Entre 2015 y 2019, Guatemala vivió un proceso sin precedente de lucha contra la corrupción y depuración judicial de sus élites políticas. Ni las manos limpias de la Italia de los noventas, ni la ofensiva anti-corrupción de Rumania de hace una década, puede compararse en magnitud y profundidad con lo ocurrido en Guatemala en este cuatrienio.

Como todo proceso de cambio político traumático, se generan algunas condiciones recurrentes.

La polarización fue una de ellas. La historia de las Revoluciones recuerda siempre a los radicales y a los defensores del statu quo, y siempre las voces moderadas fenecen ante los extremismos de quienes quieren cambiarlo todo y quienes quieren que no cambie nada. Esa polarización se sobrevino en Guatemala.

Otra condición es el desplome de los depuradores que iniciaron el cambio político. Los Cromwell, Robespierre y Maderos terminan cayendo víctima de la Revolución que ellos mismos iniciaron. La consolidación del cambio político cae en los hombros sobreviven la polarización y la lucha por el poder, al estilo de Guillermo de Orange, Napoleón y Plutarco Elías Calles. Esa dinámica se vive hoy en Guatemala, con los promotores del proceso depurador en franca retirada.

La tercera condición es el resultado subóptimo del proceso. Al estilo de la final de Game of Thrones, el poder generalmente no queda en manos de las fuerzas que protagonizaron la contienda, sino del actor que mejor logra posicionarse en medio del caos político. Las elecciones 2019 parecen adentrase en esa dinámica, con una competencia entre tres o cuatro candidatos “enanos” aspirando a voltear a Sandra Torres en segunda vuelta.

El riesgo latente en estos procesos es el caos. La polarización, el desplome de los depuradores y la temporalidad que toma gestarse el resultado subóptimo vienen acompañados de procesos de violencia y anarquía. Ninguna de las dos se ha hecho presente en el escenario guatemalteco. Pero lo cierto es que los fantasmas de la anarquía se posan amenazantemente sobre el firmamento.

Presidentes electos con antejuicios pendientes de resolver. “Enanos” victoriosos pero sin capacidad efectiva de gobernar.  Cortes desgastadas y un irrespeto generalizado a sus resoluciones. Organismos del Estado atomizados o desarmados. Todos estos fantasmas sí aparecen en la ecuación guatemalteca.

El riesgo entonces es replicar la maldición del náufrago que nada durante horas para sólo darse cuenta de que se alejó más de la orilla.

Alejarse de la orilla implica que mientras perdura la anarquía, las mafias se reagrupen y encuentren nuevas formas de operar el control del territorio y de los espacios de poder. Si la cooptación del poder central fue muy evidente, quizá reconozcan que en lo territorial sirve igual sus objetivos pero son el nivel de desgaste.

En febrero MP y CICIG presentaron una solicitud de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia contra Sandra Torres por su posible participación en hechos constitutivos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Por otra parte, según se dio a conocer en varios medios de comunicación, existen en el Ministerio Público más de veinte denuncias en contra de la candidata Torres. La gran pregunta es, derivado de lo anterior, ¿cumple con los requisitos de idoneidad y honradez?

Este proceso electoral ha estado plagado de discusiones legales. Los faroles apuntaron a los casos de Zury Ríos y Thelma Aldana. La primera quedó fuera por una prohibición constitucional y la segunda por carecer del mal llamado finiquito.

Pero menos atención recibieron los casos de Mario Estrada y Mauricio Radofrd, ambos fuera de la contienda electoral. Por ser candidatos con escasa probabilidad de ganar las elecciones, sus casos fueron menos llamativos. Pero lo relevante, para efectos de esta discusión, es el motivo por el cual fueron revocadas sus inscripciones: falta de idoneidad y honradez.

Mario Estrada fue detenido en Estados Unidos por conspiración para el narcotráfico. Días después, el Tribunal Supremo Electoral decidió revocar de oficio su candidatura bajo el entendido que su situación personal lo dejaba sin las cualidades de honradez e idoneidad que exige el artículo 113 de la Constitución. Igual razonamiento se dio en el caso de Mauricio Radford cuya candidatura se revocó por estar ligado a proceso por abuso de autoridad desde julio del 2010.

Ambas decisiones son fruto de un criterio que sostuvo el Tribunal Supremo Electoral en 2015 y que fue validado posteriormente por la Corte de Constitucionalidad en al menos cinco sentencias de apelación de amparo: la honradez e idoneidad son requisitos esenciales para optar a un cargo público y el Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad en materia electoral debe verificar si los aspirantes a optar a cargos de elección popular reúnen ambas cualidades.

El primer planteamiento se dio con Alfonso Portillo quien intentó inscribirse como candidato a diputado por el partido TODOS en 2015. El argumento del Tribunal Supremo Electoral fue que, al haber cumplido una condena en Estados Unidos por conspiración para el lavado de dinero, había perdido sus cualidades de idoneidad y honradez y rechazó su inscripción.

Pero en 2015 hubo cuatro casos que abrieron la puerta a una aplicación aún más laxa del criterio para calificar la idoneidad y la honradez de los aspirantes: los casos de los ex candidatos a diputados por el Partido Patriota Gudy Rivera y Emilennee Mazriegos y los ex candidatos a diputados por el partido LIDER Baudilio Hichos y Mirza Arreaga. ¿Qué tenían los cuatro en común? Tenían diligencias de antejuicio en trámite (aun no estaba resuelta su situación) y para el Tribunal Supremo Electoral eso era razón suficiente para perder las cualidades de idoneidad y honradez.

Como mencioné antes, los cuatro casos llegaron en apelación de amparo hasta la Corte de Constitucionalidad y en todos los casos se dictó sentencia respaldando la decisión del Tribunal Supremo Electoral sentando así doctrina legal.

En febrero MP y CICIG presentaron una solicitud de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia contra Sandra Torres por su posible participación en hechos constitutivos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Por otra parte, según se dio a conocer en varios medios de comunicación, existen en el Ministerio Público más de veinte denuncias en contra de la candidata Torres. La gran pregunta es, derivado de lo anterior, ¿cumple con los requisitos de idoneidad y honradez?

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de no admitir para su trámite las diligencias de antejuicio contra Torres le compró tiempo. La Corte de Constitucionalidad ya otorgó un amparo provisional que dejó en suspenso dicha resolución. Además, hay una gran posibilidad de que en sentencia de amparo la Corte de Constitucionalidad dé la razón a MP y CICIG y obligue a la Corte Suprema a volver a conocer el antejuicio contra Torres. De hacerlo y admitirlo para su trámite, la candidata perdería la idoneidad y honradez de acuerdo con los propios criterios que tanto el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad han sentado a partir de 2015. No hace falta esperar a que se le retire la inmunidad y menos a que se abra proceso penal. No hay vuelta.

Una reflexión sobre un instrumento para medir opinión pública.

En todo proceso electoral democrático a nivel mundial, el principal instrumento utilizado para evaluar el estado de opinión pública y las preferencias de los electores en relación con los candidatos a cargos de elección popular, son las encuestas. Sin embargo, en prácticamente todos los procesos electorales, es común escuchar dudas, cuestionamientos y críticas contra el uso de estas.

Para empezar, quizá la mejor forma de explicar una encuesta es con una analogía. Imaginemos que tenemos un clip de video, de digamos, 3 minutos de duración. La encuesta es el equivalente a tomar una fotografía o “captura de pantalla” en un momento determinado a lo largo de ese clip. La fotografía puede ser a los 10 segundos, al minuto, al minuto con 30 segundos, o a los dos minutos con 50 segundos. Y dependiendo de la imagen del video, así será la imagen de la fotografía.

Eso precisamente son las encuestas. Son fotografías de un determinado momento de la opinión pública. Y la opinión pública, cual video en la analogía, es dinámica y cambiante. La fotografía de hoy, será diferente a la de dentro de un mes, o de dentro de un año, porque la opinión pública (el video) es dinámica y va cambiando en función a variables externas.

Algunos casos relevantes. En 2004, las encuestas de principios de marzo señalaban que el Partido Popular mantendría el control del Gobierno español. Los atentados del 11 de marzo generaron tal shock en la opinión pública, que en las elecciones de los días subsiguientes, el PSOE obtuvo la victoria. O qué decir de la experiencia de Guatemala en 2015. La ofensiva anti-corrupción generó tal nivel de rechazo, aunado a la campaña de #NoTeToca, que el candidato que punteaba las encuestas al inicio del proceso (Manuel Baldizón) implosionó al punto de quedar en tercer lugar y fuera del balotaje.

Ahora mismo. El proceso electoral 2019 ha sido una pesadilla para las mediciones. Un mes antes de la elección, las candidatas en segundo y tercer lugar fueron inhabilitadas por las cortes. Ambas sumaban alrededor de 25% de intención de voto. A menos de 15 días de la elección, casi 1 de 3 guatemaltecos no tiene idea de por quién votar. Vaya dificultad para evaluar el dinamismo de la opinión pública.

En consecuencia, toda encuesta mide exclusivamente la opinión pública en el marco de un período determinado de tiempo. Verificar el período de recolección explica mucho de la fotografía presentada.

Luego, las encuestas son fotografías que si bien sirven para entender la opinión pública en un determinado momento, no son instrumentos de “predicción”. La encuesta de hoy de nada me sirve para predecir qué sucederá mañana. El mañana depende de mil y un variables exógenas. Por ello, es importante tener claro cuáles son los alcances reales de la encuesta.

Otra vez, la elección 2019 parece que nos arrojará un caso de estudio sobre lo anterior. La carrera por el segundo lugar está tan cerrada y con una meta tan baja -porcentualmente hablando- que seguramente veremos un “empate técnico” en la siguiente ronda de mediciones, haciendo prácticamente imposible una predicción concluyente sobre los resultados de la primera vuelta.

Tercero, la clave de la encuesta es la metodología para definir la muestra. La estadística nos dice que con una muestra bien definida, que sea representativa del universo a estudiar, 1,200 casos son efectivos para tener una fotografía fidedigna del universo. La muestra, entonces, debe segmentarse de tal modo que se representen los conglomerados que integran al universo (género, rangos de edad, nivel de ingreso, territorialidad, clivaje urbano-rural, etc.). Y si a ello se le agregan metodologías de aleatoriedad en la ubicación de los individuos a entrevistar, preguntas de filtro y control, se genera mayor certeza sobre la confiabilidad del instrumento.

En su justa dimensión, las encuesta de opinión pública son un instrumento efectivo para tener un termómetro de lo que piensa el electorado, para analizar la evolución del respaldo o rechazo a los candidatos, pero sobre todo, para conocer cuáles son los temas que preocupan al votante.

La votación por alguien y no por un proyecto o una idea moderna en 2019, impidió la construcción de un Estado moderno limitado por el ideal de Estado de Derecho. 

Cualquier lector de George Orwell conoce las ventajas de los anagramas. En este año de votaciones no de elecciones, cabe esperar un ejercicio de imaginación del lector sobre lo que podría suceder en la Guatemala del 2091. No pretendemos llevar el análisis institucional al ámbito de la ucronía o del ejercicio intelectual contra-factual, sino de manera seria poner al votante en la seriedad del ejercicio de su derecho al sufragio, tomando en cuenta las implicaciones que tendrá su decisión, o más triste aún, lo irrelevante de su decisión. 

Imaginemos la situación. En 2019 la gente votó por alguien, no por un proyecto ni una idea, dado que eso es muy sofisticado en el ecosistema electoral. La votación no retrasó el agravamiento de la crisis que padece el país desde épocas remotas. A la clase política y a la sociedad civil, le fue irrelevante el indicador del WJP Rule of Law Index 2017–2018, el EIU Democracy Index 2018, el Fragile States Index, el International Property Rights Index y la situación de los derechos humanos. [1]

La votación por alguien y no por un proyecto o una idea moderna en 2019, impidió la construcción de un Estado moderno limitado por el ideal de Estado de Derecho. El artefacto civilizador que tiene el monopolio de la coacción física legítima con arreglo a Max Weber, denominado Estado, no fue una preocupación en 2019.

En una votación-lotería como esas que se dan en América latina, la ciudadanía confió en el hombre o mujer redentora. La necesidad de una burocracia profesional, sólida organización, funcionamiento, procedimientos, financiación y control de la Administración pública, fue suplantada en 2019 por la insistencia voluntarista por arreglar las cosas que irrumpe cada cuatro años. Esa votación en 2019, fomentó la inercia de hacer las cosas mal una y otra vez desde 1985.

El voluntarismo en 2019 como prédica política, consistió en que se pueden hacer cosas con audacia y valentía, a pesar de que la realidad desmienta el entusiasmo por la acción temeraria. Alejados de cualquier discusión sensata en materia de Estado, diversos intelectuales, políticos, empresarios y advenedizos insistieron en que el problema de 2019, es que no tenemos los buenos hombres que han de cambiar las cosas.

No se leyó, la corrupción de un presidente sin tacha de Francisco Pérez de Antón pero si se fue a las urnas a ejercer el sufragio.

El mesías o salvador que se buscó en 2019, mostró una vez más la inocencia política de una sociedad que frente a la realidad adversa o bien sucumbe a sus deberes cívicos o se entrega a un salvador, outsider o redentor de pueblos, casi siempre aceitado con la consigna de que es «mejor malo conocido que bueno por conocer», cuando no en el advenedizo sin trayectoria política.

Cautivos de la imitación acrítica, Guatemala  en 2019 como muchos países de la región, equivocadamente fomentó la idea de que es más importante lo que debe hacer el Estado que lo que realmente puede hacer. Esta equívoca forma de pensar se tradujo en un Estado que quiso hacer mil cosas y que no pudo hacer ninguna bien. 

Desesperados porque no mejoran las cosas luego de la votación de 2019, se comenzó a buscar apoyo a la comunidad internacional para hacer las tareas y retos que la cacareada «soberanía nacional» decimonónica no pudo hacer. 

Ello implicó que políticos, funcionarios, organizaciones no gubernamentales (ONG), bancos de desarrollo y agencias de ayuda bilateral, investigadores, académicos y defensores inventaran en 2019, 2029, 2049 etc., una «gran política pública» para revertir la situación. El resultado fue un sinfín de proyectos, planes o  proyectos que terminaron en estruendosos fracasos o grandes corruptelas. 

La inercia por décadas nos llevó al 2091. Algunos académicos, habían advertido que 2019 era la oportunidad para revertir el deterioro. Si se hubiese tenido una idea institucional moderna en ese año se cosecharían buenos frutos en 2091. Como ello no ocurrió, la sociedad volvió a recordar que los académicos Matt Andrews, Lant Pritchett y Michael Woolcock, habían sostenido en 2017 que tal y como marchaban las cosas «Guatemala solo alcanzaría una gran capacidad estatal en el año 2584». 

Ello no importó en 2019 dado la cultura egoísta. La votación era lo que demandaba el presente. Quizás el elector pensó desde el punto de vista político que «In the long run we are all dead» como sostuviere John Maynard Keynes. Lo cierto es que en 2019, 2091 y posiblemente 2584 estamos igual si no nos tomamos las cosas en serio.

Referencias: 

[1]  «Guatemala se encuentra en la encrucijada de adoptar medidas para resolver estos problemas y garantizar los derechos humanos del pueblo guatemalteco, o de lo contrario se arriesga a enfrentar retrocesos en esta materia y repetir episodios de graves violaciones de los derechos humanos del pasado».

Cuando los micro-actores compiten y desplazan a los grandes poderes.

El mundo vive una transformación de sus estructuras. Por primera vez en la historia, vivimos un período en el que pequeños actores compiten y desplazan a los grandes actores de poder.

En materia política, vemos el rechazo de las sociedades a la política tradicional. Las victorias electorales de Donald Trump en Estados Unidos, de Jimmy Morales en Guatemala o de Luis Guillermo Solís en Costa Rica, además del ascenso de Podemos y Ciudadanos en España o de los movimientos de extrema derecha en Europa, tienen una narrativa en común: el rechazo de los votantes contra el establishment político tradicional, y el apoyo electoral a “nuevas opciones políticas”. En cambio, vemos que grandes dinastías políticas –aquellas que se entendían como favorecidas para acceder al poder- sufren derrota tras derrota: Jeb Bush y Hillary Clinton en Estados Unidos, Keiko Fujimori en Perú o Rahoul Ghandi en India, evidencian como las ciudadanías de varios países optan por separarse de los clanes políticos familiares.

Vemos también un divorcio entre el discurso de las élites, los formadores de opinión y los medios de comunicación, con las demandas de las masas ciudadanas. El Brexit en Gran Bretaña, el triunfo del “No” al plebiscito sobre los Acuerdos de Paz en Colombia, la victoria de Donald Trump, o incluso, el crecimiento de una opción con Marine Le Pen en Francia evidenciaron que las narrativas mediáticas y de élites académicas no necesariamente representan el sentir de las grandes capas medias de estos tres países.

Vemos también un enfrentamiento directo entre poderes judiciales y poderes políticos. En Estados Unidos, la investigación del ex Director del FBI, James Comey, sobre una posible  influencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, o sobre posibles revelaciones de información clasificada, ponen en aprietos al hombre más poderoso del mundo. En Brasil, la investigación de un grupo de fiscales ha generado un terremoto político de grandes magnitudes: Lula da Silva, Dilma Roussef, una veintena de senadores, políticos y grandes empresarios brasileños han sucumbido como consecuencia del caso Lava Jaito. Mientras las investigaciones del caso Odebrecht hacen tambalear a las élites políticas de Perú, Panamá, Colombia, República Dominicana, y Guatemala. Y aquí mismo, fiscales del Ministerio Público e investigadores de CICIG, trajeron a bajo a un Gobierno, depuraron a una veintena de diputados, tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y más de 25 altos funcionarios.

Pero no sólo en política se vive este fenómeno. En materia económica, pequeños actores desplazan a poderes tradicionales. Hoy los nuevos multimillonarios no son los herederos de grandes consorcios empresariales. No, por lo general son jóvenes genios que desarrollan productos y servicios informáticos, y que amasan fortunas en pocos años. Veamos el caso de algunas empresas. Uber, sin ser propietario de un solo vehículo, tiene un valor en bolsa más alto que empresas tradicionales como Ford o General Motors. O veamos AirBnB, que sin ser propietario de un solo hotel, tiene mayor valor que grandes cadenas como Hilton o Marriott.

Por primera vez en la historia de la humanidad, los pequeños compiten en igualdad de condiciones con los grandes. Esto implica un cambio en la forma de hacer las cosas en el mundo. Y naturalmente, la gobernanza, la estabilidad tradicional y las reglas del juego mutan.

La inconsistencia entre los datos digitalizados y las actas de las mesas electorales alimentó la idea de que se estaba gestionado un fraude electoral, lo que muchos han aprovechado para promocionar agendas políticas.

El actual proceso electoral  ha dejado un Tribunal Supremo Electoral desprestigiado. Se le percibe como un órgano arbitrario, que ha sido complaciente con ciertos partidos políticos o candidatos; en tanto que ha sido estricto con otros. El TSE ha sido incapaz de regular el financiamiento de los partidos políticos y tampoco hizo mucho con las múltiples denuncias de clientelismo electoral.

Pero el punto más crítico ocurrió el día de las elecciones. La inconsistencia entre los datos digitalizados y las actas de las mesas electorales alimentó la idea de que se estaba gestionado un fraude electoral, lo que muchos han aprovechado para promocionar  agendas políticas mezquinas y espurias.

¿En realidad ocurrió un fraude electoral? Veamos el asunto sin pasiones. Nuestro sistema electoral fue diseñado para que la ciudadanía, voluntarios en su mayoría, fueran los garantes del proceso. Más de cien mil ciudadanos participaron en el proceso electoral el pasado 16 de junio, distribuidos en más de veinte mil mesas electorales, lo cual da una idea de lo complejo que sería conspirar para que ocurra un fraude.  Estas personas no son funcionarios públicos, sino personas de distintos orígenes que están dispuestas a donar de su tiempo para construir democracia. Así ha funcionado el sistema desde 1985 y no  cambió en esta ocasión.

El segundo punto es que las inconsistencias entre las actas y los datos digitalizados se pueden corregir haciendo una revisión minuciosa de los documentos físicos. Si el problema es la digitalización, se tienen los documentos originales para verificar que la información sea la correcta. Afortunadamente nuestro sistema todavía depende del papel, lo cual es arcaico, pero en esta situación resulta muy útil.  

Y es más, nuestro sistema es abierto a la fiscalización del público y por eso se detectaron dichas anomalías, que insisto, se pueden remediar. No estamos en el sistema que prevalecía en los setentas, en donde el conteo de votos era opaco, al que tenía acceso solo ciertos funcionarios públicos y por eso se facilitaban los fraudes  de aquella época.

El tercer punto importante es que el conteo de votos rápido, para el caso de la elección presidencial, que realizó el National Democratic Institute la noche del 16 de junio, presenta resultados iguales a los que preliminarmente presentó el Tribunal Supremo Electoral. El NDI es una organización internacional, independiente y con experiencia en observaciones electorales en diversos países. A eso se suma que las encuestas serias, publicadas días antes del evento electoral, también preveían un resultado muy similar al que finalmente se concretó. ¿Cómo se puede afirmar entonces que hubo fraude electoral, si se tuvo todo un sistema de observación ciudadana local y de organismos internacionales activos en todo el territorio nacional?

Quienes afirman que hubo fraude electoral, tienen una agenda política muy marcada. Están los candidatos presidenciales que quedaron relativamente cerca de pasar a segunda vuelta, pidiendo que se repitan las elecciones, muy probablemente con la esperanza de lograr mejores resultados.

También están los que pareciera que desean instalar un escenario de caos. El  Presidente Jimmy Morales, el partido oficial y algunos aliados, parecen ser los que impulsan esta agenda. El FCN sabe que pierde poder y por eso están interesados en fermentar un ambiente enrarecido que les pueda favorecer.

Y están aquellos que simplemente no les gusta el resultado. Se vale que no gusten las opciones que quedaron. Es nuestro derecho expresarlo. Lo que no se vale, es querer manipular el sistema para alterar ese resultado. Se pone en riesgo la poca institucionalidad que nos queda.

Se debe exigir al TSE que solvente los errores cuánto antes y que se deduzcan responsabilidades. Pero los ciudadanos debemos ser responsables y no prestarnos a teorías sin fundamento. Es imposible que ocurra un fraude electoral a gran escala con el actual sistema.

Columna publicada originalmente en El Periódico. 

Estamos a pocos días de las elecciones generales 2019 y la incertidumbre continúa siendo la variable clave.

Hace apenas días se caía la quinta candidatura presidencial cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciaba que revocaba la inscripción de Edwin Escobar del partido Prosperidad Ciudadana. Se podría decir que hasta menos de 15 días antes del evento electoral tuvimos certeza (si no pasa nada los últimos días) de quiénes estarán en la boleta electoral por la presidencia. Una locura.

Sin duda habrá que esperar las últimas encuestas que se publicarán pocos días antes de la elección para saber con mayor claridad cómo está la carrera presidencial. De momento, de acuerdo con el último sondeo de CID-Gallup de finales de mayo, Sandra Torres encabeza la intención de voto con 21%; Alejandro Giammattei segundo con 12%, Roberto Arzú en tercer lugar con 9% y en cuarto lugar Edmond Mulet con 7%.

Sandra Torres mantiene su caudal, pero no crece demasiado. En el sondeo de CID-Gallup abril, aparecía igualmente con 21%. Recordemos que en 2015 logró 19.76% de votos en primera vuelta así que digamos que se mantiene en ese rango. Alejandro Giammattei tampoco creció demasiado pues en abril tenía 8% de intención de voto, aunque al hacer el simulacro de papeleta sin Zury Ríos y Thema Aldana ya aparecía en segundo lugar con 12%, los mismos que reflejan el sondeo de abril.

Mulet y Arzú también se estancaron en 7% y 9% respectivamente, pero ojo: si asumimos que votará el 65% del padrón, Giammattei recibiría 635,684 votos en tanto que Arzú 476,763 y Mulet 370,816. Es decir, que Arzú está a 158,921 votos de Giammattei y Mulet a 264,868. Tomaría algo extraordinario para que uno de estos dos candidatos suba al segundo lugar, pero no sería imposible.

El gran factor será el votante indeciso que suma el 24%, más que cualquier otro candidato. Claro está que ese voto indeciso se distribuirá entre varios candidatos, pero precisamente el alto nivel de indecisión hace difícil, por no decir imposible, hacer predicciones más o menos fiables en esta elección presidencial.

Lo que está más claro es el Congreso: de acuerdo con las proyecciones de Quique Godoy, la UNE podría meter entre 45 y 50 diputados, casi un tercio del Congreso, difícil para hacer mayoría, pero suficiente para marcar el ritmo y hacer alianza con bancadas que sirvan de bisagra. Lejos estarían TODOS y Vamos con 15 y 12 diputados respectivamente, Valor y FCN con 10, Podemos con 7 y CREO y Semilla con 6. Luego vendrían más bancadas pequeñas.

Es difícil hacer predicciones al Congreso por el efecto de la fórmula para distribuir escaños, pero la aproximación nos da una idea. Es posible que partidos como FCN tengan mejores resultados de los proyectados debido a que cuentan con estructuras fuertes de la vieja política. Recordemos que FCN “fichó” a muchos cuadros de LIDER Y PP como el propio Estuardo Galdámez, Delia Bac (sus dos hijos son candidatos), Armando Escribá y quien fuera el alfil de Manuel Baldizón en el Congreso, Roberto Villate.  Incluso “fichó” a algunos ex UNE como Domingo Trejo de Escuintla, Ferdy Elías de Quiché o Rudy Pereira de Alta Verapaz.

Las fuertes estructuras podrían ayudar también a Roberto Arzú. De los partidos de coalición que lo postulan, PAN y Podemos, podemos agregar un par de elementos para el análisis. El PAN tiene un reconocimiento de marca importante por su antigüedad y eso ayuda. Podemos tiene entre sus cuadros a gente de la vieja política con capacidad de movilización como Ronald Sierra en Alta Verapaz, Iván Arévalo de Totonicapán (ex FRG y PP) o Rubén Darío Crespo, hijo de Arístides Crespo, quien fuera del PAN de Arzú, del FRG de Portillo y luego del PP; ahora imputado por un caso de plazas fantasma.

El voto nulo ha generado más dudas que respuestas ante el silencio irresponsable del TSE que no ha explicado si el voto nulo computará para determinar si alguien obtiene mayoría absoluta en la elección presidencial o no. En la elección para el Congreso no tendría efecto alguno pues se tome o no en cuenta el voto en nulo, la asignación de escaños no debería variar. Espero que el TSE aclare lo que atañe al voto nulo en la elección presidencial lo más pronto posible.

De cualquier modo, considero que el voto nulo es un sinsentido porque necesita ganar la elección presidencial por la mitad más uno de votos totales: si asumimos que vota el 65% del padrón, el voto nulo debería sacar 2,648,683. Exacto, es imposible.

El voto nulo fue una de las consignas más sonadas en la plaza en 2015. Finalmente, los diputados aprobaron las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para legislar los efectos del voto nulo. Sin embargo, hay mucha desinformación en cuanto a sus efectos.

Primero, ¿qué es voto nulo? ¿es lo mismo que el voto en blanco?

El artículo 237 de la LEPP dice que voto nulo es aquel que no tenga marcado de forma certera una "X" a favor de un partido político determinado. Con lo cual, si usted marca la boleta con símbolos ilegibles, con palabras o con insultos, el voto es nulo. Este detalle es importante porque se le da la misma validez al voto nulo "intencional" que al voto nulo por error, el cual ocurre cuando una persona involuntariamente marca más de una casilla o no se distingue con claridad por qué candidato ha votado.

Ahora bien, si usted no marca la boleta y la deposita en blanco, entonces se considera voto blanco, pero no nulo. ¿Cuál es la diferencia? Para efectos prácticos, los votos blancos no tienen validez. Los votos nulos servirán para determinar si se repite la elección.

¿Si gana el voto nulo entonces habrá nueva elección con nuevos candidatos?

Sí y no. Para que gane el voto nulo, éste debe sacar más del 50% de votos válidos. Y si el voto nulo ganara, se repite la elección, pero la ley no obliga a que se presenten otros candidatos distintos. ¿Qué sentido tiene entonces? Bueno, la reforma la hicieron los políticos, así que no debe extrañar. La versión original de la reforma era que los partidos debían presentar candidatos distintos si se repetía la elección, pero los congresistas suprimieron esa pequeña frase antes de aprobarla.

Pongamos un ejemplo. Pensemos que en una comunidad donde asisten a votar 100 personas para elegir a su presidente y el voto nulo obtiene 49 votos y el resto de candidatos los restantes 51 votos. Aunque el voto nulo obtenga “mayoría relativa”, la elección no se repetiría porque debe obtener más de la mitad de los votos válidos.

En este punto hay confusión. Algunos argumentan que si el voto nulo no alcanza más de la mitad de votos, no se debería tener en cuenta el voto nulo para determinar quién sacó más de la mitad de votos. Es decir, en nuestro ejemplo anterior, dado que el nulo sacó solo 49 votos, habría que tomar como votos válidos totales únicamente los 51 que fueron emitidos a favor de algún partido político. Con ello, si un partido obtuvo 27 votos, ganaría la elección en primera vuelta.

Pero eso es no es lo que la ley dice o al menos no explícitamente. La clave está en determinar qué es un “voto válido”, pues la ley no lo define. Lo que sí define la ley es qué es un “voto inválido” y se refiere a “(…) los votos que no estén consignados en boletas legítimas, aquellos que pertenezcan a distrito electoral diferente o que no correspondan a la Junta Receptora de Votos de que se trate (…)”, artículo 237 LEPP.

A contrario sensu, cualquier voto emitido en una boleta legal y que corresponda al centro electoral correspondiente, sea a favor de un candidato o “nulo”, es un “voto válido”. Por ello sostengo el argumento de que los votos nulos deben tenerse como votos válidos a efectos de determinar cuál es la mayoría absoluta cuando corresponda.

Está claro que no se puede repetir elecciones indefinidamente, por eso el artículo 203 BIS establece claramente que se repetirían una sola vez. En segunda vuelta ya el voto nulo no tiene relevancia y ganaría el que saque más votos entre uno y otro.

El voto nulo puede "ganar" a distintos niveles

Por último, menciono que el voto nulo puede obligar a repetir una elección de alcaldes o diputados. Recuerde que el día que usted asista a votar le darán 5 papeletas: 1) presidente y vicepresidente; 2) diputados por lista nacional; 3) diputados distritales; 4) alcalde y corporación municipal y, 5) diputados al PARLACEN.

Puede ser que el voto nulo no gane en la elección presidencial (es poco probable que saque los casi 3 millones de votos que harían falta para que eso ocurra), pero puede que la elección para alguna alcaldía la gane el voto nulo. En ese caso, la elección de corporación municipal y alcalde debe repetirse. La ley permite que si hay segunda vuelta presidencial (como ha ocurrido siempre desde 1985) se celebre en ese mismo evento la elección a repetir.

¿Cómo funciona en otros países?

En general en muchos sistemas el voto nulo no tiene validez. En nuestro caso la coyuntura del 2015 generó una demanda ciudadana por el voto nulo, pero no es una solución a nuestros problemas actuales. Lo normal, en todo caso, es que sea el voto en blanco el que tenga alguna validez.

En España el voto en blanco se tiene como válido y esto es clave porque existen umbrales mínimos para asignar escaños al Congreso. Por ejemplo, para las elecciones nacionales los partidos que no obtengan 3% de votos totales no tienen derecho a optar por repartición de escaños. Si el voto en blanco es alto, se vuelve complicado llegar al 3% mínimo.

En Colombia el voto en blanco tuvo validez a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2011. En ese país, si el voto blanco gana por mayoría, se repite la elección por una sola vez y deben presentarse nuevos candidatos o nuevas planillas, según sea el caso. De hecho, en 2011, en Antioquia, el voto en blanco le "ganó" una elección local al único candidato que se presentó. Tuvo que repetirse con candidatos nuevos y ganó naturalmente alguien más.

No hay muchos casos donde el voto nulo o el voto en blanco haya sido determinante en unas elecciones. En el caso colombiano solo tenemos como referencia el caso de Antioquia y en países como Ecuador, donde el voto en blanco tiene el mismo efecto de repetir elecciones, nunca ha pasado del 10%.

Hay que tener presente que desde el punto de vista de principios es deseable que el votante tenga la opción de manifestar su voto de rechazo. Pero también hay que tener en cuenta que la regulación que se eligió en Guatemala dando validez al voto nulo y no al voto en blanco, no es la más feliz. Será un tema para reflexionar en las reformas electorales del futuro.

¿En realidad hubo fraude electoral?

Todo empezó com un discurso para negar la derrota. Fueron Estuardo Galdámez y el MLP quienes hablaron de fraude electoral. Parece inversosímil, pero un kaibil que abraza el discurso de la extrema derecha y una lideresa campesina que representa a una izquierda antisistema compartían la misma consigna.

Todo habría quedado ahí de no ser por lo que siguió los días posteriores. Decenas de imágenes que compartía la gente en redes sociales en las que aparecían discrepancias entre los votos que registraba el sitio web del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y lo consignado en algunas de las actas que aparecían escaneadas en el mismo sitio web o imágenes de actas supuestamente duplicadas encendieron las alarmas de mucha gente. El TSE había errado de forma garrafal con un software que en cuando había más de 20 partidos compitiendo generaba errores y por la mala organización en la digitación de actas.

Pero lo más trágico es que el TSE fue incapaz de explicar a la población, de manera pronta y oportuna, que esos errores no debían generar desconfianza en la población por una sencilla razón: los resultados que aparecen en el sistema no tienen validez legal. Toda la información errónea, actas mal copiadas, errores de programación, etc. son fallos lamentables, pero de ninguna forma afectaban el conteo oficial de votos.

Hay que recordar que nuestro sistema tiene dos garantías: la población civil que integra las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y Juntas Electorales Municipales y Departamentales, por una parte, y que de todo lo actuado por ellos queda constancia en papel y que es a partir de esa información que las juntas electorales determinan a los ganadores de la elección. Cuando finaliza la elección, las Juntas Receptoras de Votos realizan el conteo de votos, en presencia de los fiscales de los partidos, y luego envían el acta donde constan los resultados de la votación con sus duplicados a las Juntas Electorales y a la sección informática del TSE.

Lo que figure en esas actas es lo que interesa. Lo que esté en el sistema no vale. Mientras tanto la población se ha hecho de múltiples teorías de la conspiración con las decenas de imágenes de actas que no cuadran en el sistema, que, como insisto, servía únicamente para dar resultados preliminares y nada más.

En la audiencia de revisión que manda la ley, los partidos políticos no presentaron impugnaciones significativas y en cambio reprocharon al TSE los fallos del sistema (cuyos datos no sirven para nada en términos legales). Esto quiere decir que las Juntas Electorales deberían poder comenzar a adjudicar a los ganadores en la elección.

La gente además ha hecho eco de videos donde hay personas que supuestamente recibieron papeletas marcadas por un partido, de otros videos donde muestran “acarreados” o de cupones que entregaron algunos partidos a cambio de votos (principalmente de la UNE y del FCN).

Y sí, seguramente ocurrieron hechos puntuales que son delito y que deben ser castigados. Pero para que las supuestas “papeletas marcadas” hubiesen cambiado el resultado de la elección tendría que haber sido un fenómeno a gran escala y hubiesen tenido que contar con la complicidad de las Juntas Receptoras de Votos, pues son ellos quienes reciben las papeletas en la madrugada del día de la elección y quienes verifican que vengan correctamente.

Pensar que los más de 112,000 voluntarios guatemaltecos fueron cómplices de semejante barbaridad y admitieron papeletas marcadas es absurdo y un insulto a la integridad de los mismos. Sin olvidar que los partidos políticos tienen fiscales en los centros electorales y vigilan el proceso y habrían denunciado oportunamente el problema.

Con esto no quiero decir que nuestro sistema democrático sea admirable. Solo digo que precisamente el conteo de votos es una de las pocas garantías que tenemos. Como dije en otra oportunidad, Guatemala es considerado un régimen híbrido por el Índice de democracia de la Revista The Economist. Híbrido entre un régimen democrático y un régimen autoritario. Estamos únicamente encima de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Muy lejos de Costa Rica, Uruguay o Chile, los mejor calificados y las únicas democracias relativamente sólidas de la región.

Pero la compra de votos, el acarreo, el financiamiento ilegal de campañas, las pocas garantías a la libertad de expresión, la falta de seguridad de los votantes y candidatos, la poca independencia de las cortes, etc. son los factores que desde hace décadas nos tienen en la situación actual. Hablar de fraude sin evidencia solo genera incertidumbre y quiebra más nuestra pobre y débil institucionalidad. Las voces antisistema son las únicas que pueden ganar si la situación sube de tono. Mientras tanto, eso sí, nuestro Tribunal Supremo Electoral tiene que despertar para recuperar la confianza que perdió en este proceso.

Un tema ausente en la discusión política nacional.

Durante los años noventa, los Estados de América Latina vivieron un proceso de rediseño, bajo el paraguas del “Consenso de Washington”. Las propuestas apuntaban hacia la construcción de Estados más pequeños, que se limitaran a ejercer un control regulatorio y financiero. Mientras que las funciones de administración y prestación de servicios debían delegárseles a entes distintos de sí mismos, ya sea a entidades descentralizadas, autónomas o privadas.

En Guatemala, esta receta la encontramos en la Ley del Organismo Ejecutivo, que establece que el Estado debe apostar por dos principios: 1) Subsidiariedad, según la cual “el Estado no se arroja funciones que pueden ser ejecutadas por los ciudadanos individual o libremente asociados”; y 2) Descentralización, según la cual el Gobierno “delega la ejecución y control administrativo de ciertas funciones a entes distintos de sí mismo o a sus entidades autónomas y descentralizadas, reteniendo las funciones reguladora, normativa y de financiamiento.”

La materialización del principio de subsidiariedad resulta evidente en varias instituciones. En Salud se apostó por la subcontratación de ONGs para la prestación de servicios de salud, a través del Programa de Extensión de Cobertura (PEC). En Educación, se organizaron las juntas de padres para la autogestión y la ejecución descentralizada de los recursos educativos, a través del Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE). En agricultura, se suprimió el programa de extencionismo rural y las instituciones asociadas. En comunicaciones, Caminos (unidad que operaba cual empresa de construcción pública) fue sustituida por el fideicomiso de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial.

La política de descentralización cobró forma en el 2002 con la aprobación de la Ley de Descentralización. La idea era que el Gobierno iniciara un proceso de traslado de funciones (tales como educación, salud, seguridad, economía, etc.) hacia los gobiernos municipales.

Sin embargo, con los años el modelo entró en impase. La política de subsidiariedad fue víctima del patrimonialismo de Estado, particularmente en Covial o en el PEC. O fue sujeta de presiones por grupos de interés, como el caso de la oposición sindical al PRONADE. Mientras que la política de descentralización ha quedado abortada por las limitaciones financieras de la mayoría de gobiernos municipales.

Durante la última década, varios de los casos expuestos han sido desbaratados: PRONADE en el 2008, el PEC en el 2013, y Covial que está programado a fenecer en un corto plazo. En agricultura, se ha buscado retomar el diseño institucional pre-Acuerdos de Paz. El problema es que mientras se revisa el modelo subsidiario de Estado, hace falta un debate sobre el modelo de Estado a construir. No sólo eso, sino que la readecuación de funciones estatales se realiza sobre el diseño de un Estado pensado bajo los esquemas de los noventas, lo que genera un desfase entre ordenamiento jurídico y funcionamiento institucional.

En este sentido, un tema pendiente ha sido plantear la discusión sobre el diseño estatal que se busca construir. ¿Reformamos el diseño de los noventa? ¿Desbaratamos el modelo del Consenso de Washington? ¿Construimos uno nuevo? ¿Qué modelo implementamos? Esa discusión está ausente en el debate político en Guatemala.