¿Por qué un guatemalteco en Ciudad de Guatemala se atraviesa un semáforo en rojo, conduce por encima del límite de velocidad o deja caer la basura en la calle sin mucha preocupación? ¿por qué un guatemalteco en Los Ángeles o en Chicago no se comporta del mismo modo? La respuesta es sencilla: si un chapín comete esas infracciones en Chicago o Los Ángeles sabe que es altamente probable que lo castiguen.

Esto resume una idea fundamental que planteó el Premio Nobel de Economía, Gary Becker (1930-2014). De acuerdo con el modelo de Becker, un criminal sopesará los “beneficios” de cometer un crimen en función de los costos esperados de su conducta. Dicho esto, ¿cuál es el “costo” de cometer un crimen? El castigo que recibiría el delincuente.

El castigo, sin embargo, depende de dos factores: la probabilidad de que el criminal sea castigado y, en segundo lugar, la severidad del castigo. En Guatemala se estima que la tasa de impunidad alcanza el 97%.

En el modelo de Becker esto explica perfectamente por qué hay altos índices de delincuencia: el costo de cometer un delito en Guatemala es bajísimo. Los delincuentes saben que, casi con total seguridad, saldrán impunes luego de cometer un delito. No interesa que la hipotética pena sea alta porque dado que la probabilidad de recibir un castigo es casi nula.

Por eso la idea de sugerir la pena de muerte como una solución a nuestros problemas es absurda. ¿Cómo resuelve el problema imponer sanciones más severas si la probabilidad de ser castigado sigue siendo baja?

No pretendo convencer a la gente que defiende la pena de muerte en una columna. Lo que sí intento es mostrar que en términos prácticos abrir el debate de la pena de muerte es una pérdida de tiempo. A las personas que defienden la pena de muerte también debería convencerles el argumento: de poco sirve decretar la pena de muerte si la probabilidad de castigo es casi nula.

Por otra parte, aplicar la pena de muerte es inviable por razones legales. Esto lo abordé en esta entrada hace unos años. Lo que debemos hacer es voltear a ver a la solución de fondo: arreglar el sistema de justicia.

De acuerdo con el Global Impunity Index, Guatemala califica como uno de los países con “alta impunidad”, lo cual confirma la tesis de que es la impunidad la causa de nuestros altos índices de violencia y delincuencia. 

No extraña cuando vemos que Guatemala tiene una media de 6 jueces por cada 100,000 habitantes cuando el promedio latinoamericano es de 16 jueces por cada 100,000 habitantes; cuando Guatemala tiene 1.6 defensores públicos por cada 100,000 habitantes. Costa Rica, un país con tasas de delincuencia más bajas tiene 23 jueces por cada 100,000 habitantes y 8 defensores públicos por cada 100,000 habitantes, por ejemplo.

Eso sin entrar a valorar la “calidad” de los operadores de justicia. De acuerdo con el Índice de Competitividad Global que publica el Foro Económico Mundial, Guatemala clasifica en el puesto 100 en términos de independencia judicial. Nuestra calificación es comparable a la de países como Camerún, Mali, Zimbabue o México. 

Así que hago una sugerencia: en lugar de plantear sandeces, exijamos a los diputados que inicien una discusión sobre la necesaria reforma al sistema de justicia. De paso exíjanosles que nombren magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Corte de Apelaciones, ya que no lo han hecho porque pretenden subordinar a los tribunales a sus intereses criminales. Eso sí que nos lleva a la raíz del problema central: la impunidad.

¿Por qué un guatemalteco en Ciudad de Guatemala se atraviesa un semáforo en rojo, conduce por encima del límite de velocidad o deja caer la basura en la calle sin mucha preocupación? ¿por qué un guatemalteco en Los Ángeles o en Chicago no se comporta del mismo modo? La respuesta es sencilla: si un chapín comete esas infracciones en Chicago o Los Ángeles sabe que es altamente probable que lo castiguen.

Esto resume una idea fundamental que planteó el Premio Nobel de Economía, Gary Becker (1930-2014). De acuerdo con el modelo de Becker, un criminal sopesará los “beneficios” de cometer un crimen en función de los costos esperados de su conducta. Dicho esto, ¿cuál es el “costo” de cometer un crimen? El castigo que recibiría el delincuente.

El castigo, sin embargo, depende de dos factores: la probabilidad de que el criminal sea castigado y, en segundo lugar, la severidad del castigo. En Guatemala se estima que la tasa de impunidad alcanza el 97%.

En el modelo de Becker esto explica perfectamente por qué hay altos índices de delincuencia: el costo de cometer un delito en Guatemala es bajísimo. Los delincuentes saben que, casi con total seguridad, saldrán impunes luego de cometer un delito. No interesa que la hipotética pena sea alta porque dado que la probabilidad de recibir un castigo es casi nula.

Por eso la idea de sugerir la pena de muerte como una solución a nuestros problemas es absurda. ¿Cómo resuelve el problema imponer sanciones más severas si la probabilidad de ser castigado sigue siendo baja?

No pretendo convencer a la gente que defiende la pena de muerte en una columna. Lo que sí intento es mostrar que en términos prácticos abrir el debate de la pena de muerte es una pérdida de tiempo. A las personas que defienden la pena de muerte también debería convencerles el argumento: de poco sirve decretar la pena de muerte si la probabilidad de castigo es casi nula.

Por otra parte, aplicar la pena de muerte es inviable por razones legales. Esto lo abordé en esta entrada hace unos años. Lo que debemos hacer es voltear a ver a la solución de fondo: arreglar el sistema de justicia.

De acuerdo con el Global Impunity Index, Guatemala califica como uno de los países con “alta impunidad”, lo cual confirma la tesis de que es la impunidad la causa de nuestros altos índices de violencia y delincuencia. 

No extraña cuando vemos que Guatemala tiene una media de 6 jueces por cada 100,000 habitantes cuando el promedio latinoamericano es de 16 jueces por cada 100,000 habitantes; cuando Guatemala tiene 1.6 defensores públicos por cada 100,000 habitantes. Costa Rica, un país con tasas de delincuencia más bajas tiene 23 jueces por cada 100,000 habitantes y 8 defensores públicos por cada 100,000 habitantes, por ejemplo.

Eso sin entrar a valorar la “calidad” de los operadores de justicia. De acuerdo con el Índice de Competitividad Global que publica el Foro Económico Mundial, Guatemala clasifica en el puesto 100 en términos de independencia judicial. Nuestra calificación es comparable a la de países como Camerún, Mali, Zimbabue o México. 

Así que hago una sugerencia: en lugar de plantear sandeces, exijamos a los diputados que inicien una discusión sobre la necesaria reforma al sistema de justicia. De paso exíjanosles que nombren magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Corte de Apelaciones, ya que no lo han hecho porque pretenden subordinar a los tribunales a sus intereses criminales. Eso sí que nos lleva a la raíz del problema central: la impunidad.

¿Por qué es importante aceptar la realidad  sobre la economía guatemalteca? Porque sólo si comprendemos la magnitud del drama y el sufrimiento de millones de personas en este país, tendremos el sentido de urgencia para hacer los cambios institucionales profundos que nos permitirían crecer económicamente y dejar atrás el subdesarrollo.

No cabe duda que Guatemala tiene potencial de crecer económicamente. Nuestra ubicación geográfica, con conexiones al Pacífico y el Atlántico, y con la cercanía al mercado más grande del mundo (Estados Unidos) sin duda nos brinda ventajas que otros países  envidiarían. Nuestro clima agradable los 12 meses del año, nuestra gente “chambeadora”, nuestras riquezas naturales y arqueológicas nos podrían convertir en la potencia del turismo centroamericano. Todo esto es cierto y podríamos repetirlo hasta la saciedad, pero la pregunta de fondo debe ser ¿por qué a pesar de ese “potencial”, llevamos 200 años de subdesarrollo económico y social? ¿Por qué no hemos logrado alcanzar el mismo nivel de desarrollo que Chile o Uruguay; o mejor aún por qué no logramos  convertirnos en un país desarrollado?

Guatemala ha hecho avances en las últimas décadas, no cabe la menor duda,  pero hay dos aspectos que no debemos perder de vista. Lo primero es que gran parte de la “reconfiguración” que vemos en el interior se debe a los más de $100,000 millones de remesas que ha recibido el país desde el 2002. Es innegable que esto ha ayudado a millones de guatemaltecos a tener una mejor vivienda, alimentar mejor a sus hijos y enviarlos a la escuela, lo cual ha repercutido en mejores indicadores para el país. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál sería el panorama para Guatemala sin ese flujo constante y creciente de remesas? ¿Qué crisis políticas, económicas y sociales estaríamos enfrentando sin el trabajo de más 2 millones de guatemaltecos en Estados Unidos? Y más aún, ¿cuál es el mérito de que el principal motor de una economía sean las personas que tuvieron que ir a una especie de “exilio” porque no pudieron encontrar empleo en su país de origen?

Y el siguiente punto que tenemos que enfatizar es que los cambios que ha experimentado el país en las últimas dos décadas suceden a un ritmo demasiado lento. Si decidimos dejarnos “llevar por la inercia” de los últimos veinte o treinta años, podríamos quedarnos atrapados  en el subdesarrollo un siglo más. Hay que decirlo, nuestro ritmo de crecimiento económico no nos convierte en una economía dinámica que nos augura llegar al desarrollo en la próxima década, ni siquiera en los próximos 20 o 30 años. ¿Por qué tendríamos que estar conformes y ser autocomplacientes con este ritmo de crecimiento? ¿Por qué nos tenemos que “felicitar” por ser una economía mediocre?

Hay personas que les gusta ver el “vaso medio lleno”, pero el problema con este tipo narrativa es que no nos llevan a nada, más que a la autocomplacencia. Y además son terriblemente insensibles con el 50% de la población que viven en la pobreza desde hace décadas ¿Cómo explicarle a un niño que sufre desnutrición crónica y no asiste a la escuela que debe estar optimista de que talvez sus bisnietos logren superar la pobreza, porque este país no es capaz de despegar económicamente? Este no es un país de oportunidades laborales, este no es un país de alto crecimiento económico, este no es un país que permita la movilidad social, este no es un país que permita el “sueño guatemalteco”.

La evidencia de nuestro fracaso como país es que cada año miles de guatemaltecos intentan dejar esta “economía con gran potencial” porque no encuentran trabajo o porque tienen que salir huyendo por amenazas a su seguridad. Un país exitoso es el que recibe migrantes, no el que expulsa a una proporción importante de su población.

¿Por qué es importante aceptar la realidad  sobre la economía guatemalteca? Porque sólo si comprendemos la magnitud del drama y el sufrimiento de millones de personas en este país, tendremos el sentido de urgencia para hacer los cambios institucionales profundos que nos permitirían crecer económicamente y dejar atrás el subdesarrollo. Por el contrario, la autocomplacencia nos hace creer que “todo está bien” y que solo se necesitan cambios cosméticos.

El problema de Guatemala es que sus instituciones han sido cooptadas por la corrupción, la impunidad y ahora por el narcotráfico. Y el riesgo de un mayor deterioro es evidente  y nos podría llevar a escenarios bastante complicados de los que sería muy difícil salir.

Hace unos años, muchos estaban contentos con el “desempeño económico” de Nicaragua. Era el “ejemplo” de la región. Hoy ese país vive unos de los períodos más oscuros de su historia y casi ninguna empresa quiere llegar a invertir allí. Ojalá que en Guatemala no nos estemos lamentando en unos años por nuestra negligencia y miopía.

Dejemos de celebrar la mediocridad y exijamos los cambios que necesita el Estado de Guatemala.

¿Por qué es importante aceptar la realidad  sobre la economía guatemalteca? Porque sólo si comprendemos la magnitud del drama y el sufrimiento de millones de personas en este país, tendremos el sentido de urgencia para hacer los cambios institucionales profundos que nos permitirían crecer económicamente y dejar atrás el subdesarrollo.

No cabe duda que Guatemala tiene potencial de crecer económicamente. Nuestra ubicación geográfica, con conexiones al Pacífico y el Atlántico, y con la cercanía al mercado más grande del mundo (Estados Unidos) sin duda nos brinda ventajas que otros países  envidiarían. Nuestro clima agradable los 12 meses del año, nuestra gente “chambeadora”, nuestras riquezas naturales y arqueológicas nos podrían convertir en la potencia del turismo centroamericano. Todo esto es cierto y podríamos repetirlo hasta la saciedad, pero la pregunta de fondo debe ser ¿por qué a pesar de ese “potencial”, llevamos 200 años de subdesarrollo económico y social? ¿Por qué no hemos logrado alcanzar el mismo nivel de desarrollo que Chile o Uruguay; o mejor aún por qué no logramos  convertirnos en un país desarrollado?

Guatemala ha hecho avances en las últimas décadas, no cabe la menor duda,  pero hay dos aspectos que no debemos perder de vista. Lo primero es que gran parte de la “reconfiguración” que vemos en el interior se debe a los más de $100,000 millones de remesas que ha recibido el país desde el 2002. Es innegable que esto ha ayudado a millones de guatemaltecos a tener una mejor vivienda, alimentar mejor a sus hijos y enviarlos a la escuela, lo cual ha repercutido en mejores indicadores para el país. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál sería el panorama para Guatemala sin ese flujo constante y creciente de remesas? ¿Qué crisis políticas, económicas y sociales estaríamos enfrentando sin el trabajo de más 2 millones de guatemaltecos en Estados Unidos? Y más aún, ¿cuál es el mérito de que el principal motor de una economía sean las personas que tuvieron que ir a una especie de “exilio” porque no pudieron encontrar empleo en su país de origen?

Y el siguiente punto que tenemos que enfatizar es que los cambios que ha experimentado el país en las últimas dos décadas suceden a un ritmo demasiado lento. Si decidimos dejarnos “llevar por la inercia” de los últimos veinte o treinta años, podríamos quedarnos atrapados  en el subdesarrollo un siglo más. Hay que decirlo, nuestro ritmo de crecimiento económico no nos convierte en una economía dinámica que nos augura llegar al desarrollo en la próxima década, ni siquiera en los próximos 20 o 30 años. ¿Por qué tendríamos que estar conformes y ser autocomplacientes con este ritmo de crecimiento? ¿Por qué nos tenemos que “felicitar” por ser una economía mediocre?

Hay personas que les gusta ver el “vaso medio lleno”, pero el problema con este tipo narrativa es que no nos llevan a nada, más que a la autocomplacencia. Y además son terriblemente insensibles con el 50% de la población que viven en la pobreza desde hace décadas ¿Cómo explicarle a un niño que sufre desnutrición crónica y no asiste a la escuela que debe estar optimista de que talvez sus bisnietos logren superar la pobreza, porque este país no es capaz de despegar económicamente? Este no es un país de oportunidades laborales, este no es un país de alto crecimiento económico, este no es un país que permita la movilidad social, este no es un país que permita el “sueño guatemalteco”.

La evidencia de nuestro fracaso como país es que cada año miles de guatemaltecos intentan dejar esta “economía con gran potencial” porque no encuentran trabajo o porque tienen que salir huyendo por amenazas a su seguridad. Un país exitoso es el que recibe migrantes, no el que expulsa a una proporción importante de su población.

¿Por qué es importante aceptar la realidad  sobre la economía guatemalteca? Porque sólo si comprendemos la magnitud del drama y el sufrimiento de millones de personas en este país, tendremos el sentido de urgencia para hacer los cambios institucionales profundos que nos permitirían crecer económicamente y dejar atrás el subdesarrollo. Por el contrario, la autocomplacencia nos hace creer que “todo está bien” y que solo se necesitan cambios cosméticos.

El problema de Guatemala es que sus instituciones han sido cooptadas por la corrupción, la impunidad y ahora por el narcotráfico. Y el riesgo de un mayor deterioro es evidente  y nos podría llevar a escenarios bastante complicados de los que sería muy difícil salir.

Hace unos años, muchos estaban contentos con el “desempeño económico” de Nicaragua. Era el “ejemplo” de la región. Hoy ese país vive unos de los períodos más oscuros de su historia y casi ninguna empresa quiere llegar a invertir allí. Ojalá que en Guatemala no nos estemos lamentando en unos años por nuestra negligencia y miopía.

Dejemos de celebrar la mediocridad y exijamos los cambios que necesita el Estado de Guatemala.

Los políticos latinoamericanos se “venezolanizan” a pasos recargados. El problema es cuánto más va a durar la olla de presión calentándose antes de que nos estalle en la cara.

Alguna vez circuló en redes sociales, y en algunas pintas de la calle, un mensaje que rezaba más o menos así: “1984 es una novela, no un manual de instrucciones”. Y por más ingenioso y forzado que a algunos les suene, pareciera esconder una irrefutable verdad.

De hecho, hace días The Economist Intelligence Unit presentó su acostumbrado índice global de democracia para el año 2020 y los resultados no fueron alentadores. La democracia ha declinado en prácticamente todo el mundo. La encuesta anual, que califica el estado de la democracia en 167 países según cinco parámetros: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política democrática y libertades civiles; encuentra que solo el 8.4% de la población mundial vive en un democracia plena, mientras que más de un tercio vive bajo alguna variante de régimen autoritario.

En América Latina, los países peor rankeados en el índice global de democracia son obviamente Venezuela (143), Cuba (140) y Nicaragua (120); a los que le siguen Haití (106), Guatemala (97), Bolivia (94), Honduras (88) y El Salvador (77).

De acuerdo al informe, existe una tendencia de retroceso democrático en la región durante la última década, básicamente debido al aumento de las prácticas antidemocráticas en Bolivia y Centroamérica y al creciente autoritarismo en Venezuela y Nicaragua. Esta tendencia pareciera no ir a la baja, sino más bien expandirse ya que, de hecho, en 2020 El Salvador pasó de ser una “democracia defectuosa” a un “régimen híbrido”. Es evidente el deterioro de la región se focaliza principalmente en dos áreas: Proceso electoral y pluralismo y Libertades civiles. En el informe también se señala que:

“El desempeño en términos del funcionamiento de la categoría de gobierno también ha sido pobre, ya que si bien la región ha luchado para abordar los altos niveles de corrupción y violencia; la gobernanza ineficaz ha incrementado la insatisfacción, socavando la confianza en las instituciones políticas y la percepción de la democracia” [traducción propia] (pág. 37)

Fuente: The Economist Intelligence Unit

Los latinoamericanos ven diluidas sus probabilidades de prosperar y han perdido la confianza en las instituciones y en la clase política, lo cual les vuelve proclives a inclinarse por opciones populistas radicales e identitarias, como ha sido el caso de Ecuador con los resultados de su primera vuelta electoral este pasado 7 de febrero. Esta desconfianza se ve alimentada por la penetración cada vez más fuerte y escandalosa de la corrupción, el crimen organizado (y en algunos países, el narcotráfico) en la política.

Mientras este declive ocurre frente a nuestros ojos, la clase política de muchos países de la región pareciera cada vez más segura de que tendrá completa impunidad en su colusión con estas fuerzas emergentes del crimen organizado y no demuestra ningún tipo de temor frente a las posibles represalias y sanciones que pueden tomar contra ellos países como Estados Unidos. En ese sentido, la administración de Joe Biden ha prometido retomar la agenda de fortalecimiento del Estado de derecho y de lucha contra la corrupción, contrario a Trump, quien básicamente “dejó en paz” a muchos gobiernos latinoamericanos en la medida de que no permitieran que sus migrantes ingresaran a los Estados Unidos.

Esa exhibición de descaro que en otros años no veíamos en la clase política latinoamericana, tanto de derecha como de izquierda, recuerda más bien a la desfachatez de regímenes como el chavismo en Venezuela.

Por ejemplo, cuando en 2012, Hugo Chávez anunció que Venezuela abandonaría el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el estupor en la comunidad internacional fue contundente. Hoy en día, esta misma intención es una bandera política en varios países que, apelando a un discurso de “soberanía”, buscan eludir cualquier tipo de control y nadie parece inmutarse. Otro ejemplo pintoresco es que hace meses la hija de una ex diputada guatemalteca declaró “No me preocupa, existen otros países”, tras habérsele retirado la visa y prohibido la entrada a los Estados Unidos por actos de corrupción. Tal descaro no puede sino traer a la memoria a un Maduro en 2017 condecorando a los funcionarios de su régimen sancionados por Washington.

Como vemos, los políticos latinoamericanos se “venezolanizan” a pasos recargados. El problema es cuánto más va a durar la olla de presión calentándose antes de que nos estalle en la cara.

Los políticos latinoamericanos se “venezolanizan” a pasos recargados. El problema es cuánto más va a durar la olla de presión calentándose antes de que nos estalle en la cara.

Alguna vez circuló en redes sociales, y en algunas pintas de la calle, un mensaje que rezaba más o menos así: “1984 es una novela, no un manual de instrucciones”. Y por más ingenioso y forzado que a algunos les suene, pareciera esconder una irrefutable verdad.

De hecho, hace días The Economist Intelligence Unit presentó su acostumbrado índice global de democracia para el año 2020 y los resultados no fueron alentadores. La democracia ha declinado en prácticamente todo el mundo. La encuesta anual, que califica el estado de la democracia en 167 países según cinco parámetros: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política democrática y libertades civiles; encuentra que solo el 8.4% de la población mundial vive en un democracia plena, mientras que más de un tercio vive bajo alguna variante de régimen autoritario.

En América Latina, los países peor rankeados en el índice global de democracia son obviamente Venezuela (143), Cuba (140) y Nicaragua (120); a los que le siguen Haití (106), Guatemala (97), Bolivia (94), Honduras (88) y El Salvador (77).

De acuerdo al informe, existe una tendencia de retroceso democrático en la región durante la última década, básicamente debido al aumento de las prácticas antidemocráticas en Bolivia y Centroamérica y al creciente autoritarismo en Venezuela y Nicaragua. Esta tendencia pareciera no ir a la baja, sino más bien expandirse ya que, de hecho, en 2020 El Salvador pasó de ser una “democracia defectuosa” a un “régimen híbrido”. Es evidente el deterioro de la región se focaliza principalmente en dos áreas: Proceso electoral y pluralismo y Libertades civiles. En el informe también se señala que:

“El desempeño en términos del funcionamiento de la categoría de gobierno también ha sido pobre, ya que si bien la región ha luchado para abordar los altos niveles de corrupción y violencia; la gobernanza ineficaz ha incrementado la insatisfacción, socavando la confianza en las instituciones políticas y la percepción de la democracia” [traducción propia] (pág. 37)

Fuente: The Economist Intelligence Unit

Los latinoamericanos ven diluidas sus probabilidades de prosperar y han perdido la confianza en las instituciones y en la clase política, lo cual les vuelve proclives a inclinarse por opciones populistas radicales e identitarias, como ha sido el caso de Ecuador con los resultados de su primera vuelta electoral este pasado 7 de febrero. Esta desconfianza se ve alimentada por la penetración cada vez más fuerte y escandalosa de la corrupción, el crimen organizado (y en algunos países, el narcotráfico) en la política.

Mientras este declive ocurre frente a nuestros ojos, la clase política de muchos países de la región pareciera cada vez más segura de que tendrá completa impunidad en su colusión con estas fuerzas emergentes del crimen organizado y no demuestra ningún tipo de temor frente a las posibles represalias y sanciones que pueden tomar contra ellos países como Estados Unidos. En ese sentido, la administración de Joe Biden ha prometido retomar la agenda de fortalecimiento del Estado de derecho y de lucha contra la corrupción, contrario a Trump, quien básicamente “dejó en paz” a muchos gobiernos latinoamericanos en la medida de que no permitieran que sus migrantes ingresaran a los Estados Unidos.

Esa exhibición de descaro que en otros años no veíamos en la clase política latinoamericana, tanto de derecha como de izquierda, recuerda más bien a la desfachatez de regímenes como el chavismo en Venezuela.

Por ejemplo, cuando en 2012, Hugo Chávez anunció que Venezuela abandonaría el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el estupor en la comunidad internacional fue contundente. Hoy en día, esta misma intención es una bandera política en varios países que, apelando a un discurso de “soberanía”, buscan eludir cualquier tipo de control y nadie parece inmutarse. Otro ejemplo pintoresco es que hace meses la hija de una ex diputada guatemalteca declaró “No me preocupa, existen otros países”, tras habérsele retirado la visa y prohibido la entrada a los Estados Unidos por actos de corrupción. Tal descaro no puede sino traer a la memoria a un Maduro en 2017 condecorando a los funcionarios de su régimen sancionados por Washington.

Como vemos, los políticos latinoamericanos se “venezolanizan” a pasos recargados. El problema es cuánto más va a durar la olla de presión calentándose antes de que nos estalle en la cara.

Y al mismo tiempo, se come el alimento de los demás

En 2015, en su informe sobre el financiamiento de la política, CICIG cuantificó -por primera vez- los aportes relativos a las campañas electorales por tipo de capital. A raíz de ello, durante años hemos repetido hasta la saciedad que el 50% del financiamiento partidario proviene de la corrupción; 25% del narcotráfico y del crimen organizado; y tan sólo la cuarta parte restante de financistas privados con origen legítimo.

Al no contar con estimaciones similares para los años de la apertura democrática o de finales del siglo XX, es imposible hacer las comparaciones del caso. Sin embargo, el secreto a sotto voce es que con el paso de los años, los capitales emergentes vinculados a la corrupción y el crimen organizado han tomado por asalto al sistema. Y si bien hasta ahora se ha hablado de coexistencia al definir la relación entre los intereses tradicionales y los emergentes, la realidad es que cada día resulta más notorio el desplazamiento de los primeros a manos de los segundos.

Hagamos un repaso de Ciencia Política 101: Como en cualquier democracia republicana y poliárquica, los sistemas políticos responden a las demandas. Actores organizados, con recursos y poder, tienen más capacidad de incidencia en la toma de decisiones públicas. Eso pasa en todo el mundo, hasta en las mejores democracias. Esas demandas se traducen en outputs del sistema: leyes, políticas públicas, regulaciones más benignas, programas gubernamentales, etc.

Lo que la teoría no me dice es qué ocurre cuando un sistema deja de responder las demandas de actores con intereses legítimos (o por lo menos lícitos) y por el contrario, atiende a una nueva casta de intereses emergentes, vinculados ahora con actuaciones ilícitas, corruptas o abiertamente criminales.

La respuesta es sencilla: ocurre un Guatemala. Es decir, un sistema donde año con año se alimenta las válvulas de la corrupción. El abortado presupuesto 2021 era quizá un fiel ejemplo de ello. La construcción de obra gris, el sistema de consejos de desarrollo, los mismos gastos operativos del Congreso recibían incrementos presupuestarios. Mientras que para el combate a la desnutrición, los hospitales o la misma seguridad pública, el presupuesto se mantenía congelado, o peor aún, decrecía.

Sin necesidad de lecturas muy finas, lo ocurrido en noviembre 2021, no fue más el sistema respondiendo a sus patrocinadores: nutriendo las fuentes de donde brota el 50% del financiamiento partidario.

El 25% proveniente del narcotráfico es retribuido por otros caminos. Nombramientos ad hoc en puestos clave en puertos, instituciones de seguridad y justicia; cuotas de poder en la Junta Directiva del Congreso o en Comisiones legislativas relacionadas con la seguridad nacional. Al final no olvidemos que a diferencia del capital emergente de la corrupción que necesita de la acción del Estado para alimentar sus bolsillos, el crimen organizado únicamente requiere de laissez faire y un Estado que voltee a ver a otro lado.

¿Dónde queda el restante 25%? Sencillo. Esperando cruzado de brazos a que le aprueben la Ley de Infraestructura, o el paquete de reactivación económica, o la Ley de Zonas Francas, etcétera y un largo etcétera. Y la espera ha sido eterna. De años en algunos casos. Porque el sistema simplemente ya no responde a estos intereses.

Así la historia del animal que no sólo se alimenta a sí mismo. Peor aún, dado que los recursos de poder son finitos, desplaza a los intereses tradicionales como recipiendarios de los outputs públicos. De ahí entonces que el interés del cambio ya no sólo es ético o idealista; debe ser un plan de pura supervivencia.

Y al mismo tiempo, se come el alimento de los demás

En 2015, en su informe sobre el financiamiento de la política, CICIG cuantificó -por primera vez- los aportes relativos a las campañas electorales por tipo de capital. A raíz de ello, durante años hemos repetido hasta la saciedad que el 50% del financiamiento partidario proviene de la corrupción; 25% del narcotráfico y del crimen organizado; y tan sólo la cuarta parte restante de financistas privados con origen legítimo.

Al no contar con estimaciones similares para los años de la apertura democrática o de finales del siglo XX, es imposible hacer las comparaciones del caso. Sin embargo, el secreto a sotto voce es que con el paso de los años, los capitales emergentes vinculados a la corrupción y el crimen organizado han tomado por asalto al sistema. Y si bien hasta ahora se ha hablado de coexistencia al definir la relación entre los intereses tradicionales y los emergentes, la realidad es que cada día resulta más notorio el desplazamiento de los primeros a manos de los segundos.

Hagamos un repaso de Ciencia Política 101: Como en cualquier democracia republicana y poliárquica, los sistemas políticos responden a las demandas. Actores organizados, con recursos y poder, tienen más capacidad de incidencia en la toma de decisiones públicas. Eso pasa en todo el mundo, hasta en las mejores democracias. Esas demandas se traducen en outputs del sistema: leyes, políticas públicas, regulaciones más benignas, programas gubernamentales, etc.

Lo que la teoría no me dice es qué ocurre cuando un sistema deja de responder las demandas de actores con intereses legítimos (o por lo menos lícitos) y por el contrario, atiende a una nueva casta de intereses emergentes, vinculados ahora con actuaciones ilícitas, corruptas o abiertamente criminales.

La respuesta es sencilla: ocurre un Guatemala. Es decir, un sistema donde año con año se alimenta las válvulas de la corrupción. El abortado presupuesto 2021 era quizá un fiel ejemplo de ello. La construcción de obra gris, el sistema de consejos de desarrollo, los mismos gastos operativos del Congreso recibían incrementos presupuestarios. Mientras que para el combate a la desnutrición, los hospitales o la misma seguridad pública, el presupuesto se mantenía congelado, o peor aún, decrecía.

Sin necesidad de lecturas muy finas, lo ocurrido en noviembre 2021, no fue más el sistema respondiendo a sus patrocinadores: nutriendo las fuentes de donde brota el 50% del financiamiento partidario.

El 25% proveniente del narcotráfico es retribuido por otros caminos. Nombramientos ad hoc en puestos clave en puertos, instituciones de seguridad y justicia; cuotas de poder en la Junta Directiva del Congreso o en Comisiones legislativas relacionadas con la seguridad nacional. Al final no olvidemos que a diferencia del capital emergente de la corrupción que necesita de la acción del Estado para alimentar sus bolsillos, el crimen organizado únicamente requiere de laissez faire y un Estado que voltee a ver a otro lado.

¿Dónde queda el restante 25%? Sencillo. Esperando cruzado de brazos a que le aprueben la Ley de Infraestructura, o el paquete de reactivación económica, o la Ley de Zonas Francas, etcétera y un largo etcétera. Y la espera ha sido eterna. De años en algunos casos. Porque el sistema simplemente ya no responde a estos intereses.

Así la historia del animal que no sólo se alimenta a sí mismo. Peor aún, dado que los recursos de poder son finitos, desplaza a los intereses tradicionales como recipiendarios de los outputs públicos. De ahí entonces que el interés del cambio ya no sólo es ético o idealista; debe ser un plan de pura supervivencia.

Entre el sentido de urgencia y la desesperación

Desde hace semanas, el Pacto de Corruptos ha dejado de lado las formas. La prisa y el sentido de urgencia revela que detrás hay también un poco de desesperación. La razón es sencilla: juegan contra el reloj de una burocracia norteamericana en reorganización tras el interregnum Trump.

Los eventos de los últimos días reflejan el “estira y encoge” de ese pulso entre una mafia desenfrenada y un poder geopolítico en proceso de reconstruir espacios de influencia y poder real.

Entre 2018 y 2020, el Pacto de Corruptos dejó de temer al poder norteamericano. Entre una Casa Blanca menos comprometida con la agenda anti-corrupción, el apoyo local a las políticas irracionales de Trump, junto al lobby con congresistas conservadores, la capacidad de poder real de la Embajada Americana en Guatemala quedó atada de manos y gradualmente se erosionó. Los mensajes de altos funcionarios del State, los comunicados oficiales o las solicitudes formales e informales caían en oídos sordos. Para muestra, las reiteradas solicitudes al Congreso para elegir cortes nunca fueron atendidas por el poder político local. Incluso, llegamos al extremo de ver a una designada Delia Back responder despreocupada que “hay otros países que visitar”, luego que le revocaran el privilegio de poder visitar a Mickey Mouse.

Sin embargo, en el radar de las mafias, el 20 de enero constituía un punto de inflexión. Entre el Presidente que mejor conoce la realidad centroamericana y la llegada de Juan González al Consejo de Seguridad Nacional, era esperable que el poder del coloso americano volviera a hacerse presente en la región. Bueno, sin olvidar tampoco que para algunos actores locales, el haber jugado abiertamente política partidaria en Washington entre 2017 y 2020 acarreará otros costos en el futuro.

Por eso la urgencia de tomar control de la Corte de Constitucionalidad a la brevedad. Mynor Moto, electo por el CANG a base de financiamiento opaco, clientelismo y acarreo, es el peso que mueve la balanza en el tribunal constitucional. Con una correlación “más amigable” en CC, los órganos electores tendrían carta blanca para designar impresentables al tribunal constitucional para el período 2021-2026. Capturando la CC, la mafia política, patrimonialista y cleptocrática podría elegir cortes a su sabor y antojo, anular casos penales de alto impacto y, finalmente, poner los últimos clavos al ataúd de la lucha contra la corrupción

De ahí se entiende entonces la necesidad de apresurar la juramentación y toma de posesión de Moto.

Para ello, recurrieron a algunos viejos confiables. Una Sala de Apelaciones integrada por el Magistrado Wilber Castellanos, bajo antejuicio por el caso Comisiones Paralelas II; y por el Magistrado Suplente, César Najarro. Este último, por cierto, ha participado de otras resoluciones descaradas: El 31 de diciembre, resolvió anular el caso contra Armando Escribá, ex diputado y protagonista del saqueo sistemático a COVIAL durante la última década; y recién el viernes, anuló el Caso Fénix, donde se procesaba a Gustavo Herrera, procesado por el desfalco de Q300 millones en el IGSS y conocido operador para capturar cortes.

Por si fuera poco, el mismo Congreso donde las leyes de reactivación económica están estancadas, procedió a juramentar a Moto en cuestión de minutos, evidenciando así la burda operación política.

Sin embargo, a diferencia de la gestión republicana, la reacción del coloso americano se hizo sentir. Entre comunicaciones de Departamento de Estado y una aguda entrevista de González, quedó muy claro que Washington no quiere a Moto en el máximo tribunal constitucional.

Y no es para menos. En casos de corrupción, Moto ha beneficiado a personajes como José Luis Benito, a la exdiputada Mirza Arreaga, además de anular el caso Botín Bufete de la Impunidad. O qué decir de su esfuerzo por hacerse del control del caso Comisiones Paralelas II, por el cual hoy pesa una orden de captura en su contra. Pero también para los pelos algunas de sus resoluciones en causas de narcotráfico, específicamente beneficios otorgados a miembros de la banda de Marvin Alvaro, alias Stuart (en proceso de extradición) y otro caso de una narco-avioneta en la costa sur.

Estados Unidos ha dejado claro que quiere una CC independiente. Y en días recientes, ha decidido mostrar nuevamente el músculo del poder. La pregunta es si aún dará tiempo para revertir la estrategia de una mafia desesperada por terminar de consolidar el reino de la eterna corrupción e impunidad.

Entre el sentido de urgencia y la desesperación

Desde hace semanas, el Pacto de Corruptos ha dejado de lado las formas. La prisa y el sentido de urgencia revela que detrás hay también un poco de desesperación. La razón es sencilla: juegan contra el reloj de una burocracia norteamericana en reorganización tras el interregnum Trump.

Los eventos de los últimos días reflejan el “estira y encoge” de ese pulso entre una mafia desenfrenada y un poder geopolítico en proceso de reconstruir espacios de influencia y poder real.

Entre 2018 y 2020, el Pacto de Corruptos dejó de temer al poder norteamericano. Entre una Casa Blanca menos comprometida con la agenda anti-corrupción, el apoyo local a las políticas irracionales de Trump, junto al lobby con congresistas conservadores, la capacidad de poder real de la Embajada Americana en Guatemala quedó atada de manos y gradualmente se erosionó. Los mensajes de altos funcionarios del State, los comunicados oficiales o las solicitudes formales e informales caían en oídos sordos. Para muestra, las reiteradas solicitudes al Congreso para elegir cortes nunca fueron atendidas por el poder político local. Incluso, llegamos al extremo de ver a una designada Delia Back responder despreocupada que “hay otros países que visitar”, luego que le revocaran el privilegio de poder visitar a Mickey Mouse.

Sin embargo, en el radar de las mafias, el 20 de enero constituía un punto de inflexión. Entre el Presidente que mejor conoce la realidad centroamericana y la llegada de Juan González al Consejo de Seguridad Nacional, era esperable que el poder del coloso americano volviera a hacerse presente en la región. Bueno, sin olvidar tampoco que para algunos actores locales, el haber jugado abiertamente política partidaria en Washington entre 2017 y 2020 acarreará otros costos en el futuro.

Por eso la urgencia de tomar control de la Corte de Constitucionalidad a la brevedad. Mynor Moto, electo por el CANG a base de financiamiento opaco, clientelismo y acarreo, es el peso que mueve la balanza en el tribunal constitucional. Con una correlación “más amigable” en CC, los órganos electores tendrían carta blanca para designar impresentables al tribunal constitucional para el período 2021-2026. Capturando la CC, la mafia política, patrimonialista y cleptocrática podría elegir cortes a su sabor y antojo, anular casos penales de alto impacto y, finalmente, poner los últimos clavos al ataúd de la lucha contra la corrupción

De ahí se entiende entonces la necesidad de apresurar la juramentación y toma de posesión de Moto.

Para ello, recurrieron a algunos viejos confiables. Una Sala de Apelaciones integrada por el Magistrado Wilber Castellanos, bajo antejuicio por el caso Comisiones Paralelas II; y por el Magistrado Suplente, César Najarro. Este último, por cierto, ha participado de otras resoluciones descaradas: El 31 de diciembre, resolvió anular el caso contra Armando Escribá, ex diputado y protagonista del saqueo sistemático a COVIAL durante la última década; y recién el viernes, anuló el Caso Fénix, donde se procesaba a Gustavo Herrera, procesado por el desfalco de Q300 millones en el IGSS y conocido operador para capturar cortes.

Por si fuera poco, el mismo Congreso donde las leyes de reactivación económica están estancadas, procedió a juramentar a Moto en cuestión de minutos, evidenciando así la burda operación política.

Sin embargo, a diferencia de la gestión republicana, la reacción del coloso americano se hizo sentir. Entre comunicaciones de Departamento de Estado y una aguda entrevista de González, quedó muy claro que Washington no quiere a Moto en el máximo tribunal constitucional.

Y no es para menos. En casos de corrupción, Moto ha beneficiado a personajes como José Luis Benito, a la exdiputada Mirza Arreaga, además de anular el caso Botín Bufete de la Impunidad. O qué decir de su esfuerzo por hacerse del control del caso Comisiones Paralelas II, por el cual hoy pesa una orden de captura en su contra. Pero también para los pelos algunas de sus resoluciones en causas de narcotráfico, específicamente beneficios otorgados a miembros de la banda de Marvin Alvaro, alias Stuart (en proceso de extradición) y otro caso de una narco-avioneta en la costa sur.

Estados Unidos ha dejado claro que quiere una CC independiente. Y en días recientes, ha decidido mostrar nuevamente el músculo del poder. La pregunta es si aún dará tiempo para revertir la estrategia de una mafia desesperada por terminar de consolidar el reino de la eterna corrupción e impunidad.