Las distintas visiones historiográficas enriquecen nuestra comprensión del pasado y ponen en relieve la complejidad de la disciplina histórica

El jurista alemán Carl Schmitt expresó que “el conocimiento histórico recibe su luz y su intensidad de la actualidad”. De manera que no es extraño que las fechas históricas despierten intensos debates políticos en cualquier sociedad, con visiones que se excluyen y retroalimentan. 

Este será el caso de la llamada revolución del 20 de octubre de 1944 en Guatemala, aún sujeta a todo tipo de interpretaciones y perspectivas. Un hecho toral en la historia que aún sigue moldeando y configurando a la sociedad guatemalteca en la actualidad. 

En ese sentido, el historiador cubano radicado en México y profesor de la UNAM, Rafael Rojas, en su libro El árbol de las revoluciones (2021), delimita a la revolución guatemalteca de 1944 dentro de lo que él llama revoluciones democráticas que se inscriben en el contexto de la Posguerra y el tránsito a la Guerra Fría [1], en un reacomodo de relaciones entre América Latina y los Estados Unidos. Para Rojas, estas revoluciones fueron parte “de la consolidación de la izquierda no comunista en América Latina, a mediados de siglo, y a la vez como evidencia del intento de conducir el cambio revolucionario por vías democráticas y de derecho” (Rojas, p. 188)

Para el historiador cubano, tras la salida del dictador Jorge Ubico del poder y con el país en una situación económica semi-feudal, tanto militares de la oficialidad joven como civiles se aglutinaron en torno a las demandas sociales que básicamente compartía toda la población, desde campesinos y sindicatos, hasta estudiantes universitarios. De allí, tras una insurrección cívico-militar, constituyeron una Junta de Gobierno que dio paso a una nueva Carta Magna y al primer gobierno constitucional en 1945: el del Dr. Juan José Arévalo Bermejo. Interesantemente, para Rojas, la Constitución del 45 si bien promueve ingentes derechos sociales a la población, también bebe de una tradición liberal centroamericanista del siglo XIX. Afirma el historiador en su análisis que la Constitución del 45, más que revolucionaria, se sumaba al “reformismo social en una clarísima apuesta por la democracia política”. También señala Rojas que mientras el gobierno de Arévalo puso un acento en lo social, el siguiente gobierno de Árbenz hará énfasis en el tema agrario y luego del famoso Decreto 900 de nacionalización de tierras, el cual, según el académico "reiteraba tautológicamente el concepto capitalismo", hubo una reacción feroz de la United Fruit Company, el gobierno de Estados Unidos y "la derecha terrateniente, militarista y católica guatemalteca", que recurrió "de manera obsesiva" a la descalificación del proyecto de Árbenz como "comunista" (Rojas, p. 195). 

Por su parte, el historiador argentino radicado en Guatemala, Carlos Sabino, en su obra Guatemala, la historia silenciada (2020), explica que la revolución del 44, no fue más que “un cruento golpe de Estado”, ya que fue un alzamiento de la Guardia de Honor para derrocar el débil y breve régimen de Ponce Vaides (Sabino, p. 108), luego de la renuncia de Jorge Ubico. Es un movimiento que está encarnado por las figuras de los jóvenes oficiales golpistas Arana y Árbenz, quienes se sienten parte de una nueva realidad internacional producto de la Posguerra y el advenimiento de sistemas democráticos en el mundo. El movimiento de 1944 busca hacer una revolución, en sensu estricto, es decir, cambiar la estructura del país, con alcances mucho más amplios y profundos en materia económica y social. Sin embargo, para Sabino, no se trató de una insurrección popular en la que participaran todos los sectores sociales del país, sino que fue una acción exclusivamente militar cuyo protagonista es el Ejército, por mucho, la instancia más determinante en toda la historia del siglo XX guatemalteco. Tampoco fue una revolución social, sino eminentemente política, ya que no se extendió al resto del país sino que no trascendió más allá de la ciudad capital. Sabino concuerda en que en un principio fue un movimiento democrático y modernizador del mismo tenor de las llamadas revoluciones que se estaban dando en el continente, que buscaban un reacomodo en sus relaciones con Estados Unidos, potencia esta última que por cierto apoyó a la junta de gobierno cuando se instaló.

Sin embargo, refiere Sabino, como todo movimiento revolucionario, una vez en el poder, éste se escinde entre moderados y radicales, lo cual determinará los acontecimientos del año 45 hasta mediados de la década siguiente. Para el autor, los lazos de Árbenz con el comunismo local sí eran innegables ya que el vínculo era nada más y nada menos que la futura primera dama, María Vilanova quien, gracias a su estrecha amistad con Manuel Fortuny, figura prinicpal del marxismo-leninismo en Guatemala, hizo que el militante incluso le escribiera los discursos a su esposo durante su campaña. Luego de la extraña muerte de Arana, entre los años 49 y 50, el círculo comunista de Árbenz se radicalizaría aún más, al punto que harían células y tertulias semanales en casa de Árbenz. Finalmente, al llegar a la presidencia, a pesar de guardar las formas con un discurso moderado, Árbenz abrazaría la principal bandera de los comunistas por aquel entonces (el PGT): la reforma agraria (Sabino, t. I, p. 206-216). Años después de su derrocamiento, ya en el 57, el ex mandatario se inscribirá discretamente en el PGT. 

Las distintas visiones historiográficas enriquecen nuestra comprensión del pasado y ponen en relieve la complejidad de la disciplina histórica, recordándonos que es una especialidad que conjuga tanto la interpretación parcial como los datos duros en un relato que siempre tendrá irradiaciones en el presente.

[1]  En esta definición, según Rojas, también entraría la Revolución Boliviana de Víctor Paz Estensoro de 1952-1964. También la venezolana de 1945 con Betancourt y Gallegos y la del costarricense José Figueres en 1948.

Las distintas visiones historiográficas enriquecen nuestra comprensión del pasado y ponen en relieve la complejidad de la disciplina histórica

El jurista alemán Carl Schmitt expresó que “el conocimiento histórico recibe su luz y su intensidad de la actualidad”. De manera que no es extraño que las fechas históricas despierten intensos debates políticos en cualquier sociedad, con visiones que se excluyen y retroalimentan. 

Este será el caso de la llamada revolución del 20 de octubre de 1944 en Guatemala, aún sujeta a todo tipo de interpretaciones y perspectivas. Un hecho toral en la historia que aún sigue moldeando y configurando a la sociedad guatemalteca en la actualidad. 

En ese sentido, el historiador cubano radicado en México y profesor de la UNAM, Rafael Rojas, en su libro El árbol de las revoluciones (2021), delimita a la revolución guatemalteca de 1944 dentro de lo que él llama revoluciones democráticas que se inscriben en el contexto de la Posguerra y el tránsito a la Guerra Fría [1], en un reacomodo de relaciones entre América Latina y los Estados Unidos. Para Rojas, estas revoluciones fueron parte “de la consolidación de la izquierda no comunista en América Latina, a mediados de siglo, y a la vez como evidencia del intento de conducir el cambio revolucionario por vías democráticas y de derecho” (Rojas, p. 188)

Para el historiador cubano, tras la salida del dictador Jorge Ubico del poder y con el país en una situación económica semi-feudal, tanto militares de la oficialidad joven como civiles se aglutinaron en torno a las demandas sociales que básicamente compartía toda la población, desde campesinos y sindicatos, hasta estudiantes universitarios. De allí, tras una insurrección cívico-militar, constituyeron una Junta de Gobierno que dio paso a una nueva Carta Magna y al primer gobierno constitucional en 1945: el del Dr. Juan José Arévalo Bermejo. Interesantemente, para Rojas, la Constitución del 45 si bien promueve ingentes derechos sociales a la población, también bebe de una tradición liberal centroamericanista del siglo XIX. Afirma el historiador en su análisis que la Constitución del 45, más que revolucionaria, se sumaba al “reformismo social en una clarísima apuesta por la democracia política”. También señala Rojas que mientras el gobierno de Arévalo puso un acento en lo social, el siguiente gobierno de Árbenz hará énfasis en el tema agrario y luego del famoso Decreto 900 de nacionalización de tierras, el cual, según el académico "reiteraba tautológicamente el concepto capitalismo", hubo una reacción feroz de la United Fruit Company, el gobierno de Estados Unidos y "la derecha terrateniente, militarista y católica guatemalteca", que recurrió "de manera obsesiva" a la descalificación del proyecto de Árbenz como "comunista" (Rojas, p. 195). 

Por su parte, el historiador argentino radicado en Guatemala, Carlos Sabino, en su obra Guatemala, la historia silenciada (2020), explica que la revolución del 44, no fue más que “un cruento golpe de Estado”, ya que fue un alzamiento de la Guardia de Honor para derrocar el débil y breve régimen de Ponce Vaides (Sabino, p. 108), luego de la renuncia de Jorge Ubico. Es un movimiento que está encarnado por las figuras de los jóvenes oficiales golpistas Arana y Árbenz, quienes se sienten parte de una nueva realidad internacional producto de la Posguerra y el advenimiento de sistemas democráticos en el mundo. El movimiento de 1944 busca hacer una revolución, en sensu estricto, es decir, cambiar la estructura del país, con alcances mucho más amplios y profundos en materia económica y social. Sin embargo, para Sabino, no se trató de una insurrección popular en la que participaran todos los sectores sociales del país, sino que fue una acción exclusivamente militar cuyo protagonista es el Ejército, por mucho, la instancia más determinante en toda la historia del siglo XX guatemalteco. Tampoco fue una revolución social, sino eminentemente política, ya que no se extendió al resto del país sino que no trascendió más allá de la ciudad capital. Sabino concuerda en que en un principio fue un movimiento democrático y modernizador del mismo tenor de las llamadas revoluciones que se estaban dando en el continente, que buscaban un reacomodo en sus relaciones con Estados Unidos, potencia esta última que por cierto apoyó a la junta de gobierno cuando se instaló.

Sin embargo, refiere Sabino, como todo movimiento revolucionario, una vez en el poder, éste se escinde entre moderados y radicales, lo cual determinará los acontecimientos del año 45 hasta mediados de la década siguiente. Para el autor, los lazos de Árbenz con el comunismo local sí eran innegables ya que el vínculo era nada más y nada menos que la futura primera dama, María Vilanova quien, gracias a su estrecha amistad con Manuel Fortuny, figura prinicpal del marxismo-leninismo en Guatemala, hizo que el militante incluso le escribiera los discursos a su esposo durante su campaña. Luego de la extraña muerte de Arana, entre los años 49 y 50, el círculo comunista de Árbenz se radicalizaría aún más, al punto que harían células y tertulias semanales en casa de Árbenz. Finalmente, al llegar a la presidencia, a pesar de guardar las formas con un discurso moderado, Árbenz abrazaría la principal bandera de los comunistas por aquel entonces (el PGT): la reforma agraria (Sabino, t. I, p. 206-216). Años después de su derrocamiento, ya en el 57, el ex mandatario se inscribirá discretamente en el PGT. 

Las distintas visiones historiográficas enriquecen nuestra comprensión del pasado y ponen en relieve la complejidad de la disciplina histórica, recordándonos que es una especialidad que conjuga tanto la interpretación parcial como los datos duros en un relato que siempre tendrá irradiaciones en el presente.

[1]  En esta definición, según Rojas, también entraría la Revolución Boliviana de Víctor Paz Estensoro de 1952-1964. También la venezolana de 1945 con Betancourt y Gallegos y la del costarricense José Figueres en 1948.

De las crisis políticas se sale por medios políticos.

El jurista alemán Carl Schmitt es conocido principalmente por su definición de la política bajo la distinción amigo-enemigo, la cual explicó extensamente en su celebérrima obra El concepto de lo político.

Como complemento a esta importante distinción, Schmitt señala que lo político también se caracteriza por el grado de intensidad de una asociación o disociación de cualquier rama o materia.

De manera que, cualquier asunto puede convertirse en político si de él se extrae una agrupación de amigos y enemigos, porque cada concepto político es en sí mismo polémico y adquiere sentido bajo una antítesis concreta. Los antagonismos religiosos, económicos, morales, etc., es decir, los más diversos ámbitos de la vida humana, no escapan de ser políticos o politizados.

En ese sentido, siempre el poder político se hará pasar por neutral y apolítico y acusará de “político” al adversario. Un poder político puede demostrar su intensidad precisamente por el hecho dominar una determinada doctrina o método y legitimar el status quo confiriéndole una cualidad apolítica y "pura". Un ejemplo de esto es la disciplina jurídica. 

Interesantemente, otra forma en que se demuestra la intensidad política será al evitar los debates difíciles y políticamente sospechosos con fórmulas inofensivas de justicia y administración. En este punto, refiere Schmitt, es cuando entran los “técnicos” supuestamente “apolíticos”, lo cual es una falacia ya que ninguna burocracia trabaja en un espacio vacío; también ella se encuentra bajo una situación política concreta.  Sobre esto, Schmitt aporta un ejemplo histórico interesante [traducción propia]:

“En el período alemán de preguerra, la doctrina del Derecho público entonces dominante, es decir, el método supuestamente puramente jurídico de Laband, combinaba ambas cosas, es decir, la legitimación del status quo gubernamental y la huida ante las dificultades políticas. A las cuestiones difíciles de derecho público respondía con antítesis engañosas y, cuando era necesario, por ejemplo, ante la cuestión de la significancia de un voto de censura en el Reichstag alemán, con ingenio”[1]

Lo que quiere decir Schmitt es que, paradójicamente, mientras más insustanciales y enrevesados eran los razonamientos de los juristas alemanes en los años previos a la Primera Guerra Mundial, más se evidenciaba la máxima intensidad política que atravesaba en aquel momento esa sociedad. Dice el alemán que en momentos de gran intensidad, resulta tremendamente práctico evitar decisiones políticas fundamentales. 

Aterrizando conceptos a propósito de lo que está ocurriendo en Guatemala, cuando se está en medio de la máxima intensidad política, tratar de adjudicarle a los abogados, los jueces y las cortes la solución a una crisis, es pedirle peras al olmo. De las crisis políticas se sale por medios políticos.

[1] SCHMITT, Carl. “Democrazia e liberalismo. Referendum e iniziativa popolare Hugo Preuss e la dottrina tedesca dello Stato”. 1930. Pp. 91-98

De las crisis políticas se sale por medios políticos.

El jurista alemán Carl Schmitt es conocido principalmente por su definición de la política bajo la distinción amigo-enemigo, la cual explicó extensamente en su celebérrima obra El concepto de lo político.

Como complemento a esta importante distinción, Schmitt señala que lo político también se caracteriza por el grado de intensidad de una asociación o disociación de cualquier rama o materia.

De manera que, cualquier asunto puede convertirse en político si de él se extrae una agrupación de amigos y enemigos, porque cada concepto político es en sí mismo polémico y adquiere sentido bajo una antítesis concreta. Los antagonismos religiosos, económicos, morales, etc., es decir, los más diversos ámbitos de la vida humana, no escapan de ser políticos o politizados.

En ese sentido, siempre el poder político se hará pasar por neutral y apolítico y acusará de “político” al adversario. Un poder político puede demostrar su intensidad precisamente por el hecho dominar una determinada doctrina o método y legitimar el status quo confiriéndole una cualidad apolítica y "pura". Un ejemplo de esto es la disciplina jurídica. 

Interesantemente, otra forma en que se demuestra la intensidad política será al evitar los debates difíciles y políticamente sospechosos con fórmulas inofensivas de justicia y administración. En este punto, refiere Schmitt, es cuando entran los “técnicos” supuestamente “apolíticos”, lo cual es una falacia ya que ninguna burocracia trabaja en un espacio vacío; también ella se encuentra bajo una situación política concreta.  Sobre esto, Schmitt aporta un ejemplo histórico interesante [traducción propia]:

“En el período alemán de preguerra, la doctrina del Derecho público entonces dominante, es decir, el método supuestamente puramente jurídico de Laband, combinaba ambas cosas, es decir, la legitimación del status quo gubernamental y la huida ante las dificultades políticas. A las cuestiones difíciles de derecho público respondía con antítesis engañosas y, cuando era necesario, por ejemplo, ante la cuestión de la significancia de un voto de censura en el Reichstag alemán, con ingenio”[1]

Lo que quiere decir Schmitt es que, paradójicamente, mientras más insustanciales y enrevesados eran los razonamientos de los juristas alemanes en los años previos a la Primera Guerra Mundial, más se evidenciaba la máxima intensidad política que atravesaba en aquel momento esa sociedad. Dice el alemán que en momentos de gran intensidad, resulta tremendamente práctico evitar decisiones políticas fundamentales. 

Aterrizando conceptos a propósito de lo que está ocurriendo en Guatemala, cuando se está en medio de la máxima intensidad política, tratar de adjudicarle a los abogados, los jueces y las cortes la solución a una crisis, es pedirle peras al olmo. De las crisis políticas se sale por medios políticos.

[1] SCHMITT, Carl. “Democrazia e liberalismo. Referendum e iniziativa popolare Hugo Preuss e la dottrina tedesca dello Stato”. 1930. Pp. 91-98

"Aunque la sentencia definitiva podría tomar meses, una suspensión provisional podría esclarecer situaciones recientes, como el polémico intento de suspender al partido Semilla"

El pasado 3 de octubre, un grupo de nueve destacados juristas presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (LCDO) ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Este artículo fue el que utilizó un juez penal el pasado 13 de julio para ordenar la suspensión de la persona jurídica del partido Movimiento Semilla. Este artículo establece:

“Artículo 82. Suspensión provisional de las inscripciones de las personas jurídicas. Se podrán suspender provisionalmente, con autorización judicial durante la substanciación del proceso penal, las inscripciones de personas jurídicas, sus patentes, permisos y licencias que hayan sido extendidas legalmente, cuando hubieren sido utilizadas para cometer, en cualquier forma, un hecho ilícito de los establecidos en la presente Ley.”

Los nueve abogados argumentan que la norma vulnera diversos derechos consagrados en nuestra Constitución. En primer lugar, sostienen que vulnera la seguridad jurídica (art. 2) al permitir la suspensión provisional de la inscripción de las personas jurídicas, generando incertidumbre respecto de la validez de la inscripción de la misma y de los terceros que puedan tener intereses respecto de ella.

En segundo lugar, señalan que existe una vulneración al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva (art. 12). Argumentan que la persona jurídica no podría comparecer a juicio para defenderse contra la suspensión ni contra el resto del proceso penal que motive su suspensión. La incongruencia es tal que la entidad no tendría capacidad para contratar a sus abogados defensores ni tendría facultad para impugnar dicha decisión.

Tercero, se destaca una violación a la presunción de inocencia (art. 14). El artículo cuestionado permite suspender la inscripción cuando se utilice “para cometer cualquier ilícito”, pero esto es previo a que se haya demostrado en juicio que efectivamente se usó con esos fines. En ese sentido, argumentan que vulnera la presunción de inocencia al permitir la suspensión bajo supuestos ilícitos aún no probados.

En cuarto lugar, alegan vulneración al derecho de libre asociación (art. 34) puesto que la persona jurídica es el resultado de dicho ejercicio y la norma cuestionada permite la suspensión provisional sin considerar si estas fueron constituidas de manera lícita o ilícita.

En quinto lugar, alegan que la norma infringe la razonabilidad de las leyes, concepto ampliamente desarrollado jurisprudencialmente por la CC. Como citan los abogados, la razonabilidad se logra cuando la norma se alinea adecuadamente con su propósito y los medios que emplea para conseguirlo (expediente 1086-2003, sentencia 25/03/2004).

Sugieren que la suspensión provisional de las personas jurídicas, en los términos del artículo 82 de la LCDO, es desproporcionada, carece de un límite temporal y deja en indefensión a la persona jurídica, como ya se mencionó anteriormente. Es decir, podrían existir otras medidas menos gravosas para alcanzar el mismo fin.

Por último, afirman que la norma transgrede el artículo 223 constitucional referente a la reserva de ley en materia electoral. Argumentan que, al no excluir su aplicación a organizaciones políticas, el artículo 82 de la LCDO contraviene el artículo 223, que reserva la regulación de estas entidades a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, una ley de rango constitucional.

Dada la solidez de estos argumentos, se espera con gran expectación el pronunciamiento de la CC respecto de la suspensión provisional de la norma. Es decir, la Corte deberá decidir si la mantiene temporalmente en vigor o no. Aunque la sentencia definitiva podría tomar meses, una suspensión provisional podría esclarecer situaciones recientes, como el polémico intento de suspender al partido Semilla.

"La iniciativa 6239 nos lleva de regreso al sistema judicial previo a 2016, alejándonos de las prácticas óptimas en cuanto a independencia judicial"

El Congreso ha avanzado la iniciativa 6239 hasta el segundo debate, que propone la reforma de dos artículos en la Ley del Organismo Judicial (LOJ): específicamente, los artículos 54 y 55. Estos se centran en las competencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de su presidente.

La modificación propuesta al artículo 54, en particular, altera la literal “s”, devolviendo a la CSJ la capacidad de nombrar, cambiar, mover, ascender, otorgar licencias, sancionar y destituir jueces. Esta propuesta legislativa es el broche final a una serie de fallos judiciales y cambios legales que han deshecho los avances logrados por la Ley de la Carrera Judicial (LdCJ), decreto 32-2016, que reemplazó a la LdCJ de 1999.

La LdCJ de 2016 nació con el objetivo de modernizar la carrera judicial, alineándose con el principio de independencia funcional del artículo 205 de nuestra Constitución. Introdujo criterios claros para la evaluación de ingreso en la carrera judicial, designando al Consejo de la Carrera Judicial como su rector. A este Consejo se le confió la dirección del ingreso, evaluación, renovación de nombramientos y transferencias de jueces.

 En 2021, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia presentó una acción de inconstitucionalidad contra la LdCJ de 2016 y sus reformas de 2017, así como contra ciertos artículos del Reglamento. En respuesta, el 10 de noviembre de 2021, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió varios artículos de la LdCJ (Expediente 5729-2021).

Dicha acción desafió la designación del Consejo de la Carrera Judicial como órgano rector, según lo estipulado en los artículos 4 y 5 de la LdCJ. También puso en duda la constitucionalidad de la competencia del Consejo para nombrar autoridades de órganos disciplinarios y auxiliares, y decidir sobre la integración de Salas de Apelaciones, como lo indica el artículo 6. Además, cuestionó la autoridad del Consejo para remover al Director de la Escuela de Estudios Judiciales, decidir sobre traslados de jueces, según el artículo 26, otorgar licencias, conforme al artículo 31, y determinar sobre las vacantes judiciales, según lo establecido en el artículo 34.

El 2 de febrero de 2022, en respuesta a los cuestionamientos, el Congreso aprobó el decreto 7-2022. Este decreto ajustó varios de los artículos previamente suspendidos por la CC, debilitando de esta manera el núcleo fundamental de la LdCJ de 2016.

Finalmente, el 19 de enero de 2023, la CC emitió una sentencia definitiva sobre la inconstitucionalidad. Algunos artículos cuestionados ya habían sido modificados por el decreto 7-2022, la CC encontró mérito en declarar la inconstitucionalidad de ciertas partes de los artículos 31 y 34 de la LdCJ. Estas secciones están relacionadas con las competencias del Consejo para autorizar licencias y decidir sobre las vacantes de jueces. 

Este fallo de la CC requiere una consideración profunda. Personalmente, considero que su análisis de las normas cuestionadas fue insuficiente. La CC se centró en una interpretación estrictamente textual del artículo 209 constitucional, descuidando una evaluación integral y el principio de independencia funcional que el artículo 205 consagra. El análisis sobre la esencia y los límites del Consejo estuvo ausente. No se exploró con detalle la posición del Consejo en relación con la Corte Suprema de Justicia, un aspecto fundamental para comprender cómo ambos entes podrían operar conjuntamente a la luz de la LdCJ. 

En síntesis, la iniciativa 6239 es el broche de oro para retrocedernos al marco judicial de antes del 2016, alejándonos de las mejores prácticas en relación con la independencia judicial. Nosotros, como comunidad de juristas, tenemos la responsabilidad de reflexionar más a fondo sobre las implicaciones de este retorno al modelo previo y sobre la decisión de la CC. Si el diseño y enfoque propuestos por la ley de 2016 y sus reformas de 2017 no son constitucionales, como sugiere la CC, entonces es esencial que se reconsidere y se debata una nueva reforma constitucional en el ámbito de la justicia.

En resumen, la iniciativa 6239 nos lleva de regreso al sistema judicial previo a 2016, alejándonos de las prácticas óptimas en cuanto a independencia judicial. Como comunidad de juristas, debemos deliberar con más profundidad sobre las ramificaciones de este retorno al modelo anterior y del fallo de la CC. Si la estructura o modelo que proponía la ley de 2016 y sus reformas de 2017, tal como sostiene la CC (erróneamente como sostengo), no es constitucional, es imperativo revisar y discutir nuevamente una reforma constitucional en materia de justicia.

Una narración que ofrece a los lectores un escalofriante viaje a una Guatemala alternativa, un país distópico caracterizado por la corrupción desenfrenada, la avaricia y un sistema legal quebrado

El concepto de "ojo por ojo" es uno de los principios más antiguos conocidos por la humanidad, que se remonta a miles de años en la antigua Mesopotamia, concretamente al famoso Código de Hammurabi. Estos códigos legales, inscritos en tablas de piedra, prescribían castigos específicos para diversos delitos, haciendo hincapié en que el castigo correspondiera a la naturaleza y gravedad de la ofensa. Este principio, también conocido como la “ley del talión”, pretendía disuadir de la comisión de delitos y promover un sentido de proporcionalidad y justicia en la sociedad.

En el presente, la ley del talión se considera una rémora de la barbarie ya que en nuestro ordenamiento jurídico estatal moderno, el principio del "ojo por ojo" se sustituyó por un enfoque humanista y liberal de la justicia. No obstante, pareciera que cuando el Estado falla en ser ese árbitro neutral que administra justicia, la sociedad recurre nuevamente a eso que el filósofo francés René Girard llamaba venganza destructiva, que es aquella que se produce en sociedades primitivas que no tienen un mecanismo eficiente de reparación que ponga fin a la “violencia interminable”, concepto éste último, equivalente a la “guerra permanente” en el estado de naturaleza hobbesiano.  

Este es uno de los temas torales de la reciente novela de Francisco Pérez de Antón, El Crimen de la Magistrada. Una narración que ofrece a los lectores un escalofriante viaje a una Guatemala alternativa, un país distópico caracterizado por la corrupción desenfrenada, la avaricia y un sistema legal quebrado. Ambientada en un futuro no muy lejano, la historia nos introduce en un mundo donde los altos tribunales y los jueces, han descendido al abismo de la decadencia moral, vendiendo sus sentencias al mejor postor. Los bufetes de abogados se han transformado en proveedores de impunidad, atendiendo exclusivamente a criminales que buscan torturar la ley para su beneficio. Y por si fuera poco, en esta ficción, las iglesias evangélicas sirvien de fachada para las tramas de blanqueo de dinero, completando una bien aceitada tríada de corrupción.

El protagonista de la novela, Rodrigo Láynez, un abogado joven e idealista, se embarca en una búsqueda de la justicia tan peligrosa como necesaria. Intenta descubrir la verdad que se esconde tras la misteriosa muerte de su mentora, la magistrada Rosalía Albayeros, quien a pesar de ciertas sombras en su carrera judicial, se mantuvo como un faro de honradez e integridad en un mundo descarriado. A medida que Láynez se adentra en la red de engaños y crimen, se hace evidente que su mentora se había visto envuelta en una compleja trama delictiva que la obligaría a tomarse la justicia por su mano, aunque ello supusiera sacrificar su reputación y, en última instancia, su vida.

La fuerza de El crimen de la magistrada reside no sólo en su fascinante historia, sino también en su vívido y pesadillesco retrato de una sociedad totalmente a la deriva. Pérez de Antón crea con maestría una atmósfera que introduce al lector en un mundo en el que el bien y el mal se han difuminado hasta hacerse irreconocibles. Sobre este punto, vale la pena rescatar las crudas palabras de uno de los personajes hacia el final del libro:

“La venganza es uno de los impulsos primarios más poderosos del hombre que la civilización y el Estado de Derecho no han logrado suprimir. No hay persona que no haya sentido alguna vez la compulsión de restaurar su equilibrio existencial y emocional cuando la justicia de los hombres está distraída o ausente (...) Todo ser humano tiene derecho a la venganza civilizada, llamada por otro nombre: justicia. Pero cuando la justicia se vuelve venal y corrupta, lo común es que las personas recurran al más primitivo desquite”

Saliendo de la ficción y regresando a la realidad, en 2021 el 45% de los guatemaltecos manifestaba que no le tenía nada de confianza al Ministerio Público, 54% lo dijo sobre la Corte Suprema de Justicia y 56% de la Corte de Constitucionalidad [1]. Esto debe llamar a la reflexión sobre la necesidad de reformas profundas en el sistema de justicia y en la carrera judicial, así como en la formación y en la práctica jurídica en las universidades del país. 

Esta novela, sin duda, es una dura advertencia que debemos tomar en serio como sociedad. 

[1] Encuesta Cid-Gallup. Agosto 2021.

Una narración que ofrece a los lectores un escalofriante viaje a una Guatemala alternativa, un país distópico caracterizado por la corrupción desenfrenada, la avaricia y un sistema legal quebrado

El concepto de "ojo por ojo" es uno de los principios más antiguos conocidos por la humanidad, que se remonta a miles de años en la antigua Mesopotamia, concretamente al famoso Código de Hammurabi. Estos códigos legales, inscritos en tablas de piedra, prescribían castigos específicos para diversos delitos, haciendo hincapié en que el castigo correspondiera a la naturaleza y gravedad de la ofensa. Este principio, también conocido como la “ley del talión”, pretendía disuadir de la comisión de delitos y promover un sentido de proporcionalidad y justicia en la sociedad.

En el presente, la ley del talión se considera una rémora de la barbarie ya que en nuestro ordenamiento jurídico estatal moderno, el principio del "ojo por ojo" se sustituyó por un enfoque humanista y liberal de la justicia. No obstante, pareciera que cuando el Estado falla en ser ese árbitro neutral que administra justicia, la sociedad recurre nuevamente a eso que el filósofo francés René Girard llamaba venganza destructiva, que es aquella que se produce en sociedades primitivas que no tienen un mecanismo eficiente de reparación que ponga fin a la “violencia interminable”, concepto éste último, equivalente a la “guerra permanente” en el estado de naturaleza hobbesiano.  

Este es uno de los temas torales de la reciente novela de Francisco Pérez de Antón, El Crimen de la Magistrada. Una narración que ofrece a los lectores un escalofriante viaje a una Guatemala alternativa, un país distópico caracterizado por la corrupción desenfrenada, la avaricia y un sistema legal quebrado. Ambientada en un futuro no muy lejano, la historia nos introduce en un mundo donde los altos tribunales y los jueces, han descendido al abismo de la decadencia moral, vendiendo sus sentencias al mejor postor. Los bufetes de abogados se han transformado en proveedores de impunidad, atendiendo exclusivamente a criminales que buscan torturar la ley para su beneficio. Y por si fuera poco, en esta ficción, las iglesias evangélicas sirvien de fachada para las tramas de blanqueo de dinero, completando una bien aceitada tríada de corrupción.

El protagonista de la novela, Rodrigo Láynez, un abogado joven e idealista, se embarca en una búsqueda de la justicia tan peligrosa como necesaria. Intenta descubrir la verdad que se esconde tras la misteriosa muerte de su mentora, la magistrada Rosalía Albayeros, quien a pesar de ciertas sombras en su carrera judicial, se mantuvo como un faro de honradez e integridad en un mundo descarriado. A medida que Láynez se adentra en la red de engaños y crimen, se hace evidente que su mentora se había visto envuelta en una compleja trama delictiva que la obligaría a tomarse la justicia por su mano, aunque ello supusiera sacrificar su reputación y, en última instancia, su vida.

La fuerza de El crimen de la magistrada reside no sólo en su fascinante historia, sino también en su vívido y pesadillesco retrato de una sociedad totalmente a la deriva. Pérez de Antón crea con maestría una atmósfera que introduce al lector en un mundo en el que el bien y el mal se han difuminado hasta hacerse irreconocibles. Sobre este punto, vale la pena rescatar las crudas palabras de uno de los personajes hacia el final del libro:

“La venganza es uno de los impulsos primarios más poderosos del hombre que la civilización y el Estado de Derecho no han logrado suprimir. No hay persona que no haya sentido alguna vez la compulsión de restaurar su equilibrio existencial y emocional cuando la justicia de los hombres está distraída o ausente (...) Todo ser humano tiene derecho a la venganza civilizada, llamada por otro nombre: justicia. Pero cuando la justicia se vuelve venal y corrupta, lo común es que las personas recurran al más primitivo desquite”

Saliendo de la ficción y regresando a la realidad, en 2021 el 45% de los guatemaltecos manifestaba que no le tenía nada de confianza al Ministerio Público, 54% lo dijo sobre la Corte Suprema de Justicia y 56% de la Corte de Constitucionalidad [1]. Esto debe llamar a la reflexión sobre la necesidad de reformas profundas en el sistema de justicia y en la carrera judicial, así como en la formación y en la práctica jurídica en las universidades del país. 

Esta novela, sin duda, es una dura advertencia que debemos tomar en serio como sociedad. 

[1] Encuesta Cid-Gallup. Agosto 2021.

Publicado originalmente en Letras Libres

Como muestra la dificultad para clasificar a personajes disímiles como Javier Milei y Jair Bolsonaro, la derecha no es un bloque monolítico. Este catálogo busca servir para comprender sus matices.

El sorprendente resultado que el candidato Javier Milei obtuvo en las recientes elecciones primarias en Argentina ha captado la atención del mundo. Sus posiciones han sido calificadas por los medios de comunicación como de “extrema derecha” y han avivado el debate sobre la derecha en la región y su intersección con el liberalismo y el conservadurismo. En un esfuerzo por separar la paja del trigo, echemos un vistazo a la historia reciente de la región para extraer una clasificación.

En los años noventa, Iberoamérica fue testigo del ascenso de defensores de programas económicos de libre mercado como Alberto Fujimori y José María Aznar, a la par de líderes socialdemócratas pragmáticos al estilo de Carlos Andrés Pérez y Fernando Henrique Cardoso. Apoyados por instituciones multilaterales como el FMI, el BM y el BID, todos aplicaron recetas para minimizar el papel del Estado en la economía, privatizar empresas estatales, desregular industrias, reducir impuestos y aranceles y liberar las importaciones mediante tratados de libre comercio. En aquel momento en el que los beneficios de la apertura de los mercados eran incuestionables y existía una agenda común de liberalización, la derecha y la izquierda comenzaron a dividirse en torno a sus programas económicos.

La izquierda más recalcitrante, en su oposición a las medidas de libre mercado, dio el primer paso en este sentido de dividir las aguas luego de la caída del socialismo real: acusó de “derecha neoliberal” a cualquier gobierno que aplicara cierta racionalidad económica a las finanzas públicas. En cambio, la derecha de aquellos tiempos nunca se definió a sí misma en términos políticos, sino que optó por un economicismo despolitizador, que autores como Francis Fukuyama han denominado fundamentalismo de mercado, el cual ha dejado de lado principios claves del liberalismo político como la defensa de los derechos individuales, las libertades públicas, el pluralismo, etc., y ha hecho del crecimiento económico su nuevo imperativo moral. La dictadura de Augusto Pinochet en Chile es un buen ejemplo.

En ese sentido, unificar a la derecha bajo una ideología y praxis es una tarea ardua que presenta hoy un reto particular, sobre todo porque en los últimos años han surgido partidos bastante alejados de las preocupaciones del Consenso de Washington. A pesar de que la economía sigue siendo un tema de interés, ahora existen nuevos puntos de tensión y nuevas demandas, sobre todo alrededor de temas como la seguridad personal, el combate a la delincuencia común, los inmigrantes y la caída de los valores tradicionales. De allí se explica el surgimiento de nuevas opciones políticas vinculadas al orden.

Propongo a continuación un mapa que identifica la coexistencia de al menos tres tipos distintos de “derechas” en el panorama político iberoamericano actual.

El primer grupo, la derecha conservadora-tradicional, hunde sus raíces en la era de los gobiernos militares y la lucha contra las guerrillas y movimientos terroristas de izquierda. Para este sector, la Guerra Fría nunca terminó realmente, perciben la amenaza comunista acechando en todas partes. Aunque no han trascendido completamente su mentalidad bélica, sí defienden los mecanismos republicanos, la separación de poderes, la alternancia en el poder, los derechos políticos y sociales, así como la distinción entre Iglesia y Estado. Son socialmente conservadores y participan activamente en debates públicos en los medios para articular su oposición a lo que denominan “progresismo”. También abogan por un papel destacado del sector privado en la sociedad; al Estado le toca fomentar un entorno empresarial sólido mediante aranceles, incentivos, concesiones que den prioridad a los intereses nacionales. Defienden la soberanía pero también entienden la importancia del reconocimiento internacional y la participación en foros multilaterales, aunque sea para llevar su voz de protesta y desacuerdo. Ven con preocupación el avance de China, Rusia e Irán y desean que Occidente retome su posición de liderazgo en la política mundial. Entre las figuras destacadas de esta categoría se encuentran el político chileno José Antonio Kast, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, el fujimorismo en el Perú y el partido español Vox.

El segundo grupo comprende la derecha liberal-tecnocrática, que se desenvuelve en el marco de la democracia liberal y aboga por el principio de subsidiariedad, con un Estado eficiente, un gasto público reducido, impuestos bajos y eliminación de controles para atraer inversiones. Reconocen la importancia de unas instituciones transparentes y fiables, de un sistema de justicia probo e independiente y del respeto irrestricto a los derechos políticos y sociales para fomentar el desarrollo. Defienden el orden liberal internacional y socialmente están comprometidos con el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y los derechos de las minorías. En lugar de adoptar un discurso polarizador contra la izquierda, abrazan las diferencias como parte integrante de una sana alternancia en el poder, siempre y cuando se acepten las reglas democráticas. En esta categoría destacan el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou; el de Costa Rica, Rodrigo Cháves, el de Ecuador, Guillermo Lasso; los expresidentes de Chile y Argentina, Sebastián Piñera y Mauricio Macri; a la par de líderes como la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y las candidatas presidenciales Patricia Bullrich, en Argentina y María Corina Machado, en Venezuela.

Por último, tenemos la derecha populista-iliberal. Esta facción desprecia las normas de la democracia, la alternancia y el equilibrio de poderes. Tienen fuertes tensiones con el sistema judicial y busca restarle independencia a toda costa. Desprecian el principio de separación entre Iglesia y Estado, y organizan actos que mezclan elementos políticos y religiosos. Aunque su retórica económica parece capitalista, en realidad promueven la anticompetencia, el mercantilismo, el favoritismo y la corrupción. Se escudan en la soberanía, denunciando conspiraciones globalistas internacionales, son negacionistas del cambio climático y de los derechos de las minorías, que engloban dentro del término “ideología de género”. Abandonaron la principal bandera de la derecha liberal, que es la defensa de la libertad individual y la igualdad ante la ley; y en cambio centran su preocupación en la identidad (religión, sexo, etc.). Se presentan como antiimperialistas que condenan a Estados Unidos y sus políticas de sanciones por inmiscuirse en sus asuntos internos. En algunos casos, pueden incluso formar alianzas con potencias no occidentales como China y Rusia. Desobedecen sentencias de las cortes internacionales y deliberadamente buscan salirse de los organismos multilaterales. Aborrecen especialmente los derechos humanos, los cuales consideran más “trabas” que garantías. A lo interno, judicializan la protesta, criminalizan a la oposición, violan la libertad de expresión y desconocen elecciones. En esta derecha entran el presidente de El Salvador Nayib Bukele, Alejandro Giammattei y las organizaciones de la saliente alianza oficialista en Guatemala y también el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Como toda clasificación provisional, esta taxonomía tiene sus filtraciones. Se trata del candidato a la presidencia argentina Javier Milei quien, al menos de momento, no encaja en ninguna de las tres derechas mencionadas. Si bien Milei viene originalmente del mundo académico, está lejos de ser un tecnócrata, siendo más bien un maximalista en temas económicos. Milei era un profesor universitario de Economía, seguidor de la vertiente denominada Escuela Austríaca, cuyas posturas se tienden a asociar al libertarianismo. Saltó a la palestra pública siendo muy controversial en los medios de comunicación, criticando la intervención del gobierno peronista en la economía. Tiene un estilo polémico y polarizante y su programa de gobierno contiene medidas como dolarizar la economía y abolir al Banco Central, liberar el porte de armas, privatizar la salud. Está en contra del aborto y de la educación sexual en las escuelas, pero defiende la inmigración por sus beneficios al crecimiento económico. Nunca se ha pronunciado en contra de los derechos humanos ni de la libertad de expresión. Si llegara al poder, estaría por verse en cuál de los tres grupos de la derecha iberoamericana se ubicaría, o si continuaría siendo un agente libre con una propuesta inclasificable.

En última instancia, la derecha en Iberoamérica no es una entidad monolítica y se puede compartimentalizar en función de sus creencias y enfoques de gobierno. La diversidad de sus distintas vertientes impide categorizarla totalmente en un origen troncal o en una agenda común. Sin embargo, esta propuesta de taxonomía sirve de marco para comprender las complejidades y matices en el espectro de la derecha en la región. A medida que Iberoamérica continúa navegando en un panorama político de retos formidables en el orden internacional, se vuelve esencial asimilar estas diferencias para facilitar un análisis más exhaustivo de la dinámica política en la región y las amenazas a la democracia, que no distinguen signo ideológico. 

Publicado originalmente en Letras Libres

Como muestra la dificultad para clasificar a personajes disímiles como Javier Milei y Jair Bolsonaro, la derecha no es un bloque monolítico. Este catálogo busca servir para comprender sus matices.

El sorprendente resultado que el candidato Javier Milei obtuvo en las recientes elecciones primarias en Argentina ha captado la atención del mundo. Sus posiciones han sido calificadas por los medios de comunicación como de “extrema derecha” y han avivado el debate sobre la derecha en la región y su intersección con el liberalismo y el conservadurismo. En un esfuerzo por separar la paja del trigo, echemos un vistazo a la historia reciente de la región para extraer una clasificación.

En los años noventa, Iberoamérica fue testigo del ascenso de defensores de programas económicos de libre mercado como Alberto Fujimori y José María Aznar, a la par de líderes socialdemócratas pragmáticos al estilo de Carlos Andrés Pérez y Fernando Henrique Cardoso. Apoyados por instituciones multilaterales como el FMI, el BM y el BID, todos aplicaron recetas para minimizar el papel del Estado en la economía, privatizar empresas estatales, desregular industrias, reducir impuestos y aranceles y liberar las importaciones mediante tratados de libre comercio. En aquel momento en el que los beneficios de la apertura de los mercados eran incuestionables y existía una agenda común de liberalización, la derecha y la izquierda comenzaron a dividirse en torno a sus programas económicos.

La izquierda más recalcitrante, en su oposición a las medidas de libre mercado, dio el primer paso en este sentido de dividir las aguas luego de la caída del socialismo real: acusó de “derecha neoliberal” a cualquier gobierno que aplicara cierta racionalidad económica a las finanzas públicas. En cambio, la derecha de aquellos tiempos nunca se definió a sí misma en términos políticos, sino que optó por un economicismo despolitizador, que autores como Francis Fukuyama han denominado fundamentalismo de mercado, el cual ha dejado de lado principios claves del liberalismo político como la defensa de los derechos individuales, las libertades públicas, el pluralismo, etc., y ha hecho del crecimiento económico su nuevo imperativo moral. La dictadura de Augusto Pinochet en Chile es un buen ejemplo.

En ese sentido, unificar a la derecha bajo una ideología y praxis es una tarea ardua que presenta hoy un reto particular, sobre todo porque en los últimos años han surgido partidos bastante alejados de las preocupaciones del Consenso de Washington. A pesar de que la economía sigue siendo un tema de interés, ahora existen nuevos puntos de tensión y nuevas demandas, sobre todo alrededor de temas como la seguridad personal, el combate a la delincuencia común, los inmigrantes y la caída de los valores tradicionales. De allí se explica el surgimiento de nuevas opciones políticas vinculadas al orden.

Propongo a continuación un mapa que identifica la coexistencia de al menos tres tipos distintos de “derechas” en el panorama político iberoamericano actual.

El primer grupo, la derecha conservadora-tradicional, hunde sus raíces en la era de los gobiernos militares y la lucha contra las guerrillas y movimientos terroristas de izquierda. Para este sector, la Guerra Fría nunca terminó realmente, perciben la amenaza comunista acechando en todas partes. Aunque no han trascendido completamente su mentalidad bélica, sí defienden los mecanismos republicanos, la separación de poderes, la alternancia en el poder, los derechos políticos y sociales, así como la distinción entre Iglesia y Estado. Son socialmente conservadores y participan activamente en debates públicos en los medios para articular su oposición a lo que denominan “progresismo”. También abogan por un papel destacado del sector privado en la sociedad; al Estado le toca fomentar un entorno empresarial sólido mediante aranceles, incentivos, concesiones que den prioridad a los intereses nacionales. Defienden la soberanía pero también entienden la importancia del reconocimiento internacional y la participación en foros multilaterales, aunque sea para llevar su voz de protesta y desacuerdo. Ven con preocupación el avance de China, Rusia e Irán y desean que Occidente retome su posición de liderazgo en la política mundial. Entre las figuras destacadas de esta categoría se encuentran el político chileno José Antonio Kast, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, el fujimorismo en el Perú y el partido español Vox.

El segundo grupo comprende la derecha liberal-tecnocrática, que se desenvuelve en el marco de la democracia liberal y aboga por el principio de subsidiariedad, con un Estado eficiente, un gasto público reducido, impuestos bajos y eliminación de controles para atraer inversiones. Reconocen la importancia de unas instituciones transparentes y fiables, de un sistema de justicia probo e independiente y del respeto irrestricto a los derechos políticos y sociales para fomentar el desarrollo. Defienden el orden liberal internacional y socialmente están comprometidos con el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y los derechos de las minorías. En lugar de adoptar un discurso polarizador contra la izquierda, abrazan las diferencias como parte integrante de una sana alternancia en el poder, siempre y cuando se acepten las reglas democráticas. En esta categoría destacan el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou; el de Costa Rica, Rodrigo Cháves, el de Ecuador, Guillermo Lasso; los expresidentes de Chile y Argentina, Sebastián Piñera y Mauricio Macri; a la par de líderes como la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y las candidatas presidenciales Patricia Bullrich, en Argentina y María Corina Machado, en Venezuela.

Por último, tenemos la derecha populista-iliberal. Esta facción desprecia las normas de la democracia, la alternancia y el equilibrio de poderes. Tienen fuertes tensiones con el sistema judicial y busca restarle independencia a toda costa. Desprecian el principio de separación entre Iglesia y Estado, y organizan actos que mezclan elementos políticos y religiosos. Aunque su retórica económica parece capitalista, en realidad promueven la anticompetencia, el mercantilismo, el favoritismo y la corrupción. Se escudan en la soberanía, denunciando conspiraciones globalistas internacionales, son negacionistas del cambio climático y de los derechos de las minorías, que engloban dentro del término “ideología de género”. Abandonaron la principal bandera de la derecha liberal, que es la defensa de la libertad individual y la igualdad ante la ley; y en cambio centran su preocupación en la identidad (religión, sexo, etc.). Se presentan como antiimperialistas que condenan a Estados Unidos y sus políticas de sanciones por inmiscuirse en sus asuntos internos. En algunos casos, pueden incluso formar alianzas con potencias no occidentales como China y Rusia. Desobedecen sentencias de las cortes internacionales y deliberadamente buscan salirse de los organismos multilaterales. Aborrecen especialmente los derechos humanos, los cuales consideran más “trabas” que garantías. A lo interno, judicializan la protesta, criminalizan a la oposición, violan la libertad de expresión y desconocen elecciones. En esta derecha entran el presidente de El Salvador Nayib Bukele, Alejandro Giammattei y las organizaciones de la saliente alianza oficialista en Guatemala y también el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Como toda clasificación provisional, esta taxonomía tiene sus filtraciones. Se trata del candidato a la presidencia argentina Javier Milei quien, al menos de momento, no encaja en ninguna de las tres derechas mencionadas. Si bien Milei viene originalmente del mundo académico, está lejos de ser un tecnócrata, siendo más bien un maximalista en temas económicos. Milei era un profesor universitario de Economía, seguidor de la vertiente denominada Escuela Austríaca, cuyas posturas se tienden a asociar al libertarianismo. Saltó a la palestra pública siendo muy controversial en los medios de comunicación, criticando la intervención del gobierno peronista en la economía. Tiene un estilo polémico y polarizante y su programa de gobierno contiene medidas como dolarizar la economía y abolir al Banco Central, liberar el porte de armas, privatizar la salud. Está en contra del aborto y de la educación sexual en las escuelas, pero defiende la inmigración por sus beneficios al crecimiento económico. Nunca se ha pronunciado en contra de los derechos humanos ni de la libertad de expresión. Si llegara al poder, estaría por verse en cuál de los tres grupos de la derecha iberoamericana se ubicaría, o si continuaría siendo un agente libre con una propuesta inclasificable.

En última instancia, la derecha en Iberoamérica no es una entidad monolítica y se puede compartimentalizar en función de sus creencias y enfoques de gobierno. La diversidad de sus distintas vertientes impide categorizarla totalmente en un origen troncal o en una agenda común. Sin embargo, esta propuesta de taxonomía sirve de marco para comprender las complejidades y matices en el espectro de la derecha en la región. A medida que Iberoamérica continúa navegando en un panorama político de retos formidables en el orden internacional, se vuelve esencial asimilar estas diferencias para facilitar un análisis más exhaustivo de la dinámica política en la región y las amenazas a la democracia, que no distinguen signo ideológico.