Una atípica primera semana de campaña electoral.

El 18 de marzo dio inicio formalmente los 90 días de campaña electoral 2019. Una campaña que sin duda será atípica por los cambios normativos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

En espacios anteriores, hemos discutido que la nueva normativa electoral tiene un efecto concreto: el capital político previo constituye el mayor activo de un candidato en la contienda. Quienes no son conocidos ya, entran en una posición de desventaja, ya que en 90 días, con acceso limitado a medios de comunicación y con un financiamiento privado que seguramente estará deprimido, hacer campaña mediática de forma masiva ya no es una opción.

En este contexto, los candidatos deberán desarrollar estrategias de campaña innovadoras y alternas si desean mejorar su nivel de conocimiento. Al tiempo que deberán conectar con las necesidades de la población si desean convertir ese conocimiento en intención de voto.

La primera semana de campaña fue un buen ejemplo de estas dinámicas de marketing político.

Edmund Mulet de Humanista, Manuel Villacorta de Winaq y Julio Héctor Estrada de CREO recurrieron a la forma añeja de darse a conocer: recorrer a pie el país. Mulet hizo recordar las campañas de Acisclo Valladares de mediados de los noventa al colocarse con una pancarta en la Calzada Roosevelt. Villacorta, con megáfono en mano, recorrió puntos clave de la ciudad y de municipios del interior del país, para hablarle a conglomerados de transeúntes presentes. Mientras que Estrada hizo campaña en buses del transporte. Los tres, con el mismo objetivo: darse a conocer.

Alguien me decía: “hacer campaña a pie era la forma en que los candidatos se daban a conocer cuando la política no era negocio y cuando no fluían los millones que inundaron las campañas electorales.”

Por otro lado, candidatos como José Luis Chea de Productividad y Trabajo, el oficialista Estuardo Galdámez de FCN-Nación recurrieron al modelo de los spots “pegajosos”, pero a intentar viralizarlos vía redes sociales.

Hablando de redes sociales, Thelma Aldana y Zury Ríos recurrieron a mensajes vía los medios digitales.

Una de las paradojas de esta semana fue la cercanía de discursos entre dos candidatos que, en el papel, debieran ser diametralmente opuestos. Sandra Torres y Roberto Arzú. La primera, prometiendo que sacará al Ejército a las calles; y el segundo, declarando la guerra a las pandillas, intentando aprovechar el caso del linchamiento en Mixco del pasado jueves. Intento que resultó fallido, dado que al compartir imágenes del linchamiento, Twitter le sancionó por incumplir su normativa.

En fin. Ambos apelaron a una necesidad latente en las encuestas. 21% de ciudadanos señala que la inseguridad es el principal problema de país; y a parte, un 7% específicamente dice que el fenómeno de la extorsión es el principal flagelo que afecta a Guatemala.

Una extrañeza de la semana fue la falta de discursos coherentes en materia económica. Las mismas encuestas señalan que un 24% de la ciudadanía dice que le principal problema es la falta de empleo; al que se suma un 7% que considera que es el alto costo de vida. Sin duda, será interesante ver cuáles candidatos intentan posicionarse sobre la temática económica; pero sobre todo, quiénes logran conectar de forma efectiva con el elector.

Así transcurrió la primera semana de campaña en el marco de unas estas alegres, pero atípicas, elecciones.

Un audio entre Sandra Torres y Gustavo Alejos muestra cómo se recaudaron fondos para el partido UNE en las elecciones del 2015.

Prensa Libre dio a conocer un audio que se filtró que contiene una conversación que sostenía Sandra Torres con Gustavo Alejos en 2015. Según se dice, ese audio es parte de los indicios del expediente del Caso de financiamiento electoral ilícito que presentaron CICIG y MP en enero contra varios integrantes del partido UNE.

¿Cuál era el caso?

En enero la CICIG y el MP acusan al partido UNE de: a) recibir financiamiento de fuentes ilícitas; y b) de recibir dinero lícito pero que no fue reportado a las autoridades como la ley electoral lo manda. Esto en las elecciones de 2015.

En síntesis, la acusación de financiamiento de origen ilícito viene del Caso Traficantes de Influencias donde existía una estructura en la SAT que se dedicaba a cobrar “mordidas” para “agilizar” la devolución del crédito fiscal. Según la CICIG, una de las entidades comerciales de cartón en las que se recibía el dinero de los sobornos, pagó gastos de campaña de la UNE. Ya que esas “mordidas” son fruto de delitos como de tráfico de influencias y cohecho, se considera que la campaña de UNE tiene fondos de origen ilícito.

Y la otra parte del caso se fundamenta en que hubo una serie de personas que aportaron fondos de origen lícito a la campaña de UNE pero no lo hicieron (como manda la ley) donando los recursos al partido y reportando la donación. Por el contrario, simulaban hacer “pagos” por prestación de servicios a una entidad comercial (MAARIV, S.A.) y luego desde esta entidad se pagaban gastos de campaña o se le daba directamente fondos a candidatos del partido.

¿Por qué esto afecta a Sandra Torres?

El caso intenta demostrar que la entonces candidata presidencial del partido UNE, Sandra Torres, tenía pleno conocimiento de la forma en que se financiaba el partido y que además dio su consentimiento para hacerlo de tal forma. A su vez, uno de los testigos dentro del caso, asegura que le entregó un cheque por Q.250,000.00 directamente a Sandra Torres. De ahí que la acusen de asociación ilícita (6 a 8 años de prisión) y de financiamiento electoral no registrado (1 a 5 años de prisión).

¿Qué pasó con el caso? ¿qué acciones proceden?

Varios de los señalados dentro de este caso están rindiendo primera declaración ante un juez. Sin embargo, Sandra Torres (acusada de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado) y varios diputados no porque gozan del derecho de antejuicio. Al ser así, la Corte Suprema de Justicia, en una inexplicable decisión, rechazó las diligencias de antejuicio en contra de Torres y los diputados de UNE.

La única acción que procede ahora es que MP y/o CICIG interpongan un amparo, que conocería la Corte de Constitucionalidad, en contra de la decisión de la Corte Suprema de rechazar el antejuicio. Pasarán varias semanas hasta que sepamos si la Corte de Constitucionalidad (CC) otorga el amparo.

Si lo otorga, lo que procede es que la CC resuelva que la Corte Suprema de Justicia deba emitir un nuevo fallo conforme a derecho. Eso implicaría que dé trámite al antejuicio y se siga el siguiente proceso: que se nombre a un juez pesquisidor que recabe los indicios existentes, que elabore un informe donde recomiende retirar la inmunidad o no a la acusada y finalmente que el pleno de la Corte Suprema de Justicia resuelva por mayoría si le retira o no la inmunidad a Sandra Torres. Esto puede tomar varios meses.

¿Qué pasará? Dependerá de la celeridad con que resuelva la Corte Suprema. Puede ser que le retiren la inmunidad a media campaña y le toque enfrentar un proceso penal. Aun enfrentando proceso penal no está claro que la ley mande a revocar su inscripción. Antes del año 2004, el artículo 217 de la Ley Electoral sí era claro en que, si se declaraba con lugar el antejuicio, la candidatura era cancelada, pero esa oración se eliminó de la ley.

Economía, inseguridad y lucha contra la corrupción.

James Carville, uno de los grandes estrategas de comunicación electoral a nivel mundial, ha repetido en varias ocasiones que los políticos en campaña son “vendedores de esperanzas”. Las promesas electorales apelan a la emotividad del elector: a hacer creer al votante que el candidato y/o partido en cuestión tienen la receta para resolver los problemas que afectan al ciudadano.

Por ello, si se quiere entender la razón detrás de las promesas y ofrecimientos específicos en el contexto de una determinada elección, el punto de partida debe ser el análisis de los problemas del país y los temas ante los cuales el votante puede mostrar un mayor grado de sensibilidad.

La encuesta de opinión pública, presentada por la Fundación Libertad y Desarrollo el pasado 6 de marzo, elaborada por la firma CID-Gallup Latinoamérica, nos arroja algunos datos relevantes sobre las dos variables antes identificadas.

En primer lugar, es importante identificar la escala de problemas que preocupan al elector. El citado estudio de opinión claramente establece la triada temática que inquieta al guatemalteco: 24% señaló que el principal problema de país es el desempleo (al que podemos agregar un 7% que considera que el problema principal es el alto costo de vida); 21% mencionó la inseguridad como el principal flagelo de Guatemala (al que también podemos sumar un 7% que específicamente mencionó el fenómeno de las extorsiones); mientras que un 17% señaló la problemática de la corrupción.

Sobre esta escala, el siguiente ejercicio para evaluar la sensibilidad del votante es evaluar la asociación de ideas respecto a potenciales promesas de campaña. Para ello se utiliza la metodología de preguntar al encuestado si está a favor de una determinada propuesta o idea; y luego, qué tan relevante considera ese tema para la campaña electoral.

En este sentido, si el principal problema de país es económico, naturalmente habrá un alto grado de sensibilidad respecto de propuestas dirigidas a paliar tal problemática. Por ello, la idea de “atraer inversión y generar empleo” tiene 94% de aceptación; mientras 81% considera que es relevante para la elección. Pero esa moneda tiene también otra cara. Así como se puede atender la problemática económica desde la atracción de inversión, también hay quienes favorecen ideas de mayor intervención pública. Por ello, la mención de “aumentar el salario mínimo” tuvo 91% de aceptación mientras un 85% considera que es relevante para la elección. Y los programas sociales, medidos a través de la idea de “dotar de alimentos a familias en situación de pobreza” obtuvo 87% de aceptación con un 81% considerando que es relevante para la elección. Las tres mediciones de asociación de ideas revelan, que tal y como lo dijo Carville en la Campaña de Clinton de 1993, “es la economía, estúpido”.

En cuanto a la problemática de inseguridad, el ejercicio de asociación de ideas revela lo siguiente. Un 90% está a favor de que “el ejército patrulle las calles”, mientras un 84% considera que es un tema relevante para la elección. Y en una línea similar, 62% está a favor de “aplicar la pena de muerte” con un 70% que lo considera tema relevante para la elección. Esto también nos dice que el votante guatemalteco muestra un alto grado de sensibilidad respecto de propuestas “tipo mano dura”.

El tema corrupción también mostró un resultado relevante en el ejercicio de asociación de ideas. 87% considera que el combate a la corrupción es relevante para la campaña. Mientras un 69% está a favor de que “continúe la CICIG”, con un 66% diciendo que el tema debe ser discutido durante la campaña.

El ejercicio anterior nos permite entonces descubrir los ingredientes de la receta. Si usted escucha campañas con mensajes económicos, con discursos al estilo “mano dura” contra la violencia y la inseguridad, o si el tema lucha contra la corrupción o continuidad de CICIG aparece en el discurso de los candidatos, es porque están intentando vincular su venta de esperanzas, con los problemas que más acechan al votante.

La pregunta del millón será a quién de los candidatos el elector efectivamente le considera como el más indicado para atender el problema de país, y hacer efectiva la esperanza de una solución.

Un modelo teórico que preconfigura las razones de la cooptación.

El primer artículo de la Constitución Política de la República establece que la razón de ser del Estado de Guatemala es “proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. El texto constitucional parte de la premisa que nuestro sistema es moderno, y que aspira a coordinar las relaciones sociales para promover el bienestar del colectivo. Sin embargo, el Estado guatemalteco aún mantiene rasgos pre-modernos, sobre todo, en el funcionamiento operativo del aparato estatal.

En estas latitudes no hemos alcanzado una característica de la modernidad: la distinción entre el dominio público y el dominio privado en la esfera de lo político. En Guatemala los bienes del Estado se conciben como patrimonio al servicio de los intereses de los gobernantes. Para muestra, los contratos públicos y la proveeduría del Estado se han convertido en la segunda mayor fuente de riqueza emergente, detrás de lo ilícito. Asimismo, las aduanas, la seguridad social, los puertos, la obra gris, la tercerización de negocios de licencias y pasaportes, el deporte federado y los consejos de desarrollo han sido durante las últimas dos décadas las grandes joyas de la corona para los negocios.

Por tanto, el conflicto político no es más que la disputa entre partidos por acceder a la repartición del patrimonio del Estado. En esta carrera, el financiamiento de campañas electorales no es más que el pago de derecho de piso para acceder a las fuentes de enriquecimiento.

Este modelo no es exclusivo de los partidos. En las últimas décadas, nuevos actores –sindicatos, grupos indígenas, profesionales, etcétera– han emergido en la arena política en búsqueda de espacios de incidencia. Sin embargo, en lugar de gestarse nuevas correlaciones de poder, el interés de los actores emergentes es acceder a la repartición de bolsones presupuestarios. El rol de los sindicatos de salubristas y educadores es un ejemplo de búsqueda de rentas, vía el Programa de Extensión de Cobertura y los leoninos pactos colectivos. Ocurre lo mismo cuando agrupaciones campesinas juegan el rol de intermediarios en la distribución del fertilizante.

En este sistema, la legislación y las decisiones jurídicas se conciben como la otorgación de un privilegio, concesión o exención a grupos de interés.

La última característica del Estado patrimonial es su burocracia. Salvo varias excepciones, los funcionarios no se eligen por mérito, sino por compadrazgo, afinidad o relación servil con un miembro superior de la jerarquía política. La concepción de los partidos como agencias de empleo evita la consolidación de un funcionariado profesional. La aspiración de acceder a un puesto público ya no es una expresión de servicio, sino la búsqueda de riqueza vía el abuso de poder.

Por todo lo anterior, más que hablar de un Estado cooptado por una mafia gobernante, lo que tenemos en Guatemala es un sistema político con un diseño institucional pre-moderno y que genera una serie de incentivos perversos, como es ver en la acción pública una fuente de riqueza. Por esa razón es que hemos visto como partidos de derecha como de izquierda pasan por el poder, y todos operan bajo el mismo modelo de incentivos patrimonialistas.

De aceptar como válida la reflexión anterior, debemos entonces reconocer que el combate al sistema patrimonial no se limita exclusivamente a la depuración judicial de las élites que actuaron de forma ilícita en su participación dentro del sistema. Un combate profundo al patrimonialismo requiere de una agenda de modernización institucional, de un proceso sustantivo de reforma legal, de una renovación de élites y liderazgos, y sobre todo, de una revalorización ética de la política.

El 2019 trae consigo la esperanza de las elecciones ¿pero cambiar presidentes y diputados es suficiente para cambiar al país? 

Las votaciones de Guatemala se darán en un contexto de grave crisis institucional y con candidatos(as) presidenciales con problemas con la justicia. Las manifestaciones más palpables de la crisis  son conocidas: Estado de derecho inexistente, democracia nominal, graves problemas de narcotráfico, malas relaciones del país con su principal socio comercial (Estados Unidos) en temas migratorios debido a la inmensa cantidad de personas que salen despavoridos por la falta de oportunidad en el país, violaciones a la propiedad privada, precario funcionamiento de los servicios públicos y de la administración pública, alta corrupción administrativa y politización de la justicia. Sin embargo, a pesar de todo ello, el país en esta contienda nuevamente mirará a hacia otro lado.

El festín por la votación estará condicionado por la absurda Ley Electoral y de Partidos Políticos que proscribe cualquier debate político en libertad. No habrá debate político, sino una disputa en las Cortes, señal de la disfuncional democracia y la politización de la justicia advertida hace años atrás. Aun así habrá un ganador en una votación filtrada por las Cortes y no por partidos políticos fuertes, los cuales son inexistentes en el país, dado que se ha aceptado dócilmente que la clase política se represente a sí misma.

El ganador heredará una institucionalidad precaria, siguiendo la tradición de la apertura democrática (1985-2019), lo cual presagia un destino similar a todos los inquilinos de la presidencia: fracasar. En efecto, por más que se alegue que deben cambiar las cosas, es evidente que el engaño en la campaña será la clave del debate político, dado que o bien la clase política no sabe lo que está pasando o si lo saben no les importa.

Si la campaña fuera seria, lo cual no será lamentablemente, la opinión pública -inexistente por falta de libertad de expresión y de pensamiento- debería increpar a los políticos en procurar explicar qué es lo que quieren hacer con Guatemala. Ello implica que antes de escucharles que quieren hacer cosas, programas o planes, debería la ciudadanía escuchar primero si entienden lo que sucede. No es verdad que Guatemala está sobre diagnosticada. De hecho, hay gente que cree que esto es democracia cuando no lo es. 

La campaña estará signada por el voluntarismo y el moralismo en cuestiones políticas. Estos dos jinetes han sido malos compañeros de viaje en la convulsionada historia del país.

Por más que se alegue que es necesario tener gente buena, es evidente, que Occidente ha partido de la idea contraria: prescindir de la bondad de la gente y contar con instituciones fuertes. Otros parten de la idea de que no importa el estado de cosas, sino que alguien con decisión y firmeza cambiará las cosas, receta que se ha ensayado una y otra vez tanto en dictadura como en «democracia» sin que nada relevante cambie.

Por ello, el fracaso que tendrá el nuevo gobierno está anunciado. Con arreglo a la Constitución un presidente y un vicepresidente serán votados (no electos) por el pueblo para un período improrrogable de cuatro años, mediante sufragio universal y secreto (art. 184). Este(a) presidente(a) y vicepresidente(a) tendrá un periodo presidencial siempre y cuando no ocurra un antejuicio en esta nueva carrera loca de moralismo por minar más la gobernabilidad del país y acabar con lo poco que queda de institucionalidad y estabilidad política en Guatemala.

Pese a ello, el nuevo Gobierno tendrá la misma situación que todos los demás. Mucha presión social, promesas imposibles de cumplir y una organización, funcionamiento y capacidad estatal casi nula para poder cumplir con las decisiones del Gobierno. Una vez lleguen al poder con el correr de los años, motivará a que los votantes y los votados se hagan la misma pregunta: ¿Qué hemos hecho?

Cuando las partes eran conocidas, pero faltaba ver el todo.

Ni el novelista más ingenioso hubiera podido imaginar el nuevo giro de la serie “Guatemala 2015-2019”. Mario Estrada, eterno candidato y caudillo de Jalapa, pactando con emisarios del Cartel de Sinaloa (que resultaron ser agentes de la DEA) el control de las carteras Gobernación y Defensa, así como de puertos y aeropuertos, a cambio de 12 millones de dólares para la campaña. Por si fuera poco, solicitando además a sus interlocutores narcos, que asesinaran a sus principales rivales políticos.

La captura de Estrada y la revelación de la conspiración generaron un pequeño sismo en la opinión pública. Pero quizá en el fondo no nos sorprendimos tanto de conocer esta trama. Porque muchas de las piezas del rompecabezas ya las habíamos visto y eran de pleno conocimiento para muchos.

En 2011, los cables de la Embajada de Estados Unidos, filtrados por Wikileaks, revelaban que la representación diplomática de Washington calificaba al partido UCN como de “ideología narca”.

Sin embargo, a parte del escándalo mediático y del ciclo noticioso, esta noticia no tuvo mayor efecto. El Tribunal Supremo Electoral no procedió a investigar dichas aseveraciones. La fiscalía no abrió ningún expediente. El resto de los partidos no marcaron distancia de la UCN. Nadie cuestionó que año tras año (2016-2019), la UCN se peleara la Presidencia de la Comisión de Gobernación en el Congreso.

Los actores relevantes y las élites ni se inmutaron al saber que un partido tenía vínculos con carteles de la droga. O peor aún, les han considerado un aliado más en las batallas políticas de coyuntura.

Enterarnos que Mario Estrada pidió $12 millones a un Cartel de la droga tampoco sorprende del todo. Ya en 2018, Insight Crime y el Periódico publicaron un reportaje en el que señalan que en 2007, la UNE habría recibido más de $11 millones para su campaña presidencial. Y al igual que con el caso wikileaks aquí no pasó nada. Como tampoco pasó nada cuando en 2015 nos enteramos que un 25% del financiamiento de los partidos políticos proviene del narcotráfico o del crimen organizado.

Peor aún, la respuesta fue atacar al niño que grita que el rey camina desnudo, sin que ningún actor relevante ni las élites movieran un dedo para combatir la penetración del narco en la política.

Enterarnos que Estrada ofreció a un grupo de crimen organizado el control de puertos, aeropuertos y de las carteras de Gobernación y Defensa tampoco sorprenden. El hecho que un Ex Ministro de Gobernación aguarde un proceso de extradición por haber facilitado operaciones de carteles de la droga nos dice que esto no es noticia nueva. O que en los puertos históricamente han operador estructuras que facilitan el tránsito ilegal de mercadería y droga tampoco es noticia nueva.  

Así que los diferentes componentes de la ‘conspiración Estrada’ ya los habíamos visto en otras tramas. Lo sorprendente de esta fue enterarnos que todos pueden encajar en una negociación de cara a las elecciones 2019. Esas elecciones de las que muchos vilipendian por “estar intervenidas” o “por estar sobre-judicializadas”. Pero nadie dice nada sobre el dinero de la droga en los partidos, sobre las negociaciones a cambio de financiamiento o sobre tramas para impedir, por diferentes caminos – incluyendo el plomo, que los contrincantes participen en la contienda.

Nos resultan familiares los componentes de la ‘conspiración Estrada’ porque todos son síntomas de un Estado cooptado: de la institucionalización de intereses corruptos y criminales dentro del Estado.

El financiamiento ilícito de campañas, donde el dinero de los financistas ilícitos o anónimos y de los carteles fluyen sin cortapisas, ha sido una novela que hemos visto repetirse cada cuatro años. La captura de diferentes instituciones para fines ilícitos era una secreto a voces, que recién desde 2015 empezamos a entender con casos concretos. El intercambio de favores a cambio de dinero para campaña ha sido la constante elección tras elección. Cada gobierno ha tenido a sus financistas de turno a quienes luego retribuye con prebendas, contratos, negocios, concesiones y favores.

Y así, esta historia ya la habíamos visto. Quizá ahora con un matiz más hollywoodesco. Pero los componentes de la trama no cambian. Y esa frustración de sentir que esta película ya la vimos no es más que el reconocimiento tácito que vivimos en un Estado cooptado por la corrupción y el crimen.

La captura de Mario Estrada sirve para llamar la atención del público a un fenómeno que se ha soslayado de cierta manera en nuestras discusiones de coyuntura: el narcotráfico y la cooptación del Estado.

La captura de Mario Estrada, presidenciable del Partido UCN, por parte de las autoridades de los Estados Unidos, fue un verdadero escándalo. Su captura es consecuencia de una gran operación de agentes encubiertos del gobierno de EEUU.

De acuerdo con la acusación, Estrada contactó a dos agentes encubiertos de la DEA que fingieron pertenecer al Cartel de Sinaloa para pedirles US$12 millones y apoyo para asesinar a rivales políticos. A cambio él entregaría el control del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de Defensa, puertos y aeropuertos para facilitar el tráfico de drogas a los Estados Unidos.

Es fácil pensar que se trata de un hecho aislado, pero la captura de Estrada únicamente sirve para llamar la atención del público a un fenómeno que se ha soslayado de cierta manera en nuestras discusiones de coyuntura: el narcotráfico y la cooptación del Estado.

De la captura a la cooptación

El concepto de captura del Estado hizo fortuna a partir de los trabajos de Joel Hellman y Daniel Kaufmann donde esencialmente se analizó cómo algunos agentes privados, especialmente del ámbito empresarial, conseguían influir en el proceso legislativo para percibir beneficios administrativos, regulatorios o fiscales. Esto fue especialmente el caso de Rusia y otros países de Europa del Este después de la caída de la cortina de hierro.

Pero Luis Jorge Garay y Eduardo Salcedo-Albarán en su libro Narcotráfico, corrupción y Estados hacen un esfuerzo por presentar el concepto de cooptación del Estado. De acuerdo con esta idea, cooptación del Estado es la situación en la cual existe una alineación entre agentes ilegales ajenos al Estado con agentes que operan dentro del Estado con el fin de influir y controlar desde dentro las instituciones estatales para conseguir beneficios a largo plazo.

Dicho de otro modo, es la infiltración de grupos criminales como el narcotráfico y el crimen organizado dentro de las entrañas del Estado. Existen actores de las actividades criminales dentro de los partidos políticos, ganan elecciones y ocupan otros puestos dentro del Estado con el objetivo de beneficiar a esos actores ilegales para facilitarles negocios con el Estado y para garantizar impunidad. Para ello es importante controlar ciertas alcaldías, tener cierto control dentro de las fuerzas de seguridad y, por supuesto, de las cortes.

La corrupción va más allá de los simples sobornos

Ese es el punto que debe preocuparnos y que de alguna forma subyace detrás de las acciones contra la corrupción que comenzaron a darse en 2015. Si pensamos que el problema de Guatemala es que simplemente hay un grupo de personas con pocos escrúpulos y que cobra sobornos para enriquecerse, no hemos visto el escenario completo.

El soborno es una faceta muy simple de la corrupción. Pero el problema se da cuando se complejiza la estructura de la corrupción y directamente se capturan las instituciones para que los agentes del crimen organizado puedan aprovechar y definir las reglas del juego y controlar a los “árbitros”.

Elecciones 2019: las mafias al acecho

Estas elecciones están marcadas por la presencia de actores del narcotráfico y el crimen organizado en los partidos. A la captura de Mario Estrada en EEUU se suma la captura de un diputado del partido VIVA. Varios partidos están afectados por la presencia de actores del crimen organizado y el problema se agudiza a nivel local. Hay decenas de narcoalcaldes que serán reelectos.

Por eso, por una parte, es clave determinar qué partidos políticos están más infiltrados por estos actores ilegales para evidenciar ante los votantes cuáles son. Y, por otra parte, tomar en serio, desde ya, la elección de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia porque es allí donde canalizarán sus esfuerzos los grupos ilegales en busca de impunidad para sus agendas.

El narcotráfico puede ganar las elecciones y las cortes si nos descuidamos. Esa es la verdadera batalla.

Cuando la cooptación ocurre bajo el silencio cómplice de los actores relevantes.

En 15 días, hemos atestiguado una nueva fase del proceso de depuración judicial de élites políticas que inició en 2015. La Agencia Anti-Narcótica de Estados Unidos (DEA) ha coordinado la captura o la solicitud de antejuicio contra tres candidatos a cargos de elección popular. Un alcalde, un candidato a diputado y un candidato presidencial procesados por sus vínculos con estructuras del narcotráfico.

Lo preocupante de este escenario es que sin duda, la capacidad de depuración de la DEA es relativamente limitada. Los casos de Mario Estrada, Julio Rosales y Erick Zúñiga son tan sólo la punta del Iceberg. Lo que seguramente implica que hay decenas de más candidatos a distintas ramas del poder vinculados con carteles de la droga.

Para nadie es un secreto que los carteles de la droga han buscado cooptar el poder a nivel municipal durante varias elecciones. Municipios fronterizos o aquellos ubicados en los grandes corredores de trasiego (Franja Transversal del Norte, Costa Sur) son los ejes territoriales más apetecidos por las estructuras criminales. Y así, llegamos a convertirnos en un país donde una cuarta parte de las elecciones municipales ocurren sin competencia, como consecuencia de la ley de la “plata o el plomo”.

Vemos también que la enfermedad hace metástasis. Es un secreto Vox Populi que el poder del crimen organizado se enfocaba en alcaldías y corporaciones municipales. Pero bajo una lógica expansiva lo vemos tomando también espacios en el Congreso. Una fuente de inteligencia me revelaba hace unos meses un estudio -conservador para mi gusto- según el cual 15 de 158 diputados al Congreso tendrían vínculos identificables con grupos del narcotráfico.

Pero el caso Mario Estrada vino a abrir una puerta más de la casa de brujas. El cuarto donde candidatos a la Jefatura de Estado negocian con carteles el control de las instituciones encargadas de la seguridad y la defensa, además de los puertos y aeropuertos. La fallida negociación de Mario Estrada tampoco es nueva. Hoy sabemos a posteriori, que el Gobierno de la UNE habría recibido alrededor de 11.5 millones de dólares de carteles de la droga para su campaña 2007. Y sabemos también que el Partido Patriota en 2011, habría tenido vínculos de financiamiento con Marllorie Chacón, una de las principales piezas en el engranaje del lavado de activos de los carteles del narcotráfico internacional.

Pero saben que es lo peor, todo ello, ocurre bajo un silencio sepulcral del resto de las élites del país.

Hace poco compartía esta historia con unos colegas colombianos, con quienes recordábamos la historia del país sudamericano de mediados de los noventa. Y ambos me repitieron una frase que no la he podido borrar de la mente: “cuando los carteles cooptan espacios de poder; cuando los carteles toman control de la policía, el ejército y los juzgados; y cuando todo ello se vuelve normal a los ojos de los actores políticamente relevantes; así te conviertes en un narco-Estado. Así fue como estuvimos a punto de perder nuestro país”.

Hoy entendemos mejor que antes las dificultades que tienen los Estados para combatir al narcotráfico. La asimetría de poder económico entre los carteles y Estados débiles. La asimetría de poder militar entre fuerzas de seguridad mal armadas y mal equipadas con los grupos dedicados al sicariato. Conocemos también la dificultad de evitar que ex policías, ex militares, jóvenes y campesinos sean reclutados por carteles, más cuando estos últimos pueden ofrecer ingresos que superan en proporción 10 a 1 los ingresos que estas personas podrían obtener en el mercado laboral. Sabemos también lo difícil que es combatir un fenómeno criminal cuando las mismas instituciones del Estado están capturadas por esos intereses criminales. Pero quizá nos falta entender lo nocivo que es cuando el cáncer del narcotráfico toma el control del Estado ni las élites, ni la ciudadanía se inmutan ante tal extremo. De ahí, el siguiente paso es el narco-Estado.

Una elección que será definida por el árbitro "pretoriano" del sistema.

En reiteradas ocasiones, he sostenido la hipótesis sobre el rol “pretoriano” de la Corte de Constitucionalidad en el marco del sistema político guatemalteco.

El concepto del pretorianismo proviene del texto El Orden Político en las Sociedades en Cambio de Samuel Huntington, quien señaló que la intervención de los Ejércitos en política durante la segunda mitad del siglo XX, era consecuencia de la baja institucionalización en ciertos Estados. Cuando en una sociedad política se carecen de mecanismos institucionales para dirimir el conflicto, los Ejércitos actúan como árbitros de última instancia. Ellos marcan los tiempos del cambio o la restauración.

Sin embargo, derivado del debilitamiento de los estamentos armados en América Latina, Asia y África, y con el surgimiento de nuevas teorías de interpretación constitucional -el neoconstitucionalismo- ese rol de árbitro final del conflicto político ha migrado de los Ejércitos hacia las cortes.

Lo anterior constituye un marco explicativo para comprender el rol de la Corte de Constitucionalidad dentro del sistema guatemalteco. Dicha interpretación se materializa a través de variables como el enunciado del artículo 265 constitucional que deja claro que “no hay ámbito que no sea susceptible de amparo”; el diseño de la competencia para conocer acciones de amparo o de inconstitucionalidad, según la cual, tarde o temprano, todos los procesos llegarán por distintos caminos a la CC; además de los cambios jurisprudenciales de los años 2009 a 2011 que ampliaron la legitimación activa para presentar acciones de control de constitucionalidad contra los actos de la administración pública.

En este contexto, la Corte de Constitucionalidad ha sido llamada a jugar su papel de árbitro político con relación al proceso electoral 2019. Con la novedad que de las resoluciones que emanen de esta magistratura en materia electoral, tendrán un impacto directo sobre el resultado de la elección.

Un conteo rápido permite identificar que existen alrededor de 120 candidaturas (entre presidenciales, a diputaciones y alcaldías) cuyos procesos se han judicializado por la vía del amparo. Pero lo extraordinario es que en esta ocasión, la participación de las candidatas que ocupan el segundo y tercer lugar en las encuestas, dependerá de resoluciones del tribunal constitucional.

Las encuestas parecen presentarnos un panorama del proceso electoral: 1) Sandra Torres en primer lugar, con alrededor de 20% de intención de voto, apalancado en segmentos rurales. 2) Una competencia entre Zury Ríos y Thelma Aldana por el segundo lugar. La última batería de encuestas (finales de marzo a principios de abril) le otorga a Ríos de 3 a 6 puntos de ventaja sobre la ex fiscal. 3) Un pelotón de cuatro candidatos, integrado por Alejandro Giammattei, Roberto Arzú, Edwin Escobar y Edmund Mulet ubicados por encima del 5% de intención de voto.  4) El resto de candidatos con niveles marginales de intención de voto, consecuencia de su bajo nivel de conocimiento.

En este contexto, plantear un análisis de escenarios electorales de cara a la primera vuelta parte de una premisa básica: Todo depende de cómo resuelva la corte de constitucionalidad.

1) En el caso que la CC confirme la inscripción de Zury Ríos y otorgue el amparo provisional que permita la inscripción de Thelma Aldana, se nos plantea un escenario en el cual los últimos 30 días de campaña será una competencia entre ambas candidatas por el segundo lugar. 2) En el caso que la CC resuelva aceptar la participación de una de las candidatas y rechace la inscripción de la otra, es probable que esa candidata sea quien obtenga el segundo lugar el próximo 16 de junio. 3) Ahora, si el tribunal constitucional decide revocar la inscripción de Zury Ríos y no otorga el amparo provisional a Thelma Aldana, se abre un escenario que en análisis político se conoce como “la carrera de los enanos”: un sprint de 40 días entre los candidatos del pelotón de GIammattei, Arzú, Escobar y Mulet por obtener ese segundo lugar. Dada la dispersión del voto urbano y la fragmentación partidaria, en este escenario, es muy posible que el candidato que pase en segundo lugar únicamente requiera de 12 a 14% de votos.

Los tres escenarios demuestran que las resoluciones constitucionales determinarán la dinámica del último mes electoral, y casi seguramente, de la primera vuelta presidencial.

No obstante, lo que magnifica la importancia de los casos judiciales es el efecto del anti-voto en segunda vuelta. La mayoría de las encuestas públicas concuerdan en mostrar que Sandra Torres presenta niveles de anti-voto superiores al 45%. Eso quiere decir que casi 1 de 2 votantes dice que “NUNCA votaría por ese candidato”. Lo anterior implica que ante el alto antivoto de Torres, quien compita en su contra en segunda vuelta tiene altas posibilidades de resultar ganador. Similar al caso Jimmy Morales y su victoria electoral, en gran medida empujada por el 50% de anti-voto que tenía Torres por allá de octubre 2015.

Así que de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad de los próximos días dependerá en gran medida el resultado electoral del 16 de junio y del 11 de agosto, y probablemente, la persona a quien se le entregue la banda presidencial el 14 de enero de 2020.

El Estado no se construye importando soluciones foráneas sino en construir capacidades propias.

Las votaciones de 2019 no tienen como agenda lograr un cambio en el país. Todo indica que se seguirá la misma inercia de repetir ideas equivocadas, recetas simples y abulia generalizada en la sociedad civil. Pese a la prédica por reformar al Estado, hacerlo mejor, cambiar las instituciones, reformar leyes, luchar contra la corrupción, depurar el sistema, son cuestiones que no son nuevas, lo que se observa es una rotunda distancia entre el discurso y la realidad. 

No es que el discurso sea hipócrita, sino que el discurso es francamente equivocado. Cuando se debate sobre el aspecto institucional se insiste que luce prioritario reformar leyes para mejorar las cosas. Así pues, desde 1985 el mantra político ha consistido contra toda evidencia, en que para que las cosas mejoren debe reformarse la Ley de Servicio Civil, Ley de Contrataciones del Estado, Ley Electoral y de Partidos Políticos y Ley del Organismo Judicial o sector justicia.

Estas leyes han sido los cuatro jinetes del apocalipsis en el discurso político en Guatemala. A tenor del discurso superficial y formalista según la cual las leyes por si solas hacen instituciones, se ha reducido la cuestión institucional a un problema legal que tampoco se discute. Derivado de la institucionalidad disfuncional que cada día empeora, sectores políticos y sociales acusan que el grave problema es la «corrupción» eludiendo que ella es causa y no consecuencia de este modelo.

Luego de más de doscientos años de vida independiente, Guatemala, como muchos países sigue sin tener auténtico Estado. Más allá del papel constitucional, el Estado no tiene las capacidades para llevar a cabo las funciones más simples como proveer seguridad interna y externa frente a grupos delictivos e incluso prestar un servicio de correo decente, como han dicho Andrews, Pritchett y Woolcock. 

Cautivos de un discurso ideológico, actores políticos siguen abogando por una expansión inusitada del Estado sin pensar en cómo mejorar la capacidad de implementación del Estado. Más que ver que puede hacer el Estado, la discusión ha girado en lo que puede  hacer la caricatura de Leviatán.

No se trata aquí de votar por alguien en 2019 -escoger es algo muy sofisticado que solo se da en democracia-, tampoco se trata de ver si las restricciones constitucionales al poder operan debidamente -eso es un argumento muy liberal para estos tiempos que corren-, tampoco si se respetan los derechos de propiedad - eso es una exquisitez de aquellos países que entienden de economía, no para envidiosos igualitarios- ni tampoco para la participación directa de los ciudadanos en la operación del gobierno -cuestión que le corresponde a aquellos que no entienden nada de derecho administrativo-.

Se trata en su defecto, de mostrar el hecho de que el Estado de Guatemala que heredará el nuevo «mandatario» no tiene ni tendrá capacidad para hacer nada o casi nada bien. El Estado en el ámbito interno se manifiesta en una vasta cantidad de personas jurídicas con organizaciones, funciones y talentos humanos diferentes. Algunas de ellas, son más apegadas al ideal de Estado de Derecho, más eficaces, eficientes y responsables aun cuando no son mostradas como ejemplos de creación de capacidad pese a las condiciones adversas. 

La imitación de realidades foráneas acríticamente, además de la ignorancia en materia de administración pública y de avances en ciencias sociales ha desquiciado la discusión. Por ello, desde que Guatemala se presentó ante la comunidad internacional como país soberano (independiente) de España (1821), del Imperio Mexicano y de la República Federal Centroamericana (1839) la capacidad estatal sigue siendo una tarea pendiente.

Tal y como marchan las cosas «Guatemala solo alcanzaría una gran capacidad en el año 2584». Esta predicción realista aunque dolorosa, se debe al análisis de Matt Andrews, Lant Pritchett y Michael Woolcock del Center for International Development (CID) de la Universidad de Harvard, en el que enfatizan que esta predicción obedece a que no se ha comprendido que no se pueden trasplantar prácticas de otros lugares, pero también al hecho, de que los países ricos ya no quieren tirar su dinero en los países en vías de desarrollo. 

Casi siempre, la imitación de legislaciones foráneas ha conllevado a muchos a pensar que con el trasplante legal vienen consigo las prácticas que se llevan a cabo en esos países, algo que se ha demostrado que es rotundamente falso. La capacidad del Estado no se construye importando soluciones foráneas sino en «construir capacidades».

La mayoría del empeño legislativo en Guatemala no ha procurado una reforma administrativa a fondo que pueda colmar las lagunas jurídicas existentes en materia de procedimientos administrativos, organización y funcionamiento, control de la administración pública, modernización del contencioso-administrativo y del servicio civil. La administración pública desde el punto de vista legal está años luz de retraso de otros países.

Sin embargo, el mantra político está dirigido a buscar más y más políticas públicas con dinero foráneo, muchas de ellas con resultados insatisfactorios. Como bien se sostiene en Building State Capability: Evidence, Analysis, Action, la clave está en construir capacidad estatal y eso es más parecido a aprender un idioma que importar mecánicamente ideas extranjeras únicamente.