Este fallo de la CC abre varios frentes de discusión legal y política

El 17 de enero de 2024, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala marcó un precedente importante con su fallo sobre la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República. Este fallo, en respuesta a varias acciones de amparo, ha suspendido la elección citando la infracción del artículo 50 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL) entre otros. Esta ley establece que los diputados independientes no pueden ser parte de la Junta Directiva, una condición que afectaba a los miembros del partido Semilla.

Las consecuencias de este fallo son trascendentales:

1. Orden de Repetición de Elección: La CC ha determinado que la elección de la Junta Directiva debe repetirse, debido a la participación de diputados independientes.
2. Estatus de los Diputados de Semilla: Se ha confirmado que los diputados de Semilla eran independientes al momento de instalarse la décima legislatura, basándose en la suspensión del partido ordenada por un juez penal el 12 de julio de 2023, lo que invalida su participación en la Junta.
3. Anulación del Acuerdo Legislativo 5-2024: Este acuerdo, que modificaba el estatus de varios diputados, incluyendo a miembros de Semilla y UNE, y la juramentación de Julio Héctor Estrada de CABAL, ha sido invalidado.

Esta decisión de la CC es controversial, especialmente en lo que respecta al estatus del bloque legislativo Semilla. Según el artículo 46 de la LOOL, un bloque legislativo se compone de miembros de un partido con representación legislativa y que mantenga su estatus legal. Aunque Semilla está suspendido, no ha sido cancelado, lo que plantea interrogantes sobre la validez lógica del argumento de la Corte de considerar a sus diputados como independientes.

Además, el Registro de Ciudadanos ha mantenido a Semilla como “vigente”, y hay dudas sobre la duración de la suspensión, que según el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) no debe exceder los 6 meses.

Respecto a los diputados Adim Maldonado e Inés Castillo, su supuesta independencia también es discutible. La LEPP exige que los partidos políticos cuenten con un Tribunal de Honor para procesos de expulsión, asegurando audiencia y defensa adecuadas para los afectados. Sin cumplir estos requisitos, la expulsión no es jurídicamente válida.

Finalmente, el caso de Julio Héctor Estrada de CABAL requiere una revisión. El requisito del “finiquito” para ser candidato, según el artículo 214 de la LEPP, no debería ser exigible una vez adjudicado el cargo (y realmente, ni para optar al cargo). Este requisito, como he mencionado anteriormente, podría ser contrario a la Constitución y a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Conclusión: Este fallo de la CC abre varios frentes de discusión legal y política. Los afectados, particularmente el partido Semilla, deben buscar clarificar el estatus legal del partido y en consecuencia el estatus de sus diputados a lo interno del Congreso. Esto tanto en la vía penal, en cuanto a la debatible resolución que suspende provisionalmente el partido, como en el Registro de Ciudadanos, sin que ambas vías sean excluyentes.

Ardón nos presenta un interesante ensayo histórico que destaca las oposiciones políticas más representativas de los siglos XIX, XX y XXI.

En su obra más reciente: Rivalidades. Duelos políticos que han marcado nuestra historia (Guatemala, Editorial SET, 2023), el abogado y escritor guatemalteco Roberto Ardón, nos sumerge en un fascinante viaje a través de 200 años de historia republicana de Guatemala, explorando las intrincadas y persistentes rivalidades políticas que han marcado el devenir de la nación. Inspirado por la estructura narrativa de las Vidas paralelas de Plutarco, Ardón nos presenta un interesante ensayo histórico que destaca las oposiciones políticas más representativas de los siglos XIX, XX y XXI.

Podemos decir que el hilo conductor de la obra se teje alrededor de cinco elementos fundamentales: 1) la presencia de dos personas (no grupos o partidos) como protagonistas de estos enfrentamientos; 2) la utilización de los recursos del poder para imponerse sobre el oponente; 3) la persistencia en el tiempo de estas rivalidades, ya que muchas duraron años e incluso décadas. También, 4) la división de la opinión pública en torno a uno u otro personaje, con debates álgidos que incluso se proyectan hasta el presente y, finalmente, 5) su impacto transformador en la sociedad guatemalteca ya que muchas de estas rivalidades definieron o marcaron etapas en la vida del país.

Aún cuando en la obra se nos presentan duelos de carácter político exclusivamente, destacan la presencia de personajes que, de entrada, parecieran ajenos a la vida política y militar. Serán los casos del religioso, monseñor Piñol y Batres, enfrentado al autócrata de inicios del siglo pasado, Manuel Estrada Cabrera, y el episodio del empresario y personalidad televisiva Dionisio Gutiérrez, encarado con la única mujer que figura en esta obra, la política Sandra Torres. Lo cierto es que, a pesar de no ser políticos de oficio ni ejercicio, tanto Piñol y Batres como Gutiérrez ejercerán un liderazgo cívico y moral en la sociedad que tendrá fuertes irradiaciones en la vida política nacional. 

De las reyertas más extremas que aparecen en el libro, están las de los hombres de armas Rafael Carrera y Francisco Morazán, y también entre Jacobo Árbenz y Carlos Castillo Armas, en cuyos casos la desaparición física del oponente por parte del otro estuvo por momentos contemplada, aunque las circunstancias desembocaran en otro desenlace. 

Sin embargo, en política, ¿podemos hablar de rivalidades o, más bien, de enemistades? Esta es una pregunta que se hace el autor en el primer capítulo del libro, respondiendo que no necesariamente toda rivalidad política implica enemistad. Mucho se ha debatido entre politólogos si la política la componen enemigos o adversarios. Ciertamente una visión irenista de la política consentirá que, en la mayoría de los casos, lo que se tienen son adversarios o rivales, no enemigos. Mientras que la visión más realista afirmará que la base de la política es la enemistad [1]. Sobre este punto, uno de los personajes que aparece en el libro nos ofrece una lección irreductible sobre la enemistad política. Se trata del ex presidente Álvaro Arzú Irigoyen, quien en plena contienda judicial y mediática contra el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, lanzaría estas declaraciones públicas a los medios: “yo fui el presidente que firmó la paz, pero también sé hacer la guerra”. Y también en su famosa entrevista en Canal Antigua cuando le preguntan si está dispuesto a renunciar a la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, el ex mandatario y entonces alcalde capitalino sentencia: “un funcionario no renuncia cuando se lo piden los enemigos”. 

A pesar de esto, en sensu stricto, en esta obra sí se encuentra una sola rivalidad propiamente dicha (ya no enemistad), y será la de Manuel Colom Argueta y Alejandro Maldonado Aguirre. A la luz de la teoría política, podemos decir sobre este capítulo que efectivamente pueden existir espacios de neutralización del conflicto, en donde la lucha se posterga fundando un orden agonal, quitándole a la enemistad política su carácter polémico, y pasando más bien a una instancia de mera rivalidad, debate o competencia. De manera que, lo que da cuenta esta rivalidad, cordial y respetuosa entre estos políticos e intelectuales, es que la verdadera área central de la enemistad política en la Guatemala de aquellos años no gravitaba precisamente en torno a los focos de los debates políticos televisados, sino que estaba librándose a sangre y fuego en una larga y cruenta guerra interna. 

Por lo demás, Rivalidades de Roberto Ardón, es una obra toral, no sólo para cualquier guatemalteco que desee conocer mejor su historia, sino que también invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza misma de la política.

[1] Crucial en esta visión de la política bajo la distinción amigo-enemigo serán las obras del jurista alemán Carl Schmitt y su discípulo, el francés Julien Freund. En ese sentido, si bien la enemistad es la base de la política, ésta tendrá distintos tipos de “intensidad” que situarán el conflicto según el grado de potencialidad polémica del mismo. 

Este problema tiene su origen, primero, en la falta de acción del Congreso para designar a los dos magistrados suplentes mencionados anteriormente y, segundo, en la rapidez con la que se tramitó el antejuicio contra los cuatro magistrados titulares.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha experimentado una crisis institucional desencadenada por el proceso de antejuicio exprés gestionado por el Congreso de la República. Este proceso culminó el 30 de noviembre, al borde de la medianoche, dejando sin inmunidad a cuatro de sus magistrados titulares. Esto a partir de una denuncia por supuesta sobrevaloración en una compra de software informático para transmitir resultados electorales.

Esta situación generó una crisis institucional. El TSE está conformado por cinco magistrados titulares y cinco suplentes. No obstante, existen dos vacantes entre los suplentes debido a que uno de los designados en marzo de 2020 por el Congreso, Noé Ventura, rechazó el cargo y, en enero de 2023, renunció Gabriel Gómez, magistrado suplente de entonces.

Desde entonces, el Congreso no ha tomado medidas para designar a los dos suplentes que dejaron sus puestos vacantes. Ante la pérdida de inmunidad de los cuatro magistrados titulares, estos solicitaron licencia para ausentarse durante diciembre, lo que suscitó debates sobre la composición del TSE.

El artículo 129 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que el quórum necesario para las sesiones del TSE requiere la presencia de todos sus miembros (cinco), lo que ha generado dudas respecto a la capacidad del TSE para funcionar adecuadamente.

Es importante señalar que, por el momento, no existen asuntos urgentes que requieran la atención plena del TSE, lo que plantea la posibilidad de que sesione excepcionalmente con los cuatro magistrados, uno titular y tres suplentes, que actualmente están en funciones. 

En segundo lugar, este problema tiene su origen, primero, en la falta de acción del Congreso para designar a los dos magistrados suplentes mencionados anteriormente y, segundo, en la rapidez con la que se tramitó el antejuicio contra los cuatro magistrados titulares. 

En este contexto, Karen Fischer y Néstor Pérez interpusieron dos acciones de amparo, argumentando que el TSE se encontraba "desintegrado". Solicitaban que se obligara al Congreso a designar a los dos suplentes faltantes, y uno de ellos alegó "abandono del cargo" por parte de los magistrados titulares que habían pedido licencia.

Es relevante añadir que, con el inicio de 2024 y tras finalizar la licencia, los magistrados titulares que perdieron la inmunidad han solicitado disfrutar de vacaciones y reanudarán sus labores en febrero de 2024. Además, tanto la licencia de diciembre como las vacaciones de enero están protegidas por la legislación laboral.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó otorgar amparo provisional a los solicitantes mencionados, lo que, por el momento, mantiene la situación del TSE sin cambios. Además, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, declaró a los medios que la legislatura actual no elegirá a los dos suplentes faltantes, dejando esta tarea a la próxima legislatura.

Queda un asunto pendiente. El magistrado Mynor Franco, uno de los cuatro que perdieron la inmunidad, presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), registrada bajo el número de expediente 8081-2023, en la que cuestiona las acciones del Congreso.

Franco sostiene, entre otras cosas, que el Congreso incurrió en vicios de procedimiento el 30 de noviembre de 2023 al no revisar el informe circunstanciado preparado por la Comisión Pesquisidora, que recomendaba retirar la inmunidad de los cuatro magistrados acusados de sobrevalorar la compra de software informático para transmitir resultados electorales.

Esto es especialmente relevante porque la Ley en Materia de Antejuicio detalla el procedimiento en su artículo 17. Este artículo establece que el informe debe ser conocido por el pleno en sesión ordinaria y que, tras la discusión del informe, procede votar si se retira o no la inmunidad de los funcionarios en cuestión.

Sin embargo, en la sesión del 30 de noviembre de 2023, el Congreso omitió discutir y conocer el informe de la comisión pesquisidora. De hecho, cuando el punto estuvo en la agenda en la tarde del 30 de noviembre, el informe no se pudo tratar por falta de quórum.

Fue más tarde, tras aprobar el presupuesto para 2024, que una moción privilegiada presentada por el diputado Alberto Sánchez solicitó incluir en la agenda la votación para retirar la inmunidad.

Aunque el Congreso logró 108 votos, la votación se realizó sin conocer el informe, infringiendo el procedimiento legal. Este es el argumento del magistrado Franco, y se espera que la CC analice la situación detenidamente.

El Congreso deberá enviar un informe explicando sus acciones, y posteriormente la Corte decidirá si concede el amparo provisional. De ser así, los cuatro magistrados podrían recuperar su inmunidad y el Congreso tendría que retomar el proceso en la fase correspondiente al conocimiento del informe circunstanciado elaborado por la comisión pesquisidora. Sin embargo, esto correspondería a la nueva legislatura, ya que la Ley en Materia de Antejuicio estipula que estos asuntos deben abordarse en sesiones ordinarias, cuyo período comienza el 14 de enero.

Este amparo se interpuso el 6 de octubre de 2023, en respuesta a la amenaza de desobediencia a la voluntad popular, manifestada en las elecciones

El 14 de diciembre de 2023, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una sentencia trascendental, contenida en el expediente 6175-2023. En este caso, tuve el honor de participar como abogado en un esfuerzo cívico, fruto de un esfuerzo en equipo dedicado a la causa de este amparo. Los amparistas fueron los ciudadanos Javier Urízar Montes de Oca, Gregorio Saavedra, José Javier Gálvez, Hugo Rivas Gálvez, Sara Larios, Edgar Gustavo Lima, Ana Raquel Aquino Smith, Mateo Echeverría Román, Mariana Reyes Solórzano y Andrea Reyes López.

Este amparo se interpuso el 6 de octubre de 2023, en respuesta a la amenaza de desobediencia a la voluntad popular, manifestada en las elecciones. Esto incluía preocupaciones particulares sobre la toma de posesión de cargos electos, entre ellos, la presidencia y vicepresidencia. Ese mismo día, la CC concedió un amparo provisional, ordenando a las autoridades pertinentes cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales para asegurar la alternabilidad en el ejercicio del poder. (Dicho amparo provisional está disponible para su descarga aquí).

Quisiera destacar tres aspectos fundamentales de la sentencia (disponible para descarga aquí). 

1. Amenaza a la renovación de mandos el 14 de enero de 2024

En el Considerando VII, la CC reconoce que, efectivamente, existe una amenaza real de que no se concreten los cambios de mando programados para el 14 de enero de 2024. Esto se debe a un motivo específico: una decisión judicial del ámbito penal –la orden del juez Orellana de suspender al partido Semilla– que podría ser invocada por el Organismo competente para impedir la transición constitucionalmente prevista.

La Corte admite que podría surgir una amenaza si se interpretan incorrectamente los efectos del fallo del juez penal que suspendió al partido Semilla, y se usen como justificación para no juramentar al binomio presidencial y a sus diputados electos. La pregunta esencial es: ¿Cómo responde la Corte a esta situación? Esto nos lleva al segundo aspecto.

2. Alcance de la orden de un juez penal respecto al Partido Semilla, ganador de las elecciones presidenciales

Posteriormente, la CC clarifica que, aunque reconoció la capacidad de un juez penal de suspender a un partido político aplicando el artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (LCDO), como en el caso de Semilla, esta suspensión "no extiende facultad al Juez penal para decretar ulteriores efectos al ámbito electoral específicamente. En consecuencia, por virtud de dicha resolución, no cabría concluir que las credenciales son inválidas o cuestión parecida a ello."

Esto significa que el Congreso no puede rechazar la toma de posesión del binomio presidencial y diputados electos usando la orden judicial como pretexto, ya que esta no tiene efecto en el proceso electoral.

3. Los resultados electorales son inalterables

La sentencia también establece que los resultados electorales son inalterables y deben respetarse una vez que el proceso electoral ha concluido y los resultados han sido oficializados. En el numeral romano X, la CC explica esta inmutabilidad. Incluso se hace referencia al amparo provisional del 1 de julio de 2023 (expediente 3731-2023), que llevó a la repetición de las audiencias de revisión de escrutinios, proporcionando así una doble oportunidad para que los partidos políticos fiscalizaran los resultados.

En el numeral romano XIII, la CC aborda las declaraciones del Ministerio Público (MP) del 8 de diciembre, en las cuales se señalaba a miembros del partido Semilla de ciertos delitos y se planteaba la posibilidad de anular las elecciones. La Corte, en la página 62, disipa cualquier duda al afirmar que, aunque el MP tiene la facultad de llevar a cabo investigaciones penales, estas "no pueden tener el alcance de impedir la respectiva finalización y efectos del proceso electoral" (resaltado propio).

La Corte aclara en el numeral VII de la parte resolutiva que, a pesar de las facultades de investigación del MP “y los jueces del orden penal, para juzgar los casos en que se hubiere incurrido en ilícitos penales (...) así como las facultades del Tribunal Supremo Electoral sobre evidencias serias que presenten incidencia en el ámbito de las organizaciones electorales” (resaltado propio), esto se refiere a las consecuencias que podrían tener las investigaciones del MP en relación con las organizaciones políticas (partidos), pero no afecta los resultados electorales.

La Corte finaliza su sentencia ordenando al Congreso y su Junta Directiva que garanticen la transición de mando. Además, en el punto resolutivo VI, insta a todas las autoridades a cumplir con sus funciones para asegurar una transición pacífica. Este artículo tiene como objetivo ofrecer una comprensión más profunda de los alcances de esta sentencia, la cual marca un momento decisivo en la disipación de la incertidumbre generada por los reiterados ataques al proceso electoral.

Un agradecimiento especial al Rule of Law Impact Lab de la Universidad de Stanford por su amicus curiae esencial en este caso. Su aporte, especialmente en estándares legales internacionales, fortaleció significativamente los argumentos ante la Corte, y sirvió para demostrar el impacto positivo de la colaboración académica en la defensa de la democracia.

Ante las sospechas de irrespeto a los resultados electorales, parece inoportuno apresurarse a desplazar a la autoridad electoral

El 29 de junio de 2023, dos ciudadanos interpusieron una denuncia contra los magistrados del TSE, acusándolos de sobreprecio en la adquisición de software para la transmisión de resultados electorales. Debido a que los magistrados del TSE tienen derecho a antejuicio, la denuncia se envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que el 7 de noviembre decidió remitirla al Congreso.

Según el artículo 124 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), los magistrados del TSE tienen las mismas inmunidades que los de la CSJ. Además, el artículo 13 de la Ley en Materia de Antejuicio (LMA) establece que corresponde al Congreso abordar estos casos.

La LMA determina que, al tratar un antejuicio, el Congreso debe formar una Comisión Pesquisidora. Esta Comisión, encargada de escuchar a los promotores del antejuicio y a los funcionarios implicados, así como de llevar a cabo las diligencias solicitadas, debe presentar un informe al Congreso para decidir si se retira o no la inmunidad (artículo 17).

Esta Comisión, conformada por sorteo, quedó integrada el 15 de noviembre e incluye a Enrique Montano (Unionista, presidente), Julio Longo (FCN Nación, secretario), Flavio Muñoz y Douglas Rivero del Partido Humanista, y Osmundo Ponce (URNG-MAÍZ) como vocales.

Con un ajustado margen de 3 a 2 votos, la Comisión estableció un cronograma apresurado para entregar su informe el 28 de noviembre de 2023, concluyéndolo finalmente el 29 de noviembre. Esto se debe a que, según la literal “f” del artículo 13 de la LMA, el informe solo puede discutirse en sesiones ordinarias del pleno. Dado que el periodo ordinario de sesiones concluye el 30 de noviembre y se reanuda hasta el 14 de enero de 2024, había prisa para influir en el resultado electoral o en la confianza en él.

Este punto conlleva una reflexión crítica. El antejuicio tiene como propósito evitar acusaciones sin fundamento o motivadas políticamente. Sin entrar en el mérito del caso, es claro que el objetivo de retirar la inmunidad a los magistrados no es tanto investigar la verdad como desestabilizar al TSE. Incluso el presidente de la Comisión Pesquisidora destacó que el objetivo final del movimiento era impedir la toma de posesión del presidente electo.

Este movimiento surge en un momento clave para la estabilidad institucional y la confianza pública. Si la verdad fuera el objetivo principal, se habrían explorado otras vías, como la Contraloría General de Cuentas, antes de optar por acciones precipitadas. 

Es importante recordar que el antejuicio no busca determinar la inocencia o culpabilidad, sino evaluar la oportunidad de proceder. Ante las sospechas de irrespeto a los resultados electorales, parece inoportuno apresurarse a desplazar a la autoridad electoral.

Parece improbable que el Congreso consiga los 107 votos necesarios para retirar la inmunidad. Incluso si lo lograra, los magistrados solo serían sujetos a proceso penal y no serían destituidos a menos que un juez penal ordene su prisión preventiva tras una primera declaración. Hasta entonces, el TSE continúa en funciones.

Esta es la segunda entrega de una serie sobre historia y realismo político

Dedicado a JMC

Era el año 1982, Venezuela era una pujante nación petrolera con el PIB per cápita más alto de América Latina y una intelectualidad cosmopolita que se sentía más cerca del mundo desarrollado que de su pobre y agreste vecindario. Por aquel entonces, el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, invitó a Caracas al gran pensador francés Raymond Aron, quien pronunció una intervención de incorporación en la Academia de Ciencias Políticas y Administrativas, que vale la pena reseñar por sus irradiaciones en nuestro presente, 41 años después. 

El discurso comenzó con una disculpa de Aron por no abordar el tema sugerido por la academia venezolana: la situación actual y el futuro de América Latina, centrándose más bien su disertación en uno de los grandes temas que ocuparon su quehacer intelectual en obras como El opio de los intelectuales y Democracia y totalitarismo: la condición de los intelectuales franceses en la posguerra, a propósito de los grandes debates ideológicos que se dieron en ese país durante la Guerra Fría, y en los que él mismo se vio en la obligación de tomar posición. 

Aron ve en la decisión de Francia de unirse a la Alianza Atlántica como una respuesta a la amenaza soviética, una ruptura con su pasado de enemistad con Alemania y cabe decir que, por la gran influencia germana en su pensamiento, él mismo fue un gran defensor de la amistad entre ambas naciones. También argumenta Aron que desde la posguerra, Francia tuvo una evolución positiva con una recuperación económica excepcional y logró consolidar un sistema democrático liberal exitoso, a pesar del interregno gaullista de 1958 al que curiosamente Aron se refiere como una dictadura “en sentido romano”. Señala Aron que fue muy fácil para los intelectuales franceses en aquel momento tomar posición a favor de los Estados Unidos, por la histórica valoración de Francia hacia las libertades políticas y sociales, no tanto a las económicas[1]. 

Aron refiere en su conferencia que estas posiciones fueron sujetas a intensos debates logrando un consenso suficiente, excepto por parte de los comunistas. Sobre todo cuando comenzó a ser evidente la represión de los soviéticos a las libertades frente a la prosperidad de los Estados Unidos. Otro punto álgido para los intelectuales franceses de aquellos años fue el tema de la descolonización y la independencia de Argelia que, a pesar de las críticas, se volvió inevitable porque ya el mundo de los viejos imperios (a excepción del soviético), había fenecido. 

Continúa Aron precisando que la Francia de la posguerra creció económicamente a un ritmo impresionante, sobrepasando para ese momento (1982) la riqueza de Gran Bretaña en un 30%, cosa que ningún francés hubiera creído ni por asomo en 1945. Esto le da pie a Aron para elaborar una clasificación en varios tipos de regímenes según sus aspiraciones: los que tienen como condición suprema el crecimiento económico y el mantenimiento de las instituciones liberales donde sin duda entran los Estados Unidos y la Europa Occidental. Sin embargo, argumenta Aron, esto no es así en otras partes del mundo en donde pareciera que se debe escoger entre crecimiento económico y libertades fundamentales. Pero también expone que incluso existen países en los que no basta que existan ni instituciones democráticas ni libertades fundamentales para que el gobierno sea eficaz y la economía se desarrolle.  

Comenta Aron que estos fueron los debates intelectuales apasionantes que se dieron en la Francia de la posguerra y que su compañero de juventud Jean Paul Sartre nunca reconoció[2]. Luego, el discurso se dirigió hacia América Latina, y Aron abordó la situación de los intelectuales en esta región frente a la de sus homólogos franceses. Reconoció la diversidad de realidades en los países latinoamericanos y la falta de una amenaza militar inmediata que pudiera compararse con la situación en Europa[3].

Finalmente, Aron concluyó su intervención expresando su confianza en que los latinoamericanos, y específicamente los venezolanos, tenían los recursos necesarios para construir una democracia y un desarrollo próspero:

“Ustedes se hayan(sic) hoy en día en una situación que a muchos respectos es original y al mismo tiempo cargada de esperanza. No faltan países latinoamericanos donde las posibilidades de la democracia son mejores que en cualquier otro momento de la historia. No faltan países tampoco que posean recursos materiales e intelectuales necesarios para el desarrollo económico pero con o sin la crisis actual nada está garantizado, nada viene dado a los hombres ni a los pueblos”. 

[1] Como refiere Aron sobre sí mismo en El opio de los intelectuales: “soy un keynesiano que a veces siente nostalgia del liberalismo”. 

[2] Gran parte de la intelectualidad francesa por aquellos años afirmaba que era preferible “equivocarse con Sartre antes que acertar con Aron”. De hecho, en lugar de ser un “intelectual comprometido” a la manera sartriana, Aron es más bien un “espectador comprometido”, un observador que tiende a ver “la verdad efectiva de la cosa” y a “despoetizar la política, quitándole la ideología”, ubicándose en una suerte de maquiavelismo moderado, o un liberalismo triste. Sobre esto, ver: Molina Cano, Jerónimo. Raymond Aron, realista político. Madrid. Sequitur. 2013

[3] Contrario a lo que afirma Aron, Latinoamérica no se hallaba tan ajena a la Guerra Fría. De los debates intelectuales, tal vez sí, pero de hecho, cabe decir que si bien la guerra fue “fría” en Europa; en América Latina, África y el Sudeste Asático, el conflicto fue bastante “caliente”: un ejemplo son las guerras civiles en Centroamérica. 

Esta es la primera entrega de una serie sobre historia y realismo político

Un enemigo suficientemente politizado puede revertir fácilmente la derrota y convertirla la postre en una victoria de largo plazo.

En política, las victorias y las derrotas siempre son transitorias y provisionales. En ese sentido, una eventual victoria sobre el enemigo[1] puede jugar en contra si ese triunfo se desperdicia. De igual forma, una derrota en el corto plazo puede desencadenar factores y crear condiciones para terminar venciendo en el largo plazo. La historia nos ofrece varios ejemplos. 

En el 216 a. C., en medio de la Segunda Guerra Púnica, entre Roma y Cartago, ocurre la célebre Batalla de Cannas, donde el general cartaginés Aníbal infligió una derrota devastadora a las fuerzas romanas, causando una gran cantidad de bajas (alrededor de 50.000), incluyendo la del cónsul romano en ejercicio y varios senadores, y capturando a unos 10.000 legionarios como prisioneros. Sin embargo, a pesar de esta victoria aplastante en el campo de batalla, Aníbal no pudo capitalizar su triunfo adecuadamente a favor de Cartago. El error de cálculo que probó ser fatal para el cartaginés fue no marchar hacia Roma y asediar la ciudad en ese momento de debilidad, sino más bien intentar propiciar una salida política al conflicto mediante una negociación a la que los romanos se negaron rotundamente ni siquiera para acordar el regreso de sus prisioneros de guerra. Al perdonar a Roma y subestimar su vocación de poder, Aníbal les entregó su victoria militar. Los romanos pensaban la guerra en términos de rendición absoluta al vencedor y aprovecharon su potencial demográfico para conseguir nuevas levas para sus legiones, comprar tiempo y finalmente subyugar a Cartago. Dirá sobre el cartaginés el historiador romano Tito Livio: “¡Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria!”.[2] 

Otro ejemplo lo ilustra la derrota de John Adams en la elección de 1800, frente a Thomas Jefferson quien logró la mayoría de votos en los colegios electorales. La decisión final de la elección la tomó la Cámara de Representantes, en aquel momento liderada de facto por el enemigo acérrimo de Jefferson, Alexander Hamilton. Sin embargo, los federalistas hamiltonianos inesperadamente favorecieron a Jefferson al considerarlo el mal menor pues detestaban a Adams por haber negociado la paz con Francia. Adams era atacado por todos los frentes del espectro político en medio de una derrota electoral garrafal que puso al Ejecutivo y al Legislativo en su contra. Sin embargo, en un acto magistral de templanza, el presidente saliente pasó sus últimas horas en el gobierno asegurando la última carta que le quedaba: los nombramientos judiciales. A media noche y con el concurso del Congreso saliente, Adams creó cinco docenas de juzgados en todos los niveles, desde circuitos federales hasta cortes distritales y juzgados de paz. Y como estocada final, nominó al juez John Marshall como presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, legando al país a un magistrado comprometido con un capitalismo moderno e industrial que privilegiaba las ideas puestas en acción para la innovación y que estaba dispuesto a enmendar los sagrados derechos de propiedad en aras de un rápido desarrollo; a diferencia de Jefferson y sus partidarios que pensaban que la riqueza provenía de bóvedas de llenas oro o de la posesión de inmensos acres de tierra. De manera que, a pesar de su derrota electoral, con esos nombramientos de último minuto, Adams destrozó políticamente el ideal jeffersoniano y transformó a esa república para siempre.[3] 

El problema del idealista en política (el que ve el poder en términos del “deber ser”), es que suele pensar que una victoria le confiere automáticamente la autoridad moral para imponerse sobre el enemigo. De allí que, una vez logrados los objetivos iniciales, se tiende a cruzar de brazos y no actúa ni opera políticamente para que ese triunfo se concrete en la realidad. Al creer ingenuamente que la corona y el cetro (o la banda presidencial), le va a caer sola del cielo porque así lo dicen la Constitución, la providencia, las leyes de la historia, etc., el idealista en política suele subestimar la vocación de poder del enemigo e ignora que un enemigo suficientemente politizado puede revertir fácilmente la derrota y convertirla la postre en una victoria de largo plazo.

[1] En este contexto se entiende la enemistad política en su sentido schmittiano. 

[2] Barceló, Pedro. El mundo antiguo. Madrid. Alianza Editorial. 2021. Pp. 166

[3] Schweikart, Larry. A Patriot 's History of the United States. NY. Sentinel, Penguin Random House. 2019. Pp. 163-165

Si no se alcanza este objetivo antes del 30 de noviembre, al término del periodo ordinario de sesiones, el Congreso deberá declararse en sesión permanente hasta cumplir con la elección el 15 de diciembre ya en periodo extraordinario de sesiones.

La reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), dictada el 6 de noviembre de 2023 en el expediente 1169-2020, marca un momento clave en el proceso de selección de magistrados para las Cortes de Apelaciones (CdA) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Guatemala. Frente a mandatos vencidos desde octubre de 2019, la CC ha instruido al Congreso a completar dicha elección a más tardar el 15 de diciembre.

Esta debida ejecución de la CC deriva de una sentencia del 6 de mayo de 2020, que a su vez nace de un amparo presentado por el Ministerio Público (MP) relacionado con un caso de supuesta manipulación en las Comisiones de Postulación (CP). Estas CP, encargadas de filtrar a los candidatos para magistrados, remitieron los listados de 270 aspirantes para la CdA y 26 para la CSJ en febrero de 2020.

En la sentencia original, la CC mandó al MP presentar al Congreso un informe de las investigaciones penales en curso y exigió a los diputados seleccionar a los magistrados para la CdA y la CSJ a “viva voz”, justificando cómo cada candidato satisfacía los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez estipulados en el artículo 113 de la Constitución dado el contexto de las investigaciones del caso “Comisiones Paralelas 2020”. También se les ordenó excluir a aquellos cuya "honorabilidad" se viera comprometida por las investigaciones.

Con este fallo que comento, la Corte ha permitido la votación mediante tablero electrónico, una modalidad previamente considerada inviable dado el requisito del voto a “viva voz”. Se enfatiza el derecho de los diputados a hacer el uso de la palabra durante las votaciones, pero la Corte asume que, habiendo recibido el informe hace más de tres años, cada diputado está suficientemente informado para proceder directamente a la votación.

A pesar de que el proceso establecido por la CC en 2020 resultó ser engorroso, el Congreso no avanzó significativamente en la elección de magistrados. Es pertinente recordar que en febrero de 2021, el Congreso votó por un único aspirante y, desde entonces, el asunto quedó en suspenso.

La CC ha establecido plazos explícitos en esta resolución: la elección de magistrados debe finalizar antes del 15 de diciembre. Si no se alcanza este objetivo antes del 30 de noviembre, al término del periodo ordinario de sesiones, el Congreso deberá declararse en sesión permanente hasta cumplir con la elección el 15 de diciembre ya en periodo extraordinario de sesiones.

Respecto a la duración en el cargo, la CC ha clarificado que los magistrados designados deben ocupar sus puestos hasta octubre de 2024. En consonancia con la línea jurisprudencial fijada a partir del expediente 461-2014, la duración del mandato de los magistrados de la CSJ y la CdA no se mide por un término de cinco años desde su nombramiento, sino que deben completar el ciclo que debió iniciarse en octubre de 2019.

La CC pone de relieve la necesidad de tener cortes completas antes de fin de año, ya que el proceso de elección de magistrados de CdA y CSJ para el período 2024-2029 dará inicio en la primera parte de 2024. Con solo 10 de los 13 magistrados requeridos por la Constitución, la CSJ no está completa y no cuenta con los 12 miembros que debería enviar a la Comisión de Postulación.

Aunque las nóminas para la CSJ y la CdA se enviaron en tiempo y forma en febrero de 2020, se han presentado algunos cambios. Por ejemplo, de la lista de 26 elegibles para la CSJ, renunció el aspirante Selvin Flores en junio de 2020; Alejandro Córdova asumió como Procurador de los Derechos Humanos y Ricardo Cordón se convirtió en magistrado del Tribunal Supremo Electoral, reduciendo la lista a 23 elegibles, a menos que alguno de los actuales ocupantes decida optar nuevamente por un puesto en la CSJ.

Para quienes llevamos 44 años o más, enfrentando esa batalla, este duelo es ya, un proyecto de vida.  

En medio del conflicto armado, entre bombas, secuestros y asesinatos, hace 44 años, decidí convertirme en un militante de la democracia liberal y republicana, pues llegué a la conclusión de que, para sacar adelante cualquier proyecto de vida, había que diseñar y construir, primero, Estado, instituciones que se respetan, división de poderes, leyes que se cumplen y que son iguales para todos. 

Desde muy joven aprendí que la política y la economía son dos caras de la misma moneda. Para que una funcione, la otra también debe funcionar. Solo así se pueden enfrentar los desafíos del desarrollo social, la estabilidad política y el crecimiento económico.         

Mi participación cívica es, y ha sido siempre, a título personal. En la más absoluta soledad. Como son esos andares para quienes dan el paso al frente. 

Perdí gente cercana y querida durante el conflicto armado, pero, a los 25 años, viví con ilusión la llegada de la democracia con la Constituyente del 84 en Guatemala y con procesos similares en el resto de Centroamérica.

Vaya si no extrañamos hoy en la política a los protagonistas de aquellos días. 

En los 80s, logramos la transición democrática después de una era en la que los votos se contaban en cuarteles militares y los gobiernos se imponían por la fuerza.

Es indiscutible que hemos tenido avances importantes, pero, estamos atravesando un ciclo donde abundan los políticos incompetentes o corruptos, y tienen a nuestros Estados en la bancarrota moral. 

En los últimos 15 años, en América Latina, hemos sufrido un retroceso institucional y democrático alarmante. Por unas y por otras, lo que avanza en nuestra región es la consolidación de Estados populistas, la mayoría de las izquierdas, aunque también los hay de derechas, al servicio de la corrupción y el narcotráfico.

Para superar este ciclo oscuro y difícil, el ciudadano debe decir presente. Debe exigir que las autoridades cumplan, respeten y se comporten. Su paso al frente debe ser firme, valiente, determinante, para hacer que se cumpla la ley, para defender sus derechos y libertades, para salvar su democracia.

América Latina necesita refundar la política. Desde la apertura democrática, los países que tienen saldo positivo son excepción. A la mayoría, los han gobernado grupos que solo dejaron corrupción, subdesarrollo y pobreza, y provocaron que la política criminal y el Estado delincuente sean los grandes protagonistas en la vida de sus sociedades.

Semejante despropósito está quebrando los consensos fundacionales de sus sistemas constitucionales. Semejante extravío los condena al subdesarrollo político, los expone a la barbarie, compromete su presente, amenaza su futuro.

Si la historia nos enseña que el camino al desarrollo y a la prosperidad de las naciones es la democracia liberal y republicana, la que respeta la ley, la división de poderes, la propiedad privada, el mercado y los valores que dignifican al ser humano, ya no podemos, ya no debemos esperar más.   

El futuro, las naciones que queremos ser, solo encontrarán el camino y la luz en la fuerza del ciudadano libre, en el compromiso del ciudadano que es parte de una sociedad que comprende que un Estado Democrático y de Leyes que se respetan es una obra cultural que se alcanza a través de la educación, el tiempo y una larga práctica de instituciones políticas garantes de la justicia, el Estado de Derecho y la libertad.

Este es el gran desafío de nuestro tiempo. Esta es la enorme responsabilidad histórica por la que, los ciudadanos latinoamericanos de hoy, tendremos que rendir cuentas.

Para quienes llevamos 44 años o más, enfrentando esa batalla, este duelo es ya, un proyecto de vida.