos, el derrumbe de la globalización, el populismo, el terrorismo, la era exponencial en la tecnología, el escaso crecimiento económico frente a una creciente demanda de oportunidades y políticos iluminados que son cada uno peor que el otro.

En los siguientes datos -todos del FMI- está incluida Panamá, pues para efectos de esta nota, la considero parte de Centroamérica.

La población de Centroamérica en 1999 era de 35,3 millones y en 2018 alcanzó 48,8 millones. Con un crecimiento promedio de 2%, en 19 años, la población se incrementó en 38,1%.

El crecimiento económico promedio entre 1999 y 2018 fue de 3,8%. La inversión fue de 26,2% del PIB en 1999. En 2018 se redujo a 24,3%. Sin embargo, sin Panamá, donde la inversión representa el 44% del PIB, el resto de la región baja al 20,3% de inversión sobre el PIB en promedio. En Guatemala la inversión representó solo el 12,5%; el más bajo de la región centroamericana. 

En el índice que califica la salud democrática, en 2006, la región calificaba en promedio 6,6 puntos sobre 10. Estábamos en la categoría de "democracias con problemas". Solo Costa Rica era considerada una democracia plena en 2006. Por eso son presumidos los ticos, pero tienen razón.

En 2018, la región bajó a 6 sobre 10, y caímos a la categoría de "regímenes híbridos" entre democracia y autoritarismo. Solo Costa Rica se mantiene como democracia plena. Dichosos los ticos, pero que la cuiden.

Excepto Costa Rica, los demás países hemos deteriorado la salud de la democracia. Y se nota.

Según el índice de Estado de Derecho del "World Justice Project'', en los últimos 5 años, la región, excepto Costa Rica, califica mal. El problema es que no se ven señales de que este índice mejore; y lo grave son las consecuencias que esto significa.

20 años no es nada dice el Tango; y es cierto. Los humanos queremos que las transformaciones y el desarrollo sucedan en nuestro tiempo de vida. "Not gonna happen". Pero podemos sentar las bases.

La realidad presenta  países estancados. Guatemala en franco deterioro. Nicaragua, perdida. Esto no es cuestión de pesimismo. Son datos. Y para cambiarlos, las élites deben despertar.

Suramérica está produciendo más drogas que nunca y el consumo aumenta. El narcotráfico está contaminando la política de una manera alarmante. Guatemala carnina veloz hacia un narco Estado.

El crecimiento económico que necesita la región solo se logrará si tenemos las economías de escala, la masa crítica y el volumen que daría una Comunidad Económica Centroamericana. Pero ni hablar del tema.

Centroamérica no ha cambiado lo suficiente de 1999 a 2019. Debemos fortalecer nuestras democracias, y para eso, hace falta más gente decente y capaz en la política.

En los próximos 20 años tendremos desafíos extraordinarios. No estamos preparados para enfrentarlos.

En 2039 podemos amanecer en una Centroamérica exitosa. Esto no sucederá por magia ni nadie lo hará por nosotros. A trabajar se ha dicho. 

Lo que está claro es que Estrategia & Negocios debe seguir presente, brillando y ofreciendo guía y luz, como lo ha hecho, con gran compromiso y excelencia, desde 1999.

Un gobierno mentiroso y un presidente poderoso molesto con Guatemala. 

En una columna anterior expliqué qué significaba ser tercer país seguro de EEUU y las gravísimas consecuencias que tendría para Guatemala firmar dicho acuerdo.  El problema continúa. Alrededor del mismo, el presidente Morales ha dicho al menos tres mentiras y todo como telón de fondo a la furia de Trump con nuestro país. Repasemos el asunto.

Primera mentira: negar el acuerdo a la prensa

El presidente de Guatemala Jimmy Morales y el presidente de EEUU, Donald Trump, se reunirían en la Casa Blanca el 15 de julio. Esto levantó las sospechas de que se firmaría un acuerdo para convertir a Guatemala en tercer país seguro. Ante los medios, antes y después de que se cancelara dicha reunión, el gobierno negaba el acuerdo. La prensa estadounidense, en cambio, lo daba por hecho.

Segunda mentira: negar el acuerdo ante la propia Corte de Constitucionalidad

La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional un día antes de la reunión entre los presidentes (14 de julio) como consecuencia de una acción que promovieron unos colegas abogados y ex cancilleres ante la amenaza de que Morales firmara el acuerdo de forma simplificada, es decir, sin pasar por el Congreso. Esto motivó que la reunión se suspendiera.

La Corte solicitó un informe al presidente previo a resolver aquí es donde viene la segunda mentira del gobierno. El presidente informó a la Corte que:

«(…) los actos reclamados [la amenaza de firmar el acuerdo de tercer país seguro] constituyen situaciones que no tienen existencia real, sino más bien son basados en conjeturas, noticias de periódicos locales, cartas de Congresistas, que en ningún momento le obligan a realizar determinada actividad, por lo que la prueba ofrecida no constituye ninguna credibilidad de que firmará en el futuro algún documento de compromiso (…)». (El resaltado es propio)

Pero el 23 de julio Twitter amaneció en llamas cuando el presidente Trump tuiteó que «Guatemala, que ha estado formando caravanas y ha enviado a Estados Unidos a un gran número de personas, algunas de ellas con antecedentes penales, ha decidido romper el trato que tenían con nosotros de firmar un acuerdo de Tercer País seguro. Estábamos listos para ir (…)» (traducción libre, el resaltado es propio). ¿Entonces? ¿No decía el presidente Morales ante la Corte de Constitucionalidad, que la amenaza de firmar un acuerdo de tercer país seguro «no tenía existencia real»? El presidente Trump lo delató. Morales le mintió a la Corte.

Tercera mentira: culpar a la Corte de Constitucionalidad de entrometerse en la política exterior

El presidente Morales publicó en Facebook un escrito en el que culpa de la caída de las negociaciones entre Guatemala y EEUU a la Corte de Constitucionalidad por el fallo antes aludido. Entre otras cosas, Morales afirma:

«Recientemente, la mayoría de sus magistrados, identificados con intereses políticos personales, han utilizado su investidura para entrometerse en la política exterior del Estado de Guatemala, facultad que le confiere nuestra carta magna, exclusivamente al Organismo Ejecutivo.» (El resaltado es propio)

El presidente miente o exagera con esa afirmación. La Corte de Constitucionalidad no se entrometió con la política exterior y, mucho menos, negó que el acuerdo pudiese llegar a nacer, lo único que resolvió fue que, si el presidente Morales quiere suscribir el convenio de tercer país seguro, éste debe pasar por la aprobación del Congreso porque así lo establece el artículo 171 literal “l” de la Constitución. Algo que Morales intentó burlar suscribiendo un acuerdo simplificado, pero que finalmente no pudo ser gracias a esta acción de amparo.

Tampoco es la primera vez que la Corte de Constitucionalidad resuelve temas de política exterior, como reiteradamente ha afirmado este gobierno. En 2009 la Corte de Constitucionalidad resolvió, en el Expediente 2409-2009, un amparo a favor de Cámara de Industria y Cámara de Comercio ante la amenaza de que el gobierno de Álvaro Colom repitiese la medida de restringir el comercio con Honduras por las fronteras terrestres, una medida que había tomado en junio de aquel año durante 48 horas como consecuencia del golpe de Estado a Manuel Zelaya. De modo que el amparo provisional en el caso del tercer país seguro transita en la misma línea jurisprudencial que aquel precedente. Nuevamente, Morales miente o se equivoca (la que usted prefiera).

La furia de Trump: amenazar con subir aranceles a nuestros productos y poner impuesto a nuestras remesas

Claro está que para Trump la migración es un tema central con miras a su reelección en el 2020. En tal sentido, intentó arrinconar a México para que fuera tercer país seguro con la amenaza de imponer aranceles escalonados que comenzarían con el 5% y acabarían en el 25% si no atendían sus demandas, algo que tuvo a bien evitar el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Ahora Trump ha amenazado con imponer aranceles a productos guatemaltecos y fijar un impuesto a las remesas de los guatemaltecos. ¿Es posible? Sí, pero en ambos casos podría existir un contrapeso en el legislativo de EEUU.

En el caso de imponer un impuesto a las remesas, debería producirse a través de una ley que deben aprobar ambas cámaras del Congreso americano. De hecho, fue algo que intentaron en 2017 cuando un grupo de republicanos propuso la Border Wall Funding Act of 2017.

El aumento de aranceles es un poco más complicado. El presidente Trump podría hacer uso de la International Emergency Economic Powers Act y declarar que existe una emergencia de parte de Guatemala contra la «seguridad nacional» de los EEUU e imponer aranceles usando los poderes de emergencia que dicha norma le da. En tal caso, el Congreso de EEUU podría emitir una resolución que ponga fin a la emergencia declarada por el presidente y revertir el aumento de aranceles.

Otra respuesta podría ser que Guatemala podría acudir al panel arbitral del RD-CAFTA y luego a Organización Mundial del Comercio (OMC), ya que el aumento de aranceles sería en violación del RD-CAFTA. Honestamente, no es demasiado consuelo. La OMC ha estado bajo serios cuestionamientos por parte de los propios EEUU desde hace años, incluso bajo la administración Obama que bloqueó la reelección de una juez de apelaciones de la OMC. Con Trump la cosa ha ido a peor pues incluso ha planteado la salida de EEUU de la organización.

Sí, Guatemala no puede negociar de tú a tú con EEUU. La crítica central contra la administración de Morales no es esa. Lo cuestionable es el secretismo con que se han ventilado los asuntos y la poca consciencia de los problemas que traería para Guatemala aceptar ser tercer país seguro de EEUU. He ahí el problema. El segundo problema es su narrativa que invita a desobedecer a la CC, algo que data de 2017. Todo muy en contra de la institucionalidad de la que tanto carece el país.

El título que ilustra este breve análisis hace alusión a un término acuñado por el politólogo estadounidense Steven Levitsky en su célebre libro "Cómo mueren las democracias".

Para Levitsky, las salvaguardas constitucionales de un sistema político no son suficientes por sí mismas para evitar que una democracia se degenere, ya que incluso las constituciones mejor escritas pueden ser letra muerta frente a una deriva autoritaria. Por ello, teóricos de la política han definido las constituciones como reales, nominales y fachada[1].

En ese sentido, más allá de las constituciones escritas, las democracias modernas exitosas han dependido de reglas informales, que a pesar de no estar plasmadas en legislación positiva, son “convenciones” respetadas y acatadas por los ciudadanos y que fungen de guardarraíles[2] de la democracia pues impiden que la pugna política cotidiana se salga de las formas republicanas y desemboque en un conflicto que transgreda el sistema y haga peligrar la existencia de la propia comunidad política. Para Levitsky estos pactos tácitos son: la tolerancia mutua y la contención institucional. Esto significa no tomar a los adversarios políticos como una amenaza existencial (acordar en no estar de acuerdo siempre) y no utilizar los poderes institucionales para “aniquilarlos”[3].

En esta tarea, un sistema de partidos políticos verdaderamente institucionales que opere bajo un gran pacto político nacional, es vital ya que es el instrumento natural para contener posibles amenazas al sistema político. A lo externo, los partidos procurarían la formación de alianzas que frenen un movimiento radical “anti-sistema”[4]. A lo interno, dentro de sus propias bases y cuadros, “filtrarían” nominaciones y candidaturas que pudieran ser polarizantes mediante procesos internos de depuración como las primarias.

Sin embargo, la organización de los partidos políticos en América Latina es precaria y sufre distorsiones importantes:

“En muchas ocasiones las decisiones, y la manera en que estas se adoptan dentro de las organizaciones, no dependen de los órganos de gobierno sino de liderazgos personalistas o de los caciques regionales; las carreras dentro del partido están determinadas por los contactos personales y las redes de patronazgo y no por el aparato burocrático; las organizaciones locales no funcionan como sucursales de una organización nacional (aún cuando la integran) sino que los militantes y dirigentes hacen las tareas partidarias desde su casa o sus lugares de trabajo y el financiamiento se consigue de manera informal (usualmente ilegal), basada en el patronazgo, las donaciones o los recursos estatales”[5]

En América Latina las organizaciones informales de los partidos están institucionalizadas en la práctica[6]. De manera que “institucionalización”[7] y “organización formal”, no son términos necesariamente equivalentes sino más bien vinculantes y aspiracionales: uno debería conducir al otro y viceversa.

Así las cosas, la organización formal de un partido incluye altos grados de “burocratización”[8] como: una oficina central, oficinas locales, sedes y seccionales. Además de la existencia de procedimientos formales internos y establecidos de toma de decisiones, membresía y financiación, que estén en consonancia con los estatutos. Usualmente, sobre todo en América Latina, cuando se habla de más “democracia interna” dentro de los partidos políticos para contrarrestar prácticas arbitrarias como el “dedazo”, realmente a lo que se está apuntando es a la burocratización o formalización de procesos internos impersonales que limiten otras formas informales de organización basadas en el privilegio personal[9].

Institucionalización de los partidos en Guatemala

En Guatemala, los partidos políticos han sido calificados como franquicias electorales “con un alto nivel de centralización en los que el comité nacional cede la marca del partido a un líder local, quien se hace cargo de la organización municipal del partido, y a cambio recibe una candidatura” [10]. Por esta razón, en su mayoría, son partidos sin ideología, sin estatutos que se cumplan, sin formación de cuadros y sin un proyecto de Estado que contemple el largo plazo.

De manera que la “institucionalización” de los partidos políticos guatemaltecos estriba en prácticas informales que a su vez derivan de estructuras históricas como el patrimonialismo, el cacicazgo y el clientelismo, que la legislación (sobre todo la reforma de 2016 a la LEPP) no ha podido corregir.

De acuerdo al más reciente informe de ASIES sobre partidos políticos[11], los partidos políticos en Guatemala no canalizan las demandas de la ciudadanía ante el Estado, por lo cual la sociedad tampoco se ve reflejada en este tipo de organizaciones, por ello no los percibe como vehículos idóneos para encauzar sus demandas políticas. También esta actitud explica la creciente desafección hacia la democracia en Guatemala con apenas un 26% de apoyo, siendo el índice más bajo en la región después de El Salvador[12].

En ese sentido, al no haber una demanda ciudadana de genuina representación de sus intereses, no existen incentivos dentro de los propios partidos para organizarse formalmente.  Tenemos que la función vital de todo partido, el leitmotiv de cerrar esa brecha entre sociedad y Estado, no se cumple a cabalidad en Guatemala y entonces esa función es suplida por otros actores como los medios de comunicación, empresariado, ONG’s, tanques de pensamiento, iglesias, entre otros, que canalizan ciertas demandas ciudadanas, pero son incapaces de articularlas en un gran acuerdo nacional, precisamente porque su naturaleza no está concebida para la acción política. Es por ello que, en lugar de ser guardarraíles, en Guatemala los partidos políticos son más bien parapetos[13].

[1] Nos remitimos a la definición de Giovanni Sartori de Constitución, entendida como “garantía” o principios que limitan el poder arbitrario, y aseguran el control y equilibrio del poder político (Sartori, Giovanni. Elementos de teoría política. Madrid. Alianza Editorial. 1992. Pp. 13-25).
[2] Los guardarraíles son barreras de acero que se colocan a los lados de las vías para impedir que los vehículos se salgan del carril.
[3] Levitsky, Steven. “5. Los guardarraíles de la democracia”. Cómo mueren las democracias. Barcelona. Paidós. 2018. Pp. 117-138
[4] Un ejemplo de esto es el caso actual de España, donde la polarización política es tal, que la oferta electoral se ha fragmentado en nuevos partidos políticos de tendencia radical tanto de izquierda como derecha. Los partidos tradicionales, que protagonizaron el acuerdo político de 1978, en lugar de unirse contra la amenaza radical, han optado por el discurso polarizante, debilitando al sistema político e impidiendo la formación de un gobierno desde el año 2018 (sobre esto ver: Levitsky, Steven. “1. Alianzas fatídicas”. Ibídem. Pp. 21-44).
[5] Levitsky, S y Freidenberg, F. “Organización informal de los partidos políticos en América Latina”. Revista Desarrollo Económico. Instituto de Desarrollo Económico Y Social. Vol. 46, No. 184 (Ene-Mar, 2007), pp. 539-568
[6] El caso más evidente es el del PRI en México, donde su amplia red de patronazgo y clientelismo político ha sido la base de su maquinaria partidista por las ocho décadas que ha estado en el poder.
[7] El concepto de “institución” que tomamos es del economista Douglass North, entendidas como las normas y convenciones de una sociedad que crean límites y forjan la interacción humana en el transcurso del tiempo, tales como las leyes, los intercambios económicos, la política y las costumbres. (North, Douglass. Institutions, institutional change and economic performance. New York. Cambridge University Press. 1990, P. 3)
[8] Entendiendo burocracia en su acepción weberiana como la forma de organización estatal cuyo fin es lograr la racionalidad en las acciones gubernamentales. (Weber, Max. ¿Qué es la burocracia? Madrid. Ediciones El Aleph. 2000).
[9] El politólogo chileno Sebastián Mazzuca afirma que en América Latina, el proceso de burocratización no se consolidó. A diferencia de Europa, que durante los siglos XVIII y XIX alcanzó niveles importantes de burocratización (para finalmente democratizarse en el siglo XX); en Latinoamérica el proceso se dio a revés. En ese sentido, primero ocurrieron las llamadas “oleadas democráticas” y después los intentos de burocratización y de organización racional de Estado. De manera que, lo que se corrigió en América Latina con las llamadas oleadas democráticas fue el tema del acceso al poder político, pero las prácticas históricas de corrupción,  clientelismo y de ejercer patrimonialmente el poder político, se mantuvieron y persisten hasta hoy (Mazzuca, Sebastián “¿Democratización o burocratización? Inestabilidad del acceso al poder y estabilidad en el ejercicio del poder en América Latina”. Revista Araucaria. Universidad de Sevilla. 2002. Año 4. Nº 7)
[10] Lemus, Jonatán y Brolo, Javier. Partidos políticos guatemaltecos: cobertura territorial y organización interna. Guatemala. ASIES. 2013. P. 25
[11] Dabroy, Jahir. Institucionalización de los partidos políticos: aproximación al caso guatemalteco. Guatemala. ASIES. Nº 1- 2018. P. 58
[12] Informe Latinobarómetro 2018, p. 16
[13] El parapeto es una baranda que se usa para evitar caer al vacío. Siempre es de carácter provisional e inestable, puede ser improvisado ante una determinada situación de peligro inminente.

Y la relación entre participación y posibles resultados electorales.

A tres semanas de la segunda vuelta electoral, la encuesta de opinión pública de la Fundación Libertad y Desarrollo, realizada por CID-Gallup, arroja algunas luces sobre el escenario político.

Vale siempre recordar que las encuestas son fotografías del momento, y no son instrumentos “predictivos”. En este caso, la fotografía corresponde al período del 9 al 14 de julio, fechas en las que se procedió a levantar los datos de la medición.

La encuesta arroja un resultado que pareció sorpresivo para algunos: si la segunda vuelta fuera hoy, Alejandro Giammattei obtendría 40.6% de los votos válidos; Sandra Torres obtendría 33.4% de los votos; mientras que un 6.5% votaría nulo y 19.4% dejaría su voto en blanco.

Esta tendencia no es muy diferente a lo que las encuestas mostraban en junio pasado, previo a la primera vuelta, cuando se corrían escenarios de posibles segundas vueltas. Por ejemplo, la encuesta de CID-Gallup y Fundación Libertad y Desarrollo señalaba que en caso de producirse un balotaje entre Giammattei y Torres, el candidato del partido Vamos obtendría 38% de votos válidos, mientras la candidata de la UNE obtendría 34%. Tendencia similar arrojó la medición de Prensa Libre y ProDatos, que ubicaban a Giammattei con 54% frente a un 34% de Torres en una eventual segunda vuelta.

El resultado genera disonancia cognitiva, puesto que la intuición parecería indicar que Torres y la UNE poseen una estructura partidaria mucho más sólida y con mayor penetración territorial. Además, que el resultado de los verdes en Primera Vuelta, fue muy superior al desempeño de Giammattei y Vamos.

Sin embargo, el enemigo de Torres -y la razón de por qué en el balotaje Giammattei  le supera en intención de voto- es la opinión negativa de la candidata. La encuesta reciente de FLD y CID-Gallup muestran que un 25.2% de personas tiene una “mala” opinión de Sandra Torres; mientras un 12.1% tiene una opinión “muy mala” de ella. Es decir, 37% de negativos. Frente a ello, Giammattei tiene 11.7% de negativos (10.9% de opinión “mala” y 0.82% de opinión “muy mala”).

Esos negativos dan lugar a lo que se conoce como el “anti-voto”, el cual se refiere al rechazo que genera un candidato entre el electorado. La teoría indica que en casos de balotaje, cuando la motivación del elector es votar por el “menos malo”, el anti-voto se convierte en una motivación para votar al candidato menos rechazado. Y la encuesta arroja entonces que los negativos de Torres son tan altos, que esto invita a un porcentaje importante del electorado a votar por Giammattei.

¿Implica esto que Giammattei es el favorito entonces para ganar la Presidencia?

No necesariamente. Un dato que también evidencia la encuesta es la certeza potencial del voto. Mientras la mayor parte del electorado de Torres asegura es casi 100% seguro que irá a votar, el votante de Giammattei no es tan sólido, ya que un segmento relevante de su electorado no está 100% seguro de ir a votar.

Lo anterior se corrobora con el desglose demográfico de los votantes. Mientras Torres tiene su fortaleza entre mujeres, del área rural, de mayor rango de edad y menor nivel educativo y de ingresos; Giammattei tiene su fortaleza entre electorado urbano (tanto metropolitano como de ciudades intermedias), así como jóvenes y personas con mayor nivel educativo. Estos segmentos tienen también una característica de votación: las mujeres rurales, pobres y menos educadas tienden a ser más leales y disciplinadas en su voto. Mientras el votante joven, urbano y de más nivel de estudios tienden a ser más volátiles en su participación.

Lo anterior permite plantear una hipótesis sobre la relación entre participación y resultados electorales. Si hay alta participación en la segunda vuelta, esto favorecería a Giammattei, ya que implicaría que un porcentaje de sus votantes “volátiles” asistieron a las urnas. En cambio, si la participación es baja, la beneficiaria sería Sandra Torres, puesto que esto implicaría que de los “pocos” votantes, la proporción de electores leales de Torres es más alta.

En pocas palabras, pareciera que el resultado de la segunda vuelta dependerá entonces del nivel de participación, y particularmente, de cómo se comporta ese segmento que hoy se muestra más volátil.

¿Qué significa que Guatemala acuerde con Estados Unidos ser tercer país seguro y por qué sería hipotecar al país?

Rumores «bien fundados» (?), como diría el presidente

Como es costumbre en este gobierno, los rumores corren antes que las comunicaciones oficiales. Primero, el presidente Trump dijo en un tuit de fecha 17 de junio que Guatemala se «preparaba» para convertirse en tercer país seguro. La prensa internacional reportó unos días más tarde que el Ministro de Gobernación consideraba que «el hecho de que un país como los EE. UU. nos vea como un país seguro en principio es sumamente positivo», como si de una ganga se tratase.

Lo que dio tracción al tema es que el lunes, 15 de julio, el presidente Morales se reuniría con el presidente Trump en la Casa Blanca, un suceso poco habitual que no se explicaba a no ser que existiera un gran acuerdo por celebrar. Lo reportado por CNN, The Wall Street Journal y también por The New Yorker en su momento es que era un hecho que la reunión era para convertir a Guatemala en tercer país seguro.

Naturalmente, el gobierno negó que la reunión tuviera ese propósito, pero también negó que iría a Argentina a comprar aviones para el ejército y nos enteramos por la prensa argentina de que el rumor era cierto y efectivamente iban a comprarlos (o a «adquirirlos», para usar la simpática nomenclatura que quiso emplear el Ministro de la Defensa para intentar sacar la pata).

¿Qué significa ser tercer país seguro y qué implicaría para Guatemala?

Todo nace en la Convención de Ginebra de 1951 que originalmente sirvió para atender a los refugiados de la Europa de la posguerra, luego ampliado por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 a otras circunstancias. Ambos instrumentos fueron ratificados por Guatemala en 1983.

En términos muy sencillos y generales, esta normativa regula el derecho de asilo, al cual pueden recurrir una persona que busca protección en otro país si en su país de origen o residencia tiene temores fundados de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, posiciones políticas, identidad de género o preferencia sexual.

En los últimos meses ha habido un incremento sustancial en la cantidad de migrantes que cruzan la frontera de México con Estados Unidos que reclaman asilo. En noviembre de 2018 había 6,200 peticiones de asilo y para mayo de 2019 había casi 19,000, algo que además satura los juzgados. Trump respondió con su política de metering que consiste en limitar la cantidad de aplicantes de asilo que pueden entrar a diario a los Estados Unidos, lo cual ha llevado a miles de migrantes a esperar en México en condiciones precarias hasta que sea su «turno», algo que lo determinan ellos mismos o las autoridades mexicanas.

El concepto de «tercer país seguro» se refiere al hecho de que quienes busquen la protección de asilo en un segundo país, en este caso EEUU, éste pueda negarse a darles asilo y remitirlos a un tercer país, en este caso Guatemala, que pueda darles las mismas atenciones y tratos. Eso implica que, de llegar a un acuerdo, EEUU podría enviarnos centenares de personas que pidan asilo en EEUU hasta que su situación se resuelva.

Guatemala no es siquiera capaz de dar atención adecuada al flujo actual de migrantes en el albergue ubicado en la zona 5 de la Ciudad. Mucho menos será capaz de dar vivienda, seguridad social, servicios médicos esenciales, educación o empleo a los mismos, algo a lo que nos comprometería el presidente Morales. Mucho menos hablar de la incapacidad que tendría nuestro sistema de justicia de procesar la cantidad de solicitudes de asilo que podrían venir.

Es cierto, Estados Unidos nos daría dinero para hacer frente a estas obligaciones. Pero como lo ha expuesto mi colega Arturo Villagrán, Guatemala es signatario de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y está bajo la jurisdicción de la CIDH y de la Corte IDH. Si Guatemala llega a violar derechos humanos de refugiados, seríamos responsables como Estado y el gobierno de EEUU no respondería de ninguna manera por ello.

La experiencia europea de designar a Turquía como tercer país seguro ha sido objeto de señalamientos de violaciones de derechos humanos a refugiados, lo mismo que ocurrió en Papúa Nueva Guinea que lo fue de Australia. Las organizaciones de derechos humanos en EEUU tienen claro que Guatemala no puede ser un país seguro.

La actitud de Morales y el revés que le dio la Corte de Constitucionalidad (CC)

La cuestión solo tiene una explicación: al presidente Morales le quedan poco menos de seis meses de mandato y piensa que una actitud servil con la Administración Trump le comprará impunidad. Se disponía a hipotecar al país y poco le importa el gran compromiso que asumiría Guatemala y que podría durar décadas. Se equivoca de todas formas. Trump solo piensa en las elecciones del 2020 y si no pudo construir un muro físico en México, Guatemala será su «muro» para enviar decenas de personas que piden asilo en EEUU. Mientras Morales sea útil, todo bien. Luego, lidiará con quien ocupe la presidencia.

Un grupo de colegas y el PDH interpusieron un amparo que buscaba evitar que el presidente Morales llegase a comprometer al Estado de Guatemala a través de un acuerdo simplificado. Esto quiere decir que Morales pretendía, presuntamente, comprometer al Estado de Guatemala, pero evitando pasar por el control del Congreso de la República como lo manda el artículo 171 de la Constitución. El domingo, 14 de julio, la CC resolvió otorgar amparo provisional y obliga al presidente a que, de asumir el compromiso de tercer país seguro, lo haga pasando por el control del Congreso, donde seguramente no la tendrá tan fácil.

La racionalidad detrás de los actos irracionales

Para Jimmy Morales, el tiempo avanza inexorablemente. Cada día que pasa, es uno menos de esa pesadilla que resultó ser la Presidencia. Pero también, cada día que pasa es uno más cerca de la fecha fatídica del 14 de enero 2020, día en que el Presidente perderá el derecho de antejuicio.

La posibilidad de enfrentar responsabilidad penal por anomalías en el financiamiento de la campaña 2015 de FCN ha sido un fantasma en el firmamento desde hace casi dos años. Ese fantasma no sólo es una amenaza contra el mismo Morales, sino también, contra su esposa, quién habría facilitado el traslado de fondos de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos en 2015. Desde entonces, hemos visto un esfuerzo sistemático desde Casa Presidencial por frenar cualquier avance de casos judiciales. Ya sea por la vía de bloquear antejuicios en el Congreso, reformar el delito de financiamiento ilícito, o simplemente, limitar la capacidad operativa de los entes de investigación.

A ello sumemos el caso contra el hijo y hermano del Presidente. Ahí la explicación de por qué desde mediados de 2017, la única motivación estratégica de Morales fue ver cómo se deshacía de la CICIG. 

La victoria de enero 2019, con apoyo de militares, una parte de sector privado, derecha conservadora y los actores de la corrupción, aparentemente le dio una fuente de respiro a Morales.

Pero desde el 17 de abril, se desencadenó una nueva pesadilla: la gallina con crema y loroco.

Desde que se conoció la captura de Mario Estrada en Estados Unidos por supuestamente haber buscado financiamiento electoral del Cartel de Sinaloa, y particularmente, desde que se hizo público el encuentro entre Morales y Mario Estrada, las acciones del Presidente han sido erráticas. Por unos días, coqueteó con la idea de señalar de fraudulentas las elecciones del pasado 16 de junio. Luego se embarcó en una aventura para “adquirir” dos aviones Pampa III, bajo un vilo de total secretismo. Y recientemente, intentó suscribir el Acuerdo de “Tercer País Seguro” con Estados Unidos, a pesar de que esto convertiría a Guatemala en un gran campo de concentración de migrantes en tránsito.

¿Cómo explicar entonces esa seguidilla de actuaciones erráticas?

Cuestionar la legitimidad de los resultados electorales fue la medida desesperada que quedó luego de los desastrosos resultados del FCN-Nación en la primera vuelta. A pesar de un masivo esfuerzo de clientelismo electoral en las semanas previas, el partido de Gobierno alcanzó un pírrico resultado que a penas le dejó una bancada de 8 diputados para la siguiente legislatura.

La frustrada adquisición de los Pampa III y la frustrada intentona de suscribir el acuerdo de “Tercer País Seguro” parecían tener como objetivo buscar el beneplácito de Washington en los temas que más atención generan en la administración Trump: frenar la migración ilegal y combatir el narcotráfico.

Lo que no hace sentido son los tiempos. ¿Por qué intentar ganarse el favor de Washington ahora?

Ya entre 2017 y 2018 Morales buscó agradar a Trump en su intento de conseguir apoyos para su agenda anti-CICIG. El traslado de la Embajada a Jerusalén le generó suficientes amistades en Washington como para garantizar el silencio del Gobierno norteamericano una vez empezó la ofensiva por deshacerse de la Comisión. El balance de créditos y débitos parecía entonces estar saldado.

¿Por qué ahora nuevamente un sentido de urgencia de darle muestras de amor al coloso del norte?

La lectura es que Morales busca evitar -a toda costa- cualquier persecución en su contra una vez abandone el poder. Los magros resultados del 16 de junio le dejaron sin una fuerza política que -desde el Congreso- le permita negociar impunidad. Por ello su intentona de arremeter contra la legitimidad del proceso. Pero el nuevo coqueteo con Washington sólo hace sentido a la luz de los eventos de abril y Mario Estrada. Morales sencillamente siente que lo agarraron con las manos en el Loroco.

La receta no es nueva. Es la misma que ha utilizado en Honduras el Presidente Juan Orlando Hernández, quien a pesar que la misma DEA lo menciona como parte de una investigación sobre una organización dedicada al trasiego de drogas, sus constantes esfuerzos por agradar a la administración norteamericana, han sido suficientes para que -por lo menos a él- le dejen en paz. Por lo menos, por ahora.

Esa parece ser entonces la apuesta de Morales.

La era de las redes sociales, tan vitales y útiles en otros ámbitos, ha terminado de desquiciar la democracia, fomentando una degenerada arena política en la cual la polarización se convierte en la regla general.

Una de las cuestiones que más se menciona en Guatemala es el tema electoral, aun cuando lamentablemente nunca se ha debatido realmente. Desde 1985 existe el ritornello en torno a las imperiosas reformas legislativas las cuales terminan en auténticas deformas. A lo electoral, se han sumado otros temas que se han convertido en el mantra del discurso político de Guatemala. 

La estrategia que enmascara la pretensión política de dejar las cosas como están, recurre a un «formalismo jurídico» ramplón que cree que la ley lo es todo. Por ello, se insiste tanto en reformar –no entender- materias tales como: Contrataciones del Estado, Servicio Civil y Organismo Judicial, legislaciones que se han convertido en los cuatro jinetes del apocalipsis.   

En relación a lo electoral, se ha insistido hasta la saciedad en la importancia de crear auténticos partidos políticos para poder disfrutar una democracia que nunca llega. El constituyente, legalmente optó por convertir a los partidos políticos en órganos del Estado, para que éste o la mafia que habla en nombre de esta abstracción (Frederic Bastiat) los controle top-down, negando la importancia de la cultura política democrática que los debería propiciar como sucede en otros países en los cuales la operación es bottom-up. 

Por más reformas legales efectuadas en el ámbito político-electoral, la mayoría disparatadas, el resultado ha sido el mismo: «partidos franquicias» (Lemus: 2013). Estas organizaciones en nada se diferencian de lo que ocurre en otros sectores sociales. Si bien la intención de mejorar el sistema electoral es noble, es extraño que nadie depare en la pesadilla en que se ha convertido la institucionalidad del país. 

Mientras se quiere soñar con partidos políticos típicos del siglo XIX, la realidad muestra signos evidentes de desacreditación y crisis de los partidos sin parangón en la historia. Cambios culturales, tecnológicos, políticos y económicos han afectado a los partidos políticos, los cuales no son los únicos actores del sistema democrático como sucedía en el pasado. 

De hecho, si bien los partidos políticos siguen siendo en teoría vitales para la democracia, no hay la menor duda que la concepción política dominante es hostil a ellos, derivado de este proceso de «democratización» que fomenta desdén para con las «élites», establishment y dirigencia partidaria. De allí el sueño imposible de la «democracia interna» de los partidos políticos

Desde el WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram cada hombre-masa moderno (Ortega y Gasset) hace valer su opinión política sin necesidad de someterse a los rigores organizacionales de los partidos políticos. La era de las redes sociales, tan vitales y útiles en otros ámbitos, ha terminado de desquiciar la democracia, fomentando una degenerada arena política en la cual la polarización se convierte en la regla general, dado que los usuarios no han tenido ni tienen necesidad de someterse a la discusión en torno a principios, valores o anhelos políticos (ideología) así como una debida organización política para llevarlos a cabo.

A través de los medios de comunicación se puede comunicar un mensaje político con gran facilidad, incluso a título personal. De allí que los usuarios de las redes sociales terminen siendo inefectivos políticamente cuando se trate de frenar las derivas autoritarias por la falta de practica en lo que concierne al derecho de asociación. En efecto, si en países con democracias consolidadas ya empiezan a aflorar problemas graves como los plasmados en How Democracies Die de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, no queda la menor duda que en Guatemala se tienen mucho más retos y peligros.

Por ello, frente a la demagogia o al fanatismo de las masas, luce vital rescatar la importancia de las élites o a lo sumo retener la famosa ley de hierro de la oligarquía. Por ello, resulta vital atenuar el carácter pragmático en el ámbito de la política y volver en la medida de lo posible, a rescatar la importancia de las ideologías, pues como bien acotó Mark Lilla, «El fin de la ideología no significa que haya desaparecido la oscuridad. Ha traído una niebla tan espesa que ya no podemos leer lo que está justo frente a nosotros. Vivimos en una era ilegible».

El Ministerio de Trabajo reglamenta el trabajo a medio tiempo y esto es una buena noticia para los jóvenes. 

El pasado 27 de julio fue publicado en el Diario Oficial el acuerdo número 89-2019 del Ministerio de Trabajo que reglamenta el trabajo a tiempo parcial. La reglamentación llega dos años y medio después de que se aprobara y ratificara el convenio 175 de la OIT.

Sin duda el acuerdo es una buena noticia. Nuestro Código de Trabajo permitía contratar por jornadas de trabajo parciales, pero obligaba al patrono a pagar el salario de la jornada completa. Una rigidez que carece de completo sentido en los tiempos modernos que afecta principalmente a los jóvenes y aquellas personas que por compromisos familiares prefieren optar por un trabajo de medio tiempo.

La flexibilidad laboral avanza con esta reforma. Guatemala hoy ocupa el puesto 124 de 140 países de acuerdo con el Índice de Competitividad Global que elabora el Foro Económico Mundial. Sin duda nuestra legislación laboral no está ajustada a los retos del siglo XXI. 

Para los jóvenes es una buena noticia. 1 de cada 3 jóvenes asegura que no encuentra empleo por falta de experiencia. La aprobación del trabajo a tiempo parcial abrirá oportunidades a los jóvenes para insertarse al mercado laboral pues reduce el costo de contratar a un joven sin experiencia, por citar algún ejemplo. 

Por supuesto, el trabajo a tiempo parcial no es la solución a todos nuestros problemas. En lugar de la oposición que mostraron los trasnochados sectores sindicales, deberíamos enfocar nuestra atención a otros problemas regulatorios y estructurales que no permiten que nuestra economía despegue y nuestros trabajadores mejoren sus salarios.

En materia de regulación laboral aún falta superar un salario mínimo que está completamente por encima de los salarios medianos que se cobran en gran parte del interior del país. Lamentablemente el presidente Morales desechó la idea de los salarios mínimos diferenciados al asumir la presidencia y nunca propuso una alternativa.

Por el lado de la demanda de trabajo falta generar condiciones necesarias para la inversión, de lo contrario continuaremos con esta economía que crece por inercia, pero no genera suficientes oportunidades de trabajo. El hecho de que 1 de cada 3 trabajadores labore en el sector agrícola es muestra del atraso económico de nuestro país. En países desarrollados la mano de obra ocupada en agricultura no pasa del 5%.

Por el lado de la oferta laboral, hay mucho que hacer. El 44% de la fuerza laboral apenas tiene estudios a nivel de primaria y un 14% no tiene estudios. Solo un 20% acabó el diversificado y un 6% tiene educación universitaria. Eso sin hablar de la calidad de educación que reciben. Sin una mano de obra medianamente calificada, será difícil impulsar el anhelado crecimiento económico a largo plazo. A corto plazo, hay que generar muchos más empleos de los que hoy se generan para subir al tren del desarrollo a millones de guatemaltecos.

Un tema ausente en la discusión política nacional.

Durante los años noventa, los Estados de América Latina vivieron un proceso de rediseño, bajo el paraguas del “Consenso de Washington”. Las propuestas apuntaban hacia la construcción de Estados más pequeños, que se limitaran a ejercer un control regulatorio y financiero. Mientras que las funciones de administración y prestación de servicios debían delegárseles a entes distintos de sí mismos, ya sea a entidades descentralizadas, autónomas o privadas.

En Guatemala, esta receta la encontramos en la Ley del Organismo Ejecutivo, que establece que el Estado debe apostar por dos principios: 1) Subsidiariedad, según la cual “el Estado no se arroja funciones que pueden ser ejecutadas por los ciudadanos individual o libremente asociados”; y 2) Descentralización, según la cual el Gobierno “delega la ejecución y control administrativo de ciertas funciones a entes distintos de sí mismo o a sus entidades autónomas y descentralizadas, reteniendo las funciones reguladora, normativa y de financiamiento.”

La materialización del principio de subsidiariedad resulta evidente en varias instituciones. En Salud se apostó por la subcontratación de ONGs para la prestación de servicios de salud, a través del Programa de Extensión de Cobertura (PEC). En Educación, se organizaron las juntas de padres para la autogestión y la ejecución descentralizada de los recursos educativos, a través del Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE). En agricultura, se suprimió el programa de extencionismo rural y las instituciones asociadas. En comunicaciones, Caminos (unidad que operaba cual empresa de construcción pública) fue sustituida por el fideicomiso de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial.

La política de descentralización cobró forma en el 2002 con la aprobación de la Ley de Descentralización. La idea era que el Gobierno iniciara un proceso de traslado de funciones (tales como educación, salud, seguridad, economía, etc.) hacia los gobiernos municipales.

Sin embargo, con los años el modelo entró en impase. La política de subsidiariedad fue víctima del patrimonialismo de Estado, particularmente en Covial o en el PEC. O fue sujeta de presiones por grupos de interés, como el caso de la oposición sindical al PRONADE. Mientras que la política de descentralización ha quedado abortada por las limitaciones financieras de la mayoría de gobiernos municipales.

Durante la última década, varios de los casos expuestos han sido desbaratados: PRONADE en el 2008, el PEC en el 2013, y Covial que está programado a fenecer en un corto plazo. En agricultura, se ha buscado retomar el diseño institucional pre-Acuerdos de Paz. El problema es que mientras se revisa el modelo subsidiario de Estado, hace falta un debate sobre el modelo de Estado a construir. No sólo eso, sino que la readecuación de funciones estatales se realiza sobre el diseño de un Estado pensado bajo los esquemas de los noventas, lo que genera un desfase entre ordenamiento jurídico y funcionamiento institucional.

En este sentido, un tema pendiente ha sido plantear la discusión sobre el diseño estatal que se busca construir. ¿Reformamos el diseño de los noventa? ¿Desbaratamos el modelo del Consenso de Washington? ¿Construimos uno nuevo? ¿Qué modelo implementamos? Esa discusión está ausente en el debate político en Guatemala.

¿En realidad hubo fraude electoral?

Todo empezó com un discurso para negar la derrota. Fueron Estuardo Galdámez y el MLP quienes hablaron de fraude electoral. Parece inversosímil, pero un kaibil que abraza el discurso de la extrema derecha y una lideresa campesina que representa a una izquierda antisistema compartían la misma consigna.

Todo habría quedado ahí de no ser por lo que siguió los días posteriores. Decenas de imágenes que compartía la gente en redes sociales en las que aparecían discrepancias entre los votos que registraba el sitio web del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y lo consignado en algunas de las actas que aparecían escaneadas en el mismo sitio web o imágenes de actas supuestamente duplicadas encendieron las alarmas de mucha gente. El TSE había errado de forma garrafal con un software que en cuando había más de 20 partidos compitiendo generaba errores y por la mala organización en la digitación de actas.

Pero lo más trágico es que el TSE fue incapaz de explicar a la población, de manera pronta y oportuna, que esos errores no debían generar desconfianza en la población por una sencilla razón: los resultados que aparecen en el sistema no tienen validez legal. Toda la información errónea, actas mal copiadas, errores de programación, etc. son fallos lamentables, pero de ninguna forma afectaban el conteo oficial de votos.

Hay que recordar que nuestro sistema tiene dos garantías: la población civil que integra las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y Juntas Electorales Municipales y Departamentales, por una parte, y que de todo lo actuado por ellos queda constancia en papel y que es a partir de esa información que las juntas electorales determinan a los ganadores de la elección. Cuando finaliza la elección, las Juntas Receptoras de Votos realizan el conteo de votos, en presencia de los fiscales de los partidos, y luego envían el acta donde constan los resultados de la votación con sus duplicados a las Juntas Electorales y a la sección informática del TSE.

Lo que figure en esas actas es lo que interesa. Lo que esté en el sistema no vale. Mientras tanto la población se ha hecho de múltiples teorías de la conspiración con las decenas de imágenes de actas que no cuadran en el sistema, que, como insisto, servía únicamente para dar resultados preliminares y nada más.

En la audiencia de revisión que manda la ley, los partidos políticos no presentaron impugnaciones significativas y en cambio reprocharon al TSE los fallos del sistema (cuyos datos no sirven para nada en términos legales). Esto quiere decir que las Juntas Electorales deberían poder comenzar a adjudicar a los ganadores en la elección.

La gente además ha hecho eco de videos donde hay personas que supuestamente recibieron papeletas marcadas por un partido, de otros videos donde muestran “acarreados” o de cupones que entregaron algunos partidos a cambio de votos (principalmente de la UNE y del FCN).

Y sí, seguramente ocurrieron hechos puntuales que son delito y que deben ser castigados. Pero para que las supuestas “papeletas marcadas” hubiesen cambiado el resultado de la elección tendría que haber sido un fenómeno a gran escala y hubiesen tenido que contar con la complicidad de las Juntas Receptoras de Votos, pues son ellos quienes reciben las papeletas en la madrugada del día de la elección y quienes verifican que vengan correctamente.

Pensar que los más de 112,000 voluntarios guatemaltecos fueron cómplices de semejante barbaridad y admitieron papeletas marcadas es absurdo y un insulto a la integridad de los mismos. Sin olvidar que los partidos políticos tienen fiscales en los centros electorales y vigilan el proceso y habrían denunciado oportunamente el problema.

Con esto no quiero decir que nuestro sistema democrático sea admirable. Solo digo que precisamente el conteo de votos es una de las pocas garantías que tenemos. Como dije en otra oportunidad, Guatemala es considerado un régimen híbrido por el Índice de democracia de la Revista The Economist. Híbrido entre un régimen democrático y un régimen autoritario. Estamos únicamente encima de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Muy lejos de Costa Rica, Uruguay o Chile, los mejor calificados y las únicas democracias relativamente sólidas de la región.

Pero la compra de votos, el acarreo, el financiamiento ilegal de campañas, las pocas garantías a la libertad de expresión, la falta de seguridad de los votantes y candidatos, la poca independencia de las cortes, etc. son los factores que desde hace décadas nos tienen en la situación actual. Hablar de fraude sin evidencia solo genera incertidumbre y quiebra más nuestra pobre y débil institucionalidad. Las voces antisistema son las únicas que pueden ganar si la situación sube de tono. Mientras tanto, eso sí, nuestro Tribunal Supremo Electoral tiene que despertar para recuperar la confianza que perdió en este proceso.