¿Qué tienen en común el triángulo norte de Centroamérica, Rusia y Ucrania, Corea del Norte, China y la zona del Medio Oriente que aglutina a Iraq, Siria y el Levante?

Sencillo. Las seis zonas son consideradas como los principales focos de atención para la seguridad nacional de Estados Unidos. China y Rusia, por la competencia geopolítica internacional y la expansión de sus respectivas esferas de influencia; Corea del Norte por su capacidad nuclear; y el Levante por haberse convertido en un “agujero negro” en donde las células terroristas nacen, crecen y se reproducen.

Entre tanto, el triángulo norte atrae la atención por su proximidad. A 500 km de Miami y la frontera sur, la existencia de tres Estados que rozan la calificación de narcoestado o Estados fallidos representa un riesgo de seguridad. ¿Acaso las mismas redes de contrabando y narcotráfico no podrían utilizarse para transportar armas ilegales a territorio norteamericano? ¿O acaso no será posible que terroristas islámicos utilicen los servicios del coyotaje desde Centroamérica para entrar ilegalmente a Estados Unidos? 

Ahí la primera bandera roja; la que preocupa a los expertos en seguridad. 

Si esto no fuera suficiente, el triángulo norte se ha convertido en una fábrica de pobres: países sin capacidad de generar oportunidades, un ambiente seguro y estable, con estados funcionales para brindar una mínima calidad de vida para sus habitantes. En ese contexto, la supervivencia de cientos de miles de personas pasa necesariamente por la migración ilegal. 

Ahí la segunda bandera roja. La que preocupa políticamente. Recordemos. Desde el 2010, la xenofobia anti-migrante ha crecido en Estados Unidos, particularmente en las zonas rurales. La razón es sencilla: hoy el migrante ilegal compite por el puesto de trabajo de obreros de “cuello azul”. De ahí la explicación de por qué en esos segmentos demográfico, el hostil discurso anti-migración de Trump caló tan profundo. 

La lectura aguda sobre la región la comparten republicanos y demócratas. La diferencia sustancial está en la fórmula de unos y otros para atender el problema. Los primeros (sobre todo durante la administración Trump) prefieren cerrar las fronteras, presionar a los vecinos del sur para limitar la migración y dejar a los países centroamericanos navegar a la deriva. Los segundos -en cambio- consideran que para detener la migración irregular se requiere atender las causas estructurales de la problemática, dígase la inseguridad, la pobreza, la debilidad institucional, y particularmente, la corrupción.

De ahí nació el “Plan de la Prosperidad” de la era Obama y ahora el Plan Biden para Centroamérica. 

Pero como dirían las abuelitas, del dicho al hecho hay un gran trecho. La ejecución se vuelve ahora la clave del proceso. Para ello, Biden reclutó a dos halcones del servicio exterior, Roberta Jacboson (ex Embajadora en México y Sub Secretaria para el hemisferio occidental) y Juan Sebastián Guevara (Asesor del Consejo de Seguridad Nacional y Asistente del Subsecretario para el hemisferio occidental). 

Jacobson y Guevara, acompañados de Ricardo Zúñiga (uno de los gestores de la reapertura diplomática entre Cuba y Estados Unidos) tendrán la tarea de recordarle amablemente a las autoridades, élites y actores políticos relevantes de la región sobre los intereses norteamericanos. Y los mismos son bastante sencillos: apoyar a ultranza el combate a la corrupción; salvaguardar la independencia de las fiscalías y las cortes; fortalecer la institucionalidad pública; mejorar la seguridad y generar oportunidades. 

De tal manera que las reuniones con autoridades del Ejecutivo, sector privado, sociedad civil, además de operadores de justicia reconocidos por Estados Unidos, resultarán clave para la agenda de corto plazo. Pero más importante aún, será leer entre líneas. ¿Con qué actores simplemente deciden no reunirse? En 2015, la comitiva del entonces Vicepresidente Biden solicitó que Roxana Baldetti no estuviera presente en las reuniones de cortesía. Cinco meses más tarde, Baldetti dormía en una plancha de concreto. De ahí que no nos extrañe si algunos presidentes de organismos de Estado no se toman la foto con la comitiva.

Tras bambalinas, la clave será convertir el discurso diplomático en acciones de poder real. Investigaciones y casos penales; decisiones expresas de autoridades institucionales; consensos para empujar puntos de interés de agenda. De lo contrario, que no nos extrañe si se viene una oleada de designaciones y una pequeña flexión de pectorales. 

¿Qué tienen en común el triángulo norte de Centroamérica, Rusia y Ucrania, Corea del Norte, China y la zona del Medio Oriente que aglutina a Iraq, Siria y el Levante?

Sencillo. Las seis zonas son consideradas como los principales focos de atención para la seguridad nacional de Estados Unidos. China y Rusia, por la competencia geopolítica internacional y la expansión de sus respectivas esferas de influencia; Corea del Norte por su capacidad nuclear; y el Levante por haberse convertido en un “agujero negro” en donde las células terroristas nacen, crecen y se reproducen.

Entre tanto, el triángulo norte atrae la atención por su proximidad. A 500 km de Miami y la frontera sur, la existencia de tres Estados que rozan la calificación de narcoestado o Estados fallidos representa un riesgo de seguridad. ¿Acaso las mismas redes de contrabando y narcotráfico no podrían utilizarse para transportar armas ilegales a territorio norteamericano? ¿O acaso no será posible que terroristas islámicos utilicen los servicios del coyotaje desde Centroamérica para entrar ilegalmente a Estados Unidos? 

Ahí la primera bandera roja; la que preocupa a los expertos en seguridad. 

Si esto no fuera suficiente, el triángulo norte se ha convertido en una fábrica de pobres: países sin capacidad de generar oportunidades, un ambiente seguro y estable, con estados funcionales para brindar una mínima calidad de vida para sus habitantes. En ese contexto, la supervivencia de cientos de miles de personas pasa necesariamente por la migración ilegal. 

Ahí la segunda bandera roja. La que preocupa políticamente. Recordemos. Desde el 2010, la xenofobia anti-migrante ha crecido en Estados Unidos, particularmente en las zonas rurales. La razón es sencilla: hoy el migrante ilegal compite por el puesto de trabajo de obreros de “cuello azul”. De ahí la explicación de por qué en esos segmentos demográfico, el hostil discurso anti-migración de Trump caló tan profundo. 

La lectura aguda sobre la región la comparten republicanos y demócratas. La diferencia sustancial está en la fórmula de unos y otros para atender el problema. Los primeros (sobre todo durante la administración Trump) prefieren cerrar las fronteras, presionar a los vecinos del sur para limitar la migración y dejar a los países centroamericanos navegar a la deriva. Los segundos -en cambio- consideran que para detener la migración irregular se requiere atender las causas estructurales de la problemática, dígase la inseguridad, la pobreza, la debilidad institucional, y particularmente, la corrupción.

De ahí nació el “Plan de la Prosperidad” de la era Obama y ahora el Plan Biden para Centroamérica. 

Pero como dirían las abuelitas, del dicho al hecho hay un gran trecho. La ejecución se vuelve ahora la clave del proceso. Para ello, Biden reclutó a dos halcones del servicio exterior, Roberta Jacboson (ex Embajadora en México y Sub Secretaria para el hemisferio occidental) y Juan Sebastián Guevara (Asesor del Consejo de Seguridad Nacional y Asistente del Subsecretario para el hemisferio occidental). 

Jacobson y Guevara, acompañados de Ricardo Zúñiga (uno de los gestores de la reapertura diplomática entre Cuba y Estados Unidos) tendrán la tarea de recordarle amablemente a las autoridades, élites y actores políticos relevantes de la región sobre los intereses norteamericanos. Y los mismos son bastante sencillos: apoyar a ultranza el combate a la corrupción; salvaguardar la independencia de las fiscalías y las cortes; fortalecer la institucionalidad pública; mejorar la seguridad y generar oportunidades. 

De tal manera que las reuniones con autoridades del Ejecutivo, sector privado, sociedad civil, además de operadores de justicia reconocidos por Estados Unidos, resultarán clave para la agenda de corto plazo. Pero más importante aún, será leer entre líneas. ¿Con qué actores simplemente deciden no reunirse? En 2015, la comitiva del entonces Vicepresidente Biden solicitó que Roxana Baldetti no estuviera presente en las reuniones de cortesía. Cinco meses más tarde, Baldetti dormía en una plancha de concreto. De ahí que no nos extrañe si algunos presidentes de organismos de Estado no se toman la foto con la comitiva.

Tras bambalinas, la clave será convertir el discurso diplomático en acciones de poder real. Investigaciones y casos penales; decisiones expresas de autoridades institucionales; consensos para empujar puntos de interés de agenda. De lo contrario, que no nos extrañe si se viene una oleada de designaciones y una pequeña flexión de pectorales. 

Hace unos días la Corte Suprema de Justicia (CSJ) remitió un antejuicio al Congreso de la República por una denuncia que instaron algunos miembros de la Asociación de Dignatarios de la Nación (ADN). Esta es una denuncia que surgió en 2019.

Antecedentes

Como lo expliqué en enero de 2019, la denuncia se basa en lo siguiente: la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó una resolución en contra de la decisión del entonces presidente Jimmy Morales de pedir al Reino de Suecia que retiraran al entonces embajador, Anders Kompass. 

En opinión de la ADN, esta resolución constituye prevaricato que de acuerdo con el artículo 462 del Código Penal es un delito que comete un juez que “…a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos…”. El prevaricato, según ellos, ocurre porque la CC “viola” la Constitución al interpretarla de ese modo porque restringe las atribuciones del presidente de acuerdo con el artículo 183 literal “o” reconoce como una de ellas “dirigir la política exterior y las relaciones internacionales…”.

Obviamente esta es una denuncia inviable porque no se puede perseguir penalmente a los magistrados de la CC sencillamente porque alguien más considera que el criterio expresado en una resolución es “equivocado”. Esto por el artículo 167 de la Ley de Amparo (“No podrán [los magistrados] ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio del cargo”) y porque la CC ha sido lo ha establecido en la jurisprudencia que que mencioné en otra ocasión. (Para una reflexión más profunda puede leers eeste interesante artículo del profesor Juan Pablo Gramajo. Y para comprender mejor el punto relativo al derecho constitucional de las relaciones internacionales, ver la columna que publicó el profesor Arturo Villagrán en 2018).

En 2019, la Corte Suprema de Justicia dictó una resolución por la que decidió enviar el antejuicio contra los magistrados que firmaron la anterior resolución al Congreso. Sin embargo, en enero de 2019 se interpuso un amparo a favor de dichos magistrados y la CC otorgó un amparo provisional que ordenó suspender el trámite del antejuicio. 

Mucho tiempo después, en octubre de 2020, la CC dictó la sentencia correspondiente y ordenó a la Corte Suprema de Justicia “(…) dictar nueva resolución congruente con lo aquí considerado”. Es decir, congruente con la jurisprudencia de que no se puede perseguir a los magistrados por las opiniones expresadas en sus resoluciones.

¿Qué ocurre ahora?

De forma sorpresiva, la Corte Suprema de Justicia decidió, en sus términos, “cumplir” y dictar una “nueva resolución” en el expediente de antejuicio que se seguía contra los magistrados Gloria Porras y Francisco de Mata (Bonerge Mejía estaba denunciado también, pero ya falleció). En esta nueva resolución, básicamente repite mayoritariamente lo que resolvió en 2019 y vuelve a considerar que la denuncia por prevaricato debe continuar su trámite y resuelve enviar el antejuicio al Congreso para que continúe su trámite.

Esto evidentemente no es congruente con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Al respecto, caben dos posibles salidas. En primer lugar, que quienes interpusieron el amparo soliciten medidas para el cumplimiento de la sentencia de octubre de 2020 al ser evidente que la Corte Suprema incumple lo ahí resuelto al fallar en el mismo sentido que en 2019 en contra de la jurisprudencia ya sentada.

En segundo lugar, que el antejuicio continúe su trámite en el Congreso. En este aspecto, vale la pena recordar que la Ley en Materia de Antejuicio (artículo 17) establece que para que el Congreso resuelva retirar la inmunidad de un funcionario hace falta mayoría calificada. No existen 107 votos para retirar el antejuicio a Gloria Porras y Francisco de Mata ante una denuncia tan espuria y débil.

Aún así, la lectura política es que tanto la Corte Suprema de Justicia como un grupo de diputados pretenden una vez más arremeter contra magistrados de la CC que han dictado resoluciones que han puesto claros límites a los excesos del poder público. No hay otra forma de leerlo. 

Hace unos días la Corte Suprema de Justicia (CSJ) remitió un antejuicio al Congreso de la República por una denuncia que instaron algunos miembros de la Asociación de Dignatarios de la Nación (ADN). Esta es una denuncia que surgió en 2019.

Antecedentes

Como lo expliqué en enero de 2019, la denuncia se basa en lo siguiente: la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó una resolución en contra de la decisión del entonces presidente Jimmy Morales de pedir al Reino de Suecia que retiraran al entonces embajador, Anders Kompass. 

En opinión de la ADN, esta resolución constituye prevaricato que de acuerdo con el artículo 462 del Código Penal es un delito que comete un juez que “…a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos…”. El prevaricato, según ellos, ocurre porque la CC “viola” la Constitución al interpretarla de ese modo porque restringe las atribuciones del presidente de acuerdo con el artículo 183 literal “o” reconoce como una de ellas “dirigir la política exterior y las relaciones internacionales…”.

Obviamente esta es una denuncia inviable porque no se puede perseguir penalmente a los magistrados de la CC sencillamente porque alguien más considera que el criterio expresado en una resolución es “equivocado”. Esto por el artículo 167 de la Ley de Amparo (“No podrán [los magistrados] ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio del cargo”) y porque la CC ha sido lo ha establecido en la jurisprudencia que que mencioné en otra ocasión. (Para una reflexión más profunda puede leers eeste interesante artículo del profesor Juan Pablo Gramajo. Y para comprender mejor el punto relativo al derecho constitucional de las relaciones internacionales, ver la columna que publicó el profesor Arturo Villagrán en 2018).

En 2019, la Corte Suprema de Justicia dictó una resolución por la que decidió enviar el antejuicio contra los magistrados que firmaron la anterior resolución al Congreso. Sin embargo, en enero de 2019 se interpuso un amparo a favor de dichos magistrados y la CC otorgó un amparo provisional que ordenó suspender el trámite del antejuicio. 

Mucho tiempo después, en octubre de 2020, la CC dictó la sentencia correspondiente y ordenó a la Corte Suprema de Justicia “(…) dictar nueva resolución congruente con lo aquí considerado”. Es decir, congruente con la jurisprudencia de que no se puede perseguir a los magistrados por las opiniones expresadas en sus resoluciones.

¿Qué ocurre ahora?

De forma sorpresiva, la Corte Suprema de Justicia decidió, en sus términos, “cumplir” y dictar una “nueva resolución” en el expediente de antejuicio que se seguía contra los magistrados Gloria Porras y Francisco de Mata (Bonerge Mejía estaba denunciado también, pero ya falleció). En esta nueva resolución, básicamente repite mayoritariamente lo que resolvió en 2019 y vuelve a considerar que la denuncia por prevaricato debe continuar su trámite y resuelve enviar el antejuicio al Congreso para que continúe su trámite.

Esto evidentemente no es congruente con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Al respecto, caben dos posibles salidas. En primer lugar, que quienes interpusieron el amparo soliciten medidas para el cumplimiento de la sentencia de octubre de 2020 al ser evidente que la Corte Suprema incumple lo ahí resuelto al fallar en el mismo sentido que en 2019 en contra de la jurisprudencia ya sentada.

En segundo lugar, que el antejuicio continúe su trámite en el Congreso. En este aspecto, vale la pena recordar que la Ley en Materia de Antejuicio (artículo 17) establece que para que el Congreso resuelva retirar la inmunidad de un funcionario hace falta mayoría calificada. No existen 107 votos para retirar el antejuicio a Gloria Porras y Francisco de Mata ante una denuncia tan espuria y débil.

Aún así, la lectura política es que tanto la Corte Suprema de Justicia como un grupo de diputados pretenden una vez más arremeter contra magistrados de la CC que han dictado resoluciones que han puesto claros límites a los excesos del poder público. No hay otra forma de leerlo. 

Se sabe que una dictadura está en su ocaso cuando la gente finalmente pierde el miedo.

Y pareciera que así le está sucediendo a la dictadura más larga del continente (con más de 60 años en el poder), tras la irrupción de un movimiento de artistas que con sus manifestaciones han llamado la atención del mundo y han perturbado los cimientos de las altas esferas del régimen castrista, que otrora fuese conocido por su inmensa propaganda a la que muchos “intelectuales” del siglo XX se prestaron a difundir en todo el mundo.

Se trata del Movimiento San Isidro (MSI), de oposición y disidencia a la dictadura cubana, conformado por artistas e intelectuales que combinan sus manifestaciones de activismo político con intervenciones artísticas.

El movimiento surgiría hacia 2018, como una respuesta al Decreto 349, que regula y controla la actividad artística y pretende definir desde el Estado qué es arte. Sin embargo, sería conocido mundialmente hacia finales del año pasado cuando uno de sus líderes y fundadores, el rapero Denis Solís, fue detenido por las fuerzas de seguridad del régimen, procesado por “desacato” y condenado a prisión, lo cual desató una serie de protestas y huelgas de hambre de varios artistas y otras figuras públicas de la isla (con una movilización muy intensa y prácticamente sin antecedentes recientes), que a su vez provocó una fuerte represión por parte del régimen cubano con prácticas como el “baneo” de redes sociales, la censura a la libertad de expresión, la vigilancia y hostigamiento a los manifestantes y periodistas que han cubierto los eventos.

Estas prácticas represivas hacia las expresiones culturales no son nuevas. Los gobiernos revolucionarios de izquierda son conocidos por lo que ellos llaman “el control de la hegemonía cultural” y por mucho tiempo en la isla se intervino fuertemente la producción artística e intelectual. Lo cual trae a la memoria el famoso “Caso Padilla”, en 1971, en el que se le acusó al poeta Heberto Padilla de “posiciones contrarrevolucionarias incentivadas por enemigos del extranjero” y se le obligó en un acto humillante a que se disculpara públicamente (y a la vista del mundo) con la nomenklatura cubana, lo cual hizo que muchos intelectuales (entre ellos Mario Vargas Llosa) rompieran definitivamente con Fidel Castro y la “revolución”. 

Hoy en día la situación de control de la hegemonía cultural parece haber dado un giro inesperado. Regresándonos al presente, a mediados de febrero de 2021, un grupo de artistas (Yotuel, Gente De Zona​, Maykel Osorbo, El Funky), que viven dentro y fuera de Cuba, lanzaron el tema “Patria y Vida” —en contraposición al slogan necrofílico de Fidel Castro y la guerrilla en los años sesenta: “Patria o Muerte”—, y que rápidamente se hizo viral en redes sociales y ha sido catalogado como un himno a la libertad en Cuba. Con frases contundentes como: “No más mentiras. El pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte sino Patria y Vida” y también: “Se acabó... tu cinco nueve, yo doble dos”, en referencia al año en que comenzó la revolución, 1959, y al 2020, el año en que el pueblo salió a clamar libertad.

Como era de esperarse, la reacción del régimen fue predecible. Díaz-Canel ha calificado a estas manifestaciones como “un acto de reality show imperial. El espectáculo imperial para destruir nuestra identidad y volvernos a someter”, apelando como siempre al gastado discurso ideológico anti-imperialista que ya tiene 62 años.

Mientras tanto, los demócratas del mundo observamos expectantes los acontecimientos, que hasta el momento son inciertos. Si bien los Estados Unidos, bajo la administración demócrata, parecieran haber cambiado el garrote por la zanahoria, esto podría en el largo plazo marcar el comienzo del final para la dictadura castrista porque lo que pareciera estarse fraguando en la isla es un cambio cultural en las nuevas generaciones, que ya tienen muy lejos de su horizonte temporal la épica vetusta de Sierra Maestra y de Playa Girón.

Al parecer, el soft power[1] está haciendo varias grietas en la tiranía.

[1] Soft power, o “poder blando” es un concepto acuñado por Joseph Nye para referirse al poder de la cultura o de las ideas, frente a otras formas más coercitivas de ejercer presión como acciones de tipo militar o condicionamientos de tipo económicos.

Se sabe que una dictadura está en su ocaso cuando la gente finalmente pierde el miedo.

Y pareciera que así le está sucediendo a la dictadura más larga del continente (con más de 60 años en el poder), tras la irrupción de un movimiento de artistas que con sus manifestaciones han llamado la atención del mundo y han perturbado los cimientos de las altas esferas del régimen castrista, que otrora fuese conocido por su inmensa propaganda a la que muchos “intelectuales” del siglo XX se prestaron a difundir en todo el mundo.

Se trata del Movimiento San Isidro (MSI), de oposición y disidencia a la dictadura cubana, conformado por artistas e intelectuales que combinan sus manifestaciones de activismo político con intervenciones artísticas.

El movimiento surgiría hacia 2018, como una respuesta al Decreto 349, que regula y controla la actividad artística y pretende definir desde el Estado qué es arte. Sin embargo, sería conocido mundialmente hacia finales del año pasado cuando uno de sus líderes y fundadores, el rapero Denis Solís, fue detenido por las fuerzas de seguridad del régimen, procesado por “desacato” y condenado a prisión, lo cual desató una serie de protestas y huelgas de hambre de varios artistas y otras figuras públicas de la isla (con una movilización muy intensa y prácticamente sin antecedentes recientes), que a su vez provocó una fuerte represión por parte del régimen cubano con prácticas como el “baneo” de redes sociales, la censura a la libertad de expresión, la vigilancia y hostigamiento a los manifestantes y periodistas que han cubierto los eventos.

Estas prácticas represivas hacia las expresiones culturales no son nuevas. Los gobiernos revolucionarios de izquierda son conocidos por lo que ellos llaman “el control de la hegemonía cultural” y por mucho tiempo en la isla se intervino fuertemente la producción artística e intelectual. Lo cual trae a la memoria el famoso “Caso Padilla”, en 1971, en el que se le acusó al poeta Heberto Padilla de “posiciones contrarrevolucionarias incentivadas por enemigos del extranjero” y se le obligó en un acto humillante a que se disculpara públicamente (y a la vista del mundo) con la nomenklatura cubana, lo cual hizo que muchos intelectuales (entre ellos Mario Vargas Llosa) rompieran definitivamente con Fidel Castro y la “revolución”. 

Hoy en día la situación de control de la hegemonía cultural parece haber dado un giro inesperado. Regresándonos al presente, a mediados de febrero de 2021, un grupo de artistas (Yotuel, Gente De Zona​, Maykel Osorbo, El Funky), que viven dentro y fuera de Cuba, lanzaron el tema “Patria y Vida” —en contraposición al slogan necrofílico de Fidel Castro y la guerrilla en los años sesenta: “Patria o Muerte”—, y que rápidamente se hizo viral en redes sociales y ha sido catalogado como un himno a la libertad en Cuba. Con frases contundentes como: “No más mentiras. El pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte sino Patria y Vida” y también: “Se acabó... tu cinco nueve, yo doble dos”, en referencia al año en que comenzó la revolución, 1959, y al 2020, el año en que el pueblo salió a clamar libertad.

Como era de esperarse, la reacción del régimen fue predecible. Díaz-Canel ha calificado a estas manifestaciones como “un acto de reality show imperial. El espectáculo imperial para destruir nuestra identidad y volvernos a someter”, apelando como siempre al gastado discurso ideológico anti-imperialista que ya tiene 62 años.

Mientras tanto, los demócratas del mundo observamos expectantes los acontecimientos, que hasta el momento son inciertos. Si bien los Estados Unidos, bajo la administración demócrata, parecieran haber cambiado el garrote por la zanahoria, esto podría en el largo plazo marcar el comienzo del final para la dictadura castrista porque lo que pareciera estarse fraguando en la isla es un cambio cultural en las nuevas generaciones, que ya tienen muy lejos de su horizonte temporal la épica vetusta de Sierra Maestra y de Playa Girón.

Al parecer, el soft power[1] está haciendo varias grietas en la tiranía.

[1] Soft power, o “poder blando” es un concepto acuñado por Joseph Nye para referirse al poder de la cultura o de las ideas, frente a otras formas más coercitivas de ejercer presión como acciones de tipo militar o condicionamientos de tipo económicos.

Desde el año 2000, Guatemala se ha adentrado en un camino tenebroso: la simbiosis entre la política, la corrupción y el crimen organizado.

El financiamiento ilícito abrió la puerta para que grupos interesados en el saqueo accedieran a las joyas de la corona. El IGSS, el MICIVI, el Ministerio de Salud, las Aduanas, las Gobernaciones y el sistema de COCODES se convirtieron en los botines a repartir entre financistas y sus operadores. Paralelo a ello, la invasión del narco abrió otro frente: carteles interesados en tomar control de territorios estratégicos. En las munis fronterizas, en costas, puertos y corredores de trasiego, los operadores -primero- y los capos -después- empezaron a resultar ganadores de las alcaldías. Ya en control del poder local, afianzaban el poder sobre las fuerzas de seguridad, juzgados locales, etc.

Ambos mundos se fusionaban bajo la sombrilla de la política partidaria. En la búsqueda de fondos para sufragar campañas, o liderazgos locales con capacidad de movilización, los partidos abrieron el dique para que la corrupción y el narco invadieran al sistema. Así vimos el surgimiento de barones de la droga muy vinculados al poder. La relación de las hermanas Torres y Chamalé; Roxana Baldetti y los Zetas; o Mario Estrada y su negociación con Sinaloa, fueron las primeras luces rojas de esta tenebrosa historia.

Pero olvidamos un factor. El capo guatemalteco, al mismo estilo que el colombiano, sigue el modelo del “narco-benefactor”. Suple el vacío territorial del Estado. Apoya a la comunidad. Sufraga fiestas, bautizos, casorios y velorios. Es el “hombre fuerte” de la localidad. Monta caballo y usa pistola a la vista. Algunos, bendecidos con carisma y don de palabra, se convierten en íconos del caudillo moderno. Aquellos con más visión construyen redes de abajo hacia arriba. Se vinculan con alcaldes de municipios aledaños. Apoyan candidaturas de diputados. Movilizan votantes para elecciones presidenciales o manifestaciones confeccionadas a la carta. Cooptan los COCODES, o incluso, inciden en designaciones de gobernadores.

Esa es la historia de Erick Zúñiga o los Navarijo en San Marcos; los huista en Huehuetenango y los Ipala en Chiquimula. Todos, liderazgos locales atractivos para cualquier partido político en tiempo de elecciones.

De ahí que la reciente vinculación del alcalde Esduin Jerson Javier Javier, el Tres Kiebres, con el Cartel de Ipala, no haya sorprendido a nadie. Ni siquiera a los incautos.

El modus operandi del Cartel de Ipala ya había sido perfilado por agencias antinarcóticas. Básicamente son transportistas. Reciben la droga en la frontera con Honduras y proveen el servicio de embodegamiento, embalaje y transporte hacia México. Incluso, el New York Times resaltó sus métodos innovadores, al recurrir a caramelos, sopas y galletas para transportar la droga. En ese esquema, el control de las municipalidades resulta estratégico para su operación. De ahí la vinculación del Tres Kiebres.

Lo anecdótico de todo es la forma como se descubre esa relación, en el marco de una investigación criminal. La trama no es distinta a cómo decenas de personajes políticos de alcurnia resultaron vinculados a casos penales. Hallazgos inevitables en interceptaciones telefónicas contra el líder de la red, Carlos Alexander Guerra, develó que existía una relación de colaboración entre el grupo criminal y el alcalde.

Sin embargo, las escuchas revelaron un elemento más, digno de una novela surrealista: la misma noche en que un país entero celebraba el precoz knouckout del Tres Kiebres contra IronBran, la red coordinaba el asesinato de tres opositores, quienes -por cierto- no eran del agrado del jefe edil.

La información recabada en los más de treinta allanamientos, y de proceder el antejuicio en contra de Javier Javier, permitirá profundizar la investigación para conocer su grado de relación o participación en la red. Pero independiente de cómo evolucione el caso, las lecciones políticas son más que evidentes.

Ya desde 2015, la CICIG habría señalado el vínculo del alcalde con estructuras locales de la droga. Y aún así, en 2019, Javier Javier fue reelecto con un aplastante 78% de los votos. Peor aún, saltó a la palestra con la famosa pelea contra Neto Bran, y ya en diferentes círculos políticos, no faltaban los partidos que veían en el Tres Kiebres una opción potencial para candidato presidencial. Así entonces la degradación moral de la política. Aunque el río suene, nadie voltea a ver las piedras, puesto que el dinero para el financiamiento de campañas o el liderazgo local son los activos preciados en el juego electoral.

Mientras esa simbiosis entre política, corrupción y narco no se rompa, sobrarán los Tres Kiebres. En el peor de los casos, alguno de ellos -quizá- resulte electo Presidente de la República. No estamos muy lejos.

Desde el año 2000, Guatemala se ha adentrado en un camino tenebroso: la simbiosis entre la política, la corrupción y el crimen organizado.

El financiamiento ilícito abrió la puerta para que grupos interesados en el saqueo accedieran a las joyas de la corona. El IGSS, el MICIVI, el Ministerio de Salud, las Aduanas, las Gobernaciones y el sistema de COCODES se convirtieron en los botines a repartir entre financistas y sus operadores. Paralelo a ello, la invasión del narco abrió otro frente: carteles interesados en tomar control de territorios estratégicos. En las munis fronterizas, en costas, puertos y corredores de trasiego, los operadores -primero- y los capos -después- empezaron a resultar ganadores de las alcaldías. Ya en control del poder local, afianzaban el poder sobre las fuerzas de seguridad, juzgados locales, etc.

Ambos mundos se fusionaban bajo la sombrilla de la política partidaria. En la búsqueda de fondos para sufragar campañas, o liderazgos locales con capacidad de movilización, los partidos abrieron el dique para que la corrupción y el narco invadieran al sistema. Así vimos el surgimiento de barones de la droga muy vinculados al poder. La relación de las hermanas Torres y Chamalé; Roxana Baldetti y los Zetas; o Mario Estrada y su negociación con Sinaloa, fueron las primeras luces rojas de esta tenebrosa historia.

Pero olvidamos un factor. El capo guatemalteco, al mismo estilo que el colombiano, sigue el modelo del “narco-benefactor”. Suple el vacío territorial del Estado. Apoya a la comunidad. Sufraga fiestas, bautizos, casorios y velorios. Es el “hombre fuerte” de la localidad. Monta caballo y usa pistola a la vista. Algunos, bendecidos con carisma y don de palabra, se convierten en íconos del caudillo moderno. Aquellos con más visión construyen redes de abajo hacia arriba. Se vinculan con alcaldes de municipios aledaños. Apoyan candidaturas de diputados. Movilizan votantes para elecciones presidenciales o manifestaciones confeccionadas a la carta. Cooptan los COCODES, o incluso, inciden en designaciones de gobernadores.

Esa es la historia de Erick Zúñiga o los Navarijo en San Marcos; los huista en Huehuetenango y los Ipala en Chiquimula. Todos, liderazgos locales atractivos para cualquier partido político en tiempo de elecciones.

De ahí que la reciente vinculación del alcalde Esduin Jerson Javier Javier, el Tres Kiebres, con el Cartel de Ipala, no haya sorprendido a nadie. Ni siquiera a los incautos.

El modus operandi del Cartel de Ipala ya había sido perfilado por agencias antinarcóticas. Básicamente son transportistas. Reciben la droga en la frontera con Honduras y proveen el servicio de embodegamiento, embalaje y transporte hacia México. Incluso, el New York Times resaltó sus métodos innovadores, al recurrir a caramelos, sopas y galletas para transportar la droga. En ese esquema, el control de las municipalidades resulta estratégico para su operación. De ahí la vinculación del Tres Kiebres.

Lo anecdótico de todo es la forma como se descubre esa relación, en el marco de una investigación criminal. La trama no es distinta a cómo decenas de personajes políticos de alcurnia resultaron vinculados a casos penales. Hallazgos inevitables en interceptaciones telefónicas contra el líder de la red, Carlos Alexander Guerra, develó que existía una relación de colaboración entre el grupo criminal y el alcalde.

Sin embargo, las escuchas revelaron un elemento más, digno de una novela surrealista: la misma noche en que un país entero celebraba el precoz knouckout del Tres Kiebres contra IronBran, la red coordinaba el asesinato de tres opositores, quienes -por cierto- no eran del agrado del jefe edil.

La información recabada en los más de treinta allanamientos, y de proceder el antejuicio en contra de Javier Javier, permitirá profundizar la investigación para conocer su grado de relación o participación en la red. Pero independiente de cómo evolucione el caso, las lecciones políticas son más que evidentes.

Ya desde 2015, la CICIG habría señalado el vínculo del alcalde con estructuras locales de la droga. Y aún así, en 2019, Javier Javier fue reelecto con un aplastante 78% de los votos. Peor aún, saltó a la palestra con la famosa pelea contra Neto Bran, y ya en diferentes círculos políticos, no faltaban los partidos que veían en el Tres Kiebres una opción potencial para candidato presidencial. Así entonces la degradación moral de la política. Aunque el río suene, nadie voltea a ver las piedras, puesto que el dinero para el financiamiento de campañas o el liderazgo local son los activos preciados en el juego electoral.

Mientras esa simbiosis entre política, corrupción y narco no se rompa, sobrarán los Tres Kiebres. En el peor de los casos, alguno de ellos -quizá- resulte electo Presidente de la República. No estamos muy lejos.

Una proyección sobre estabilidad social de corto plazo

El 2020 trajo consigo la peor crisis humana de los últimos ochenta años. Y aparejada, la peor crisis económica global de la última centuria. Los 2.5 millones de fallecidos y una caída de 3.5% del PIB global nos dan una pequeña lectura del recuento de los daños.

Encontrar solución a este período de incertidumbre humana y de la “Gran Interrupción Económica” recayó entonces en manos de la ciencia. Menuda tarea. Laboratorios médicos de por lo menos diez países arrancaron la mayor carrera de investigación científica en la historia de la humanidad. Y a menos de un año de haberse decodificado el genoma del Covid-19, existen ya por lo menos 12 vacunas listas para administración. Podemos decir entonces que la ciencia se anotó una gran victoria.

Sin embargo, la distribución y administración masiva de la vacuna a nivel global depende más de procesos de carácter social y político que de los científicos mismos. Ahí entonces el meollo del debate subsiguiente.

Superar la pandemia y regresar a la “nueva normalidad” requiere entonces de un enorme esfuerzo en materia de gestión política, asignación de recursos públicos y privados y de administración sanitaria.

En este contexto, la variable clave para los Estados ya ni siquiera es disponibilidad de recursos científicos o financieros. El problema ahora se vuelve institucional.

Por ello, no debe de extrañarnos que los países más rezagados de América Latina en cuanto a sus respectivos procesos de vacunación sean Paraguay, Honduras y Guatemala. El costo de la débil institucionalidad pública se paga también en un proceso de esta naturaleza.

Los problemas de los tres países son comunes: retrasos en la aprobación política de presupuestos públicos y procedimientos administrativos para adquisición masiva de vacunas; limitaciones de infraestructura (sobre todo la cadena en frío) para iniciar con la administración masiva de ciertas vacunas; y debilidad de la institucionalidad sanitaria para encaminar una logística masiva de vacunación.

Si el problema entonces es político, el riesgo potencial también es político. Al final, en un mundo sin fronteras para la información, las expectativas adquiridas de la ciudadanía se aceleran exponencialmente.

O dicho de forma más sencilla. Mientras en Guatemala la primera oleada de vacunas ha dependido exclusivamente de donaciones de los Gobiernos de Israel y de la India, países como El Salvador y -hasta- Venezuela nos llevan algunos kilómetros de ventaja en cuanto a la adquisición de vacunas. Esa comparación natural con vecinos (ya sea inmediatos o a quienes consideramos como referentes de fracasos social) acarrea un efecto de descontento, molestia e incertidumbre.

A nivel ciudadano, el rechazo hacia las autoridades se exacerba con el paso del tiempo y la percepción que la vacuna aún está lejos de venir. A nivel empresarial, la incertidumbre se mantiene en el firmamento, dado que la expectativa de vacunación masiva de trabajadores de industrias esenciales (como precondición para agilizar el retorno a la normalidad) también se percibe como muy lejana.

Lo peor del caso, es que ante las debilidades institucionales, los problemas seguramente no se limitarán a la mera adquisición de vacunas. ¿Qué ocurrirá el día que se echen a perder lotes de vacunas por mala administración de cadena de frío o limitada infraestructura para el efecto? ¿Qué ocurrirá el día que se descubra que personajes con poder político tuvieron acceso preferente a vacunas en detrimento de trabajadores de primera línea o personas en situación de riesgo? O peor aún, ¿qué pasará el día que inevitablemente se presenten efectos médicos adversos por la administración de una determinada vacuna? Estos y otros más son problemas naturales que podemos esperar en las semanas por venir.

De ahí entonces la importancia de agilizar el proceso. Ante la realidad de descontento que vimos en noviembre 2020, en donde claramente quedó evidenciado que el caldo de cultivo para un estallido social está a la orden del día, todo parecería indicar que la estabilidad política y social de corto plazo dependerá en gran medida de la capacidad institucional de administrar la vacunación contra el Covid-19.

No digan después que no se los advertimos.

Una proyección sobre estabilidad social de corto plazo

El 2020 trajo consigo la peor crisis humana de los últimos ochenta años. Y aparejada, la peor crisis económica global de la última centuria. Los 2.5 millones de fallecidos y una caída de 3.5% del PIB global nos dan una pequeña lectura del recuento de los daños.

Encontrar solución a este período de incertidumbre humana y de la “Gran Interrupción Económica” recayó entonces en manos de la ciencia. Menuda tarea. Laboratorios médicos de por lo menos diez países arrancaron la mayor carrera de investigación científica en la historia de la humanidad. Y a menos de un año de haberse decodificado el genoma del Covid-19, existen ya por lo menos 12 vacunas listas para administración. Podemos decir entonces que la ciencia se anotó una gran victoria.

Sin embargo, la distribución y administración masiva de la vacuna a nivel global depende más de procesos de carácter social y político que de los científicos mismos. Ahí entonces el meollo del debate subsiguiente.

Superar la pandemia y regresar a la “nueva normalidad” requiere entonces de un enorme esfuerzo en materia de gestión política, asignación de recursos públicos y privados y de administración sanitaria.

En este contexto, la variable clave para los Estados ya ni siquiera es disponibilidad de recursos científicos o financieros. El problema ahora se vuelve institucional.

Por ello, no debe de extrañarnos que los países más rezagados de América Latina en cuanto a sus respectivos procesos de vacunación sean Paraguay, Honduras y Guatemala. El costo de la débil institucionalidad pública se paga también en un proceso de esta naturaleza.

Los problemas de los tres países son comunes: retrasos en la aprobación política de presupuestos públicos y procedimientos administrativos para adquisición masiva de vacunas; limitaciones de infraestructura (sobre todo la cadena en frío) para iniciar con la administración masiva de ciertas vacunas; y debilidad de la institucionalidad sanitaria para encaminar una logística masiva de vacunación.

Si el problema entonces es político, el riesgo potencial también es político. Al final, en un mundo sin fronteras para la información, las expectativas adquiridas de la ciudadanía se aceleran exponencialmente.

O dicho de forma más sencilla. Mientras en Guatemala la primera oleada de vacunas ha dependido exclusivamente de donaciones de los Gobiernos de Israel y de la India, países como El Salvador y -hasta- Venezuela nos llevan algunos kilómetros de ventaja en cuanto a la adquisición de vacunas. Esa comparación natural con vecinos (ya sea inmediatos o a quienes consideramos como referentes de fracasos social) acarrea un efecto de descontento, molestia e incertidumbre.

A nivel ciudadano, el rechazo hacia las autoridades se exacerba con el paso del tiempo y la percepción que la vacuna aún está lejos de venir. A nivel empresarial, la incertidumbre se mantiene en el firmamento, dado que la expectativa de vacunación masiva de trabajadores de industrias esenciales (como precondición para agilizar el retorno a la normalidad) también se percibe como muy lejana.

Lo peor del caso, es que ante las debilidades institucionales, los problemas seguramente no se limitarán a la mera adquisición de vacunas. ¿Qué ocurrirá el día que se echen a perder lotes de vacunas por mala administración de cadena de frío o limitada infraestructura para el efecto? ¿Qué ocurrirá el día que se descubra que personajes con poder político tuvieron acceso preferente a vacunas en detrimento de trabajadores de primera línea o personas en situación de riesgo? O peor aún, ¿qué pasará el día que inevitablemente se presenten efectos médicos adversos por la administración de una determinada vacuna? Estos y otros más son problemas naturales que podemos esperar en las semanas por venir.

De ahí entonces la importancia de agilizar el proceso. Ante la realidad de descontento que vimos en noviembre 2020, en donde claramente quedó evidenciado que el caldo de cultivo para un estallido social está a la orden del día, todo parecería indicar que la estabilidad política y social de corto plazo dependerá en gran medida de la capacidad institucional de administrar la vacunación contra el Covid-19.

No digan después que no se los advertimos.