Legados de largo plazo de la pandemia Covid-19

La historia de la humanidad arroja algunas luces de cómo nace y evoluciona el orden político global. Hay casos en los que ese orden global es consecuencia de una evolución gradual, de conflagraciones entre civilizaciones y colapsos de grandes potencias. A grosso modo así se explica el surgimiento de la Pax Romana o del orden político del medioevo.

Hay también momentos críticos en la historia política y económica, que provocan transformaciones aceleradas. Las guerras napoleónicas dejaron tras de sí el orden político del Congreso de Viena. La Segunda Guerra Mundial nos dejó como legado el sistema bipolar que dio paso a la Guerra Fría.

También encontramos casos en que eventos que trascienden lo político y social provocan transformaciones del orden global. La peste negra del siglo XIV dio paso al Renacimiento y al surgimiento de los Estados Modernos, que más tarde, consagrarían su propio orden en la Paz de Westfalia de 1648.

Todos los casos anteriores evidencian que hay momentos en que simplemente el viejo orden mundial colapsa, el sistema de valores tradicionales se ve trastocado y la humanidad queda a merced del vacío. Es entonces cuando surgen nuevas normas, acuerdos o instituciones que definen la forma en que los Estados interactúan entre sí y como los individuos se relacionan con el mundo que les rodea.

La pandemia del Covid-19 nos coloca entonces en una nueva encrucijada global. El sistema de cooperación mundial surgido a mediados del siglo pasado parece estar en jaque. Hoy, la Organización Mundial de la Salud se encuentra en medio de un debate político entre las principales potencias mundiales. Las cadenas globales de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios fueron trastocadas seriamente como consecuencia de las medidas de supresión implementadas en varios Estados. Las fronteras -que poco a poco parecían ir encaminadas a desaparecer- retomaron su valor, incluso dentro de la Unión Europea -región pionera en desarrollar la libre movilidad de personas.

A nivel global, impera un sentido de desconfianza. El descontento de Occidente frente a la China crece día a día, no sólo por las dudas que genera el origen del SARS-CoV2, sino también, por la forma en que la potencia asiática limitó la información sobre la expansión de la pandemia.

Encontramos también una pugna entre potencias y recetas para hacer frente a la crisis. China apuesta al autoritarismo, a limitar la información y a transmitir la idea que “la normalidad ya retornó”. Estados Unidos se debate entre qué tanto retomar la cotidianeidad. Suecia y Alemania -por su parte- lideran los esfuerzos más liberales de enfrentar la pandemia. Silenciosamente, ese debate sobre qué medidas resulten más exitosas podría marcar el rumbo del liderazgo global en las décadas por venir.

En tanto, se aceleran cambios que venían configurándose gradualmente. Redefinición de los mercados laborales. Reevaluación de trabajos esenciales versus trabajos superfluos. Comercio electrónico a gran escala. Educación a distancia. Deportes sin aficionados.

Todo parece indicarnos que la vida social y económica después del Covid19 cambiará sustancialmente y que el orden mundial que sostenía las relaciones entre Estados y entre individuos y el mudo, también se verá modificada.

El viernes, 31 de julio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramitó un antejuicio que se origina en una denuncia que promoviera Nimrod Israel Estévez contra el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. Estévez fue candidato a diputado por el partido BIEN en las elecciones de 2019, pero no resulto electo. 

La denuncia es por nombramientos ilegales y lo discutible es que la Corte Suprema de Justicia haya resuelto tramitar el antejuicio y remitirlo al Congreso. A continuación, expongo mi reflexión legal para entender mejor el asunto. 

¿Por qué la denuncia?

Todo tiene que ver con la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed). Esta es la entidad encargada de velar por el manejo de los bienes que han caído en extinción de dominio. El titular de la Senabed, Oscar Conde, renunció al cargo recientemente porque el 4 de junio fue juramentado como segundo viceministro de gobernación. 

El periodo de 3 años por el que Conde fue designado vencía el 7 de agosto (en unos días). La ley de extinción de dominio manda a que la designación del titular de la Senabed se haga “por oposición”. En este momento, ya existe una nómina de 10 candidatos para el periodo que irá del 7 de agosto de 2020 a 7 de agosto de 2023 según lo anunciado.

Debido a la vacancia que dejó Oscar Conde en junio, el vicepresidente designó de manera interina a Ángela Marina Figueroa Molina. No es la primera vez se designa a un titular interino. En 2016 fue removido el entonces titular de la Senabed, Luis Coronado Tobar, y fue nombrado de manera interina Marvin Duarte hasta que se agotó el proceso de oposición y se designó a Oscar Conde.

Por alguna razón que no está clara, el denunciante, Nimrod Estévez, plantea que el nombramiento de la titular interina, Ángela Figueroa, es ilegal. El delito de nombramientos ilegales (artículo 32 CP) tiene una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de diez mil a veinticinco mil quetzales.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y su discutible resolución

El antejuicio contra el vicepresidente lo conoce en última instancia el Congreso. Pero como hemos comentado en otro momento, la ley en materia de antejuicio ordena al juez que reciba la denuncia a remitir el expediente a la CSJ. Luego, es este tribunal quien lo remite al órgano que corresponda (en este caso al Congreso) si es que no le toca conocerlo directamente. El artículo 16 de esta ley dice:

Cuando un juez competente tenga conocimiento de una denuncia o querella presentada en contra de un dignatario o funcionario que goce del derecho de antejuicio, según lo estipulado por la ley, se inhibirá de continuar instruyendo y en un plazo no mayor de tres días hábiles, elevará el expediente a conocimiento de la Corte Suprema de justicia para que ésta, dentro de los tres días hábiles siguientes de su recepción, lo traslade al órgano que deba conocer del mismo, salvo que ella misma le correspondiere conocer. El juez no podrá emitir en la nota de remesa juicios de valor, ni tipificar el delito. (resaltado propio)

Ahora bien, por desarrollo jurisprudencial (expedientes 2041-2003, 634-2005 y 2040-2003), la Corte de Constitucionalidad ha sentado doctrina legal y ha establecido que, en el momento de conocer el expediente del antejuicio, la Corte Suprema de Justicia:

…no es un simple tramitador de los asuntos en los que se dirima las diligencias de antejuicio en contra de los funcionarios que gocen de ese derecho, debiendo calificar y depurar los procesos que sean instados por motivos espurios, políticos o ilegítimos, (…), entendiendo que ello le faculta para que, de concurrir tales situaciones, pueda acordar el rechazo liminar de la denuncia, y de no ocurrir estas, declarar que lo denunciado merece el posterior agotamiento del procedimiento que regula la Ley en Materia de Antejuicio. (resaltado propio)

En pocas palabras, y a falta de que la Corte Suprema de Justicia haga pública su resolución, salta a la vista que debieron hacer un examen pormenorizado de la denuncia previo a mandarla al Congreso. 

Las razones por las cuales se comete el delito de nombramientos ilegales van por dos vías: o se hizo en violación del procedimiento que manda la ley o la persona designada no reúne las calidades para ocupar el cargo.

Hasta ahora, no se ha reportado que la señora Figueroa no reúna las calidades para ocupar el cargo. Tampoco se ha reportado que se haya nombrado en infracción del procedimiento bajo el entendido que al ser interina, el proceso del titular definitivo debe hacerse esta semana.

Algunas fuentes no oficiales refieren que la denuncia podría deberse al "plazo" del nombramiento de la titular interina. Si fuera verdad, sería absurdo instar una denuncia por nombramientos ilegales por tal motivo dado que la designación conforme al proceso de ley está en curso.

Por tal motivo, el amparo que interpuso el vicepresidente contra la Corte Suprema de Justicia tiene fundamento. Este ya lo conoce la Corte de Constitucionalidad y ya ha otorgado amparo provisional al vicepresidente.

Llama la atención que esta votación haya sido tan cerrada en la Corte Suprema. En los últimos dos años, este tribunal se ha ganado una mala reputación por rechazar antejuicios contra funcionarios acusados de corrupción.

Consistentemente quienes han votado en diferente sentido han sido las magistradas María Eugenia Morales y Delia Dávila. Esta vez, ambas votaron en contra de tramitar el antejuicio contra el vicepresidente. Sin embargo, en este caso concreto, han votado en contra, además, los magistrados Felipe Baquiax y José Pineda Barrales.

El viernes, 31 de julio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramitó un antejuicio que se origina en una denuncia que promoviera Nimrod Israel Estévez contra el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. Estévez fue candidato a diputado por el partido BIEN en las elecciones de 2019, pero no resulto electo. 

La denuncia es por nombramientos ilegales y lo discutible es que la Corte Suprema de Justicia haya resuelto tramitar el antejuicio y remitirlo al Congreso. A continuación, expongo mi reflexión legal para entender mejor el asunto. 

¿Por qué la denuncia?

Todo tiene que ver con la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed). Esta es la entidad encargada de velar por el manejo de los bienes que han caído en extinción de dominio. El titular de la Senabed, Oscar Conde, renunció al cargo recientemente porque el 4 de junio fue juramentado como segundo viceministro de gobernación. 

El periodo de 3 años por el que Conde fue designado vencía el 7 de agosto (en unos días). La ley de extinción de dominio manda a que la designación del titular de la Senabed se haga “por oposición”. En este momento, ya existe una nómina de 10 candidatos para el periodo que irá del 7 de agosto de 2020 a 7 de agosto de 2023 según lo anunciado.

Debido a la vacancia que dejó Oscar Conde en junio, el vicepresidente designó de manera interina a Ángela Marina Figueroa Molina. No es la primera vez se designa a un titular interino. En 2016 fue removido el entonces titular de la Senabed, Luis Coronado Tobar, y fue nombrado de manera interina Marvin Duarte hasta que se agotó el proceso de oposición y se designó a Oscar Conde.

Por alguna razón que no está clara, el denunciante, Nimrod Estévez, plantea que el nombramiento de la titular interina, Ángela Figueroa, es ilegal. El delito de nombramientos ilegales (artículo 32 CP) tiene una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de diez mil a veinticinco mil quetzales.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y su discutible resolución

El antejuicio contra el vicepresidente lo conoce en última instancia el Congreso. Pero como hemos comentado en otro momento, la ley en materia de antejuicio ordena al juez que reciba la denuncia a remitir el expediente a la CSJ. Luego, es este tribunal quien lo remite al órgano que corresponda (en este caso al Congreso) si es que no le toca conocerlo directamente. El artículo 16 de esta ley dice:

Cuando un juez competente tenga conocimiento de una denuncia o querella presentada en contra de un dignatario o funcionario que goce del derecho de antejuicio, según lo estipulado por la ley, se inhibirá de continuar instruyendo y en un plazo no mayor de tres días hábiles, elevará el expediente a conocimiento de la Corte Suprema de justicia para que ésta, dentro de los tres días hábiles siguientes de su recepción, lo traslade al órgano que deba conocer del mismo, salvo que ella misma le correspondiere conocer. El juez no podrá emitir en la nota de remesa juicios de valor, ni tipificar el delito. (resaltado propio)

Ahora bien, por desarrollo jurisprudencial (expedientes 2041-2003, 634-2005 y 2040-2003), la Corte de Constitucionalidad ha sentado doctrina legal y ha establecido que, en el momento de conocer el expediente del antejuicio, la Corte Suprema de Justicia:

…no es un simple tramitador de los asuntos en los que se dirima las diligencias de antejuicio en contra de los funcionarios que gocen de ese derecho, debiendo calificar y depurar los procesos que sean instados por motivos espurios, políticos o ilegítimos, (…), entendiendo que ello le faculta para que, de concurrir tales situaciones, pueda acordar el rechazo liminar de la denuncia, y de no ocurrir estas, declarar que lo denunciado merece el posterior agotamiento del procedimiento que regula la Ley en Materia de Antejuicio. (resaltado propio)

En pocas palabras, y a falta de que la Corte Suprema de Justicia haga pública su resolución, salta a la vista que debieron hacer un examen pormenorizado de la denuncia previo a mandarla al Congreso. 

Las razones por las cuales se comete el delito de nombramientos ilegales van por dos vías: o se hizo en violación del procedimiento que manda la ley o la persona designada no reúne las calidades para ocupar el cargo.

Hasta ahora, no se ha reportado que la señora Figueroa no reúna las calidades para ocupar el cargo. Tampoco se ha reportado que se haya nombrado en infracción del procedimiento bajo el entendido que al ser interina, el proceso del titular definitivo debe hacerse esta semana.

Algunas fuentes no oficiales refieren que la denuncia podría deberse al "plazo" del nombramiento de la titular interina. Si fuera verdad, sería absurdo instar una denuncia por nombramientos ilegales por tal motivo dado que la designación conforme al proceso de ley está en curso.

Por tal motivo, el amparo que interpuso el vicepresidente contra la Corte Suprema de Justicia tiene fundamento. Este ya lo conoce la Corte de Constitucionalidad y ya ha otorgado amparo provisional al vicepresidente.

Llama la atención que esta votación haya sido tan cerrada en la Corte Suprema. En los últimos dos años, este tribunal se ha ganado una mala reputación por rechazar antejuicios contra funcionarios acusados de corrupción.

Consistentemente quienes han votado en diferente sentido han sido las magistradas María Eugenia Morales y Delia Dávila. Esta vez, ambas votaron en contra de tramitar el antejuicio contra el vicepresidente. Sin embargo, en este caso concreto, han votado en contra, además, los magistrados Felipe Baquiax y José Pineda Barrales.

Torres ya ha impugnado el amparo provisional y quedará en manos de la Corte de Constitucionalidad decidir si mantiene el amparo provisional o no. Lo razonable sería que lo mantenga. Los cuestionamientos que ofrezco en esta reflexión, nos dejan ver que hay razones de peso para dudar de la juridicidad de la resolución del departamento de organizaciones políticas.

Antecedentes

La ex candidata presidencial Sandra Torres está procesada por los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita desde octubre de 2019. Inicialmente fue enviada a prisión preventiva por la jueza Claudette Domínguez.

Sin embargo, durante la ausencia de la jueza Domínguez, Sandra Torres consiguió su arresto domiciliar en lugar de la prisión preventiva gracias a un fallo de la jueza Eva Recinos. Las condiciones de su arresto domiciliar incluían: prohibición de salir del departamento de Guatemala y del país, fianza de Q800,000, obligación de asistir periódicamente al Ministerio Público a registrar su huella y prohibición de mantener comunicación con la gente del partido UNE.

Busca el control del partido

Sandra Torres había sido elegida secretaria general del partido UNE en 2017 y su mandato expiraría en julio de 2020. No obstante, dado que desde marzo el Tribunal Supremo Electoral ha suspendido los plazos con motivo del estado de calamidad aún vigente, los partidos políticos no han celebrado sus respectivas asambleas para elegir a sus comités ejecutivos.

En octubre de 2019, el Comité Ejecutivo de la UNE había resuelto delegar temporalmente la secretaría general del partido en el diputado Oscar Argueta, secretario adjunto I. El movimiento tenía sentido dado que Sandra Torres estaba para entonces en prisión preventiva.

Lo que sorprende es ver que, pese a la prohibición que tiene Sandra Torres de sostener comunicaciones con la gente del partido UNE, enviara una solicitud al departamento de organizaciones políticas el 6 de mayo pasado para retomar la secretaría general del partido.

Inicialmente su solicitud fue rechazada por la dependencia antes referida bajo el argumento de que su agrupación estaba suspendida sanciones aplicadas por campaña anticipada. El 26 de mayo presentó una revocatoria contra dicha decisión argumentando que las sanciones impuestas al partido no estaban firmes y que debía procesarse su registro como secretaria general.

Una decisión cuestionable

Lo que causa sorpresa es una resolución del 12 de junio de 2020 del jefe del Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. En esa fecha, el referido funcionario decide hacer una “enmienda del procedimiento administrativo” aduciendo que se había cometido un “error sustancial”.

¿Cuál fue dicho error sustancial? De acuerdo con el funcionario, que la resolución que negó la petición de Sandra Torres fue suscrita por el Registro de Ciudadanos (ente superior al Departamento de Organizaciones Políticas), lo cual es incorrecto. Al respecto dice la resolución:

“En ese orden de ideas, el recurso de revocatoria (…) no podría ser conocido en alzada, de forma imparcial e independiente por la Dirección General del Registro de Ciudadanos, tomando en cuenta que esa Dirección ya fue parte en el asunto a quo, viciando su imparcialidad por haberse pronunciado con antelación”.

¿Se puede enmendar el procedimiento administrativo? Sin duda. Hay abundante jurisprudencia en la materia desde 1990. Lo cuestionable son los términos en que se da la enmienda en el caso concreto.

En primer lugar, la jurisprudencia que la propia dependencia cita (expediente 98-2014 de la Corte de Constitucionalidad (CC)) refiere que la enmienda puede producirse mientras el acto “…no haya sido consentido o que no esté sujeto a ningún recurso o procedimiento por medio del que se pretenda discutir su juridicidad”. En el caso bajo análisis, la señora Sandra Torres había interpuesto un recurso de revocatoria que debía resolver el Registro de Ciudadanos. No cabía la enmienda, sino esperar a que el recurso se ventilara.

En segundo lugar, como mencionamos antes, el jefe del departamento de organizaciones políticas afirma que la resolución que afecta a Sandra Torres fue suscrita “incorrectamente” por el Registro de Ciudadanos. Si es así, ¿qué competencias tendría el departamento de organizaciones políticas para enmendar una resolución de su superior jerárquico, el Registro de Ciudadanos?

Un amparo provisional mantiene todo en suspenso

Ante tal situación, otros interesados del Partido UNE interpusieron un amparo contra la enmienda del procedimiento antes mencionada. Desconozco los motivos de su impugnación, pero puedo suponer que por motivos similares a los que señalé.

El amparo lo conoció el juzgado tercero de primera instancia civil del departamento de Guatemala y otorgó amparo provisional. Esto de momento invalida la inscripción de Sandra Torres como secretaria general.

Torres ya ha impugnado el amparo provisional y quedará en manos de la Corte de Constitucionalidad decidir si mantiene el amparo provisional o no. Lo razonable sería que lo mantenga. Los cuestionamientos que ofrezco en esta reflexión, nos dejan ver que hay razones de peso para dudar de la juridicidad de la resolución del departamento de organizaciones políticas.

Durante cuatro meses de una supuesta cuarentena estricta, el Congreso aprobó al Ejecutivo recursos por más de catorce mil millones de quetzales, solo para el manejo de la pandemia. Además extendió, seis veces y sin mayores reparos, un estado de calamidad que permitirían al gobierno restringir libertades civiles como la locomoción, el comercio y la economía, mientras disponía de forma expedita de los recursos aprobados para tratar la crisis ¿Qué hizo el gobierno con esto?

Guatemala registró oficialmente el primer caso de Coronavirus el 13 de marzo de 2020 y las medidas de contención para la pandemia entraron en vigencia el 17 de marzo. Desde ese día hasta el 27 de julio, el país implementó, las medidas de restricción más severas del continente, junto con Honduras y Argentina, según el Government Response Stringency Index realizado por la Universidad de Oxford. Al menos en papel…

Durante esos cuatro meses de una supuesta cuarentena estricta, el Congreso aprobó al Ejecutivo recursos por más de catorce mil millones de quetzales, solo para el manejo de la pandemia. Además extendió, seis veces y sin mayores reparos, un estado de calamidad que permitirían al gobierno restringir libertades civiles como la locomoción, el comercio y la economía, mientras disponía de forma expedita de los recursos aprobados para tratar la crisis.

¿Qué hizo el gobierno con esto?

Es cierto que no se puede atribuir toda la crisis al presidente Giammattei y sus funcionarios, pues es iluso pedir milagros a una institucionalidad que por años ha sido desmantelada por la mafia.

Pero ante la inminente crisis multisistémica que viene con una pandemia, había ciertas tareas indispensables y posibles en las que el gobierno debía haber volcado todos sus esfuerzos; pero no lo hizo, o no lo hizo con la eficiencia necesaria. Y allí radica la gran falta de responsabilidad de este gobierno.

Un ejemplo de esto, son los vergonzosos porcentajes de ejecución de los tres Decretos aprobados por el Congreso para atención a la pandemia. El Decreto 12-2020 tiene un porcentaje de ejecución de apenas 17%, el del Decreto 13-2020 de 39% y el del Decreto 20-2020 es de un mísero 8%.

Desglosando los rubros de los programas específicos de cada Decreto, la falta de ejecución en temas relacionados a los servicios de salud es preocupante.

En el Decreto 20-2020, el rubro de infraestructura en salud presenta un 0% de ejecución, en el rubro de adquisición de ventiladores, pruebas y equipo de protección personal la ejecución es de apenas un 4%. Esto probablemente explica los problemas que se han ventilado en los medios sobre falta de insumos y de falta de pago de salarios al personal de salud en hospitales temporales. En el Decreto 12-2020, el programa de remodelación e infraestructura de hospitales y centros de salud presenta una ejecución de apenas 16%.

Por otra parte, en el Decreto 13-2020, el bono familia y el fondo de protección al empleo, programas clave para paliar temporalmente la crisis económica, tienen una ejecución de 33% y 40%; mientras que en el Decreto 20-2020, el proyecto para la reactivación económica tiene una ejecución del 0%. Esto cuando estamos a las puertas de la oficial e inminente reactivación de la actividad económica.

Por su parte, los hospitales temporales para COVID-19 en el Parque de la Industria, Villa Nueva, Quetzaltenango, Petén, Zacapa y Escuintla han ejecutado un 15.41% del presupuesto que tiene asignado.

El Ministerio de Salud, ente clave para la gestión de la crisis sanitaria, apenas ha ejecutado un 11.85% del presupuesto que le fue asignado para el 2020; esto cuando estamos a punto de terminar el séptimo mes del año y en medio de las constantes quejas del personal de salud por falta de insumos y sobrecarga de trabajo.

La falta de ejecución presupuestaria, a estas alturas del año y de la pandemia, es una muestra de la mediocridad y la burocracia formada por años; pero también una muestra de la mediocridad de este gobierno, que, entre otras cosas, mantuvo en el cargo muchísimo más tiempo del que debía, a un ministro de salud que claramente no tenía las calificaciones para ocupar el puesto. También es una muestra terrible de arrogancia de parte de un gobierno que fue incapaz de asesorarse adecuadamente para lograr ejecutar los fondos que tenían disponibles.

Esta semana el presidente Giammattei anunció un enredado proceso de reactivación económica, mientras goza de muy poca popularidad y credibilidad; de hecho, se encuentra en el décimo sexto lugar de 19 mandatarios de América medidos por la firma Mitofsky, con una caída de 26 puntos respecto de la última medición.

Muy por arriba del presidente Giammattei se encuentran Nayib Bukele de El Salvador en el primer lugar, Martín Vizcarra de Perú en el segundo lugar, Alberto Fernández de Argentina en el cuarto lugar y Juan Orlando Hernández de Honduras en el sexto lugar; todos presidentes seriamente cuestionados de países que han tomado medidas de cierre similares en severidad a las de Guatemala y con resultados sobre el manejo de la pandemia igual de negativos.

Difícil explicar en este momento por qué el presidente Giammattei es mucho más impopular que sus pares, en países que enfrentan similares a la de Guatemala durante la pandemia. Especulando un poco, es probable que los múltiples errores en la estrategia de comunicación del gobierno, la poca firmeza que transmitió cuando hablaba de implementar las medidas de contención y la percepción generada de ser errático en sus decisiones, han afectado la imagen del Presidente. Esto a tan solo seis meses de haber iniciado su período presidencial.

Cualquiera pensaría, con algo de razón, que es atrevido criticar desde la comodidad de un artículo de opinión, a un gobierno que atraviesa una pandemia; sin embargo, viendo la obvia inoperancia y la experiencia de otros países, no es tan difícil considerar que ni siquiera las pocas cosas que un gobierno puede hacer para atender una pandemia se hicieron.

El primer caso de Coronavirus en Estados Unidos fue detectado en Seattle el 15 de enero y para América Latina, el primer caso fue detectado en Brasil el 26 de febrero. Guatemala tuvo al menos un mes antes de su primer caso y luego cuatro meses de paralización del país para ponerse en alerta y comenzar a preparar el terreno para intentar gestionar de mejor manera la crisis. Detener una pandemia es muy difícil (imposible dirían algunos) pero navegarla con dignidad era lo correcto.

Como mínimo, era necesario comprar suficientes pruebas en el complicado mercado internacional, instalar un sistema eficiente de testeo para detección y seguimiento de los casos, implementar un sistema eficiente de procesamiento de datos, equipar oportuna y adecuadamente los hospitales temporales y servicios de salud prexistentes, comprar equipo e insumos para el personal de salud y para los hospitales, contratar personal de salud específicamente para la pandemia e implementar una campaña masiva de información para que la gente aprendiera a cuidarse.

La experiencia de Guatemala y de América Latina con el Coronavirus, nos demostrará nuevamente que el tercer mundo no se llama así solo por la falta de desarrollo económico, sino también por la falta de desarrollo institucional.

Perdimos miserablemente cuatro meses de supuesto encierro, un tiempo en el que debimos prepararnos física y mentalmente para lo que se viene. Hoy, el encierro es insostenible y nos enfrentamos más desamparados que nunca a un proceso de apertura gradual de la economía, de aumento de los contagios y probablemente de las muertes.

¡Sálvese quien pueda!

En mayo, América Latina fue declarada el epicentro mundial de la pandemia del COVID-19. Ya somos la región del mundo con más nuevos contagios.

En la última semana de mayo, América Latina fue declarada el epicentro mundial de la pandemia del Covid-19. Esta alarmante declaración se hizo porque ya somos la región del mundo con más nuevos contagios; y porque los datos reales de contagio y muertes son mucho más altos que los datos oficiales.

En Brasil y en México la pandemia está fuera de control. En Venezuela y Nicaragua también; aunque esas dictaduras escondan y nieguen los datos. En Argentina el gobierno miente y abusa; y en Bolivia el ministro de salud se dedicaba a la corrupción. Ecuador y Perú luchan con gran dificultad para controlar el contagio.

En Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, aunque tomaron medidas drásticas desde el principio, el contagio avanza a una velocidad que preocupa a sus gobiernos.

Lo grave de esta crisis es que apenas estamos en los primeros minutos del primer tiempo y ya son evidentes las desgracias en la salud y la catástrofe en la economía. Estas son las consecuencias de una pandemia.

Al tiempo en que la ciencia y la medicina aprenden sobre el virus, algunos gobiernos abandonaron a sus pueblos a su suerte; otros, para evitar el colapso hospitalario, están haciendo largos encierros y deprimiendo las economías para bajarlas a los niveles en que están sus hospitales; arruinados e inservibles.

Los gobiernos que están aterrados con la pandemia y la impopularidad escogen poner candado a sus economías sin darse cuenta que provocarán más muertes por hambre que por fiebre.

Los encierros en la primera etapa de la pandemia fueron indispensables y salvaron a millones del contagio; pero esto es más cierto en países desarrollados, donde tienen los recursos y el espacio fiscal para subsidiar a su gente.

En América Latina más de la mitad de los adultos trabajan en la informalidad. Con el fruto de su trabajo por la mañana comen por la tarde. Esos 150 millones de seres humanos no han hecho un solo día de cuarentena; y si les imponen limitaciones para comer, las consecuencias son impredecibles.

En el campo y en las ciudades del interior de los países de nuestro continente son pequeños grupos los que practican algunas medidas de protección. Las grandes mayorías no lo hacen porque no tienen recursos. Se ven obligados a trabajar, asumiendo riesgos, para alimentar a sus familias.

Muchos gobiernos están imponiendo medidas severas en los centros urbanos y a la economía formal; donde están la mayor parte de la producción nacional pero la menor parte de la población trabajadora. No se enteran que están destruyendo sus economías, empobreciendo a sus pueblos; poniendo en riesgo la estabilidad democrática.

América Latina no tiene los recursos para mantener a su gente encerrada y mucho menos hará rescates de empresas privadas. La región esta obligada a encontrar la forma de enfrentar la pandemia sin matar de hambre a su gente. Cada día está más claro que los países que están destruyendo sus economías por malas decisiones de gobierno enfrentarán dos catástrofes a la vez. Solo hay que ver que en estos primeros minutos de la pandemia ya nos encontramos en medio de economías devastadas, con el desempleo y la pobreza aumentando de forma exponencial; y la pandemia no se detiene.

Las economías y la situación financiera de América Latina estaban débiles antes la crisis. Si no encontramos un equilibrio aceptable para convivir con el virus, vamos a terminar con empresas, bancos y Estados quebrados; y con el mismo número de contagios.

La pandemia ha dado a los gobiernos poderes extraordinarios; y en general, los pueblos, por miedo, ignorancia o represión, lo están soportando; pero la devastación económica y la catástrofe social que provocará seguir asfixiando las fuentes de sustento diario no tienen precedente en la historia de América Latina.

Ahora bien, aunque las economías estén abiertas, el temor al contagio las limita y las golpea. Tomará tiempo recuperar la confianza; pero que sea la gente quien lo decida. La opción realista e inteligente para los gobiernos es confiar en los ciudadanos, respetar sus libertades, apelar a su responsabilidad y compartir las consecuencias de la fuerza destructiva de una pandemia que es más grande que nosotros.

Hay suficiente consenso entre expertos del mundo respecto a que en países subdesarrollados es imposible detener el contagio. Seguirá aumentando, aunque impongan severos encierros. Con la reapertura de las economías el contagio subirá aún más y los gobiernos tendrán la tentación de volver a cerrar, cayendo en un juego peligroso y hasta mortal pues la devastación económica que esto provocaría sería catastrófica.

Los gobiernos no deben tratar a los pueblos como laboratorios de prueba y error. Estamos hablando de seres humanos, en medio de una pandemia. Es cierto que tener las economías abiertas presenta riesgos para la salud, pero cerrarlas es una condena a muerte segura; por eso, después de más de 3 meses, las cuarentenas deben ser voluntarias y los toques de queda se deben eliminar. Provocan más daño del que pretenden evitar.

Tal vez nunca sabremos cual es el camino ideal para enfrentar esta pandemia; pero los 4.500 millones de años de vida humana nos dicen que siempre fueron la iniciativa personal, la responsabilidad , la libertad individual y el instinto por sobrevivir los valores que salvaron al ser humano. Una de las lecciones que, me parece, debemos aprender de esta crisis, es que nuestra soberbia nos hizo creer que teníamos dominada la naturaleza; esta plaga nos hizo ver que la naturaleza tiene secretos que nos pueden destruir.

Con la misma humildad que la especie humana puede superar esta pandemia, los gobiernos deben aceptar sus limitaciones y reconocer la necesidad imperiosa de tener a los ciudadanos como sus mejores aliados y no como privados de libertad a los que de todas formas no pueden proteger.

Por eso es tan importante un liderazgo ejemplar por parte de los gobiernos. Un liderazgo que conecte con la gente y comunique, con claridad y efectividad, el plan que responde a la estrategia para cuidar nuestra salud y resolver nuestro diario vivir. América Latina necesita hoy, más que nunca, gobiernos que confían en sus ciudadanos, que conocen y entienden sus necesidades; y, sobre todo, gobiernos que respetan sus libertades

Cuando en el futuro se escriba la historia de esta pandemia, las naciones que la contarán con pérdidas más bajas y menos dolor serán aquellas en las que los gobiernos dejaron a sus ciudadanos en libertad para decidir, aquellas en las que los ciudadanos lucharon al lado de sus gobiernos para cuidar la salud y el sustento de su gente; serán aquellas en las que privó la confianza , el respeto y la solidaridad entre hermanos.

La métrica del éxito es aprender a cuidarnos y evitar al máximo las muertes.

A la mayoría de naciones de América Latina, la pandemia les cayó con democracias fatigadas, sin recursos y sin líderes que den la talla para enfrentar una crisis  de a magnitud que está provocando el Covid-19; un virus al que algunos presidentes le suman rasgos autoritarios y medidas que están causando más daño que la misma pandemia.

Por eso, pensar que la salud de la gente y la economía estén en manos de políticos; como el virus, es motivo de pánico.

Los gobiernos sienten la responsabilidad y toman las medidas que creen convenientes. Se equivocan con frecuencia y más en países sin recursos y con sistemas de salud que estaban destrozados antes de la crisis por los mismos políticos y sus mafias.

Pero en una pandemia, aunque no queramos, el Estado debe recuperar de inmediato su relevancia, subir el estándar, estar a la altura y asumir la responsabilidad; al lado de los ciudadanos y con los ciudadanos. Confiando en ellos, respetando sus derechos y libertades.

Por eso, con más razón, los ciudadanos responsables y libres somos la parte importante de la defensa y la solución a la crisis; y los mejores aliados de los gobiernos.

Después de varios meses de pandemia, seguimos buscando razones y sentido a esta locura; un esfuerzo en el que no estamos solos, pues, científicos de todas las ciencias y artes están en lo mismo y siguen con las mismas dudas que todos tenemos: ¿qué tan contagioso es el virus realmente?, ¿por qué a algunos les hace tanto daño, o incluso los mata?, ¿qué medicinas funcionan?, ¿cuándo estará la vacuna?, ¿por qué tanta gente no tiene síntomas?, ¿hay inmunidad después del contagio?

La falta de respuestas claras y convincentes genera miedo; otro virus malo para la salud. En todas las pandemias de la historia, hasta que pasan, los contagios suben y bajan en gradas, pero los números siempre van para arriba. Cuando se controlan, después de un tiempo,  vienen  la  segunda y la tercera ola de contagios; y no queda alternativa que enfrentarlas hasta que llegue la inmunidad. Por contagio superado o por vacuna.

Se entiende que los gobiernos de países subdesarrollados quieran evitar que los hospitales colapsen; pero las pandemias no perdonan y los encierros son condenas a muerte por hambre. La gente saldrá a buscarse la vida y deberá defenderla contra el virus. Por eso, la métrica con que los gobiernos miden el éxito no puede ser la tendencia del contagio porque ésta siempre va para arriba; y si la quieren bajar con encierros largos y toques de queda hacen más daño del que quieren evitar.

La métrica del éxito es aprender a cuidarnos y evitar al máximo las muertes. ¿cuánto tiempo usamos cada día para informarnos sobre la pandemia y el virus, sobre las tendencias, los modelos y las proyecciones de contagio; o las muertes? Lo que está claro es que no podemos encerrarnos dos años. Tendremos que aprender a vivir con el virus al mismo tiempo que continuamos con la vida. Y mientras llega la inmunidad, cuidar la salud al mismo tiempo que trabajamos para sobrevivir será el reto que debemos enfrentar.

La paradoja es que esto es hoy una contradicción, y, además, una amenaza; pero ¿qué opción tenernos? Los científicos también coinciden cada día más en que la única opción es vivir y trabajar cuidando nuestra salud.

La lección más grande de esta crisis se llama humildad. No estamos a la altura para enfrentar a la Madre Naturaleza. En 4.500 millones de años, las ha ganado todas. Lo que sí está en nuestras manos es enfrentar esta crisis con dignidad, unidad y solidaridad. Con respeto, responsabilidad y decisión para convertir sociedades fracturadas y mal gobernadas en países resilientes; y espero, porque será más necesario que nunca, en naciones económicamente integradas. Este debe ser el futuro para la América Central.

Muchos sostienen hoy en día que la región centroamericana se ha convertido en una molestia para nuestros vecinos desarrollados del norte por los problemas de narcotráfico y migración ilegal. Sin embargo, la preocupación de los Estados Unidos por la región del istmo no es nueva y data, por lo menos, de hace más de un siglo.

A inicios del siglo XX, la política exterior estadounidense dio un viraje prácticamente inédito desde su independencia y sus inicios republicanos con la llamada “Doctrina Monroe”, que básicamente defendía el aislacionismo y la neutralidad en sus relaciones internacionales. Esta política exterior funcionó (con excepciones) durante prácticamente todo el siglo XIX, pero gracias a la segunda revolución industrial y a la consolidación de la expansión al oeste, Estados Unidos se terminó de establecer como una potencia emergente en el concierto de naciones y viejos imperios europeos que dominaron el mundo hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial.

La agresiva diplomacia de Theodore Roosevelt permitió, en 1903, el acuerdo sobre la construcción del Canal de Panamá, que significó para Estados Unidos alcanzar una importancia comercial y estratégica y una ventaja económica sobre el resto de potencias[1]. De manera que el contexto histórico de este período es la llamada “política del garrote”, propuesta en el “Corolario Roosevelt”, y elaborada por el 26º presidente de los Estados Unidos durante su discurso del Estado de la Unión en 1904, y que era básicamente una enmienda a la Doctrina Monroe, pues proponía que los territorios de América Latina y el Caribe, formaban parte del área de interés de los Estados Unidos[2].

En este contexto, Centroamérica vivía un período de gran inestabilidad política, producto de las constantes rebeliones armadas y golpes de Estado de caudillos de todo signo que deponían y erigían presidencias efímeras a lo interno de los países. Pero también, entre las propias naciones del istmo, ocurrieron enfrentamientos armados como la incursión del presidente salvadoreño Tomás Regalado en Guatemala en 1906 denominada “Guerra del Totoposte”[3] que fue disuadida exitosamente por el régimen de Manuel Estrada Cabrera.

En un intento por apaciguar a la región centroamericana y procurar cierta gobernabilidad,  se llevaron a cabo los pactos de Washington de 1907, a través del Sistema de convivencia e integración de los países centroamericanos (propiciados también por México), que comprometieron a Centroamérica a una serie de medidas para preservar la paz en la región.

Desde ese entonces, puede afirmarse que la inestabilidad política y el caos de la vecindad centroamericana constituyen una preocupación para el país del norte. Los logros más importantes de la Conferencia de Washington de 1907[4] fueron, en primer orden, la creación de la Corte de Justicia Centroamericana, y en menor orden, el compromiso de las naciones centroamericanas que, a través del Tratado General de Paz y Amistad, acordaron no reconocer gobiernos surgidos de golpes o revoluciones. Y finalmente, la creación del Instituto Pedagógico de Centroamérica para dar formación a los maestros de la región.

A pesar de que estos mecanismos no fueron del todo operantes, muchos historiadores sostienen que marcaron el fin de las guerras intestinas entre las naciones del istmo[5]. Adicionalmente, aunque el compromiso de 1907 también incluyó cláusulas para evitar las reelecciones y lograr la instauración de gobiernos electos democráticamente, eso no evitó que en Guatemala, por ejemplo, se estableciera una de las tiranías más largas de su historia republicana como lo fue la de Manuel Estrada Cabrera que pudo perpetuarse sin mayores problemas en el poder hasta su derrocamiento en 1920.

Como era de esperarse con este tipo de “recetas” institucionales impuestas desde afuera, a partir de 1914, este sistema de integración entró en crisis y en 1923 se hizo una revisión al Tratado General de Paz y Amistad[6], donde se mantenían las cláusulas principales, pero no se estimuló un compromiso fuerte y sincero por parte de las naciones centroamericanas para cumplirlas, es decir, no se subsanó la debilidad del sistema para efectuar los acuerdos en la práctica, lo que la llevó inexorablemente a su extinción.

Posteriormente ha habido otros intentos de los Estados Unidos en subsanar los problemas institucionales de la región centroamericana, como por ejemplo la “Alianza para el Progreso” (ALPRO) durante el gobierno de John F. Kennedy a inicios de los sesenta, como un intento de contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana en la región. Y, por supuesto, en la década de los ochentas durante la administración de Ronald Reagan la llamada “Iniciativa de la Cuenca Caribe” y el célebre “Informe Kissinger” que se planteaban objetivos aún más ambiciosos como la integración de las economías regionales al mercado norteamericano, así como una agenda global hacia Centroamérica que contara con el consenso político estadounidense que frenara la violencia política en el istmo producto de los conflictos armados[7].

En el presente muchos creen que el hecho de que la migración ilegal pasó a ser un tema central de la política interna de los Estados Unidos en los últimos años y que varios políticos latinoamericanos como Ricardo Martinelli, Mario Estrada, Manuel Baldizón, Genaro García Luna, Alejandro Toledo, Diosdado Cabello, entre otros; sean sancionados, solicitados, aprehendidos y procesados por la justicia estadounidense (al igual que sus testaferros y familiares implicados en corrupción y narcotráfico); es un signo unívoco de una intención del país del norte por “sanear” las instituciones y los sistemas políticos latinoamericanos, caen en un inmenso error.

Si no hay una intención concertada por parte de nuestras propias élites latinoamericanas en apegarse a una agenda de reforma institucional que garantice la independencia judicial, el fortalecimiento del Estado de derecho y (parece mentira que aún haya que decirlo) el respeto a las reglas del juego democráticas, no habrá salida posible al subdesarrollo.

Los grandes cambios históricos raras veces vienen dados por designios o por imposiciones top-down de agentes externos, sino por un cambio en las condiciones sociales y materiales que definen el espíritu de un tiempo.

¿Seremos capaces los latinoamericanos de este generación de asumir el reto de transformar nuestras instituciones o seguiremos esperando que vengan otros a ordenarnos la casa?

[1] Pérez Brignoli, Héctor. Breve historia de Centroamérica. Madrid. Alianza Editorial. 1990. Pp. 253-254

[2] El interés de los EEUU por América Latina y el Caribe no tuvo que ver exclusivamente con el Canal de Panamá, sino también con la Guerra de Independencia de Cuba frente a España (1895-1898) y el Bloqueo Naval a Venezuela por potencias europeas en 1902-1903. De manera que también era una forma de “impedir” la hegemonía europea en esta parte del hemisferio.

[3] Luján Muñoz, Jorge. Breve historia contemporánea de Guatemala. Guatemala. Fondo de Cultura Económica. 2018. Pp. 177

[4] “Conferencia de la Paz Centroamericana. 1907” https://www.sica.int/cdoc/publicaciones/union/con_20121907.pdf

[5] Luján Muñoz, Jorge. Ídem.

[6] “Las Convenciones de Washington. Tratado de Paz y Amistad. Aprobado el 3 de marzo de 1923” https://www.sica.int/cdoc/publicaciones/union/pac_28051927.pdf

[7] Pérez Brignoli, Héctor. Ob Cit. Pp. 160

Muchos sostienen hoy en día que la región centroamericana se ha convertido en una molestia para nuestros vecinos desarrollados del norte por los problemas de narcotráfico y migración ilegal. Sin embargo, la preocupación de los Estados Unidos por la región del istmo no es nueva y data, por lo menos, de hace más de un siglo.

A inicios del siglo XX, la política exterior estadounidense dio un viraje prácticamente inédito desde su independencia y sus inicios republicanos con la llamada “Doctrina Monroe”, que básicamente defendía el aislacionismo y la neutralidad en sus relaciones internacionales. Esta política exterior funcionó (con excepciones) durante prácticamente todo el siglo XIX, pero gracias a la segunda revolución industrial y a la consolidación de la expansión al oeste, Estados Unidos se terminó de establecer como una potencia emergente en el concierto de naciones y viejos imperios europeos que dominaron el mundo hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial.

La agresiva diplomacia de Theodore Roosevelt permitió, en 1903, el acuerdo sobre la construcción del Canal de Panamá, que significó para Estados Unidos alcanzar una importancia comercial y estratégica y una ventaja económica sobre el resto de potencias[1]. De manera que el contexto histórico de este período es la llamada “política del garrote”, propuesta en el “Corolario Roosevelt”, y elaborada por el 26º presidente de los Estados Unidos durante su discurso del Estado de la Unión en 1904, y que era básicamente una enmienda a la Doctrina Monroe, pues proponía que los territorios de América Latina y el Caribe, formaban parte del área de interés de los Estados Unidos[2].

En este contexto, Centroamérica vivía un período de gran inestabilidad política, producto de las constantes rebeliones armadas y golpes de Estado de caudillos de todo signo que deponían y erigían presidencias efímeras a lo interno de los países. Pero también, entre las propias naciones del istmo, ocurrieron enfrentamientos armados como la incursión del presidente salvadoreño Tomás Regalado en Guatemala en 1906 denominada “Guerra del Totoposte”[3] que fue disuadida exitosamente por el régimen de Manuel Estrada Cabrera. O el derrocamiento del presidente hondureño Manuel Bonilla, movimiento que fue apoyado logística, humana y financieramente por el presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya, en 1907.  

En un intento por apaciguar a la región centroamericana y procurar cierta gobernabilidad,  se llevaron a cabo los pactos de Washington de 1907, a través del Sistema de convivencia e integración de los países centroamericanos (propiciados también por México), que comprometieron a Centroamérica a una serie de medidas para preservar la paz en la región.

Desde ese entonces, puede afirmarse que la inestabilidad política y el caos de la vecindad centroamericana constituyen una preocupación para el país del norte. Los logros más importantes de la Conferencia de Washington de 1907[4] fueron, en primer orden, la creación de la Corte de Justicia Centroamericana, y en menor orden, el compromiso de las naciones centroamericanas que, a través del Tratado General de Paz y Amistad, acordaron no reconocer gobiernos surgidos de golpes o revoluciones. Y finalmente, la creación del Instituto Pedagógico de Centroamérica para dar formación a los maestros de la región.

A pesar de que estos mecanismos no fueron del todo operantes, muchos historiadores sostienen que marcaron el fin de las guerras intestinas entre las naciones del istmo[5]. Adicionalmente, aunque el compromiso de 1907 también incluyó cláusulas para evitar las reelecciones y lograr la instauración de gobiernos electos democráticamente, eso no evitó que en Guatemala, por ejemplo, se estableciera una de las tiranías más largas de su historia republicana como lo fue la de Manuel Estrada Cabrera que pudo perpetuarse sin mayores problemas en el poder hasta su derrocamiento en 1920.

Como era de esperarse con este tipo de “recetas” institucionales impuestas desde afuera, a partir de 1914, este sistema de integración entró en crisis y en 1923 se hizo una revisión al Tratado General de Paz y Amistad[6], donde se mantenían las cláusulas principales, pero no se estimuló un compromiso fuerte y sincero por parte de las naciones centroamericanas para cumplirlas, es decir, no se subsanó la debilidad del sistema para efectuar los acuerdos en la práctica, lo que la llevó inexorablemente a su extinción.

Posteriormente ha habido otros intentos de los Estados Unidos en subsanar los problemas institucionales de la región centroamericana, como por ejemplo la “Alianza para el Progreso” (ALPRO) durante el gobierno de John F. Kennedy a inicios de los sesenta, como un intento de contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana en la región. Y, por supuesto, en la década de los ochentas durante la administración de Ronald Reagan la llamada “Iniciativa de la Cuenca Caribe” y el célebre “Informe Kissinger” que se planteaban objetivos aún más ambiciosos como la integración de las economías regionales al mercado norteamericano, así como una agenda global hacia Centroamérica que contara con el consenso político estadounidense que frenara la violencia política en el istmo producto de los conflictos armados[7].

En el presente muchos creen que el hecho de que la migración ilegal pasó a ser un tema central de la política interna de los Estados Unidos en los últimos años y que varios políticos latinoamericanos como Ricardo Martinelli, Mario Estrada, Manuel Baldizón, Genaro García Luna, Alejandro Toledo, Diosdado Cabello, entre otros; sean sancionados, solicitados, aprehendidos y procesados por la justicia estadounidense (al igual que sus testaferros y familiares implicados en corrupción y narcotráfico); significa un signo unívoco de una intención del país del norte por “sanear” las instituciones y los sistemas políticos latinoamericanos, pero lamentablemente, caen en un inmenso error y en una incompresión histórica.

Si no hay una intención concertada por parte de nuestras propias élites latinoamericanas en apegarse a una agenda de reforma institucional que garantice la independencia judicial, el fortalecimiento del Estado de derecho y (parece mentira que aún haya que decirlo) el respeto a las reglas del juego democráticas, no habrá salida posible al subdesarrollo.

Los grandes cambios históricos raras veces vienen dados por designios o por imposiciones top-down de agentes externos, sino por un cambio en las condiciones sociales y materiales que definen el espíritu de un tiempo.

¿Seremos capaces los latinoamericanos de este generación de asumir el reto de transformar nuestras instituciones o seguiremos esperando que vengan otros a ordenarnos la casa?

[1] Pérez Brignoli, Héctor. Breve historia de Centroamérica. Madrid. Alianza Editorial. 1990. Pp. 253-254

[2] El interés de los EEUU por América Latina y el Caribe no tuvo que ver exclusivamente con el Canal de Panamá, sino también con la Guerra de Independencia de Cuba frente a España (1895-1898) y el Bloqueo Naval a Venezuela por potencias europeas en 1902-1903. De manera que también era una forma de “impedir” la hegemonía europea en esta parte del hemisferio.

[3] Luján Muñoz, Jorge. Breve historia contemporánea de Guatemala. Guatemala. Fondo de Cultura Económica. 2018. Pp. 177

[4] “Conferencia de la Paz Centroamericana. 1907” https://www.sica.int/cdoc/publicaciones/union/con_20121907.pdf

[5] Luján Muñoz, Jorge. Ídem. [Sin embargo, habría que tomar en cuenta la llamada "Guerra del Fútbol" entre El Salvador y Honduras en 1969, que duró 4 días].

[6] “Las Convenciones de Washington. Tratado de Paz y Amistad. Aprobado el 3 de marzo de 1923” https://www.sica.int/cdoc/publicaciones/union/pac_28051927.pdf

[7] Pérez Brignoli, Héctor. Ob Cit. Pp. 160

El pecado de la actual magistratura constitucional

En reiteradas ocasiones, he sostenido la hipótesis que a lo largo de la historia reciente, Guatemala ha sido un país sin la institucionalidad necesaria para canalizar y resolver conflictos por la vía política. Esta falencia genera la necesidad de un “árbitro de última instancia”: un actor que juega el rol de mediador, filtro político, garante del orden y salvaguarda final del sistema. Hasta 1993, ese rol lo jugó el Ejército. Pero con la transición democrática, dicha función se trasladó gradualmente a la Corte de Constitucionalidad (CC).

No obstante, con el paso de los años, y ante la incapacidad de las élites de apostar por el fortalecimiento de la institucionalidad, la función pretoriana de un “arbitro de última instancia” sólo se ha profundizado.

Por ello, fácilmente podemos reseñar como, desde 1993 a la fecha, pero particularmente, a partir de desde 2001, la CC ha estado en el epicentro de todos los procesos y momentos políticos más relevantes del país. Desde discusiones sobre inscripciones de candidatos electorales, procesos de elección de funcionarios de segundo grado (magistrados, contralor, Fiscal General), pasando por discusiones de reformas tributarias, la aplicación de convenios internacionales en materia de derechos humanos, procesos de antejuicio, la prohibición para comercializar cachinflines, hasta casos penales de alto impacto, en todos, la Corte de Constitucionalidad ha sido el árbitro final del conflicto político en el país.

Argumentar que existe una “extralimitación” de parte de la CC resulta discordante a la luz de la experiencia reciente; y más si se considera que desde el diseño del ordenamiento político vigente se dejó en claro que “No hay ámbito que no sea susceptible de amparo” (Art. 265 de la Constitución). A ello sumemos que entre 2009 y 2010 (hace dos magistraturas), la CC amplió la legitimación activa para presentar acciones de control de constitucionalidad contra los actos de la administración pública.

Vale la pena preguntarse, ¿qué ha cambiado de 2016 a la fecha? ¿Por qué tanta animadversión hacia la actual magistratura constitucional?

Sencillo. Lo que ha cambiado ha sido el balance de fuerzas. Durante décadas, los fallos de la Corte de Constitucionalidad en aquellos casos de trascendencia política se alineaban más con la visión e intereses de los estamentos político, económico y militar. En 2003, la CC se alineó con el poder político de turno y ordenó la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial. En 2007, suspendió la extradición de autoridades militares señaladas de violaciones a los Derechos Humanos, reclamadas por España bajo el principio de la “jurisdicción universal”. En 2011, la CC acuerpó la posición de una gran parte del sector privado y ordenó no inscribir a Sandra Torres como aspirante a la presidencia. En 2013, acogió las demandas de actores privados y militares, y anuló el juicio por Genocidio contra Efraín Ríos Montt. A lo largo de los años, la Corte ha anulado reformas tributarias o se ha convertido en un contrapeso ante interpretaciones discrecionales de la administración tributaria en casos fiscales.

Por estos, y otros casos más, es que a la CC se le ha considerado como una salvaguarda final del sistema.

No obstante, en un proceso que aún debe estudiarse, la designación de magistrados del 2016 arrojó un resultado atípico: La integración de Corte con una mayoría que no necesariamente resultaba afín a los actores de poder. Esta es quizá, la primera Corte de Constitucionalidad con una mayoría “Contra-Poder”.

Esta dinámica se ha materializado en los casos relacionados con la aplicación del Convenio 169 de la OIT; las resoluciones que obligan a repetir las designaciones de gobernadores durante la administración Morales; las suspensiones de actuaciones legislativas del Congreso en relación con las reformas al Código Penal del 2017, la Ley de Aceptación de Cargos en 2019 o la Ley de ONG’s del 2020; los casos sobre decisiones de política exterior en la crisis Gobierno-CICIG entre 2017 y 2019; y las resoluciones que han anulado y reconducido el proceso de elección de magistrados Apelaciones y CSJ a lo largo del último año. En todos, la CC ha resuelto en contra de la visión imperante de grupos de poder.

Ese es el pecado capital de la actual magistratura. La función pretoriana sigue siendo la misma de los últimos 25 años. La amplitud del marco de actuación, también. Lo que ha cambiado ha sido el sentido de las resoluciones. De ser suplementos del poder, la Corte es hoy un órgano “contra-poder”.