Análisis de la situación económica de la Eurozona y Guatemala para septiembre del 2019.  

Eurozona: La mayoría de países de la Eurozona han logrado consolidar sus finanzas públicas, reduciendo su déficit fiscal y con ello, deteniendo la dinámica de crecimiento incontrolable de la deuda gubernamental. Sin embargo, los países que tuvieron problemas con la deuda pública (España, Italia, Grecia, Portugal y Chipre), si bien lograron un mayor control de sus finanzas públicas, se encuentran en una situación bastante vulnerable por los altos niveles de endeudamiento que todavía presentan (casi 100% del PIB o más).

Lo más preocupante de la Eurozona es que, a pesar de que toda la curva de rendimiento de bonos gubernamentales se encuentra en negativo desde el mes de agosto, la inflación sigue con tendencia hacia la baja y la demanda interna parece no responder a los estímulos monetarios. La tasa de desempleo en toda la Eurozona está llegando a los niveles previos de 2009, pero aún siguen muy altos en España, Italia y Francia.

Guatemala: La economía de Guatemala sigue en números positivos, aunque el comercio exterior continúa en números rojos. El crédito hipotecario de vivienda reporta un crecimiento interanual de 16%, lo cual es un reflejo de los múltiples proyectos inmobiliarios que se están desarrollando en la ciudad. El Índice de Actividad Económica reporta un crecimiento interanual de 3.2%, consistente con la proyección de crecimiento de 2019 (entre 3% y 4%). Comparado con el resto de países de Centroamérica, Guatemala reporta el segundo mejor crecimiento, después de Panamá. Sin embargo, las exportaciones continúan en números rojos (-0.2%) y las importaciones registran un crecimiento raquítico (1%). Lo que “sostiene” las exportaciones en este momento (evita que sean más negativas) son las ventas a  la Eurozona, que reportan un crecimiento de 8%. Por último, se tuvo una mejora en la recaudación de impuestos, lo que contuvo el incremento sustancial que reportaba la brecha fiscal en meses anteriores.

Descargue el informe en PDF AQUÍ.

Esta semana hablamos sobre el aniversario de Razón de Estado y la captura del sistema de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones por parte de mafias y estructuras criminales. 

El programa inició con el editorial de Dionisio Gutiérrez a propósito del aniversario de Razón de Estado: “En estos días, Razón de Estado cumplió un año de estar con ustedes. Un año en el que Guatemala siguió buscando alivio a sus dolores y solución a sus problemas. Desde esta tribuna intentamos dar un aporte a la claridad, al análisis serio, al compromiso con la verdad y a la defensa de nuestras libertades.”

Explicó los problemas a los que se enfrenta el país en la actualidad: “hoy nos enfrentamos a la amenaza del secuestro del sistema de justicia y a la consolidación del imperio de la impunidad (...) La democracia guatemalteca está herida y sus instituciones no alcanzan para ser el remedio que necesita. El discurso público vive tiempos marcados por el abaratamiento de la verdad y la pérdida de honestidad. Vivimos, dicen, la era de la post verdad; que realmente, es la era de la mentira.”

Por último llamó a la reflexión sobre el futuro del país: “con el inicio del segundo año de Razón de Estado, me parece honesto proponer que nos cuestionemos si las generaciones de hoy, estamos fracasando en la construcción de la idea que es Guatemala.” Y aseguró que “desde esta tribuna, también afirmamos que seguiremos comprometidos con la verdad, con el Estado de Derecho y con la Libertad; los fundamentos de la democracia.”

Después Gutiérrez entrevistó a Helen Mack y a Luis Fernández Molina sobre la cooptación del sistema de justicia guatemalteco y los vicios en el proceso de elección de jueces para las altas cortes del país. 

Luis Fernández Molina explicó que “estructuras y mafias criminales dentro de las comisiones de postulación no están buscando debilitar la justicia, sino que quieren cooptarla para colocar a sus peones en los tribunales, y no les importa si califican o no.” Además, mencionó que la expulsión de CICIG del país es la oportunidad perfecta para que el actual congreso “liquide y nombre a los magistrados que velarán por sus intereses, ya sea personales o económicos.”

A propósito de la nueva comisión en el Congreso para evaluar los resultados de CICIG, Helen Mack aseguró que “todo lo que habíamos logrado quiere ser destruído por los diputados y la comisión actual. El nuevo pacto de corruptos busca derogar o modificar todas las reformas que se hicieron porque los amenaza; no les gusta la figura del colaborador eficaz ni los tribunales de alto riesgo porque no les conviene tenerlos. Seguir legislando según a los intereses de grupos específicos hace que el país no salga adelante.” 

Por último ambos invitados reflexionaron sobre el rol de la ciudadanía en velar por que la justicia del país sea transparente: “Es importante que estemos conscientes de que todos los problemas de salario bajos, de falta de trabajo, las malas carreteras del país, la mala educación, etc. pasan de alguna u otra forma por el sistema de justicia que tenemos”. Aseguraron que la sociedad civil debe activarse para evitar la injerencia del crimen organizado y ayuda así a consolidar un auténtico Estado de Derecho. 

Después Edgar Ortiz moderó el debate entre los abogados Diego Marroquín, Elvyn Díaz y José Echeverría sobre la sentencia de la Corte de Constitucionalidad para repetir el proceso de elección para los magistrados de la CSJ.

Una de las conclusiones del debate es que el diseño institucional de la elección de magistrados de las altas cortes en el país, tiene que ser revisado, pues desde su origen ha permitido que estructuras criminales coopten nuestro sistema de justicia y favorezcan la impunidad. 

Por último, aseguraron que si bien normativamente no habría diferencia en el hecho de que sea este Congreso o el siguiente el que elija a los magistrados que conformarán las altas cortes del país; sin embargo políticamente nos enfrentamos a que intereses espurios de los actuales diputados se interpongan en la elección de magistrados. 

Esta semana en Razón de Estado hablamos sobre la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad en la elección de magistrados y discutimos sobre los partidos políticos pendientes de cancelación.

El programa inició con un resumen de los editoriales de Dionisio Gutiérrez sobre la captura de la justicia en Guatemala: “Los grupos delincuentes que sienten como amenaza que se persiga la corrupción y se acabe la impunidad, con el apoyo del actual gobierno, se resisten a dejar sus posiciones de poder; e intentan, una vez más, mantener y consolidar su control cómplice y con frecuencia criminal sobre el Sistema de Justicia. Esto sucederá en las próximas semanas o meses pues se tendrán elecciones de gran trascendencia en la Corte Suprema de Justicia y en las Cortes de Apelaciones.”

Indicó que el ciudadano debe involucrarse en la vida cívica de su país: “En 2015 la corrupción sacó a la calle a los guatemaltecos a protestar contra una clase política deshonesta y vulgar que, con bandera de izquierda o derecha, llevó al país a la bancarrota moral. Guatemala no aguanta 4 años más de fracasos y decepciones. La democracia no se defiende sola. Necesita al ciudadano.” 

Por eso, aseguró que “la nación guatemalteca debe poner la mirada y toda su atención en lo que está haciendo la Comisión de Postulación y en la elección que podría hacer el congreso para escoger magistrados para las Cortes de Justicia para los próximos 5 años. Si esta batalla se pierde, podríamos regresar a como era todo antes de 2015.”

Después Edgar Ortiz moderó el debate entre los abogados Omar Barrios Osorio y Carlos Bezares sobre la reciente resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, que obliga a iniciar nuevamente el proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia.

Los invitados explicaron los dos recursos que se presentaron ante la Corte de Constitucionalidad: “Hay dos amparos que se plantean de formas diferentes. En el del abogado Ventura Loyo se alega que los representantes del Instituto de Magistrados en la Comisión de Postulación, fueron elegidos por planilla única; y la otra es la de la Fundación Mirna Mack que alega que no se aplicó el mecanismo de evaluación para los magistrados y jueces en activo que tuvieran interés en participar en el proceso.”

Carlos Bezares indicó  que fue incorrecto que el Instituto de Magistrados eligiera a sus representantes a la Comisión de Postulación sólo dentro  de una planilla, ya que la fórmula que se utiliza para asignar las representaciones supone que haya por lo menos dos planillas compitiendo.  En tanto que Omar Barrios indicó que si sólo se presenta una planilla a participar, no se puede obligar a que se postulen más y por tanto se tenía que asignar las representaciones de acuerdo a la única planilla que se postuló. Ambos coincidieron en que la convocatoria a participar que hizo el Instituto de Magistrados, no fue precisamente la mejor y pudo haber influido en que se postulara solo una planilla.

Respecto a que nos se utilizó el mecanismo de evaluación para los magistrados y jueces en activo que mostraron interés en participar en el proceso, Bezares indicó que fue una grave omisión de lo que establece la ley y por esa razón, la Corte de Constitucionalidad actuó correctamente. Barrios por su parte, expresó que no se podía utilizar un mecanismo de evaluación, debido a que no existe un reglamento en el cual basarse para hacer dicha evaluación.  

Aún cuando difirieron respecto a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, ambos coincidieron que esta elección de magistrados es de suma importancia para continuar la lucha contra la corrupción en el país.

Por último Paul Boteo moderó el segundo debate de la noche entre Phillip Chicola, Jesús María Alvarado y Mario Fuentes Destarac sobre la depuración del sistema de partidos políticos en Guatemala. 

Los panelistas indicaron que lo logrado en el 2015 tiene que ver por el contexto político de la época, lo cual es imposible de replicar hoy en día: “La historia del PP y de Líder es completamente distinta a lo que vemos hoy con el FCN o con la UNE. Ambos partidos en aquellos años ni siquiera pelearon su caso y esto hizo que su proceso de cancelación fuera más rápido.” 

Phillip Chicola explicó que si bien el caso de la UNE por financiamiento electoral ilícito fue presentado en febrero del 2019, el TSE dejó correr a Sandra Torres porque ningún otro partido impugnó su candidatura; “esto demuestra la complicidad que existe en el mismo sistema de partidos políticos.” 

Sin embargo, Fuentes Destarac y Jesús María Alvarado fueron críticos con el TSE por no haber actuado de oficio para iniciar el proceso de cancelación de la UNE: “El TSE tiene toda la facultad para actuar de oficio en la cancelación de un Partido Político cuando éste ha incurrido en ilegalidades, y de forma inexplicable, el TSE no actuó en el caso de la UNE, aún cuando tenía las pruebas para hacerlo.”

Sobre la próxima elección de los magistrados para el TSE, aseguraron que es un reto enorme pues “nadie corta la rama donde se está parado. Es el mismo congreso, conformado por grandes bloques de partidos como la UNE, quien elegirá a los futuros magistrados. (...) hay que trabajar para que el sistema electoral tenga una absoluta neutralidad y que quienes lleguen al TSE no respondan a intereses político partidista”.

Vea el programa completo aquí: 

Análisis de la situación económica de la Eurozona y Guatemala para septiembre del 2019.  

Eurozona: La mayoría de países de la Eurozona han logrado consolidar sus finanzas públicas, reduciendo su déficit fiscal y con ello, deteniendo la dinámica de crecimiento incontrolable de la deuda gubernamental. Sin embargo, los países que tuvieron problemas con la deuda pública (España, Italia, Grecia, Portugal y Chipre), si bien lograron un mayor control de sus finanzas públicas, se encuentran en una situación bastante vulnerable por los altos niveles de endeudamiento que todavía presentan (casi 100% del PIB o más).

Lo más preocupante de la Eurozona es que, a pesar de que toda la curva de rendimiento de bonos gubernamentales se encuentra en negativo desde el mes de agosto, la inflación sigue con tendencia hacia la baja y la demanda interna parece no responder a los estímulos monetarios. La tasa de desempleo en toda la Eurozona está llegando a los niveles previos de 2009, pero aún siguen muy altos en España, Italia y Francia.

Guatemala: La economía de Guatemala sigue en números positivos, aunque el comercio exterior continúa en números rojos. El crédito hipotecario de vivienda reporta un crecimiento interanual de 16%, lo cual es un reflejo de los múltiples proyectos inmobiliarios que se están desarrollando en la ciudad. El Índice de Actividad Económica reporta un crecimiento interanual de 3.2%, consistente con la proyección de crecimiento de 2019 (entre 3% y 4%). Comparado con el resto de países de Centroamérica, Guatemala reporta el segundo mejor crecimiento, después de Panamá. Sin embargo, las exportaciones continúan en números rojos (-0.2%) y las importaciones registran un crecimiento raquítico (1%). Lo que “sostiene” las exportaciones en este momento (evita que sean más negativas) son las ventas a  la Eurozona, que reportan un crecimiento de 8%. Por último, se tuvo una mejora en la recaudación de impuestos, lo que contuvo el incremento sustancial que reportaba la brecha fiscal en meses anteriores.

Descargue el informe en PDF AQUÍ.

Esta semana hablamos sobre el aniversario de Razón de Estado y la captura del sistema de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones por parte de mafias y estructuras criminales. 

El programa inició con el editorial de Dionisio Gutiérrez a propósito del aniversario de Razón de Estado: “En estos días, Razón de Estado cumplió un año de estar con ustedes. Un año en el que Guatemala siguió buscando alivio a sus dolores y solución a sus problemas. Desde esta tribuna intentamos dar un aporte a la claridad, al análisis serio, al compromiso con la verdad y a la defensa de nuestras libertades.”

Explicó los problemas a los que se enfrenta el país en la actualidad: “hoy nos enfrentamos a la amenaza del secuestro del sistema de justicia y a la consolidación del imperio de la impunidad (...) La democracia guatemalteca está herida y sus instituciones no alcanzan para ser el remedio que necesita. El discurso público vive tiempos marcados por el abaratamiento de la verdad y la pérdida de honestidad. Vivimos, dicen, la era de la post verdad; que realmente, es la era de la mentira.”

Por último llamó a la reflexión sobre el futuro del país: “con el inicio del segundo año de Razón de Estado, me parece honesto proponer que nos cuestionemos si las generaciones de hoy, estamos fracasando en la construcción de la idea que es Guatemala.” Y aseguró que “desde esta tribuna, también afirmamos que seguiremos comprometidos con la verdad, con el Estado de Derecho y con la Libertad; los fundamentos de la democracia.”

Después Gutiérrez entrevistó a Helen Mack y a Luis Fernández Molina sobre la cooptación del sistema de justicia guatemalteco y los vicios en el proceso de elección de jueces para las altas cortes del país. 

Luis Fernández Molina explicó que “estructuras y mafias criminales dentro de las comisiones de postulación no están buscando debilitar la justicia, sino que quieren cooptarla para colocar a sus peones en los tribunales, y no les importa si califican o no.” Además, mencionó que la expulsión de CICIG del país es la oportunidad perfecta para que el actual congreso “liquide y nombre a los magistrados que velarán por sus intereses, ya sea personales o económicos.”

A propósito de la nueva comisión en el Congreso para evaluar los resultados de CICIG, Helen Mack aseguró que “todo lo que habíamos logrado quiere ser destruído por los diputados y la comisión actual. El nuevo pacto de corruptos busca derogar o modificar todas las reformas que se hicieron porque los amenaza; no les gusta la figura del colaborador eficaz ni los tribunales de alto riesgo porque no les conviene tenerlos. Seguir legislando según a los intereses de grupos específicos hace que el país no salga adelante.” 

Por último ambos invitados reflexionaron sobre el rol de la ciudadanía en velar por que la justicia del país sea transparente: “Es importante que estemos conscientes de que todos los problemas de salario bajos, de falta de trabajo, las malas carreteras del país, la mala educación, etc. pasan de alguna u otra forma por el sistema de justicia que tenemos”. Aseguraron que la sociedad civil debe activarse para evitar la injerencia del crimen organizado y ayuda así a consolidar un auténtico Estado de Derecho. 

Después Edgar Ortiz moderó el debate entre los abogados Diego Marroquín, Elvyn Díaz y José Echeverría sobre la sentencia de la Corte de Constitucionalidad para repetir el proceso de elección para los magistrados de la CSJ.

Una de las conclusiones del debate es que el diseño institucional de la elección de magistrados de las altas cortes en el país, tiene que ser revisado, pues desde su origen ha permitido que estructuras criminales coopten nuestro sistema de justicia y favorezcan la impunidad. 

Por último, aseguraron que si bien normativamente no habría diferencia en el hecho de que sea este Congreso o el siguiente el que elija a los magistrados que conformarán las altas cortes del país; sin embargo políticamente nos enfrentamos a que intereses espurios de los actuales diputados se interpongan en la elección de magistrados. 

In its latest edition, Revista Summa places Dionisio Gutiérrez as one of the most reputable businessmen in the Central American region.  

CEOs, managers and high-ranking executives of Central American countries were interviewed by Revista Summa to determine which are the best businesses and businessmen in terms of public image, integrity and with compliance to good practices.

Dionisio Gutiérrez Mayorga occupies the first place in the ranking of the most reputable businessmen in Guatemala, along with other leaders such as Yolanda de Cofiño and Luis Von Ahn.

Additionally to his businessman facet, Dionisio Gutiérrez has been an activist for more than 40 years and from open platforms such as Libre Encuentro, Dimensión and Razón de Estado, he has denounced corruption, abuse of power and the apprehension of the State of Guatemala under criminal interests. This has created a confrontation with various governments and political leaders.

Gutiérrez continues to be engaged with the country and from the presidency of The Liberty and Development Foundation, he launches projects that allow the construction of Rule of Law and Liberal Democracy in Guatemala and the Central American region.

You may see the full report here, where you will find interesting information on Guatemalan businesses and other Central American countries:

Esta semana en Razón de Estado hablamos sobre la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad en la elección de magistrados y discutimos sobre los partidos políticos pendientes de cancelación.

El programa inició con un resumen de los editoriales de Dionisio Gutiérrez sobre la captura de la justicia en Guatemala: “Los grupos delincuentes que sienten como amenaza que se persiga la corrupción y se acabe la impunidad, con el apoyo del actual gobierno, se resisten a dejar sus posiciones de poder; e intentan, una vez más, mantener y consolidar su control cómplice y con frecuencia criminal sobre el Sistema de Justicia. Esto sucederá en las próximas semanas o meses pues se tendrán elecciones de gran trascendencia en la Corte Suprema de Justicia y en las Cortes de Apelaciones.”

Indicó que el ciudadano debe involucrarse en la vida cívica de su país: “En 2015 la corrupción sacó a la calle a los guatemaltecos a protestar contra una clase política deshonesta y vulgar que, con bandera de izquierda o derecha, llevó al país a la bancarrota moral. Guatemala no aguanta 4 años más de fracasos y decepciones. La democracia no se defiende sola. Necesita al ciudadano.” 

Por eso, aseguró que “la nación guatemalteca debe poner la mirada y toda su atención en lo que está haciendo la Comisión de Postulación y en la elección que podría hacer el congreso para escoger magistrados para las Cortes de Justicia para los próximos 5 años. Si esta batalla se pierde, podríamos regresar a como era todo antes de 2015.”

Después Edgar Ortiz moderó el debate entre los abogados Omar Barrios Osorio y Carlos Bezares sobre la reciente resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, que obliga a iniciar nuevamente el proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia.

Los invitados explicaron los dos recursos que se presentaron ante la Corte de Constitucionalidad: “Hay dos amparos que se plantean de formas diferentes. En el del abogado Ventura Loyo se alega que los representantes del Instituto de Magistrados en la Comisión de Postulación, fueron elegidos por planilla única; y la otra es la de la Fundación Mirna Mack que alega que no se aplicó el mecanismo de evaluación para los magistrados y jueces en activo que tuvieran interés en participar en el proceso.”

Carlos Bezares indicó  que fue incorrecto que el Instituto de Magistrados eligiera a sus representantes a la Comisión de Postulación sólo dentro  de una planilla, ya que la fórmula que se utiliza para asignar las representaciones supone que haya por lo menos dos planillas compitiendo.  En tanto que Omar Barrios indicó que si sólo se presenta una planilla a participar, no se puede obligar a que se postulen más y por tanto se tenía que asignar las representaciones de acuerdo a la única planilla que se postuló. Ambos coincidieron en que la convocatoria a participar que hizo el Instituto de Magistrados, no fue precisamente la mejor y pudo haber influido en que se postulara solo una planilla.

Respecto a que nos se utilizó el mecanismo de evaluación para los magistrados y jueces en activo que mostraron interés en participar en el proceso, Bezares indicó que fue una grave omisión de lo que establece la ley y por esa razón, la Corte de Constitucionalidad actuó correctamente. Barrios por su parte, expresó que no se podía utilizar un mecanismo de evaluación, debido a que no existe un reglamento en el cual basarse para hacer dicha evaluación.  

Aún cuando difirieron respecto a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, ambos coincidieron que esta elección de magistrados es de suma importancia para continuar la lucha contra la corrupción en el país.

Por último Paul Boteo moderó el segundo debate de la noche entre Phillip Chicola, Jesús María Alvarado y Mario Fuentes Destarac sobre la depuración del sistema de partidos políticos en Guatemala. 

Los panelistas indicaron que lo logrado en el 2015 tiene que ver por el contexto político de la época, lo cual es imposible de replicar hoy en día: “La historia del PP y de Líder es completamente distinta a lo que vemos hoy con el FCN o con la UNE. Ambos partidos en aquellos años ni siquiera pelearon su caso y esto hizo que su proceso de cancelación fuera más rápido.” 

Phillip Chicola explicó que si bien el caso de la UNE por financiamiento electoral ilícito fue presentado en febrero del 2019, el TSE dejó correr a Sandra Torres porque ningún otro partido impugnó su candidatura; “esto demuestra la complicidad que existe en el mismo sistema de partidos políticos.” 

Sin embargo, Fuentes Destarac y Jesús María Alvarado fueron críticos con el TSE por no haber actuado de oficio para iniciar el proceso de cancelación de la UNE: “El TSE tiene toda la facultad para actuar de oficio en la cancelación de un Partido Político cuando éste ha incurrido en ilegalidades, y de forma inexplicable, el TSE no actuó en el caso de la UNE, aún cuando tenía las pruebas para hacerlo.”

Sobre la próxima elección de los magistrados para el TSE, aseguraron que es un reto enorme pues “nadie corta la rama donde se está parado. Es el mismo congreso, conformado por grandes bloques de partidos como la UNE, quien elegirá a los futuros magistrados. (...) hay que trabajar para que el sistema electoral tenga una absoluta neutralidad y que quienes lleguen al TSE no respondan a intereses político partidista”.

Vea el programa completo aquí: 

En su última edición, Revista Summa coloca a Dionisio Gutiérrez como uno de los empresarios con mejor reputación de la región centroamericana.

Ceo’s, gerentes y altos ejecutivos de países de Centroamérica fueron entrevistados por Revista Summa para conocer cuales son las empresas y empresarios mejor valorados en términos de su imagen pública, integridad y apego a las buenas prácticas. 

Dionisio Gutiérrez Mayorga ocupa el primer lugar del ranking de empresarios con mejor reputación en Guatemala, donde también se encuentran líderes como Yolanda de Cofiño y Luis Von Ahn. 

Además de su faceta de empresario, Dionisio Gutiérrez ha sido activista por más de 40 años y desde tribunas como Libre Encuentro, Dimensión y Razón de Estado, ha denunciado la corrupción, el abuso de poder y la captura del Estado de Guatemala por intereses criminales. Eso le ha valido la confrontación con varios gobiernos y líderes políticos. 

Gutiérrez sigue comprometido con el  país y desde la presidencia de Fundación Libertad y Desarrollo, impulsa proyectos que permitan la construcción de un Estado de Derecho y una Democracia Liberal en Guatemala y la región centroamericana. 

Puede ver el reportaje completo aquí, donde encontrará información interesante sobre empresas guatemaltecas y del resto de países centroamericanos: 

Esta semana en Razón de Estado hablamos sobre el proceso de selección de magistrados y los resultados de la lucha contra la corrupción en Guatemala. 

Dionisio Gutiérrez inició el programa de esta semana con un editorial dedicado a la justicia y el Estado de Derecho: “El fundamento de una democracia liberal y republicana lo constituyen partidos políticos fuertes e institucionales, ciudadanos presentes, un sistema electoral cristalino, poderes y cortes independientes, libertad económica y orden fiscal.” 

Aseguró que “existe un intento de consolidación de un Estado criminal en Guatemala” y que lamentablemente “debemos reconocer que no somos una democracia representativa. Somos una democracia de poderes periféricos, algunos de ellos oscuros y criminales; otros que responden solo a intereses económicos, y por eso se proyectan parciales y egoístas.” 

Por último indicó que estos problemas solamente se corrigen “con Estado de Derecho y democracia; y el más absoluto respeto a la independencia de poderes” por lo que el objetivo de los ciudadanos “debe ser vigilar a las comisiones de postulación de Cortes de Justicia y al congreso que las elegirá. La vida civilizada se funda en el derecho. Y como dicen, su fin es que el delito se pague al contado y que la justicia lo cobre pronto. Y esto solo es alcanzable con una simbiosis digna e impecable de las leyes y los jueces.” 

Después Dionisio Gutiérrez entrevistó al economista Fritz Thomas y al columnista Lionel Toriello sobre las fallas que tiene el sistema de justicia guatemalteco y las lecciones que se han obtenido de la lucha contra la corrupción.

Lionel Toriello explicó que “Guatemala tiene problemas por resolver: uno es que una gran parte de la población no se ha incorporado a la vida republicana, otro es que el país no tiene Estado de Derecho y que tenemos un sistema de justicia muy enfermo. (...) Para arreglar esto hay que sacudir el “zapotal” y sacar a esos frutos podridos del sistema de justicia. Los tres organismos del Estado deben sacar a los incompetentes y corruptos y modernizarse para que, cuando alguien cometa un crimen, se detecte, se capture y se procese con eficiencia.” 

Por su parte, Fritz Thomas reflexionó sobre el rol que tuvo CICIG en Guatemala: “Creo que de las principales lecciones que dejó la CICIG en el país es que sí se puede hacer; se puede hacer investigación y juzgar a los culpables. Ahora el problema es ver cómo mantenemos un esfuerzo sostenido y vigoroso sin que se descarrile como le pasó a esta institución.” Pero para esto, agregó, que las élites del país deben enfocarse en el tema de justicia: “La justicia es prioritaria para que camine todo lo demás. Las élites económicas e intelectuales han fallado porque no hay propuestas. No hay suficiente generación de nuevas ideas ni proyectos de ley; y debemos hacer que esto funcione.” 

Ambos coincidieron en que cualquier crisis es una oportunidad. Por lo que la lucha contra la corrupción en Guatemala impulsada en los últimos años le permite a la sociedad “construir un tejido nuevo”. Sin embargo, aseguran que esto solamente se logrará si “se dejan a un lado las diferencias para buscar soluciones de fondo al país.” 

Por último Paul Boteo moderó el debate entre los abogados Andy Javalois y Julio García Merlo y la activista política Andrea Reyes sobre los saldos de la  lucha contra la corrupción y la elección de magistrados para las altas cortes del país. 

Los panelistas expresaron varias veces que “la lucha contra la corrupción sonaba interesante en el 2015 porque era un tema que indignaba a la población en general, pero cuando esa lucha comienza a tocar otras puertas, la cuestión dejó de plantearse interesante y CICIG comenzó a verse como una amenaza.” 

Una de las conclusiones del panel en relación a la elección de magistrados para la CSJ y la Corte de Apelaciones es que “el sistema de elección de las cortes es perverso y fracasado. Mientras la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones no se cambien completamente el sistema no funcionará y hará más difícil continuar con la lucha contra la corrupción. Los nombramientos políticos de jueces deben terminar y para eso debe hacerse un cambio estructural.” 

Vea el programa completo aquí:

 Más una crítica a la figura del antejuicio,  hay que hacer una fuerte reflexión sobre las personas e instancias involucradas en su tramitación que actúan conforme a sus compromisos políticos. 

Un antejuicio supone proteger a los funcionarios públicos de imputaciones falsas y de venganzas políticas o personales, que puedan recibir por decisiones o acciones que su cargo conlleven. Un buen ejemplo de esto son los jueces del sistema de justicia, pero en Guatemala este derecho es inherente a más de  10 cargos públicos. 

Esta semana Jimmy Morales prometió luchar por mantener el derecho de antejuicio que tienen los alcaldes, señalado como una de las reformas constitucionales que promueven CICIG y MP. Las críticas de la ciudadanía explotaron, haciendo énfasis en que ese comentario perpetúa la vieja política y la impunidad que arrastra el país por tanto tiempo. 

Jimmy Morales sigue en campaña politica, ofreciendo que no va quitar el antejuicio a los alcaldes!

— Anthony Rivas (@AnthonyRivasG) 15 de mayo de 2016

Si retrocedemos hace algunos años, el derecho de antejuicio solamente beneficiaba a los diputados, jueces y magistrados por su rol de mediadores de la ley, lo cual podría traer claras represalias hacia su cargo. Bajo esta perspectiva, la inmunidad que reciben estos actores se convierte en una garantía constitucional para que ejecuten su labor sin las amenazas de demandas sin fundamento, impidiéndoles continuar con sus responsabilidades públicas.

Ahora bien el problema ha sido que, con el transcurso del tiempo, cada modificación que recibía la institución del antejuicio consistía en ampliar el número de funcionarios que gozaban de ese derecho. 

 En el 2015, la Corte Suprema de Justicia reportó 632 solicitudes de antejuicios, siendo los alcaldes el grupo mayoritario afectado por denuncias en temas como malversación de fondos, lavado de dinero o abuso de poder; las cuales en su mayoría quedaron sin alguna investigación que verificara los cargos, al no ser admitido el correspondiente antejuicio. 

Lo cierto es que la realidad de nuestro país hace ver que, más una crítica a la figura del antejuicio,  hay que hacer una fuerte reflexión sobre las personas e instancias involucradas en su tramitación que actúan conforme a sus compromisos políticos, haciendo que los casos prosperen o no. De esta forma el antejuicio pasó de ser una garantía constitucional a, muchas veces, una herramienta de impunidad.

El debate sobre si quitar o no la inmunidad a los cargos de alcaldes, gobernadores o diputados del Parlamento Centroamericano, seguirá sobre la mesa  en las reformas a la constitución. Incluso hay quienes creen que el derecho de antejuicio debería de revocarse de cualquier puesto público (incluyendo jueces, presidentes o magistrados), pues tendría que prevalecer el derecho de igualdad ante la ley.

Cualquiera que sea la decisión final, en definitiva pondrá a prueba el sistema de justicia de nuestro país, pues permitiría demostrar a los tribunales y personas involucradas, su apego a la ley   y su capacidad de no ser objeto de manipulaciones que conlleven a más casos de corrupción.