La trascendencia del Congreso en el juego republicano.

Uno de los elementos centrales de todo sistema republicano, es la existencia de balances de poderes, y mecanismos de frenos y contrapesos. Los mismos hacen posible que en el marco de un sistema político, los diferentes organismos de Estado se contrapesen a sí mismos, con el objetivo de reducir la potencial arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos.

En el caso guatemalteco, es evidente que existe una concentración de frenos y contrapesos en manos del Congreso de la República, institución que por diseño constituye un “Primero entre iguales” entre los poderes del Estado. Veamos.

El Congreso de la República tiene en sus manos una serie de mecanismos para balancear y controlar al Ejecutivo. El más evidente, son las citaciones a funcionarios del Ejecutivo y las interpelaciones a Ministros. El Legislativo tiene además la facultad de pedir el “voto de falta de confianza” contra los Ministros del Ejecutivo. También, el Congreso tiene en sus manos la facultad de aprobar el Presupuesto del Gobierno, y de aceptar o no la liquidación presupuestaria que anualmente elabora la Contraloría General de Cuentas. Además de lo anterior, el Legislativo tiene la competencia de los procesos de antejuicio contra Ministros Presidente y Vicepresidente. Y por si fuera poco, el principio de “Supremacía Legislativa” faculta al Congreso a sobreseer vetos presidenciales.

Por su parte, el Legislativo tiene tres herramientas de control hacia el Organismo Judicial: la elaboración y fiscalización del Presupuesto del Organismo Judicial; la elección de magistrados de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia; y la competencia para conocer antejuicios contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

De parte del Ejecutivo, éste tan sólo tiene dos herramientas de control hacia el Legislativo: el poder del veto presidencial, y la confirmación ministerial en el caso de un voto de falta de confianza. Pero ambos, quedan subordinados al principio de “supremacía legislativa”, por lo que al final del día, el Congreso puede igual sobreseer lo actuado por el Ejecutivo.

Mientras que de parte del Organismo Judicial hacia el Legislativo, este tiene la competencia de conocer los antejuicios contra diputados.

Del mapa anterior resalta entonces que el adecuado funcionamiento del sistema republicano descansa sobre los hombros del Organismo Legislativo. La mala utilización de las herramientas de control, ya sea por omisión o como recurso de bloqueo o chantaje político, no sólo genera ingobernabilidad, sino además, debilita el funcionamiento del sistema en su conjunto. Pero además, dado que el sistema republicano concentra muchas de las funciones de control inter-orgánico en el Congreso, el funcionamiento de este organismo resulta de trascendental importancia para todo el aparato del poder público.

Por ello, resulta imperativo fortalecer la representatividad del aparato legislativo. Por tal razón, la discusión de cómo hacer más democráticos los partidos políticos, cómo acercar al votante con sus representantes, cómo reducir los incentivos perversos en la integración del Congreso, resulta de importancia estratégica para el buen funcionamiento de todo el sistema.

La trascendencia del Congreso en el juego republicano.

Uno de los elementos centrales de todo sistema republicano, es la existencia de balances de poderes, y mecanismos de frenos y contrapesos. Los mismos hacen posible que en el marco de un sistema político, los diferentes organismos de Estado se contrapesen a sí mismos, con el objetivo de reducir la potencial arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos.

En el caso guatemalteco, es evidente que existe una concentración de frenos y contrapesos en manos del Congreso de la República, institución que por diseño constituye un “Primero entre iguales” entre los poderes del Estado. Veamos.

El Congreso de la República tiene en sus manos una serie de mecanismos para balancear y controlar al Ejecutivo. El más evidente, son las citaciones a funcionarios del Ejecutivo y las interpelaciones a Ministros. El Legislativo tiene además la facultad de pedir el “voto de falta de confianza” contra los Ministros del Ejecutivo. También, el Congreso tiene en sus manos la facultad de aprobar el Presupuesto del Gobierno, y de aceptar o no la liquidación presupuestaria que anualmente elabora la Contraloría General de Cuentas. Además de lo anterior, el Legislativo tiene la competencia de los procesos de antejuicio contra Ministros Presidente y Vicepresidente. Y por si fuera poco, el principio de “Supremacía Legislativa” faculta al Congreso a sobreseer vetos presidenciales.

Por su parte, el Legislativo tiene tres herramientas de control hacia el Organismo Judicial: la elaboración y fiscalización del Presupuesto del Organismo Judicial; la elección de magistrados de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia; y la competencia para conocer antejuicios contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

De parte del Ejecutivo, éste tan sólo tiene dos herramientas de control hacia el Legislativo: el poder del veto presidencial, y la confirmación ministerial en el caso de un voto de falta de confianza. Pero ambos, quedan subordinados al principio de “supremacía legislativa”, por lo que al final del día, el Congreso puede igual sobreseer lo actuado por el Ejecutivo.

Mientras que de parte del Organismo Judicial hacia el Legislativo, este tiene la competencia de conocer los antejuicios contra diputados.

Del mapa anterior resalta entonces que el adecuado funcionamiento del sistema republicano descansa sobre los hombros del Organismo Legislativo. La mala utilización de las herramientas de control, ya sea por omisión o como recurso de bloqueo o chantaje político, no sólo genera ingobernabilidad, sino además, debilita el funcionamiento del sistema en su conjunto. Pero además, dado que el sistema republicano concentra muchas de las funciones de control inter-orgánico en el Congreso, el funcionamiento de este organismo resulta de trascendental importancia para todo el aparato del poder público.

Por ello, resulta imperativo fortalecer la representatividad del aparato legislativo. Por tal razón, la discusión de cómo hacer más democráticos los partidos políticos, cómo acercar al votante con sus representantes, cómo reducir los incentivos perversos en la integración del Congreso, resulta de importancia estratégica para el buen funcionamiento de todo el sistema.

Esto diagnosticaba el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el sistema de justicia de Guatemala en 1968:

“The court system in Guatemala is not only antiquated but the quality of the judges is very low. The security forces feel they can not rely on the courts for the administration of justice, and, unfortunately, some of their recent experiences have not served to reassure them. The judges are not only often incompetent, but they are in many cases corrupt, and responsive to pressures and threats. Also, the entire judicial process makes it very difficult to prosecute anyone appre hended” (Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers – United States. Department of State, David C. Geyer. Pp. 231)

A pesar de que Guatemala ha tenido logros importantes desde la apertura democrática en los ochentas, el problema de la justicia pareciera ser una rémora que se arrastra desde los peores momentos del conflicto armado interno.

Desde la teoría política se asume que cuando por cualquier contingencia se rompe el contrato social —bien sea por guerras, desastres naturales o pestes—, el hombre vuelve al estado de naturaleza primigenio del “todos contra todos” y la violencia pasa a ser la moneda de cambio en la sociedad.

Durante estas eventualidades, muchos se aprovechan del vacío de Estado (o, en todo caso, del árbitro neutral que imparte justicia y resuelve los conflictos entre terceros) y la gente comienza a tomar la justicia en sus propias manos y pareciera que se justifica romper las cláusulas más básicas de convivencia social. Son momentos donde brotan las pulsiones más salvajes de nuestro sistema límbico y como humanos nos alejamos de los límites de contención impuestos por la razón, las leyes y la moral.

Esta es una de las tantas lecturas que se desprenden de la más reciente novela de Francisco Pérez de Antón, Heridas tiene la noche, que se desarrolla en un momento verdaderamente traumático de la historia reciente de Guatemala: el aciago año 68.

Un año especialmente sangriento para Guatemala en donde las guerrillas urbanas escalaron el conflicto llevándolo a unos extremos de radicalización nunca antes vistos en el país (al menos hasta ese momento) y en donde la Ciudad de Guatemala se convertiría en un escenario de guerra sin cuartel en el que también harían parte los escuadrones anti-insurgencia, la policía y el ejército. Un año en donde hubo asesinatos políticos, secuestros y desapariciones de personajes de alto perfil y relevancia que llenaron a la población de miedo e incertidumbre frente al futuro.

Pero esta narración no es un relato desde la historia política reciente, sino desde la vida cotidiana del ciudadano de a pie que de pronto se vio atrapado en una intrincada maraña de intereses políticos manejados por los países en pugna durante la Guerra Fría que hicieron de Guatemala su campo de batalla.

Ese ciudadano anodino del año 68 está encarnado en el personaje principal de la novela, Aloiso Ayarza, quien buscará desesperadamente justicia por el asesinato de su hermano y se estrellará de frente contra un poder político ejercido arbitrariamente que no le interesa impartir justicia sino imponerse sobre el bando enemigo. Y en esas circunstancias, tendrá que maniobrar él solo para hallar a los culpables del crimen contra su familia.

De hecho, en uno de los momentos finales de la novela, Ayarza sostiene una acalorada discusión con el escabroso inspector Garellano en donde le increpa por el hecho de ser parte de un aparato de poder corrompido desde sus entrañas:

— El mayor promotor de la venganza es un sistema judicial corrupto. Uno como aquel al que usted pertenecía. Las personas recurren a la justicia más primitiva cuando la justicia institucional no funciona. O no la permiten funcionar, como hacían ustedes…

En el presente, medio siglo después, apenas 20% de los guatemaltecos confían en el Ministerio Público; y sólo 8% confían en la Corte de Constitucionalidad y en el Organismo Judicial, respectivamente[1]. Lo cual indica que en términos de percepción, el asunto no ha mejorado. Seguimos siendo un territorio sin ley con profundos rezagos en esta materia y, de hecho, varios expertos indican que la causa de nuestros problemas actuales estriba precisamente en la debilidad y precariedad de nuestro Estado de derecho.

La solución pareciera ser bastante clara más no sencilla de acometer, pero sólo fortaleciendo la justicia, invirtiendo en capacidades, mejorando la calidad institucional y robusteciendo nuestro Estado de derecho, dejaremos de repetir los ciclos nefastos del pasado.

[1] Encuesta Fundación Libertad y Desarrollo- CID Gallup. Julio 2019

Esto diagnosticaba el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el sistema de justicia de Guatemala en 1968:

“The court system in Guatemala is not only antiquated but the quality of the judges is very low. The security forces feel they can not rely on the courts for the administration of justice, and, unfortunately, some of their recent experiences have not served to reassure them. The judges are not only often incompetent, but they are in many cases corrupt, and responsive to pressures and threats. Also, the entire judicial process makes it very difficult to prosecute anyone appre hended” (Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers – United States. Department of State, David C. Geyer. Pp. 231)

A pesar de que Guatemala ha tenido logros importantes desde la apertura democrática en los ochentas, el problema de la justicia pareciera ser una rémora que se arrastra desde los peores momentos del conflicto armado interno.

Desde la teoría política se asume que cuando por cualquier contingencia se rompe el contrato social —bien sea por guerras, desastres naturales o pestes—, el hombre vuelve al estado de naturaleza primigenio del “todos contra todos” y la violencia pasa a ser la moneda de cambio en la sociedad.

Durante estas eventualidades, muchos se aprovechan del vacío de Estado (o, en todo caso, del árbitro neutral que imparte justicia y resuelve los conflictos entre terceros) y la gente comienza a tomar la justicia en sus propias manos y pareciera que se justifica romper las cláusulas más básicas de convivencia social. Son momentos donde brotan las pulsiones más salvajes de nuestro sistema límbico y como humanos nos alejamos de los límites de contención impuestos por la razón, las leyes y la moral.

Esta es una de las tantas lecturas que se desprenden de la más reciente novela de Francisco Pérez de Antón, Heridas tiene la noche, que se desarrolla en un momento verdaderamente traumático de la historia reciente de Guatemala: el aciago año 68.

Un año especialmente sangriento para Guatemala en donde las guerrillas urbanas escalaron el conflicto llevándolo a unos extremos de radicalización nunca antes vistos en el país (al menos hasta ese momento) y en donde la Ciudad de Guatemala se convertiría en un escenario de guerra sin cuartel en el que también harían parte los escuadrones anti-insurgencia, la policía y el ejército. Un año en donde hubo asesinatos políticos, secuestros y desapariciones de personajes de alto perfil y relevancia que llenaron a la población de miedo e incertidumbre frente al futuro.

Pero esta narración no es un relato desde la historia política reciente, sino desde la vida cotidiana del ciudadano de a pie que de pronto se vio atrapado en una intrincada maraña de intereses políticos manejados por los países en pugna durante la Guerra Fría que hicieron de Guatemala su campo de batalla.

Ese ciudadano anodino del año 68 está encarnado en el personaje principal de la novela, Aloiso Ayarza, quien buscará desesperadamente justicia por el asesinato de su hermano y se estrellará de frente contra un poder político ejercido arbitrariamente que no le interesa impartir justicia sino imponerse sobre el bando enemigo. Y en esas circunstancias, tendrá que maniobrar él solo para hallar a los culpables del crimen contra su familia.

De hecho, en uno de los momentos finales de la novela, Ayarza sostiene una acalorada discusión con el escabroso inspector Garellano en donde le increpa por el hecho de ser parte de un aparato de poder corrompido desde sus entrañas:

— El mayor promotor de la venganza es un sistema judicial corrupto. Uno como aquel al que usted pertenecía. Las personas recurren a la justicia más primitiva cuando la justicia institucional no funciona. O no la permiten funcionar, como hacían ustedes…

En el presente, medio siglo después, apenas 20% de los guatemaltecos confían en el Ministerio Público; y sólo 8% confían en la Corte de Constitucionalidad y en el Organismo Judicial, respectivamente[1]. Lo cual indica que en términos de percepción, el asunto no ha mejorado. Seguimos siendo un territorio sin ley con profundos rezagos en esta materia y, de hecho, varios expertos indican que la causa de nuestros problemas actuales estriba precisamente en la debilidad y precariedad de nuestro Estado de derecho.

La solución pareciera ser bastante clara más no sencilla de acometer, pero sólo fortaleciendo la justicia, invirtiendo en capacidades, mejorando la calidad institucional y robusteciendo nuestro Estado de derecho, dejaremos de repetir los ciclos nefastos del pasado.

[1] Encuesta Fundación Libertad y Desarrollo- CID Gallup. Julio 2019

En honor a los millones de migrantes que arriesgan su vida, ojalá el mundo sea algún día un territorio libre en el que los pasaportes sean cosa de la historia.

A través de la historia de la humanidad, la migración ha creado oportunidades y ha construido destinos; pero también ha sido un drama humano que ha separado familias y ha costado vidas.

La mayoría de los hombres y mujeres del mundo que alcanzaron el éxito, fueron migrantes que hoy son orgullo de las naciones de las que son parte. Por eso, la ilusión de arriesgar la vida con la migración. Y todo, porque en demasiados países de la América Latina, por décadas, hemos vivido en la tiranía del subdesarrollo político.

Somos países en los que la libertad está siempre bajo la amenaza de sembradores eficientes del caos, pistoleros de las extremas, caníbales que, con su corrupción, su incompetencia y su impunidad, juzgan y condenan el destino de naciones enteras. Naciones a las que, con su arrogancia y su codicia, castigan con sacrificios humanos.

El mundo de hoy, con sus desafíos, amenazas y oportunidades, necesita que sus habitantes sean rebeldes con causa para luchar por su bienestar y por su felicidad. Una lucha que se debe dar a pesar de la miseria moral y material del subdesarrollo político que las élites, sobre todo la élite política, nos han impuesto.

El mundo de hoy necesita ciudadanos que comprenden la importancia de defender, promover y preservar las normas que exigen la democracia, el Estado de Derecho y la Libertad. Sin ellas, la convivencia entre los seres humanos es imposible. Sin ellas, el desarrollo y el bienestar son imposibles. 

Otra constante en la historia de la humanidad ha sido buscar el camino para evitar la angustia y la incertidumbre a cambio de favorecer la alegría y la serenidad. No todas las tristezas son iguales; las hay por excesos y por ausencias. Ante semejante encrucijada, una escritora del Siglo pasado proponía la tristeza honesta como única salida. Se puede acceder a ella en todas las edades y es fácil de encontrar. Una cosa es segura, decía, quienes la consigan en sobredosis, serán los primeros en conocer la alegría.  

Conocer la alegría en el mundo político de hoy es aprender a ser ciudadano. Es saber ser libre, y estar dispuesto a pagar el costo.

Para el mundo occidental desarrollado, Guatemala, El Salvador y Honduras son fábricas de pobres, exportadores de personas, países incapaces de generar condiciones mínimas de vida para su población.

Para nosotros, los centroamericanos, la responsabilidad y los desafíos siguen siendo los mismos: realizar la reforma institucional de nuestros Estados para garantizar el Estado de Derecho y las libertades civiles, diseñar y ejecutar un modelo de desarrollo efectivo e integrar la región en una unidad económica. 

Como reflexión final y en honor a los millones de migrantes que arriesgan su vida, ojalá el mundo sea algún día un territorio libre en el que los pasaportes sean cosa de la historia.

Este sería el desenlace si élites y gobiernos del mundo subdesarrollado aprendemos a gobernarnos. Si somos capaces de diseñar y ejecutar modelos de desarrollo efectivos y exitosos, generadores de oportunidades.

Así, lo último en que pensarían los ciudadanos de cada nación es en abandonar la tierra que los vio nacer.

Lo que no puede y no debe suceder en nuestros países es que seamos testigos pasivos de millones de seres humanos viviendo en la desesperanza, en las colas del hambre o en las fronteras apostando su vida al todo por el todo. 

El subdesarrollo político, la ausencia de suficiente crecimiento económico, y por eso, la falta de oportunidades; la violencia, la corrupción y la impunidad están acabando con la libertad y con la democracia de una buena parte de la América Latina. 

Por eso, son tan importantes la Justicia y el Estado de Derecho; porque sólo a través de su fuerza y consistencia se pueden defender la democracia y la libertad.   

Sigamos pensando en el modelo que desarrollo que permitiría que, Centroamérica pueda ser, algún día, la región que no es, pero que, todavía puede ser.

En honor a los millones de migrantes que arriesgan su vida, ojalá el mundo sea algún día un territorio libre en el que los pasaportes sean cosa de la historia.

A través de la historia de la humanidad, la migración ha creado oportunidades y ha construido destinos; pero también ha sido un drama humano que ha separado familias y ha costado vidas.

La mayoría de los hombres y mujeres del mundo que alcanzaron el éxito, fueron migrantes que hoy son orgullo de las naciones de las que son parte. Por eso, la ilusión de arriesgar la vida con la migración. Y todo, porque en demasiados países de la América Latina, por décadas, hemos vivido en la tiranía del subdesarrollo político.

Somos países en los que la libertad está siempre bajo la amenaza de sembradores eficientes del caos, pistoleros de las extremas, caníbales que, con su corrupción, su incompetencia y su impunidad, juzgan y condenan el destino de naciones enteras. Naciones a las que, con su arrogancia y su codicia, castigan con sacrificios humanos.

El mundo de hoy, con sus desafíos, amenazas y oportunidades, necesita que sus habitantes sean rebeldes con causa para luchar por su bienestar y por su felicidad. Una lucha que se debe dar a pesar de la miseria moral y material del subdesarrollo político que las élites, sobre todo la élite política, nos han impuesto.

El mundo de hoy necesita ciudadanos que comprenden la importancia de defender, promover y preservar las normas que exigen la democracia, el Estado de Derecho y la Libertad. Sin ellas, la convivencia entre los seres humanos es imposible. Sin ellas, el desarrollo y el bienestar son imposibles. 

Otra constante en la historia de la humanidad ha sido buscar el camino para evitar la angustia y la incertidumbre a cambio de favorecer la alegría y la serenidad. No todas las tristezas son iguales; las hay por excesos y por ausencias. Ante semejante encrucijada, una escritora del Siglo pasado proponía la tristeza honesta como única salida. Se puede acceder a ella en todas las edades y es fácil de encontrar. Una cosa es segura, decía, quienes la consigan en sobredosis, serán los primeros en conocer la alegría.  

Conocer la alegría en el mundo político de hoy es aprender a ser ciudadano. Es saber ser libre, y estar dispuesto a pagar el costo.

Para el mundo occidental desarrollado, Guatemala, El Salvador y Honduras son fábricas de pobres, exportadores de personas, países incapaces de generar condiciones mínimas de vida para su población.

Para nosotros, los centroamericanos, la responsabilidad y los desafíos siguen siendo los mismos: realizar la reforma institucional de nuestros Estados para garantizar el Estado de Derecho y las libertades civiles, diseñar y ejecutar un modelo de desarrollo efectivo e integrar la región en una unidad económica. 

Como reflexión final y en honor a los millones de migrantes que arriesgan su vida, ojalá el mundo sea algún día un territorio libre en el que los pasaportes sean cosa de la historia.

Este sería el desenlace si élites y gobiernos del mundo subdesarrollado aprendemos a gobernarnos. Si somos capaces de diseñar y ejecutar modelos de desarrollo efectivos y exitosos, generadores de oportunidades.

Así, lo último en que pensarían los ciudadanos de cada nación es en abandonar la tierra que los vio nacer.

Lo que no puede y no debe suceder en nuestros países es que seamos testigos pasivos de millones de seres humanos viviendo en la desesperanza, en las colas del hambre o en las fronteras apostando su vida al todo por el todo. 

El subdesarrollo político, la ausencia de suficiente crecimiento económico, y por eso, la falta de oportunidades; la violencia, la corrupción y la impunidad están acabando con la libertad y con la democracia de una buena parte de la América Latina. 

Por eso, son tan importantes la Justicia y el Estado de Derecho; porque sólo a través de su fuerza y consistencia se pueden defender la democracia y la libertad.   

Sigamos pensando en el modelo que desarrollo que permitiría que, Centroamérica pueda ser, algún día, la región que no es, pero que, todavía puede ser.

En 1989 Francis Fukuyama publicó uno de los artículos más emblemáticos de las Relaciones Internacionales:  “El fin de la Historia”. En sus páginas explica la victoria de las instituciones liberales frente  al absolutismo, el bolchevismo, el fascismo y  finalmente el marxismo. Esto, dice, se logró a través del agotamiento de alternativas viables y efectivas a los sistemas basados en la libertad, el estado de derecho y la democracia republicana como mecanismos para la resolución de conflictos.

En su ensayo -que años más tarde se convirtió en libro- Fukuyama destacó dos grandes enemigos del liberalismo en el siglo XX: el fascismo y el comunismo. Los primeros 50 años del siglo XX fueron para derrotar al primero. Las promesas de grandeza del fascismo alemán quedaron sepultadas después de la Segunda Guerra Mundial  y casi todos los países quedaron curados. 

La segunda mitad del siglo XX sirvió para darle batalla al comunismo. Las reformas emprendidas por Gorbachev y la final caída del muro de Berlín fueron la evidencia de un sistema fracasado. Al mismo tiempo, en China se hicieron cambios que daban luces de encaminarse hacia un sistema de mercado más abierto. 

Según Fukuyama el fin de la historia se encuentra del otro lado de las grandes batallas culturales e ideológicas.  Al hacer un breve recorrido histórico universal, retoma la idea Hegeliana y presentada por Kojève, de que la humanidad -en términos muy generales- ya lo alcanzó, la libertad y la democracia republicana ganaron. Sin embargo, las conquistas no son para siempre, las ideas nunca mueren y las democracias son sistemas siempre perfectibles. 

Dice Fukuyama, que el estado final de la historia es liberal porque reconoce y protege el derecho universal de los hombres a su libertad y es democrático porque funciona a través del consentimiento de los gobernados. Aquellos países que han logrado demostrar que las instituciones del liberalismo son parte de la fórmula más eficiente habrán alcanzado el fin de la historia. 

Sin embargo, en la actualidad hay algunos países en los que todavía se están dando esos debates o peor aún, en los que las instituciones liberales jamás han cuajado. Tal es el caso de América Latina que hoy es la arena de batalla de otro de los grandes enemigos que debe y deberá combatir el liberalismo: el populismo. 

El craso error en América Latina es la ausencia de instituciones sólidas que permitan canalizar las demandas de los ciudadanos. Si a esto se agregan factores como el analfabetismo, la desnutrición, la pobreza, la violencia y la corrupción, la fórmula es desastrosa. Es precisamente en estos ambientes en los que surgen los “hombres fuertes” o caudillos que ofrecen cambios radicales a un sistema disfuncional.

Los caudillos latinoamericanos están resurgiendo y con sus proyectos populistas se están vendiendo como una fórmula más eficaz que las instituciones liberales para resolver los problemas de nuestros tiempos. Sin embargo, así como las pretensiones del fascismo y el comunismo finalmente fueron desenmascaradas por la historia, la del populismo también lo será. Ya tenemos algunos ejemplos de sus fracasos.

Quizá la historia no necesariamente tiene un final como dice Fukuyama, quizá más bien se trata de un proceso, de un ciclo de expansión y contracción de las libertades, el famoso péndulo entre libertad o coerción. Quizá los seres humanos siempre estamos buscando maneras de aumentar nuestros grados de libertad y son esos los motores de los cambios políticos. Lo cierto es que los liberales en América Latina estamos hoy en el campo de batalla y nuestro enemigo es el populismo.

En 1989 Francis Fukuyama publicó uno de los artículos más emblemáticos de las Relaciones Internacionales:  “El fin de la Historia”. En sus páginas explica la victoria de las instituciones liberales frente  al absolutismo, el bolchevismo, el fascismo y  finalmente el marxismo. Esto, dice, se logró a través del agotamiento de alternativas viables y efectivas a los sistemas basados en la libertad, el estado de derecho y la democracia republicana como mecanismos para la resolución de conflictos.

En su ensayo -que años más tarde se convirtió en libro- Fukuyama destacó dos grandes enemigos del liberalismo en el siglo XX: el fascismo y el comunismo. Los primeros 50 años del siglo XX fueron para derrotar al primero. Las promesas de grandeza del fascismo alemán quedaron sepultadas después de la Segunda Guerra Mundial  y casi todos los países quedaron curados. 

La segunda mitad del siglo XX sirvió para darle batalla al comunismo. Las reformas emprendidas por Gorbachev y la final caída del muro de Berlín fueron la evidencia de un sistema fracasado. Al mismo tiempo, en China se hicieron cambios que daban luces de encaminarse hacia un sistema de mercado más abierto. 

Según Fukuyama el fin de la historia se encuentra del otro lado de las grandes batallas culturales e ideológicas.  Al hacer un breve recorrido histórico universal, retoma la idea Hegeliana y presentada por Kojève, de que la humanidad -en términos muy generales- ya lo alcanzó, la libertad y la democracia republicana ganaron. Sin embargo, las conquistas no son para siempre, las ideas nunca mueren y las democracias son sistemas siempre perfectibles. 

Dice Fukuyama, que el estado final de la historia es liberal porque reconoce y protege el derecho universal de los hombres a su libertad y es democrático porque funciona a través del consentimiento de los gobernados. Aquellos países que han logrado demostrar que las instituciones del liberalismo son parte de la fórmula más eficiente habrán alcanzado el fin de la historia. 

Sin embargo, en la actualidad hay algunos países en los que todavía se están dando esos debates o peor aún, en los que las instituciones liberales jamás han cuajado. Tal es el caso de América Latina que hoy es la arena de batalla de otro de los grandes enemigos que debe y deberá combatir el liberalismo: el populismo. 

El craso error en América Latina es la ausencia de instituciones sólidas que permitan canalizar las demandas de los ciudadanos. Si a esto se agregan factores como el analfabetismo, la desnutrición, la pobreza, la violencia y la corrupción, la fórmula es desastrosa. Es precisamente en estos ambientes en los que surgen los “hombres fuertes” o caudillos que ofrecen cambios radicales a un sistema disfuncional.

Los caudillos latinoamericanos están resurgiendo y con sus proyectos populistas se están vendiendo como una fórmula más eficaz que las instituciones liberales para resolver los problemas de nuestros tiempos. Sin embargo, así como las pretensiones del fascismo y el comunismo finalmente fueron desenmascaradas por la historia, la del populismo también lo será. Ya tenemos algunos ejemplos de sus fracasos.

Quizá la historia no necesariamente tiene un final como dice Fukuyama, quizá más bien se trata de un proceso, de un ciclo de expansión y contracción de las libertades, el famoso péndulo entre libertad o coerción. Quizá los seres humanos siempre estamos buscando maneras de aumentar nuestros grados de libertad y son esos los motores de los cambios políticos. Lo cierto es que los liberales en América Latina estamos hoy en el campo de batalla y nuestro enemigo es el populismo.

Desde sus mismos orígenes, las élites en Guatemala apostaron por el gatopardismo

El 1 de enero de 1820, el teniente coronel del ejército español, don Rafael de Riego, protagonizó un levantamiento militar contra la monarquía absolutista del Rey Fernando VII. El episodio marcaría el inicio del “Trienio Liberal”, período en el cual España se convirtió en una monarquía constitucional, adoptando para tal efecto, la Constitución de Cádiz, la misma que estuvo vigente entre 1812 y 1814, cuando la península ibérica estaba ocupada por la Francia napoleónica.

La Constitución de Cádiz, considerada uno de los hitos del liberalismo decimonónico, subordinaba el poder del Rey a las Cortes, decretaba el laicismo, la libertad de culto y eliminaba los privilegios del clero y la nobleza. Mientras que los Artículos 10 y 11 de la Constitución reconocían a las colonias americanas como provincias del reino, pero limitaba cualquier ejercicio de autonomía efectiva.

Es decir, para 1820 España apostaba por una receta política de liberalismo y constitucionalismo.

Entre tanto, en México y Centroamérica, los movimientos y rebeliones independentistas, protagonizadas primero por Miguel Hidalgo y Costilla, y luego por Vicente Guerrero, fenecían ante un reconstituido Ejército español. No obstante, ese giro hacia el liberalismo y hacia la modernidad en la Madre Patria generaba resquemor entre la élite comercial y el clero conservador centroamericano. Dicho resquemor se manifestó principalmente en la reticencia local a aceptar la restaurada Constitución de Cádiz.

En este contexto, las autoridades peninsulares, la elite criolla, el alto clero y los oficiales del Ejército real –simpatizantes del absolutismo y fervientes antiliberales– organizaron una serie de reuniones secretas para declarar la independencia de México y Centroamérica. Su ideal no era proclamar la libertad y la soberanía, sino restablecer la monarquía bajo la dirección de un infante español, que rechazara el laicismo y las instituciones constitucionales de Cádiz.

Ese espíritu fue el que dio origen al Plan de Iguala, proclamado por Agustín Iturbide, comandante del Ejército español en México. Sus tres principios materializaban el sentir conservador de la época: consagrar la unidad entre peninsulares y criollos, declarar la independencia y la adscripción a la religión católica.

La venida a Guatemala de Vicente Filísola, delegado de Iturbide, aceleró el sentir de la elite de proclamar la independencia de las Provincias de Centroamérica, la cual se suscribió en papel sellado de la corona. Los notables que participaron de la junta nombraron como primer Jefe de las Provincias Unidas a Gabino Gaínza, quien hasta el 14 de septiembre ejercía el cargo de Capitán General y Comandante del Ejército español en Centroamérica. Vaya independencia: el Primer Presidente de la Centroamérica independiente era ni más ni menos que la última autoridad monárquica española.

La independencia, y posterior anexión a México, habrían de confirmarse en un Congreso Constituyente convocado para el 1 de marzo de 1822. No obstante, el Plan de Iguala fracasó. La invitación a un infante español para asumir la corona de un independiente Reino de México fue rechazada por la familia Borbón. Ante el vacío de liderazgo político, Agustín Iturbide fue proclamado Emperador.

Sirva esta pequeña reseña para mostrar lo evidente. La independencia de Guatemala no representa un sueño de libertad, ni la materialización de las ideas de la Ilustración, como sí ocurrió en las 13 colonias americanas o en América del Sur. Por el contrario, la emancipación centroamericana fue una reacción al liberalismo español, al temor por el laicismo y al deseo de mantener la subordinación a un monarca absoluto. En pocas palabras, cual gato-pardo, la élite local apostó por aquella muy conocida receta de que “era preciso cambiar, para que todo siguiera igual.”

Desde sus mismos orígenes, las élites en Guatemala apostaron por el gatopardismo

El 1 de enero de 1820, el teniente coronel del ejército español, don Rafael de Riego, protagonizó un levantamiento militar contra la monarquía absolutista del Rey Fernando VII. El episodio marcaría el inicio del “Trienio Liberal”, período en el cual España se convirtió en una monarquía constitucional, adoptando para tal efecto, la Constitución de Cádiz, la misma que estuvo vigente entre 1812 y 1814, cuando la península ibérica estaba ocupada por la Francia napoleónica.

La Constitución de Cádiz, considerada uno de los hitos del liberalismo decimonónico, subordinaba el poder del Rey a las Cortes, decretaba el laicismo, la libertad de culto y eliminaba los privilegios del clero y la nobleza. Mientras que los Artículos 10 y 11 de la Constitución reconocían a las colonias americanas como provincias del reino, pero limitaba cualquier ejercicio de autonomía efectiva.

Es decir, para 1820 España apostaba por una receta política de liberalismo y constitucionalismo.

Entre tanto, en México y Centroamérica, los movimientos y rebeliones independentistas, protagonizadas primero por Miguel Hidalgo y Costilla, y luego por Vicente Guerrero, fenecían ante un reconstituido Ejército español. No obstante, ese giro hacia el liberalismo y hacia la modernidad en la Madre Patria generaba resquemor entre la élite comercial y el clero conservador centroamericano. Dicho resquemor se manifestó principalmente en la reticencia local a aceptar la restaurada Constitución de Cádiz.

En este contexto, las autoridades peninsulares, la elite criolla, el alto clero y los oficiales del Ejército real –simpatizantes del absolutismo y fervientes antiliberales– organizaron una serie de reuniones secretas para declarar la independencia de México y Centroamérica. Su ideal no era proclamar la libertad y la soberanía, sino restablecer la monarquía bajo la dirección de un infante español, que rechazara el laicismo y las instituciones constitucionales de Cádiz.

Ese espíritu fue el que dio origen al Plan de Iguala, proclamado por Agustín Iturbide, comandante del Ejército español en México. Sus tres principios materializaban el sentir conservador de la época: consagrar la unidad entre peninsulares y criollos, declarar la independencia y la adscripción a la religión católica.

La venida a Guatemala de Vicente Filísola, delegado de Iturbide, aceleró el sentir de la elite de proclamar la independencia de las Provincias de Centroamérica, la cual se suscribió en papel sellado de la corona. Los notables que participaron de la junta nombraron como primer Jefe de las Provincias Unidas a Gabino Gaínza, quien hasta el 14 de septiembre ejercía el cargo de Capitán General y Comandante del Ejército español en Centroamérica. Vaya independencia: el Primer Presidente de la Centroamérica independiente era ni más ni menos que la última autoridad monárquica española.

La independencia, y posterior anexión a México, habrían de confirmarse en un Congreso Constituyente convocado para el 1 de marzo de 1822. No obstante, el Plan de Iguala fracasó. La invitación a un infante español para asumir la corona de un independiente Reino de México fue rechazada por la familia Borbón. Ante el vacío de liderazgo político, Agustín Iturbide fue proclamado Emperador.

Sirva esta pequeña reseña para mostrar lo evidente. La independencia de Guatemala no representa un sueño de libertad, ni la materialización de las ideas de la Ilustración, como sí ocurrió en las 13 colonias americanas o en América del Sur. Por el contrario, la emancipación centroamericana fue una reacción al liberalismo español, al temor por el laicismo y al deseo de mantener la subordinación a un monarca absoluto. En pocas palabras, cual gato-pardo, la élite local apostó por aquella muy conocida receta de que “era preciso cambiar, para que todo siguiera igual.”