Las distintas visiones historiográficas enriquecen nuestra comprensión del pasado y ponen en relieve la complejidad de la disciplina histórica

El jurista alemán Carl Schmitt expresó que “el conocimiento histórico recibe su luz y su intensidad de la actualidad”. De manera que no es extraño que las fechas históricas despierten intensos debates políticos en cualquier sociedad, con visiones que se excluyen y retroalimentan. 

Este será el caso de la llamada revolución del 20 de octubre de 1944 en Guatemala, aún sujeta a todo tipo de interpretaciones y perspectivas. Un hecho toral en la historia que aún sigue moldeando y configurando a la sociedad guatemalteca en la actualidad. 

En ese sentido, el historiador cubano radicado en México y profesor de la UNAM, Rafael Rojas, en su libro El árbol de las revoluciones (2021), delimita a la revolución guatemalteca de 1944 dentro de lo que él llama revoluciones democráticas que se inscriben en el contexto de la Posguerra y el tránsito a la Guerra Fría [1], en un reacomodo de relaciones entre América Latina y los Estados Unidos. Para Rojas, estas revoluciones fueron parte “de la consolidación de la izquierda no comunista en América Latina, a mediados de siglo, y a la vez como evidencia del intento de conducir el cambio revolucionario por vías democráticas y de derecho” (Rojas, p. 188)

Para el historiador cubano, tras la salida del dictador Jorge Ubico del poder y con el país en una situación económica semi-feudal, tanto militares de la oficialidad joven como civiles se aglutinaron en torno a las demandas sociales que básicamente compartía toda la población, desde campesinos y sindicatos, hasta estudiantes universitarios. De allí, tras una insurrección cívico-militar, constituyeron una Junta de Gobierno que dio paso a una nueva Carta Magna y al primer gobierno constitucional en 1945: el del Dr. Juan José Arévalo Bermejo. Interesantemente, para Rojas, la Constitución del 45 si bien promueve ingentes derechos sociales a la población, también bebe de una tradición liberal centroamericanista del siglo XIX. Afirma el historiador en su análisis que la Constitución del 45, más que revolucionaria, se sumaba al “reformismo social en una clarísima apuesta por la democracia política”. También señala Rojas que mientras el gobierno de Arévalo puso un acento en lo social, el siguiente gobierno de Árbenz hará énfasis en el tema agrario y luego del famoso Decreto 900 de nacionalización de tierras, el cual, según el académico "reiteraba tautológicamente el concepto capitalismo", hubo una reacción feroz de la United Fruit Company, el gobierno de Estados Unidos y "la derecha terrateniente, militarista y católica guatemalteca", que recurrió "de manera obsesiva" a la descalificación del proyecto de Árbenz como "comunista" (Rojas, p. 195). 

Por su parte, el historiador argentino radicado en Guatemala, Carlos Sabino, en su obra Guatemala, la historia silenciada (2020), explica que la revolución del 44, no fue más que “un cruento golpe de Estado”, ya que fue un alzamiento de la Guardia de Honor para derrocar el débil y breve régimen de Ponce Vaides (Sabino, p. 108), luego de la renuncia de Jorge Ubico. Es un movimiento que está encarnado por las figuras de los jóvenes oficiales golpistas Arana y Árbenz, quienes se sienten parte de una nueva realidad internacional producto de la Posguerra y el advenimiento de sistemas democráticos en el mundo. El movimiento de 1944 busca hacer una revolución, en sensu estricto, es decir, cambiar la estructura del país, con alcances mucho más amplios y profundos en materia económica y social. Sin embargo, para Sabino, no se trató de una insurrección popular en la que participaran todos los sectores sociales del país, sino que fue una acción exclusivamente militar cuyo protagonista es el Ejército, por mucho, la instancia más determinante en toda la historia del siglo XX guatemalteco. Tampoco fue una revolución social, sino eminentemente política, ya que no se extendió al resto del país sino que no trascendió más allá de la ciudad capital. Sabino concuerda en que en un principio fue un movimiento democrático y modernizador del mismo tenor de las llamadas revoluciones que se estaban dando en el continente, que buscaban un reacomodo en sus relaciones con Estados Unidos, potencia esta última que por cierto apoyó a la junta de gobierno cuando se instaló.

Sin embargo, refiere Sabino, como todo movimiento revolucionario, una vez en el poder, éste se escinde entre moderados y radicales, lo cual determinará los acontecimientos del año 45 hasta mediados de la década siguiente. Para el autor, los lazos de Árbenz con el comunismo local sí eran innegables ya que el vínculo era nada más y nada menos que la futura primera dama, María Vilanova quien, gracias a su estrecha amistad con Manuel Fortuny, figura prinicpal del marxismo-leninismo en Guatemala, hizo que el militante incluso le escribiera los discursos a su esposo durante su campaña. Luego de la extraña muerte de Arana, entre los años 49 y 50, el círculo comunista de Árbenz se radicalizaría aún más, al punto que harían células y tertulias semanales en casa de Árbenz. Finalmente, al llegar a la presidencia, a pesar de guardar las formas con un discurso moderado, Árbenz abrazaría la principal bandera de los comunistas por aquel entonces (el PGT): la reforma agraria (Sabino, t. I, p. 206-216). Años después de su derrocamiento, ya en el 57, el ex mandatario se inscribirá discretamente en el PGT. 

Las distintas visiones historiográficas enriquecen nuestra comprensión del pasado y ponen en relieve la complejidad de la disciplina histórica, recordándonos que es una especialidad que conjuga tanto la interpretación parcial como los datos duros en un relato que siempre tendrá irradiaciones en el presente.

[1]  En esta definición, según Rojas, también entraría la Revolución Boliviana de Víctor Paz Estensoro de 1952-1964. También la venezolana de 1945 con Betancourt y Gallegos y la del costarricense José Figueres en 1948.

De las crisis políticas se sale por medios políticos.

El jurista alemán Carl Schmitt es conocido principalmente por su definición de la política bajo la distinción amigo-enemigo, la cual explicó extensamente en su celebérrima obra El concepto de lo político.

Como complemento a esta importante distinción, Schmitt señala que lo político también se caracteriza por el grado de intensidad de una asociación o disociación de cualquier rama o materia.

De manera que, cualquier asunto puede convertirse en político si de él se extrae una agrupación de amigos y enemigos, porque cada concepto político es en sí mismo polémico y adquiere sentido bajo una antítesis concreta. Los antagonismos religiosos, económicos, morales, etc., es decir, los más diversos ámbitos de la vida humana, no escapan de ser políticos o politizados.

En ese sentido, siempre el poder político se hará pasar por neutral y apolítico y acusará de “político” al adversario. Un poder político puede demostrar su intensidad precisamente por el hecho dominar una determinada doctrina o método y legitimar el status quo confiriéndole una cualidad apolítica y "pura". Un ejemplo de esto es la disciplina jurídica. 

Interesantemente, otra forma en que se demuestra la intensidad política será al evitar los debates difíciles y políticamente sospechosos con fórmulas inofensivas de justicia y administración. En este punto, refiere Schmitt, es cuando entran los “técnicos” supuestamente “apolíticos”, lo cual es una falacia ya que ninguna burocracia trabaja en un espacio vacío; también ella se encuentra bajo una situación política concreta.  Sobre esto, Schmitt aporta un ejemplo histórico interesante [traducción propia]:

“En el período alemán de preguerra, la doctrina del Derecho público entonces dominante, es decir, el método supuestamente puramente jurídico de Laband, combinaba ambas cosas, es decir, la legitimación del status quo gubernamental y la huida ante las dificultades políticas. A las cuestiones difíciles de derecho público respondía con antítesis engañosas y, cuando era necesario, por ejemplo, ante la cuestión de la significancia de un voto de censura en el Reichstag alemán, con ingenio”[1]

Lo que quiere decir Schmitt es que, paradójicamente, mientras más insustanciales y enrevesados eran los razonamientos de los juristas alemanes en los años previos a la Primera Guerra Mundial, más se evidenciaba la máxima intensidad política que atravesaba en aquel momento esa sociedad. Dice el alemán que en momentos de gran intensidad, resulta tremendamente práctico evitar decisiones políticas fundamentales. 

Aterrizando conceptos a propósito de lo que está ocurriendo en Guatemala, cuando se está en medio de la máxima intensidad política, tratar de adjudicarle a los abogados, los jueces y las cortes la solución a una crisis, es pedirle peras al olmo. De las crisis políticas se sale por medios políticos.

[1] SCHMITT, Carl. “Democrazia e liberalismo. Referendum e iniziativa popolare Hugo Preuss e la dottrina tedesca dello Stato”. 1930. Pp. 91-98

Una narración que ofrece a los lectores un escalofriante viaje a una Guatemala alternativa, un país distópico caracterizado por la corrupción desenfrenada, la avaricia y un sistema legal quebrado

El concepto de "ojo por ojo" es uno de los principios más antiguos conocidos por la humanidad, que se remonta a miles de años en la antigua Mesopotamia, concretamente al famoso Código de Hammurabi. Estos códigos legales, inscritos en tablas de piedra, prescribían castigos específicos para diversos delitos, haciendo hincapié en que el castigo correspondiera a la naturaleza y gravedad de la ofensa. Este principio, también conocido como la “ley del talión”, pretendía disuadir de la comisión de delitos y promover un sentido de proporcionalidad y justicia en la sociedad.

En el presente, la ley del talión se considera una rémora de la barbarie ya que en nuestro ordenamiento jurídico estatal moderno, el principio del "ojo por ojo" se sustituyó por un enfoque humanista y liberal de la justicia. No obstante, pareciera que cuando el Estado falla en ser ese árbitro neutral que administra justicia, la sociedad recurre nuevamente a eso que el filósofo francés René Girard llamaba venganza destructiva, que es aquella que se produce en sociedades primitivas que no tienen un mecanismo eficiente de reparación que ponga fin a la “violencia interminable”, concepto éste último, equivalente a la “guerra permanente” en el estado de naturaleza hobbesiano.  

Este es uno de los temas torales de la reciente novela de Francisco Pérez de Antón, El Crimen de la Magistrada. Una narración que ofrece a los lectores un escalofriante viaje a una Guatemala alternativa, un país distópico caracterizado por la corrupción desenfrenada, la avaricia y un sistema legal quebrado. Ambientada en un futuro no muy lejano, la historia nos introduce en un mundo donde los altos tribunales y los jueces, han descendido al abismo de la decadencia moral, vendiendo sus sentencias al mejor postor. Los bufetes de abogados se han transformado en proveedores de impunidad, atendiendo exclusivamente a criminales que buscan torturar la ley para su beneficio. Y por si fuera poco, en esta ficción, las iglesias evangélicas sirvien de fachada para las tramas de blanqueo de dinero, completando una bien aceitada tríada de corrupción.

El protagonista de la novela, Rodrigo Láynez, un abogado joven e idealista, se embarca en una búsqueda de la justicia tan peligrosa como necesaria. Intenta descubrir la verdad que se esconde tras la misteriosa muerte de su mentora, la magistrada Rosalía Albayeros, quien a pesar de ciertas sombras en su carrera judicial, se mantuvo como un faro de honradez e integridad en un mundo descarriado. A medida que Láynez se adentra en la red de engaños y crimen, se hace evidente que su mentora se había visto envuelta en una compleja trama delictiva que la obligaría a tomarse la justicia por su mano, aunque ello supusiera sacrificar su reputación y, en última instancia, su vida.

La fuerza de El crimen de la magistrada reside no sólo en su fascinante historia, sino también en su vívido y pesadillesco retrato de una sociedad totalmente a la deriva. Pérez de Antón crea con maestría una atmósfera que introduce al lector en un mundo en el que el bien y el mal se han difuminado hasta hacerse irreconocibles. Sobre este punto, vale la pena rescatar las crudas palabras de uno de los personajes hacia el final del libro:

“La venganza es uno de los impulsos primarios más poderosos del hombre que la civilización y el Estado de Derecho no han logrado suprimir. No hay persona que no haya sentido alguna vez la compulsión de restaurar su equilibrio existencial y emocional cuando la justicia de los hombres está distraída o ausente (...) Todo ser humano tiene derecho a la venganza civilizada, llamada por otro nombre: justicia. Pero cuando la justicia se vuelve venal y corrupta, lo común es que las personas recurran al más primitivo desquite”

Saliendo de la ficción y regresando a la realidad, en 2021 el 45% de los guatemaltecos manifestaba que no le tenía nada de confianza al Ministerio Público, 54% lo dijo sobre la Corte Suprema de Justicia y 56% de la Corte de Constitucionalidad [1]. Esto debe llamar a la reflexión sobre la necesidad de reformas profundas en el sistema de justicia y en la carrera judicial, así como en la formación y en la práctica jurídica en las universidades del país. 

Esta novela, sin duda, es una dura advertencia que debemos tomar en serio como sociedad. 

[1] Encuesta Cid-Gallup. Agosto 2021.

Publicado originalmente en Letras Libres

Como muestra la dificultad para clasificar a personajes disímiles como Javier Milei y Jair Bolsonaro, la derecha no es un bloque monolítico. Este catálogo busca servir para comprender sus matices.

El sorprendente resultado que el candidato Javier Milei obtuvo en las recientes elecciones primarias en Argentina ha captado la atención del mundo. Sus posiciones han sido calificadas por los medios de comunicación como de “extrema derecha” y han avivado el debate sobre la derecha en la región y su intersección con el liberalismo y el conservadurismo. En un esfuerzo por separar la paja del trigo, echemos un vistazo a la historia reciente de la región para extraer una clasificación.

En los años noventa, Iberoamérica fue testigo del ascenso de defensores de programas económicos de libre mercado como Alberto Fujimori y José María Aznar, a la par de líderes socialdemócratas pragmáticos al estilo de Carlos Andrés Pérez y Fernando Henrique Cardoso. Apoyados por instituciones multilaterales como el FMI, el BM y el BID, todos aplicaron recetas para minimizar el papel del Estado en la economía, privatizar empresas estatales, desregular industrias, reducir impuestos y aranceles y liberar las importaciones mediante tratados de libre comercio. En aquel momento en el que los beneficios de la apertura de los mercados eran incuestionables y existía una agenda común de liberalización, la derecha y la izquierda comenzaron a dividirse en torno a sus programas económicos.

La izquierda más recalcitrante, en su oposición a las medidas de libre mercado, dio el primer paso en este sentido de dividir las aguas luego de la caída del socialismo real: acusó de “derecha neoliberal” a cualquier gobierno que aplicara cierta racionalidad económica a las finanzas públicas. En cambio, la derecha de aquellos tiempos nunca se definió a sí misma en términos políticos, sino que optó por un economicismo despolitizador, que autores como Francis Fukuyama han denominado fundamentalismo de mercado, el cual ha dejado de lado principios claves del liberalismo político como la defensa de los derechos individuales, las libertades públicas, el pluralismo, etc., y ha hecho del crecimiento económico su nuevo imperativo moral. La dictadura de Augusto Pinochet en Chile es un buen ejemplo.

En ese sentido, unificar a la derecha bajo una ideología y praxis es una tarea ardua que presenta hoy un reto particular, sobre todo porque en los últimos años han surgido partidos bastante alejados de las preocupaciones del Consenso de Washington. A pesar de que la economía sigue siendo un tema de interés, ahora existen nuevos puntos de tensión y nuevas demandas, sobre todo alrededor de temas como la seguridad personal, el combate a la delincuencia común, los inmigrantes y la caída de los valores tradicionales. De allí se explica el surgimiento de nuevas opciones políticas vinculadas al orden.

Propongo a continuación un mapa que identifica la coexistencia de al menos tres tipos distintos de “derechas” en el panorama político iberoamericano actual.

El primer grupo, la derecha conservadora-tradicional, hunde sus raíces en la era de los gobiernos militares y la lucha contra las guerrillas y movimientos terroristas de izquierda. Para este sector, la Guerra Fría nunca terminó realmente, perciben la amenaza comunista acechando en todas partes. Aunque no han trascendido completamente su mentalidad bélica, sí defienden los mecanismos republicanos, la separación de poderes, la alternancia en el poder, los derechos políticos y sociales, así como la distinción entre Iglesia y Estado. Son socialmente conservadores y participan activamente en debates públicos en los medios para articular su oposición a lo que denominan “progresismo”. También abogan por un papel destacado del sector privado en la sociedad; al Estado le toca fomentar un entorno empresarial sólido mediante aranceles, incentivos, concesiones que den prioridad a los intereses nacionales. Defienden la soberanía pero también entienden la importancia del reconocimiento internacional y la participación en foros multilaterales, aunque sea para llevar su voz de protesta y desacuerdo. Ven con preocupación el avance de China, Rusia e Irán y desean que Occidente retome su posición de liderazgo en la política mundial. Entre las figuras destacadas de esta categoría se encuentran el político chileno José Antonio Kast, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, el fujimorismo en el Perú y el partido español Vox.

El segundo grupo comprende la derecha liberal-tecnocrática, que se desenvuelve en el marco de la democracia liberal y aboga por el principio de subsidiariedad, con un Estado eficiente, un gasto público reducido, impuestos bajos y eliminación de controles para atraer inversiones. Reconocen la importancia de unas instituciones transparentes y fiables, de un sistema de justicia probo e independiente y del respeto irrestricto a los derechos políticos y sociales para fomentar el desarrollo. Defienden el orden liberal internacional y socialmente están comprometidos con el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y los derechos de las minorías. En lugar de adoptar un discurso polarizador contra la izquierda, abrazan las diferencias como parte integrante de una sana alternancia en el poder, siempre y cuando se acepten las reglas democráticas. En esta categoría destacan el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou; el de Costa Rica, Rodrigo Cháves, el de Ecuador, Guillermo Lasso; los expresidentes de Chile y Argentina, Sebastián Piñera y Mauricio Macri; a la par de líderes como la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y las candidatas presidenciales Patricia Bullrich, en Argentina y María Corina Machado, en Venezuela.

Por último, tenemos la derecha populista-iliberal. Esta facción desprecia las normas de la democracia, la alternancia y el equilibrio de poderes. Tienen fuertes tensiones con el sistema judicial y busca restarle independencia a toda costa. Desprecian el principio de separación entre Iglesia y Estado, y organizan actos que mezclan elementos políticos y religiosos. Aunque su retórica económica parece capitalista, en realidad promueven la anticompetencia, el mercantilismo, el favoritismo y la corrupción. Se escudan en la soberanía, denunciando conspiraciones globalistas internacionales, son negacionistas del cambio climático y de los derechos de las minorías, que engloban dentro del término “ideología de género”. Abandonaron la principal bandera de la derecha liberal, que es la defensa de la libertad individual y la igualdad ante la ley; y en cambio centran su preocupación en la identidad (religión, sexo, etc.). Se presentan como antiimperialistas que condenan a Estados Unidos y sus políticas de sanciones por inmiscuirse en sus asuntos internos. En algunos casos, pueden incluso formar alianzas con potencias no occidentales como China y Rusia. Desobedecen sentencias de las cortes internacionales y deliberadamente buscan salirse de los organismos multilaterales. Aborrecen especialmente los derechos humanos, los cuales consideran más “trabas” que garantías. A lo interno, judicializan la protesta, criminalizan a la oposición, violan la libertad de expresión y desconocen elecciones. En esta derecha entran el presidente de El Salvador Nayib Bukele, Alejandro Giammattei y las organizaciones de la saliente alianza oficialista en Guatemala y también el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Como toda clasificación provisional, esta taxonomía tiene sus filtraciones. Se trata del candidato a la presidencia argentina Javier Milei quien, al menos de momento, no encaja en ninguna de las tres derechas mencionadas. Si bien Milei viene originalmente del mundo académico, está lejos de ser un tecnócrata, siendo más bien un maximalista en temas económicos. Milei era un profesor universitario de Economía, seguidor de la vertiente denominada Escuela Austríaca, cuyas posturas se tienden a asociar al libertarianismo. Saltó a la palestra pública siendo muy controversial en los medios de comunicación, criticando la intervención del gobierno peronista en la economía. Tiene un estilo polémico y polarizante y su programa de gobierno contiene medidas como dolarizar la economía y abolir al Banco Central, liberar el porte de armas, privatizar la salud. Está en contra del aborto y de la educación sexual en las escuelas, pero defiende la inmigración por sus beneficios al crecimiento económico. Nunca se ha pronunciado en contra de los derechos humanos ni de la libertad de expresión. Si llegara al poder, estaría por verse en cuál de los tres grupos de la derecha iberoamericana se ubicaría, o si continuaría siendo un agente libre con una propuesta inclasificable.

En última instancia, la derecha en Iberoamérica no es una entidad monolítica y se puede compartimentalizar en función de sus creencias y enfoques de gobierno. La diversidad de sus distintas vertientes impide categorizarla totalmente en un origen troncal o en una agenda común. Sin embargo, esta propuesta de taxonomía sirve de marco para comprender las complejidades y matices en el espectro de la derecha en la región. A medida que Iberoamérica continúa navegando en un panorama político de retos formidables en el orden internacional, se vuelve esencial asimilar estas diferencias para facilitar un análisis más exhaustivo de la dinámica política en la región y las amenazas a la democracia, que no distinguen signo ideológico. 

La vida social y la cultura actual se centran cada vez más en la búsqueda de diversión y entretenimiento en lugar del pensamiento crítico y la reflexión

La vida de los seres humanos está marcada por la búsqueda permanente de oportunidades para trabajar y acceder a ingresos que nos permitan ofrecer techo, alimento y seguridad a nuestra familia. Sin embargo, los ciudadanos de América Latina fallamos en no comprender cuánto influye la política en nuestras vidas. Nos convertimos en sociedades superficiales y desinteresadas en los temas de Estado. 

La vida social y la cultura actual se centran cada vez más en la búsqueda de diversión y entretenimiento en lugar del pensamiento crítico y la reflexión, aunque veamos que nuestro futuro está amenazado.   

Democracia, Justicia, Libertad son esas palabras famosas, distantes, elegantes, académicas con las que charlatanes, oportunistas y bandidos hacen y deshacen para llegar al poder y hacernos la vida imposible.

América Latina lleva 70 años perdida en un laberinto de autoritarismo, corrupción y populismo. Hemos tenido momentos y espacios de democracia y libertad, pero no han sido suficientes para consolidar el único sistema político y económico que ofrece desarrollo y bienestar a las naciones: la democracia liberal, republicana y capitalista.

No es perfecto, pero todos los demás sistemas, como lo confirman la estadística y la historia, son el camino seguro a la pobreza, la esclavitud y el subdesarrollo.  

A los tiempos que vivimos se sumaron las redes sociales, que, sin duda, han acercado a millones de seres humanos, han facilitado el diario vivir de muchas maneras y son un éxito indiscutible de la tecnología para beneficio de la humidad; pero, también han separado y enfrentado a personas, familias, sociedades y naciones por la forma irresponsable, oportunista y hasta criminal en que muchos las utilizan.

Incluso en las democracias más avanzadas vivimos la demolición de la educación y la cultura, vivimos la era del falso relato frente a un público ignorante, desinformado y sumiso a los patrones sociales de hoy. Pocos se atreven a desmentirlo o enfrentarlo pues impera el miedo a la sanción social, a la descalificación y al rechazo.

La desinformación, la mentira, la difamación, el insulto, el Deep fake y la generación falsa de textos, imagen y contenido son prácticas inservibles para generar confianza y construir naciones. Ya veremos a dónde nos lleva la IA.

Dice un filósofo que la mentira es la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo. Las redes sociales en manos de Estados mafiosos y organizaciones criminales hacen de la política un instrumento peligroso y destructivo. Un ciudadano ignorante, desinformado y manipulado es la amenaza más grave que enfrentan el desarrollo, la democracia y la libertad.

La degradación que ha sufrido la política se debe en gran medida a que las sociedades toman decisiones y actúan en base a datos errados, noticias falsas, intereses económicos o agendas ideológicas. La libertad de expresión conlleva responsabilidad y debe usarse con respeto y distinción. 

En la vida cívica de las naciones son la razón y la sensatez, no la emoción y la pasión, la garantía para defender la paz y la libertad. Por eso, para evitar que el falso relato acabe imponiéndose, informémonos con objetividad, diferenciemos la verdad de la mentira y desarrollemos un pensamiento crítico para aprovechar al máximo las virtudes de la era exponencial en la tecnología. Esto ayudará a que los pueblos no nos sigamos equivocando en casi todas las elecciones.

Ya no queremos más líderes autoritarios, populistas y corruptos que llegan al poder prometiendo soluciones simples a problemas complejos. Los ciudadanos queremos una clase dirigente fundada en la meritocracia y la honestidad.

Lograr esto es posible, deseable y necesario. Solo debemos promover un cambio profundo en la cultura cívica para alcanzar estabilidad política, certeza jurídica, desarrollo sostenible y prosperidad. Posibilidades que solo ofrece el sistema de la libertad.


 

Son armas arbitrarias y discrecionales y se han convertido en el principal obstáculo a vencer para la celebración de elecciones auténticas y democráticas. 

En Venezuela, las inhabilitaciones se han empleado como método sistemático de persecución contra los líderes de la oposición, por lo menos desde 2002. En estos 24 años, el régimen chavista ha usado instituciones como la Contraloría General de la República, entre otras, para imponer inhabilitaciones a candidatos incómodos y asegurarse un escenario electoral siempre favorable que les permita retener el poder indefinidamente.

Es fundamental entender que las inhabilitaciones políticas no pueden ser impuestas a través de decisiones administrativas y menos sin sentencia firme de un tribunal. Organismos administrativos como la Contraloría General no tienen la autoridad para violar derechos políticos, como tampoco la tiene usar la persecución penal como arma política para impedir candidaturas. El derecho a elegir y ser elegido es un derecho humano fundamental, y cualquier limitación al mismo debe basarse en condenas de tribunales competentes, siguiendo el debido proceso y el derecho a la defensa. Esta ha sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana en casos como López Mendoza Vs. Venezuela y Petro Urrego Vs. Colombia, por citar algunos. 

Lamentablemente, la intensificación de la persecución a través de las inhabilitaciones políticas y judicializaciones parece una tendencia que se propaga en la región latinoamericana.

Cada vez son más frecuentes los ataques sistemáticos contra actores políticos y organizaciones en coyunturas electorales en esta parte del continente: 

• La reciente inhabilitación de María Corina Machado, candidata delantera de la oposición venezolana de cara a las elecciones presidenciales de 2024, por la Contraloría General de la República, en la que argumentan: “actos que atentan contra la ética pública, la moral administrativa, el estado de derecho, la paz y la soberanía”. Además, de vincularla con una supuesta trama de corrupción entre 2019 y 2023.
• El acoso contra el Movimiento Semilla, partido ganador en la primera vuelta electoral en Guatemala, que, por una investigación de una fiscalía especial por un caso de firmas falsificadas, un juez ordenó la suspensión de su personalidad jurídica, lo cual de acuerdo a la ley electoral de ese país, le impediría al candidato Bernardo Arévalo medirse en la segunda vuelta este 20 de agosto. A pesar de que tanto el Tribunal Electoral y la Corte de Constitucionalidad han permitido que el proceso electoral continúe como lo dicta el mandato constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas, la persecución penal al partido persiste y hay todo tipo de incertidumbre alrededor de la realización de los comicios.
• La intervención judicial por parte del Ministerio de Justicia de Argentina a la organización que preside la precandidata presidencial Patricia Bullrich, por supuestamente haber "estructurado un sistema de ingresos y egresos" destinado a "financiar" acciones de "proselitismo político" a través de "seminarios, almuerzos y/o aportes". Todo esto, con el fin de eventualmente entorpecer e impedir su candidatura presidencial para las elecciones de octubre de 2023. 

En una región que no se recupera totalmente de su caída económica de los últimos años, que sucumbe cada vez más en temas de desempeño institucional y seguridad, con aumento de la pobreza cuya brecha no se logra cerrar ni siquiera a tiempos de 2019, con problemas graves de migración y crimen organizado; las elecciones (con la excepción de Cuba, Nicaragua y Venezuela) eran la única garantía de que todavía había algún tipo de compromiso y afinidad con la democracia. Respetar al menos ese principio básico es vital para la estabilidad política de América Latina. 

Muchos de estos ataques se han perpetrado en nombre de la ley, pero son resultado de interpretaciones que podríamos categorizar dentro del concepto de "engaño legal"

La noción del Estado de derecho constituye un pilar fundamental en nuestras sociedades, a la vez que es objeto de constantes deliberaciones. Habitualmente, empleamos este término para ilustrar un contexto en el cual todas las personas e instituciones, sin excepción, están sometidas a leyes que se han aprobado públicamente, poseen una vigencia futura y general, y son aplicadas o administradas por tribunales de justicia independientes.

Sin embargo, este ideal enfrenta obstáculos considerables en su aplicación práctica. Un fenómeno que se observa frecuentemente en diversos regímenes autoritarios es el atropello de los límites constitucionales y los derechos fundamentales, todo bajo el pretexto de la ley y el Estado de derecho.

Estos regímenes manipulan y tergiversan la ley a favor de aquellos que mantienen control sobre las instituciones, apoyándose en una narrativa que pone énfasis en una visión formal y superficial de la ley y el Estado de derecho. Un caso reciente es la dictadura venezolana que, citando una sanción de la Contraloría General de Venezuela, anunció la descalificación de la líder opositora, María Corina Machado. Es evidente cómo el régimen invoca una razón legal para coartar la participación de la oposición.

Como señala el profesor András Sajó en su libro "Ruling by Cheating: Governance in Illiberal Democracy", el acto de "engañar" implica fingir cumplir una regla para poder eludirla, obteniendo por lo general beneficios no merecidos a expensas de las personas engañadas o del "sistema". Esta ventaja se logra quebrantando una regla que otros siguen, lo que se traduce en una ventaja injusta.

Este "engaño legal" es una táctica común en muchos regímenes autoritarios. La ley, por su naturaleza, puede ser interpretada de diversas maneras, y presenta diferentes visiones y significados plausibles. Una buena legislación reduce la incertidumbre, pero es imposible aspirar a un sistema legal compuesto exclusivamente por normas de significado e interpretación inequívocos.

Los tribunales frecuentemente recurren a marcos interpretativos para dar sentido a la ley, y existe un margen dentro del cual ciertas interpretaciones pueden competir entre sí. Esta circunstancia es aún más evidente en materia constitucional, donde los conceptos están lejos de ser fijos y predeterminados.

Indudablemente, existen interpretaciones que desvían el curso de la justicia y trascienden cualquier marco razonable de interpretación. Como recuerda el profesor Sajó, lo que evita el engaño legal y constitucional es "la contención moral y cultural entre los actores constitucionales, resultado de las restricciones y convenciones que los políticos decentes, los administradores y los abogados aceptan sin dudarlo o bajo la presión de una opinión pública moralmente sensible."

Actualmente, el orden constitucional guatemalteco se encuentra en una situación precaria debido a los continuos embates que han afectado el proceso electoral y los órganos electorales. Muchos de estos ataques se han perpetrado en nombre de la ley, pero son resultado de interpretaciones que podríamos categorizar dentro del concepto de "engaño legal".

Si, como hemos expuesto, la defensa del verdadero significado de la Constitución y las leyes depende en gran medida de esa contención moral y cultural de diversos actores, no cabe duda de que su voz y liderazgo son imprescindibles en este momento crucial.

Los órganos de justicia deben actuar con prudencia y evitar que el circo electoral se prolongue innecesariamente.

El 25 de junio, las elecciones nacionales arrojaron un resultado presidencial inesperado. Nueve partidos levantaron diversas quejas acerca del recuento de votos y, como resultado, interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual, como es costumbre en estos tiempos, intervino otorgando un amparo provisional.

Este amparo provisional, expedido el 1 de julio de 2023, ordenó la repetición de la audiencia de revisión de escrutinios, seguido de un cotejo de actas para "corregir" posibles errores en la sumatoria de votos. La CC incluso dejó una puerta abierta para que, en ciertos casos excepcionales, se ordene un recuento de papeletas si existen dudas justificadas de alteraciones de resultados. Pero repito: en casos excepcionales.

Esta intervención de la CC muestra una triste ironía. Aunque el actual proceso electoral fue caótico en la fase de registro de candidaturas, debido a los criterios erráticos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la influencia excesiva de las cortes, el conteo de votos ha sido tradicionalmente uno de los aspectos más sólidos de nuestro sistema electoral.

Desde la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral en 1983, nuestro sistema de conteo de votos ha descansado en manos de ciudadanos voluntarios. Esto se ha mantenido hasta hoy y es el principal motivo de su robustez. Los voluntarios forman Juntas Receptoras de Votos (JRV), encargadas de recibir, escrutar y contar los votos en sus respectivas mesas, todo bajo la vigilancia de los fiscales de los partidos políticos.

Pero las JRV son solo un eslabón en una cadena bien organizada y jerarquizada. Por encima de ellas se encuentran las Juntas Electorales Municipales (JEM) y las Juntas Electorales Departamentales (JED). La JEM se encarga de nombrar y juramentar a las JRV, y luego de recibir y compilar los resultados electorales de estas. La JED, por su parte, tiene la responsabilidad de declarar el resultado y la validez de las elecciones en su departamento y enviar los resultados a instancias superiores.

Este proceso de conteo se documenta meticulosamente en una serie de documentos firmados por los presidentes, secretarios y vocales de las Juntas, desde el documento número 4 que recoge los resultados de cada mesa, hasta el documento número 7, que resume los votos obtenidos por cada partido en todas las elecciones del municipio.

Con esta serie de controles y equilibrios, y la participación de más de 73,281 voluntarios y suplentes en las JRV en más de 24,427 mesas de votación, es casi imposible realizar un fraude a gran escala sin ser descubierto.

A pesar de la seguridad inherente en el proceso, la CC ha ordenado la repetición de las audiencias de revisión de escrutinios para corregir pequeños errores o impugnaciones que los partidos alegan que no pudieron hacer valer en las audiencias que tuvieron lugar la semana pasada. Sin embargo, actores marginales, que posiblemente ni siquiera comprenden el proceso, han aprovechado esta oportunidad para hacer afirmaciones infundadas de fraude, erosionando aún más la ya precaria confianza en las instituciones democráticas de Guatemala.

Además, aunque el proceso de recuento sea laborioso y meticuloso, algunas críticas han pasado por alto un hecho fundamental: los errores humanos ocurren. Con la cantidad de voluntarios y la magnitud de la votación, es natural que haya discrepancias menores en los números al momento de la sumatoria de votos. Esto no significa necesariamente que haya habido fraude.

El actual y creo, innecesario proceso de cotejo de actas que ha resuelto la Corte, permitirán en el mejor de los casos, corregir errores menores y validar los resultados. La indebida interferencia del tribunal constitucional en este asunto merece un análisis más profundo y espero tener ocasión para hacerlo.

Ahora bien, en estos tiempos de incertidumbre y desconfianza, es vital recordar a las Juntas Electorales y las JRV por su dedicación y esfuerzo cívico. Gracias a su trabajo, Guatemala pudo tener una votación exitosa, a pesar de los obstáculos y desafíos. Aplaudamos a estas personas que decidieron participar activamente en la construcción de  democracia. Su servicio merece nuestro reconocimiento y respeto.

Mientras tanto, aquellos que intentan sembrar dudas y socavar la confianza en nuestro sistema electoral deben reconsiderar sus acciones. Los órganos de justicia deben actuar con prudencia y evitar que el circo electoral se prolongue innecesariamente.

El resultado electoral es en gran medida producto de manipulaciones y exclusiones caprichosas de candidaturas presidenciales

 

El pasado 25 de junio, Guatemala vivió una jornada electoral que dejó algunas sorpresas. Aunque las encuestas anticipaban que Sandra Torres, del partido UNE, se posicionaría en primer lugar, nadie esperaba que Bernardo Arévalo del partido Semilla, asegurara el segundo lugar y avanzara a la segunda vuelta electoral, prevista para el 20 de agosto.

Sin embargo, para la UNE las cifras no resultaron tan favorables como en 2019. El partido obtuvo 254,785 votos menos que en las últimas elecciones y consiguió menos votos en todos los distritos, excepto en el distrito central (+1553 votos), Baja Verapaz (+586 votos) y Alta Verapaz (+6,022 votos). Un reflejo claro de cómo han cambiado las estructuras políticas de la UNE en comparación a hace cuatro años.

Por otro lado, Semilla se convirtió en la sorpresa de la jornada, superando ampliamente los pronósticos que apenas le otorgaban menos de un 3% de intención de voto. Al final, logró el segundo lugar con el 15.6% de los votos válidos. Semilla obtuvo el 49% de sus votos en el distrito central y el departamento de Guatemala. Otros departamentos donde tuvo una buena acogida fueron Quetzaltenango, Sacatepéquez y Chimaltenango, que en conjunto con los dos anteriores representaron el 65% de sus votos totales.

En cambio, las expectativas quedaron desinfladas para los binomios de Cabal y la coalición Valor-Unionista, quienes, pese a ser considerados como posibles contendientes por la segunda plaza, no llegaron a superar el 9% de la intención de voto.

En estas elecciones, los votos nulos y blancos alcanzaron un número asombroso: 1,354,831 votantes de los 5,557,273 emitidos, representando el 24.38% de los votos en la elección presidencial. Es notable cómo este porcentaje se disparó en la presidencial y diputaciones, alcanzando el 33.3% de los votos válidamente emitidos, en comparación con el 5% o 6% de votos nulos o en blanco que se pudo ver en muchas de las elecciones para las corporaciones municipales. 

Aunque hubo un rechazo notorio al status quo, los partidos tradicionales, aquellos que se mantuvieron en la alianza legislativa oficialista, todavía consiguieron alrededor de 2.2 millones de votos. 

Esto resultará en un Congreso fragmentado con más de 15 bloques legislativos. VAMOS, el partido del gobierno saliente, tendrá la bancada más grande con 39 escaños, seguido de Semilla con 23, Cabal con 18 y la coalición Valor-Unionista o Valor de forma independiente sumarán 12 escaños. Tanto Semilla como UNE deberán enfrentarse a un Congreso donde la mayoría de los escaños estarán en manos opositoras.

Estas elecciones dejan claro el castigo del electorado a algunos partidos de la coalición dominante. El resultado electoral es en gran medida producto de manipulaciones y exclusiones caprichosas de candidaturas presidenciales. La ley de las consecuencias imprevistas se ha manifestado: la exclusión de binomios como el de Prosperidad Ciudadana, Podemos o MLP, que en principio parecía beneficiar a los más conocidos (como en 2019), finalmente ha volteado la balanza de formas imprevistas.

Los resultados sorpresivos y el alto número de votos nulos y blancos enfatizan una marcada insatisfacción con el panorama político actual. Sin lugar a duda, la segunda vuelta promete ser un evento único, diferente a las experiencias previas. La UNE deberá jugar contra un fuerte antivoto y arreciará sus esfuerzos por proyectarse como una opción conservadora, algo que contrasta con la forma en que hizo gobierno entre 2008 y 2012.

Quedará por ver si ese Estado inacabado, es bueno para la economía, la sociedad y las instituciones. También si cumple su función primordial de garantizar la defensa, la vida y la libertad. 

En días recientes, el Instituto Fe y Libertad y el Movimiento Cívico Nacional, realizaron un ciclo de conferencias a propósito de las elecciones generales en Guatemala. El prof. Jesús María Alvarado Andrade, hizo una disertación sobre las bases del Estado de Guatemala, partiendo de la evolución de esta forma histórica de lo político y cómo ha sido el proceso de adopción de la nación guatemalteca de la forma estatal. En ese sentido, vale la pena extraer las principales ideas de esta conferencia para que sean de utilidad a quienes estudien estos temas. 

Estado es una palabra a la que si nos aproximamos desde el punto de vista histórico-conceptual, significa “comunidad política”. Es decir, las antiguas poleis griegas, o lo que en el mundo medieval es Stato, se refiere a comunidades políticas con distintas formas de gobierno que podían ir desde la ciudad-Estado, al imperio, etc. 

El llamado Estado moderno, es más bien una creación de los siglos XV-XVI y es una organización racional y burocrática que parte de una visión de la política como artefacto, en la que esta gran máquina está llamada a solventar los problemas que atentan con disolver a la comunidad política, como la guerra civil o la revolución. En ese sentido, el Estado moderno tiene como finalidad imponer la paz al convertirse en un ente neutral que hace cumplir las leyes y administra la justicia, a través de procedimientos impersonales y racionales, que serían las Constituciones, las cuales a su vez van a controlar ese poder. De manera que el Estado moderno se contrapone a las comunidades políticas antiguas y medievales, que se apoyaban en la ética y en la moral (lo que para los romanos serían las “virtudes cívicas”) para procurar el buen gobierno, las cuales debían ser parte fundamental de la educación de los príncipes y gobernantes.  

Pero la realidad del Estado es que tiende a aumentar su poder hasta donde encuentra límites. La lógica del Estado es su expansión. De allí que la idea de Constitución como mecanismo (nunca mejor dicho) efectivo para controlar el poder, halla sus orígenes en los siglos XVII y XVIII y se concretará finalmente en los Estados Unidos de América. Una idea alimentada a su vez por una tradición política que no se explica antes de la aparición de la forma histórica estatal, llamada Liberalismo. El liberalismo sería entonces una reacción consustancial a la aparición del Estado moderno. En ese sentido, existen dos tipos de liberales: opositores rotundos al Estado como artefacto y liberales que lo admiten pero que quieren limitar sus funciones. Muchos de estos liberales que admiten al Estado, ven en el constitucionalismo un límite importante a su poder y también abogarán, como Tocqueville, por los llamados cuerpos intermedios de la sociedad. 

Una aclaración importante en este punto es el hecho de que los liberales que se oponen a la forma política estatal, no es que defiendan una suerte de anarquía, sino que abogan por una forma de lo político más natural (y que antecede al Estado), que es el gobierno. Valga otra disgresión, y es que el anarquismo no es una teoría política, es una teoría moral que considera que todo poder político es intrínsecamente malo. También huelga decir que todo anarquismo en sí mismo encierra la máxima politización, por esta razón lleva siempre a la revolución. De manera que los liberales entienden gobierno como una organización de mando que no necesariamente cuenta con ese aparato sofisticado de poder, llamado Burocracia. 

Paradójicamente, la mayoría de los grandes teóricos del Estado son ingleses (Hobbes por ejemplo), sin embargo, la forma histórica estatal nunca ha encontrado cabida totalmente en Inglaterra. Por su parte, Francia cuenta con famosos teóricos del Estado (como Bodino), y allí sí se desarrolló un poder político estatal encarnado en la forma de gobierno de la monarquía absoluta.  

Aterrizando conceptos cada vez más hacia la formación del Estado en Guatemala, hay que precisar que Guatemala viene de la monarquía hispánica, la cual no fue necesariamente un Estado y que, de hecho, en su estructura era anti-Estatal. De hecho, durante el período colonial, no había propiamente un constitucionalismo per se, sino una serie de relaciones y fueros medievales que aglutinaban a los pueblos de Ultramar con la Península, con énfasis en los usos y costumbres de las provincias. 

Cuando irrumpen las ideas liberales en la América española, buena parte de los próceres de las independencias de la América española van a intentar crear Estados, pero con la variante de que serán Estados que nacerán dentro de la tradición anti-Estatal liberal. De allí en adelante comenzarán una serie de intentos y tropiezos para crear Estados liberales en América Latina. Hay que precisar que muchos de estos hombres del siglo XIX, no querían crear Estados artefactos que se metieran en todos los asuntos de la vida económica y social, sin embargo, la sola creación de un Estado que garantizara la paz y la vida, fue tremendamente difícil y lo sigue siendo hasta nuestros días. Será en el siglo XX -luego de las Guerras Mundiales- cuando empiezan a penetrar ideas políticas más europeas sobre el Estado como agente de transformación social, que la forma histórica Estado asume la conducción económica y social. Allí resurgirá de nuevo el liberalismo que ahora hundirá sus raíces en lo económico, alejándose de las discusiones de los siglos XVII y XVIII. 

Históricamente en Guatemala, como en muchos países de la región, vemos tensiones entre la implantación de la forma estatal y la realidad histórica. En Guatemala no hemos vivido dentro de una forma estatal, ni durante la monarquía hispánica, ni después de la independencia. Por otra parte, quienes abogan por un Estado muy fuerte en Guatemala, al estilo de Francia y Alemania, tendrían que sincerarse sobre el hecho de que para tenerlo, se necesita de una industrialización muy desarrollada con la que no contamos. De allí el resultado actual: nominalmente Guatemala es un Estado con unas obligaciones muy grandes, que en la realidad es incapaz de materializar.

En conclusión, Guatemala no tiene un Estado moderno en sensu stricto, pero quedará por ver si ese Estado inacabado, es bueno para la economía, la sociedad y las instituciones. También si cumple su función primordial de garantizar la defensa, la vida y la libertad. 

Cierra la conferencia con una pregunta ¿Se puede construir un Estado con una alternativa anti-Estatal? La respuesta es que sí, existen naciones que tienen un Estado donde se garantiza la libertad. Y también hay naciones como los Estados Unidos que se han edificado precisamente sobre la idea de “evitar” la construcción del Estado y frente a él rescatan el gobierno constitucional.