El domingo 11 de abril de 2021 fue un día de grandes expectativas para Latinoamérica porque se llevaron a cabo procesos electorales en dos importantes países andinos. Cada uno con sus particularidades y complejidades internas, pero también con tendencias regionales a partir de las cuales puede trazarse un análisis que busque comprender el estado de la salud democrática de la región.

Comencemos con las buenas noticias del Ecuador, donde finalmente se contuvo el avance que lideraba el correísmo desde hace 14 años. Las causas que explican este repliegue se explican por varias razones: primero, el “correísmo” nunca dejó de ser un proyecto personal amalgamado en la figura de Rafael Correa, lo que obstaculizó una sucesión. De hecho, recordemos que su primer alfil, Lenín Moreno, se distanció del correísmo en su gobierno, al punto de convertirse en enemigo acérrimo de Rafael Correa. Segundo, tenemos a la propia figura polarizante de Correa, que en términos electorales tiene sus pros y sus contras, porque si bien en primera vuelta sirve de elemento diferenciador y además cuenta con una base de voto duro; en segunda vuelta siempre se encuentra con el problema del anti-voto. Esto fue problemático porque vimos cómo a Arauz en la primera vuelta se apoyó muchísimo en la figura de Correa y logró pasar sin problemas al balotaje, pero en la segunda vuelta apostó por distanciarse (sin éxito) de su figura polarizante, resultándole imposible “controlar” el carácter volátil del caudillo que hacía todo tipo de declaraciones disruptivas en medios y en su cuenta Twitter. También hay que incluir elementos como el discurso de unidad nacional que adoptó Guillermo Lasso que se distanció de la confrontación y, finalmente, no hay que dejar de lado otros “cisnes negros”, como el contingente de refugiados venezolanos en Ecuador —que asciende al medio millón de personas— y cuya crisis probablemente haya persuadido al electorado ecuatoriano de votar en contra del modelo del “Socialismo del siglo XXI”[1] que Correa defiende abiertamente.

La presidencia de Lasso, aparte de detener al correísmo, inaugura una nueva era en el Ecuador. Las apuestas son altas y las expectativas son grandes porque se tiene la oportunidad histórica de cambiar el rumbo que el país ha tenido en casi tres lustros. De hecho, un buen signo de lo que se ha comenzado a llamar el “Efecto Lasso”, es que el día de ayer, apenas se hicieron oficiales los resultados electorales, el “Riesgo País” bajó 400 puntos[2], así que el reto es que el país se enrumbe a la senda de la democracia y el crecimiento.

Por otra parte, también tuvimos la primera vuelta electoral en el Perú, con un panorama completamente distinto y quizá menos optimista. Lo primero que hay que recordar son los momentos turbulentos que hicieron que esta administración tuviera al menos cuatro presidentes distintos y donde la mayoría de sus expresidentes están presos o se encuentran enfrentando graves casos de corrupción. Estos escándalos de corrupción han generado una serie de problemas muy graves que de alguna forma explican los resultados de los comicios: en primer lugar, han creado un hastío y una desafección por el sistema político en la ciudadanía. Segundo, este proceso ha “desaparecido” prácticamente a toda la clase política tradicional, es decir, lo que se conocía como el “centro político” conformado por el APRA y otros partidos moderados de centro-derecha como Acción Popular y, tercero, (como consecuencia del segundo) han fragmentado al sistema en un abanico infinito de partidos políticos atomizados, que lo que han hecho es fortalecer las dos tendencias populistas autoritarias y extremas que pasaron a segunda vuelta: Pedro Castillo y Keiko Fujimori.  

El escenario que enfrenta Perú, gane quien gane la presidencia, es el del populismo autoritario. El fujimorismo, que es una fuerza política que hace casi 30 años protagonizaría uno de los momentos más nefastos y que más han hecho daño a la democracia latinoamericana, y por otro lado, el proyecto de Pedro Castillo, que dice abiertamente y sin complejos que seguirá los pasos de Hugo Chávez y Evo Morales con la agenda del “Socialismo del Siglo XXI”, y con Asamblea Nacional Constituyente y nacionalización de empresas incluidas.

En conclusión, el 2021 es un año electoral para la región latinoamericana que presentará varias encrucijadas en distintos países. Habrá que seguir atentos a los vaivenes del subcontinente con sus virajes, refrescamientos, recambios y continuismos en los liderazgos que marcarán el rumbo político de la presente década.

[1] Cabe aclarar que Correa emuló el proyecto chavista del socialismo del siglo XXI en su vertiente política y en su retórica, más no en su vertiente económica.

[2] Datos elaborados por Inteligencia Empresarial al 12 de abril de 2021. Fuente: J.P. Morgan.

El domingo 11 de abril de 2021 fue un día de grandes expectativas para Latinoamérica porque se llevaron a cabo procesos electorales en dos importantes países andinos. Cada uno con sus particularidades y complejidades internas, pero también con tendencias regionales a partir de las cuales puede trazarse un análisis que busque comprender el estado de la salud democrática de la región.

Comencemos con las buenas noticias del Ecuador, donde finalmente se contuvo el avance que lideraba el correísmo desde hace 14 años. Las causas que explican este repliegue se explican por varias razones: primero, el “correísmo” nunca dejó de ser un proyecto personal amalgamado en la figura de Rafael Correa, lo que obstaculizó una sucesión. De hecho, recordemos que su primer alfil, Lenín Moreno, se distanció del correísmo en su gobierno, al punto de convertirse en enemigo acérrimo de Rafael Correa. Segundo, tenemos a la propia figura polarizante de Correa, que en términos electorales tiene sus pros y sus contras, porque si bien en primera vuelta sirve de elemento diferenciador y además cuenta con una base de voto duro; en segunda vuelta siempre se encuentra con el problema del anti-voto. Esto fue problemático porque vimos cómo Arauz en la primera vuelta se apoyó muchísimo en la figura de Correa y logró pasar sin problemas al balotaje, pero en la segunda vuelta apostó por distanciarse (sin éxito) de su figura polarizante, resultándole imposible “controlar” el carácter volátil del caudillo que hacía todo tipo de declaraciones disruptivas en medios y en su cuenta Twitter. También hay que incluir elementos como el discurso de unidad nacional que adoptó Guillermo Lasso que se distanció de la confrontación ideológica y, finalmente, no hay que dejar de lado otros “cisnes negros”, como el contingente de refugiados venezolanos en Ecuador —que asciende al medio millón de personas— y cuya crisis probablemente haya persuadido al electorado ecuatoriano de votar en contra del modelo del “Socialismo del siglo XXI”[1] que Correa defiende abiertamente.

La presidencia de Lasso, aparte de detener al correísmo, inaugura una nueva era en el Ecuador. Las apuestas son altas y las expectativas son grandes porque se tiene la oportunidad histórica de cambiar el rumbo que el país ha tenido en casi tres lustros. De hecho, un buen signo de lo que se ha comenzado a llamar el “Efecto Lasso”, es que el día de ayer, apenas se hicieron oficiales los resultados electorales, el “Riesgo País” bajó 400 puntos[2], así que el reto es que el país se enrumbe a la senda de la democracia y el crecimiento.

Por otra parte, también tuvimos la primera vuelta electoral en el Perú, con un panorama completamente distinto y quizá menos optimista. Lo primero que hay que recordar son los momentos turbulentos que hicieron que esta administración tuviera al menos cuatro presidentes distintos y donde la mayoría de sus expresidentes están presos o se encuentran enfrentando graves casos de corrupción. Estos escándalos de corrupción han generado una serie de problemas muy graves que de alguna forma explican los resultados de los comicios: en primer lugar, han creado un hastío y una desafección por el sistema político en la ciudadanía. Segundo, este proceso ha “barrido” prácticamente a toda la clase política tradicional, es decir, desapareció lo que se conocía como el “centro político” conformado por el APRA y otros partidos moderados de centro-derecha como Acción Popular. Y tercero, (como consecuencia del segundo) ha fragmentado al sistema en un abanico infinito de partidos políticos atomizados, que lo que han hecho es fortalecer las dos tendencias populistas autoritarias y extremas que pasaron a segunda vuelta: Pedro Castillo y Keiko Fujimori.  

El escenario que enfrenta Perú, gane quien gane la presidencia, es el del populismo autoritario. Recordemos que el fujimorismo es una fuerza política que hace casi 30 años protagonizaría uno de los momentos más nefastos y que más daño han hecho a la democracia latinoamericana. Y por otro lado, está el proyecto de Pedro Castillo, que dice abiertamente y sin complejos que seguirá los pasos de Hugo Chávez y Evo Morales con la agenda del “Socialismo del Siglo XXI”, con Asamblea Nacional Constituyente y nacionalización de empresas incluidas.

En conclusión, el 2021 es un año electoral para la región latinoamericana que presentará varias encrucijadas en distintos países. Habrá que seguir atentos a los vaivenes del subcontinente con sus virajes, refrescamientos, recambios y continuismos en los liderazgos que marcarán el rumbo político de la presente década.

[1] Cabe aclarar que Correa emuló el proyecto chavista del socialismo del siglo XXI en su vertiente política y en su retórica, más no en su vertiente económica.

[2] Datos elaborados por Inteligencia Empresarial al 12 de abril de 2021. Fuente: J.P. Morgan.

El cambio es por necesidad; ya ni siquiera por convicción

En 2015, CICIG encaminó un esfuerzo por cuantificar los aportes relativos a las campañas electorales por tipo de capital. El Informe sobre el Financiamiento de la Política concluyó que el 50% de los recursos que ingresan a las campañas proviene de la corrupción; otro 25% del crimen organizado; mientras que tan solo la cuarta parte restante proviene de los financistas privados de origen lícito y legítimo.

Lamentablemente, no contamos con estudios o aproximaciones similares para años anteriores para hacer un análisis comparado. Pero sin duda, es un secreto a sotto voce que con el paso de los años, y especialmente a partir del 2000, el peso relativo de los capitales emergentes (corrupción y crimen organizado) ha venido aumentando. Ello, en detrimento de los intereses de los capitales tradicionales.

Si bien hasta ahora se ha hablado de coexistencia al definir la relación entre los intereses tradicionales y los emergentes, la realidad es que cada día resulta más notorio el desplazamiento de los primeros a manos de los segundos. La forma de evaluarlo es sencilla, simplemente evaluemos a quién responde el sistema.

El sistema de corrupción se nutre gracias a las asignaciones presupuestarias para los bolsones de corrupción, de la mano con la continuidad de un disfuncional sistema de compras y contrataciones públicas. De esa manera, la construcción de infraestructura, la proveeduría de salud pública o el sistema de consejos de desarrollo han sido las grandes joyas de la corona. Año con año, los presupuestos se incrementan, pero la eficiencia institucional, no. Las reformas a la Ley de Contrataciones se quedan en proyectos engavetados en el Congreso; los esfuerzos por transparentar la elaboración de las bases de contratación también caen en saco roto. Por el contrario, las asignaciones a dedo, los favoritismos en las licitaciones o los recursos wizachescos para favorecer a unos en detrimento de otros, están a flor de piel.

De esa forma, el sistema favorece a los Gustavo Alejos que saquean la salud pública; o a los Guillermo Samayoa que hacen fiesta de la construcción de obra gris; o a cientos de beneficiarios del sistema. El episodio de la golpeada aprobación del Presupuesto 2021, los innumerables ejemplos de negocios públicos asignados al financista de campaña o a los amigos de la rosca son el reflejo fiel de cómo el sistema responde a sus patrocinadores y nutre las fuentes de donde brota el 50% del financiamiento electoral.

El 25% proveniente del narcotráfico es retribuido por otros caminos. Nombramientos ad hoc en puestos clave en puertos, instituciones de seguridad y justicia; cuotas de poder en la Junta Directiva del Congreso o en Comisiones legislativas relacionadas con la seguridad nacional. Al final no olvidemos que a diferencia del capital emergente de la corrupción que necesita de la acción del Estado para alimentar sus bolsillos, el crimen organizado únicamente requiere de laissez faire y un Estado que voltee a ver a otro lado.

¿Dónde queda el restante 25%? Sencillo. Esperando cruzado de brazos a que le aprueben la Ley de Infraestructura, o el paquete de reactivación económica, o la Ley de Zonas Francas, etcétera y un largo etcétera. Y la espera ha sido eterna. Porque el sistema simplemente ya no responde sus intereses.

Esta es la historia que el capital tradicional debe empezar a ver. En su visita reciente, el enviado especial para el triángulo norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, insistió en la necesidad que el sector privado asuma su papel como aliado estratégico de Estados Unidos en encaminar el rescate institucional del país. Como bien dijo Hegel en el siglo XIX, si no es por convicción, quizá ha llegado el momento de entender que la persistencia de este sistema ya es una amenaza a sus propios intereses. Alinearse con el espíritu del cambio es ya cuestión de supervivencia.

El cambio es por necesidad; ya ni siquiera por convicción

En 2015, CICIG encaminó un esfuerzo por cuantificar los aportes relativos a las campañas electorales por tipo de capital. El Informe sobre el Financiamiento de la Política concluyó que el 50% de los recursos que ingresan a las campañas proviene de la corrupción; otro 25% del crimen organizado; mientras que tan solo la cuarta parte restante proviene de los financistas privados de origen lícito y legítimo.

Lamentablemente, no contamos con estudios o aproximaciones similares para años anteriores para hacer un análisis comparado. Pero sin duda, es un secreto a sotto voce que con el paso de los años, y especialmente a partir del 2000, el peso relativo de los capitales emergentes (corrupción y crimen organizado) ha venido aumentando. Ello, en detrimento de los intereses de los capitales tradicionales.

Si bien hasta ahora se ha hablado de coexistencia al definir la relación entre los intereses tradicionales y los emergentes, la realidad es que cada día resulta más notorio el desplazamiento de los primeros a manos de los segundos. La forma de evaluarlo es sencilla, simplemente evaluemos a quién responde el sistema.

El sistema de corrupción se nutre gracias a las asignaciones presupuestarias para los bolsones de corrupción, de la mano con la continuidad de un disfuncional sistema de compras y contrataciones públicas. De esa manera, la construcción de infraestructura, la proveeduría de salud pública o el sistema de consejos de desarrollo han sido las grandes joyas de la corona. Año con año, los presupuestos se incrementan, pero la eficiencia institucional, no. Las reformas a la Ley de Contrataciones se quedan en proyectos engavetados en el Congreso; los esfuerzos por transparentar la elaboración de las bases de contratación también caen en saco roto. Por el contrario, las asignaciones a dedo, los favoritismos en las licitaciones o los recursos wizachescos para favorecer a unos en detrimento de otros, están a flor de piel.

De esa forma, el sistema favorece a los Gustavo Alejos que saquean la salud pública; o a los Guillermo Samayoa que hacen fiesta de la construcción de obra gris; o a cientos de beneficiarios del sistema. El episodio de la golpeada aprobación del Presupuesto 2021, los innumerables ejemplos de negocios públicos asignados al financista de campaña o a los amigos de la rosca son el reflejo fiel de cómo el sistema responde a sus patrocinadores y nutre las fuentes de donde brota el 50% del financiamiento electoral.

El 25% proveniente del narcotráfico es retribuido por otros caminos. Nombramientos ad hoc en puestos clave en puertos, instituciones de seguridad y justicia; cuotas de poder en la Junta Directiva del Congreso o en Comisiones legislativas relacionadas con la seguridad nacional. Al final no olvidemos que a diferencia del capital emergente de la corrupción que necesita de la acción del Estado para alimentar sus bolsillos, el crimen organizado únicamente requiere de laissez faire y un Estado que voltee a ver a otro lado.

¿Dónde queda el restante 25%? Sencillo. Esperando cruzado de brazos a que le aprueben la Ley de Infraestructura, o el paquete de reactivación económica, o la Ley de Zonas Francas, etcétera y un largo etcétera. Y la espera ha sido eterna. Porque el sistema simplemente ya no responde sus intereses.

Esta es la historia que el capital tradicional debe empezar a ver. En su visita reciente, el enviado especial para el triángulo norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, insistió en la necesidad que el sector privado asuma su papel como aliado estratégico de Estados Unidos en encaminar el rescate institucional del país. Como bien dijo Hegel en el siglo XIX, si no es por convicción, quizá ha llegado el momento de entender que la persistencia de este sistema ya es una amenaza a sus propios intereses. Alinearse con el espíritu del cambio es ya cuestión de supervivencia.

La literal “h” del artículo 30 de la Ley de la Carrera Judicial dice expresamente que la calidad de juez o magistrado termina “Si transcurrido el plazo de excedencia otorgado, el juez o magistrado no retoma su cargo”. Es decir, de no presentarse el 14 de abril, perdería definitivamente su calidad de juez y por tanto toda posibilidad de recuperar su inmunidad

Antecedentes

En diciembre, el entonces juez de primera instancia, Mynor Moto, decidió postularse como candidato a llenar la vacante que dejó Bonerge Mejía como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) cuyo plazo expiraba el 14 de abril de 2021 en el Colegio de Abogados.

El 18 de enero, Mynor Moto resultó electo magistrado titular en una polémica elección. Por ser juez, Moto solicitó la excedencia del cargo como juez de primera instancia hasta el 14 de abril, plazo en que vencería su hipotético cargo como magistrado de la CC.

La excedencia es una figura por la cual un juez deja de prestar el cargo y de cobrar un salario por el mismo en un plazo que no exceda de dos años. En tal sentido, Moto entregó el cargo como juez.

Pese a que Moto no podía asumir porque existían varios recursos en contra de su elección, el Congreso decidió juramentarlo con la complicidad de una cuestionable Sala de Apelaciones el 26 de enero. En esta entrada expliqué ese episodio.

El 1 de febrero, el juzgado de mayor riesgo “D” giró orden de captura contra Moto por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia bajo el entendido que ya no era juez y por tanto había perdido su inmunidad. Desde ese día, Moto se encuentra prófugo.

El 4 de febrero, la CC, en un amparo provisional dictado dentro de los expedientes acumulados 426-2021, 430-2021, 436-2021 Y 455-2021 dejó sin efecto la juramentación que hiciera el Congreso de Mynor Moto como magistrado de la CC. Esto frustró su intento por asumir como magistrado de la CC, cargo que también le daría inmunidad.

Ante esto, Moto solicitó al Consejo de la Carrera Judicial dejar sin efecto la excedencia con el objetivo de retomar su puesto y recuperar su inmunidad. No lo consiguió. Hace pocos días se dio a conocer que el Consejo de la Carrera Judicial argumenta, en una resolución, que Moto podría retomar su cargo como juez de primera instancia el próximo miércoles, 14 de abril, porque ese día vence el plazo por el cual solicitó su excedencia.

¿Puede recuperar su cargo y su inmunidad? ¿o puede ser detenido?

Llegado este punto podemos responder la interrogante. Formalmente el Organismo Judicial dice que el 14 de abril Moto puede retomar su puesto. Pero hay que tener presente que para recuperar su inmunidad debe tomar posesión del cargo.

De acuerdo con el artículo 24 del Reglamento General de Tribunales, el secretario del juzgado debe levantar acta de toma de posesión. Esto quiere decir que Mynor Moto puede ser detenido si se presenta al juzgado, pues tiene una orden de aprehensión en su contra y previo a tomar posesión puede ser detenido.

¿Y si no se presenta al juzgado el 14 de abril? La literal “h” del artículo 30 de la Ley de la Carrera Judicial dice expresamente que la calidad de juez o magistrado termina “Si transcurrido el plazo de excedencia otorgado, el juez o magistrado no retoma su cargo”. Es decir, de no presentarse el 14 de abril, perdería definitivamente su calidad de juez y por tanto toda posibilidad de recuperar su inmunidad.

La literal “h” del artículo 30 de la Ley de la Carrera Judicial dice expresamente que la calidad de juez o magistrado termina “Si transcurrido el plazo de excedencia otorgado, el juez o magistrado no retoma su cargo”. Es decir, de no presentarse el 14 de abril, perdería definitivamente su calidad de juez y por tanto toda posibilidad de recuperar su inmunidad

Antecedentes

En diciembre, el entonces juez de primera instancia, Mynor Moto, decidió postularse como candidato a llenar la vacante que dejó Bonerge Mejía como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) cuyo plazo expiraba el 14 de abril de 2021 en el Colegio de Abogados.

El 18 de enero, Mynor Moto resultó electo magistrado titular en una polémica elección. Por ser juez, Moto solicitó la excedencia del cargo como juez de primera instancia hasta el 14 de abril, plazo en que vencería su hipotético cargo como magistrado de la CC.

La excedencia es una figura por la cual un juez deja de prestar el cargo y de cobrar un salario por el mismo en un plazo que no exceda de dos años. En tal sentido, Moto entregó el cargo como juez.

Pese a que Moto no podía asumir porque existían varios recursos en contra de su elección, el Congreso decidió juramentarlo con la complicidad de una cuestionable Sala de Apelaciones el 26 de enero. En esta entrada expliqué ese episodio.

El 1 de febrero, el juzgado de mayor riesgo “D” giró orden de captura contra Moto por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia bajo el entendido que ya no era juez y por tanto había perdido su inmunidad. Desde ese día, Moto se encuentra prófugo.

El 4 de febrero, la CC, en un amparo provisional dictado dentro de los expedientes acumulados 426-2021, 430-2021, 436-2021 Y 455-2021 dejó sin efecto la juramentación que hiciera el Congreso de Mynor Moto como magistrado de la CC. Esto frustró su intento por asumir como magistrado de la CC, cargo que también le daría inmunidad.

Ante esto, Moto solicitó al Consejo de la Carrera Judicial dejar sin efecto la excedencia con el objetivo de retomar su puesto y recuperar su inmunidad. No lo consiguió. Hace pocos días se dio a conocer que el Consejo de la Carrera Judicial argumenta, en una resolución, que Moto podría retomar su cargo como juez de primera instancia el próximo miércoles, 14 de abril, porque ese día vence el plazo por el cual solicitó su excedencia.

¿Puede recuperar su cargo y su inmunidad? ¿o puede ser detenido?

Llegado este punto podemos responder la interrogante. Formalmente el Organismo Judicial dice que el 14 de abril Moto puede retomar su puesto. Pero hay que tener presente que para recuperar su inmunidad debe tomar posesión del cargo.

De acuerdo con el artículo 24 del Reglamento General de Tribunales, el secretario del juzgado debe levantar acta de toma de posesión. Esto quiere decir que Mynor Moto puede ser detenido si se presenta al juzgado, pues tiene una orden de aprehensión en su contra y previo a tomar posesión puede ser detenido.

¿Y si no se presenta al juzgado el 14 de abril? La literal “h” del artículo 30 de la Ley de la Carrera Judicial dice expresamente que la calidad de juez o magistrado termina “Si transcurrido el plazo de excedencia otorgado, el juez o magistrado no retoma su cargo”. Es decir, de no presentarse el 14 de abril, perdería definitivamente su calidad de juez y por tanto toda posibilidad de recuperar su inmunidad.

El próximo miércoles, 14 de abril, deberá asumir la nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026. De momento está confirmada la designación de 4 magistrados titulares y 4 magistrados suplentes.

* Designación impugnada mediante recursos de apelación interpuestos en contra del tribunal electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Como podrá ver el lector, las únicas designaciones que no están firmes son la de Néster Vásquez y Claudia Paniagua. Varias organizaciones presentaron recursos de apelación contra esta elección. El artículo 20 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria establece que esos recursos de apelación los conocerá la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala.

¿Qué pasa con la elección hecha por el Colegio de Abogados?

Hasta hoy (9 de abril) la asamblea no ha resuelto los recursos planteados contra la elección hecha en el Colegio de Abogados. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 156 de la Ley de Amparo, ni Néster Vásquez ni Claudia Paniagua pueden asumir como magistrados de la Corte de Constitucionalidad y “(…) mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos”.

En este caso, deberá continuar en el ejercicio del cargo la magistrada María Cristina Fernández hasta que se resuelva en definitiva la situación de la elección efectuada en el Colegio de Abogados. Hay que añadir que Néster Vásquez es actualmente magistrado de la Corte Suprema de Justicia y hasta hoy (9 de abril) no ha presentado su renuncia, misma que debe ratificar el Congreso. Ese motivo es un obstáculo más para que pueda asumir como magistrado de la CC.

Ahora el Congreso

Dicho esto, la Ley de Amparo, en su artículo 157, manda al Congreso emitir el decreto de integración de la Corte de Constitucionalidad y establece que los magistrados que deban asumir presten juramento de fidelidad a la Constitución ante este órgano.

En tal sentido, el Congreso aprobó el decreto 3-2021 (que aún no ha sido publicado) que en su artículo 1 detalla el nombre de los 8 magistrados que integrarán la CC. Se trata de los mismos nombres detallados en la tabla anterior restando los de Vásquez y Paniagua.

No es la primera vez que ocurre algo así. En 2006, el Congreso emitió el acuerdo 23-2006 donde únicamente integró a 4 magistrados titulares y 5 suplentes. Esto en virtud de que se encontraba pendiente de impugnaciones la designación de magistrado titular por la Universidad de San Carlos.

Finalmente, en el expediente 1207-2006, la CC resolvió en apelación de amparo dejar en firme la designación de Mario Pérez Guerra como magistrado titular de la CC. Fue hasta julio de 2006 que, mediante decreto 22-2006, se procedió a completar la integración de la CC integrando al magistrado Pérez Guerra.

Lo que ha generado dudas es la inusual redacción del artículo 2 del decreto 3-2021 que dispone sujetar la juramentación de los magistrados titulares y suplentes en la medida que “… existan acciones o incidencias legales que modifique cada caso particular”.

¿Por qué levanta sospechas esta redacción? En primer lugar, porque en ninguno de los acuerdos o decretos de integración de las anteriores magistraturas de la CC encontraremos una provisión similar. En segundo lugar, porque va en contra de lo dispuesto por la Ley de Amparo que en el artículo 156 establece:

“No es impugnable el procedimiento interno para la designación de los Magistrados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, por el pleno del Congreso de la República y por el Presidente de la República en Consejo de Ministros.

La designación de Magistrados por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala podrán ser impugnadas conforme a la ley, pero mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos.” (Resaltado propio)

¿Cuál es el sentido de ese artículo? De momento las únicas impugnaciones existentes, de conformidad con la ley, son las que previenen a Néster Vásquez y Claudia Paniagua ser elegidos. Afirmar que cualquier “incidencia” legal “modifique” la designación del resto de magistrados electos es contrario a la ley.

El 26 de marzo, el bloque UNE presentó objeciones contra dicho artículo. El pasado 6 de abril, sin embargo, no fueron aprobadas al recibir únicamente 42 votos a favor y 78 en contra.

En cualquier caso, el Congreso deberá juramentar a los magistrados que integrarán la magistratura 2021-2026 antes del 14 de abril, a no ser que la CC resuelva otorgar amparo provisional que suspenda alguna designación dentro de las múltiples acciones de amparo que se han interpuesto en contra de los nombramientos hechos por la Corte Suprema de Justicia, Organismo Ejecutivo y Congreso. Parece poco probable que esto ocurra y en consecuencia el Congreso debe juramentar a los 8 magistrados antes aludidos.

El próximo miércoles, 14 de abril, deberá asumir la nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026. De momento está confirmada la designación de 4 magistrados titulares y 4 magistrados suplentes.

* Designación impugnada mediante recursos de apelación interpuestos en contra del tribunal electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Como podrá ver el lector, las únicas designaciones que no están firmes son la de Néster Vásquez y Claudia Paniagua. Varias organizaciones presentaron recursos de apelación contra esta elección. El artículo 20 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria establece que esos recursos de apelación los conocerá la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala.

¿Qué pasa con la elección hecha por el Colegio de Abogados?

Hasta hoy (9 de abril) la asamblea no ha resuelto los recursos planteados contra la elección hecha en el Colegio de Abogados. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 156 de la Ley de Amparo, ni Néster Vásquez ni Claudia Paniagua pueden asumir como magistrados de la Corte de Constitucionalidad y “(…) mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos”.

En este caso, deberá continuar en el ejercicio del cargo la magistrada María Cristina Fernández hasta que se resuelva en definitiva la situación de la elección efectuada en el Colegio de Abogados. Hay que añadir que Néster Vásquez es actualmente magistrado de la Corte Suprema de Justicia y hasta hoy (9 de abril) no ha presentado su renuncia, misma que debe ratificar el Congreso. Ese motivo es un obstáculo más para que pueda asumir como magistrado de la CC.

Ahora el Congreso

Dicho esto, la Ley de Amparo, en su artículo 157, manda al Congreso emitir el decreto de integración de la Corte de Constitucionalidad y establece que los magistrados que deban asumir presten juramento de fidelidad a la Constitución ante este órgano.

En tal sentido, el Congreso aprobó el decreto 3-2021 (que aún no ha sido publicado) que en su artículo 1 detalla el nombre de los 8 magistrados que integrarán la CC. Se trata de los mismos nombres detallados en la tabla anterior restando los de Vásquez y Paniagua.

No es la primera vez que ocurre algo así. En 2006, el Congreso emitió el acuerdo 23-2006 donde únicamente integró a 4 magistrados titulares y 5 suplentes. Esto en virtud de que se encontraba pendiente de impugnaciones la designación de magistrado titular por la Universidad de San Carlos.

Finalmente, en el expediente 1207-2006, la CC resolvió en apelación de amparo dejar en firme la designación de Mario Pérez Guerra como magistrado titular de la CC. Fue hasta julio de 2006 que, mediante decreto 22-2006, se procedió a completar la integración de la CC integrando al magistrado Pérez Guerra.

Lo que ha generado dudas es la inusual redacción del artículo 2 del decreto 3-2021 que dispone sujetar la juramentación de los magistrados titulares y suplentes en la medida que “… existan acciones o incidencias legales que modifique cada caso particular”.

¿Por qué levanta sospechas esta redacción? En primer lugar, porque en ninguno de los acuerdos o decretos de integración de las anteriores magistraturas de la CC encontraremos una provisión similar. En segundo lugar, porque va en contra de lo dispuesto por la Ley de Amparo que en el artículo 156 establece:

“No es impugnable el procedimiento interno para la designación de los Magistrados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, por el pleno del Congreso de la República y por el Presidente de la República en Consejo de Ministros.

La designación de Magistrados por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala podrán ser impugnadas conforme a la ley, pero mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos.” (Resaltado propio)

¿Cuál es el sentido de ese artículo? De momento las únicas impugnaciones existentes, de conformidad con la ley, son las que previenen a Néster Vásquez y Claudia Paniagua ser elegidos. Afirmar que cualquier “incidencia” legal “modifique” la designación del resto de magistrados electos es contrario a la ley.

El 26 de marzo, el bloque UNE presentó objeciones contra dicho artículo. El pasado 6 de abril, sin embargo, no fueron aprobadas al recibir únicamente 42 votos a favor y 78 en contra.

En cualquier caso, el Congreso deberá juramentar a los magistrados que integrarán la magistratura 2021-2026 antes del 14 de abril, a no ser que la CC resuelva otorgar amparo provisional que suspenda alguna designación dentro de las múltiples acciones de amparo que se han interpuesto en contra de los nombramientos hechos por la Corte Suprema de Justicia, Organismo Ejecutivo y Congreso. Parece poco probable que esto ocurra y en consecuencia el Congreso debe juramentar a los 8 magistrados antes aludidos.

No era nada difícil prever lo que iba a pasar.

El 2021 sería el año de la vacunación. De eso estábamos claros todos.  Superar la pandemia y generar las condiciones para retornar a la “normalidad” requiere de un masivo proceso de vacunación que permita inmunizar a porcentajes significativos de la población. Ese es el reto de todos los Estados a nivel mundial.

Para un país como Guatemala el desafío resultaba titánico. Entre las limitaciones de recursos para adquirir las vacunas, la rigidez del sistema de compras públicas, los problemas de gestión y las muy acostumbradas prácticas de amiguismos y favoritismos, era fácil prever que el Estado tendría dificultades para adquirir las dosis, distribuirlas a nivel nacional o ejecutar las diferentes fases del plan de vacunación.

Dicho y hecho. Primero fue el Congreso, que con sus altos niveles de fragmentación y disfuncionalidad tardó semanas en aprobar un marco normativo para obviar los procesos públicos de compras que permitiera incorporarnos al mecanismo COVAX. Desde ahí, ya veníamos atrasados en la carrera global por el acceso a las vacunas. En ese contexto, las donaciones de Israel e India sumaron al escarnio: Guatemala apenas logró arrancar con la vacunación solo por obra y gracia de la beneficencia internacional.

La siguiente debacle fue la serie de chambonadas en las primeras fases del proceso. Retrasos en la implementación del registro. Limitada capacidad institucional para descentralizar las vacunas. Saturación de los centros de salud por deficiencias en la planificación y comunicación de las campañas, etc.

Por si fuera poco, conforme las semanas avanzaban, afloraron los pelos en la sopa. Alcaldes que se auto-nombran como coordinadores municipales de salud para vacunarse a sí mismos. Personal administrativo del Ministerio de Salud o estudiantes universitarios que no caben dentro de la categoría de “primera línea de respuesta” siendo inmunizados. O qué decir de los más de 15,000 vacunados cuya categorización como “otros” naturalmente genera dudas sobre si hay amiguismos o favoritismos políticos en el proceso.

Estos retrasos, desaciertos, favoritismos no son accidentes aislados. Son reflejos evidentes de un sistema de salud debilitado, cooptado y sujeto a presiones políticas. Y no es por ser ave de mal agüero, pero es muy probable que conforme las semanas avancen, afloren más deslices.

El problema está en el impacto político y social de esta debacle. Para Guatemala resulta imposible si quiera compararse con un vecino como El Salvador, donde el mismo Bukele se presenta como el paladín de la inmunización. Conforme la brecha de comparación se amplíe, el descontento social también agudizará.

El siguiente capítulo de esta trama será el debate por la liberalización de las vacunas. Si bien la opción de la venta privada contribuirá a reducir la presión sobre el sistema, hay que ser realistas. Para el 90% de la población la única alternativa de acceso a vacuna pasa por la gratuidad de la salud pública o del IGSS. Y luego como obviar el efecto económico. El turismo, el comercio informal asociado a ferias y actividades socioculturales o algunos mercados de servicios requieren de la inmunización colectiva para una verdadera reactivación. A más retraso en el proceso de vacunación, más pérdidas económicas focalizadas.

La pregunta del millón es cuándo se romperá la cuerda. ¿En qué momento la falta de reactivación de sectores específicos genera focos de descontento en el sector privado? ¿En qué momento la percepción de debacle genera molestia social? ¿Será suficiente para otro estallido tipo noviembre 2020?

No era nada difícil prever lo que iba a pasar.

El 2021 sería el año de la vacunación. De eso estábamos claros todos.  Superar la pandemia y generar las condiciones para retornar a la “normalidad” requiere de un masivo proceso de vacunación que permita inmunizar a porcentajes significativos de la población. Ese es el reto de todos los Estados a nivel mundial.

Para un país como Guatemala el desafío resultaba titánico. Entre las limitaciones de recursos para adquirir las vacunas, la rigidez del sistema de compras públicas, los problemas de gestión y las muy acostumbradas prácticas de amiguismos y favoritismos, era fácil prever que el Estado tendría dificultades para adquirir las dosis, distribuirlas a nivel nacional o ejecutar las diferentes fases del plan de vacunación.

Dicho y hecho. Primero fue el Congreso, que con sus altos niveles de fragmentación y disfuncionalidad tardó semanas en aprobar un marco normativo para obviar los procesos públicos de compras que permitiera incorporarnos al mecanismo COVAX. Desde ahí, ya veníamos atrasados en la carrera global por el acceso a las vacunas. En ese contexto, las donaciones de Israel e India sumaron al escarnio: Guatemala apenas logró arrancar con la vacunación solo por obra y gracia de la beneficencia internacional.

La siguiente debacle fue la serie de chambonadas en las primeras fases del proceso. Retrasos en la implementación del registro. Limitada capacidad institucional para descentralizar las vacunas. Saturación de los centros de salud por deficiencias en la planificación y comunicación de las campañas, etc.

Por si fuera poco, conforme las semanas avanzaban, afloraron los pelos en la sopa. Alcaldes que se auto-nombran como coordinadores municipales de salud para vacunarse a sí mismos. Personal administrativo del Ministerio de Salud o estudiantes universitarios que no caben dentro de la categoría de “primera línea de respuesta” siendo inmunizados. O qué decir de los más de 15,000 vacunados cuya categorización como “otros” naturalmente genera dudas sobre si hay amiguismos o favoritismos políticos en el proceso.

Estos retrasos, desaciertos, favoritismos no son accidentes aislados. Son reflejos evidentes de un sistema de salud debilitado, cooptado y sujeto a presiones políticas. Y no es por ser ave de mal agüero, pero es muy probable que conforme las semanas avancen, afloren más deslices.

El problema está en el impacto político y social de esta debacle. Para Guatemala resulta imposible si quiera compararse con un vecino como El Salvador, donde el mismo Bukele se presenta como el paladín de la inmunización. Conforme la brecha de comparación se amplíe, el descontento social también agudizará.

El siguiente capítulo de esta trama será el debate por la liberalización de las vacunas. Si bien la opción de la venta privada contribuirá a reducir la presión sobre el sistema, hay que ser realistas. Para el 90% de la población la única alternativa de acceso a vacuna pasa por la gratuidad de la salud pública o del IGSS. Y luego como obviar el efecto económico. El turismo, el comercio informal asociado a ferias y actividades socioculturales o algunos mercados de servicios requieren de la inmunización colectiva para una verdadera reactivación. A más retraso en el proceso de vacunación, más pérdidas económicas focalizadas.

La pregunta del millón es cuándo se romperá la cuerda. ¿En qué momento la falta de reactivación de sectores específicos genera focos de descontento en el sector privado? ¿En qué momento la percepción de debacle genera molestia social? ¿Será suficiente para otro estallido tipo noviembre 2020?