En 1997, Revista M publica una nota sobre Dionisio Gutiérrez y sus esfuerzos cívicos por Guatemala.

Dionisio Gutiérrez es descrito como un empresario poco convencional, una persona muy familiar y con una trayectoria cívica al servicio de su país. Sobre la realidad política y social de Guatemala, Dionisio mencionó que "demandan un pueblo dinámico, activo y exigente". Su programa, Libre Encuentro, le permitió ser crítico ante esta realidad y brindar su aporte personal en la búsqueda de una nación  diferente. 

Los invitamos a leer la nota completa publicada por Revista M, de Saúl E. Méndez, en abril de 1997: 

 La revista Visión publicó un artículo en 1996 sobre Dionisio Gutiérrez y el programa político por excelencia de la época, Libre Encuentro.  

En 1996, Libre Encuentro tenía cinco años de estar al aire. Fue un programa crítico, donde diversas personalidades guatemaltecas participaron en debates sobre temas de importancia nacional.  En poco tiempo se convirtió en el programa político por excelencia, no solo por su lucha constante contra la corrupción, sino por el aporte académico que daba a la sociedad guatemalteca. La apertura total con absoluta libertad de expresión, le valió la credibilidad al espacio que Dionisio Gutiérrez fundó en el año 1991. 

Los invitamos a leer un artículo que la revista Visión publicó sobre la trayectoria de Dionisio Gutiérrez y el emblemático programa Libre Encuentro: 

 Entrevista realizada a Dionisio Gutiérrez en el 2005 en donde expresa sus opiniones sobre la situación de Guatemala. 

En el 2005, Nuestro Diario le realizó una entrevista a Dionisio Gutiérrez donde comparte sus gustos personales, su labor en los negocios familiares, pero sobre todo su preocupación por el desarrollo político de Guatemala. 

En la entrevista, Dionisio expresó que a pesar de no tener interés de participar en la política partidista, ha asumido como una responsabilidad brindar aportes a la vida cívica del país. Además se descubren aspectos personales como su admiración por los presidentes Juan José Arévalo y Ramiro de León Carpio. Y al preguntarle sobre los problemas del país, compartió que existe una necesidad de crear políticas que resuelvan la pobreza, violencia, atraso, injusticia, falta de institucionalidad y educación. Al preguntarle sobre qué pensaba de la política, él respondió "urge rescatarla". 

A continuación le invitamos a leer la entrevista completa: 

Fuente: Periódico Nuestro Diario

Fuente: Periódico Nuestro Diario

 La lucha contra las violaciones de derechos humanos se ve nublada para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En Junio de 2016, la Oficina de Prensa y Comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó la suspensión de audiencias, visitas, así como los Períodos de Sesiones n° 159 y 160 programados para julio y octubre de este año, ello sin contar con la probable reducción, en un 40%, del personal que allí labora el próximo 31 de julio de 2016, fecha en la que expiran los contratos de gran parte del personal capacitado y que históricamente se ha formado allí. 

Todo esto fue producido por la disminución de donaciones internacionales y la ausencia de pago de las cuotas a las cuales están obligados los Estados miembro. Ante esta crisis financiera, algunos países prefirieron en lugar de honrar sus compromisos, criticar el funcionamiento de la CIDH, alegando que la situación puede deberse a la «desconfianza de los Estados», mientras que otros, más allá de las críticas que pueden formularse al funcionamiento de toda institución, se comprometieron públicamente a aportar fondos inmediatos para evitar el colapso de la institución. 

Monto de donaciones en miles de dólares.

 Esta severa crisis financiera por la cual atraviesa el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, impediría el cumplimento de las funciones de la CIDH, como es la de: «promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia»[1]. Ello crearía una indefensión de los ciudadanos de la región, dificultando el derecho de formular peticiones ante el sistema interamericano de derechos humanos, como señalan los tratados y las constituciones nacionales. 

De hecho, luego del Comunicado  2016/069 de la CIDH, diversos representantes de la OEA han sugerido la necesidad de que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elaboren un proyecto de fondo independiente, que elimine la dependencia de los vaivenes de las donaciones[2], lo que coadyuvaría a lograr mayor independencia y autonomía técnica de tales organismos. 

Esta discusión, de igual forma, se ha extendido en torno al Proyecto de Resolución: «Financiamiento del Programa-Presupuesto de la Organización 2017» (CP/doc.5229/16 rev. 1), que discute el Consejo Permanente de la organización, para lograr, conforme a los artículos 54(e) y 55 de la Carta de la OEA, aprobar un presupuesto donde se fijen claramente las cuotas con las cuales debe contribuir cada uno de los Estados al sostenimiento de la organización.

El no cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados Miembros de la OEA sin duda revela poco compromiso con la defensa de los derechos humanos. De hecho, se ha sostenido, que el presupuesto regular de la CIDH en este 2016, no alcanza los 5 millones de dólares. 

Si la crisis se agudiza y, las labores de la CIDH y de la Corte se ven afectadas severamente, el no funcionamiento de tales órganos implicaría el desconocimiento del Derecho internacional de los Derechos Humanos[3]. Este detalle tiene importancia, ya que los derechos humanos han venido incorporándose en las Constituciones nacionales de los Estados miembros. Si la CIDH y la Corte disminuyen en sus labores, afectaría a los ciudadanos, pues estarían impedidos de hacer valer sus derechos y garantías a través de los mecanismos de protección nacionales e internacionales. 

 Referencias:

1. Art. 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

2. http://www.oas.org/es/cidh/mandato/finanzas/RecursosFinancieros-2011-201...

3. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; Carta Democrática Interamericana; Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. 

 Dionisio Gutiérrez fue recibido por el Rey Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela, como miembro del Consejo Académico y Social del Instituto Atlántico de Gobierno.

​Su Majestad el Rey Felipe VI, recibió en el Palacio de La Zarzuela a los miembros del Consejo Académico y Social del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG), con ocasión de la celebración, en Madrid, de la I Semana Atlántica del 30 de mayo al 2 de junio. Este encuentro de máximo nivel académico, empresarial, cultural y político sirvió para clausurar las actividades del IADG en el curso académico 2015-2016. 

Acudieron al Palacio de La Zarzuela el presidente del Instituto Atlántico de Gobierno, ex presidente del Gobierno, José María Aznar; la fundadora y presidenta de la Fundación Eduardo Barreiros, Mariluz Barreiros; el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto, Fernando García de Cortázar; el presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo (Guatemala), Dionisio Gutiérrez; el ex ministro de Asuntos Exteriores de España, Abel Matutes; el presidente del Grupo Mezerhane (Venezuela/USA). Promotor Grupo IDEA, Nelson Mezerhane; el consejero delegado de OHL y ex ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Piqué; el presidente de Endesa, Borja Prado; el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y consejero del Tribunal de Cuentas, Juan Velarde; el miembro de Consejo de Administración del Instituto Atlántico de Gobierno, José María Aznar Botella; el miembro del Consejo de Administración del Instituto Atlántico de Gobierno y presidente de Trinity College Group, Julio Fidalgo, y el director académico del Instituto Atlántico de Gobierno, Miguel Ángel Quintanilla.

Fuente: www.casareal.es

 La confección de la Ley de Competencia requiere de un conjunto de personas versadas en temas jurídicos, económicos, financieros y de comercio internacional para que la legislación pueda ser beneficiosa para todos.

Recientemente se ha planteado en Guatemala un debate en torno a la necesidad de  legislar en el ámbito de la protección de la competencia. La referida legislación contemplaría, aunque no exclusivamente, regulaciones en relación a la competencia desleal, abuso de posición, prácticas monopólicas, integraciones empresariales y prácticas comerciales restrictivas. También lo relativo a la regulación sectorial que favorezca el cumplimiento de la legislación, mediante la confección necesariamente de un ente regulador llamado a velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala y de la legislación respectiva. 

Dado que la mayoría de los países en América latina cuentan con leyes en este ámbito, se ha argumentado enfáticamente la necesidad de adoptar una, no solo para cumplir con algunos preceptos constitucionales, sino también, para adaptar el ordenamiento jurídico guatemalteco a la exigencia de tratados, pactos, acuerdos y convenios internacionales suscritos por el Estado. Esta exigencia, tantas veces mencionada en la discusión, reviste cierta importancia, aun cuando ello no equivale a la adopción acrítica de legislaciones foráneas sin evaluar el contexto y ordenamiento jurídico existente en el país.

Esta discusión ha involucrado a muchos sectores sociales, con opiniones y sugerencias importantes que deben ser tomadas en cuenta. Además, como se ha visto en el debate, la confección de una legislación en éste ámbito requiere de  un conjunto de personas versadas en temas jurídicos, económicos, financieros y de comercio internacionalpara que la legislación pueda ser beneficiosa para todos, mediante el estudio y reflexión de los distintos factores en juego. 

Así pues, conforme al Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, se ha sostenido que es indispensable que el Estado de Guatemala coopere en la elaboración de políticas relacionadas con la competencia, y de igual modo, en la armonización del marco jurídico en dicha materia. Sin embargo, la discusión en torno a la legislación debe ser exhaustiva y técnica, para que la misma sea compatible con las exigencias constitucionales, la de los tratados, pactos y convenios internacionales suscritos por el Estado e incluso favorable a los intereses de la sociedad civil en el que el sector empresarial juega un rol protagónico. 

Esta discusión debe tomar en cuenta, que la Ley de Competencia no se puede dictar en el vacío, ya que su efectividad depende de un fortalecimiento del Derecho Administrativo, tanto en su aspecto de estudio acerca de las relaciones jurídicas entre Administración Pública y ciudadanos, como en su sentido de ordenamiento jurídico dirigido a regular esas relaciones. De hecho no es un secreto para nadie que existe un vacío legal en muchos ámbitos del Derecho administrativo (procesos administrativos, recursos administrativos, vicios de los actos administrativos, etc.), los cuales deben remediarse para que una ley de competencia pueda cumplir sus propósitos en conformidad con el Estado de Derecho. 

Dado que la sanción de una legislación aislada del contexto general y de los factores antes mencionados puede terminar en una herramienta más de subdesarrollo, luce imperioso seguir con la discusión. Si el propósito es promover una economía social de mercado a través de ésta legislación, es pertinente seguir con el diálogo -beneficioso en la recuperación de la democracia y participación ciudadana- acotado a problemas jurídico-administrativos que hay que resolver con prontitud. 

 La Procuraduría de los Derechos Humanos publicó hace poco un informe sobre trata de personas que describe la situación que viven las víctimas de este delito en Guatemala. 

No hace muchos días atrás, la Procuraduría de los Derechos Humanos publicó el Informe de situación de la trata de personas en Guatemala 2015, donde presenta el panorama de la explotación laboral, sexual y mendicidad del país; siendo las mujeres, niños y  jóvenes los grupos más vulnerables. 

El informe comienza dando un panorama sobre la situación migratoria del país, pues la migración y la trata muchas veces van de la mano.  Las deportaciones en el 2015 alcanzaron el número de 158,789[1] personas, lo que da un panorama de la cantidad de migrantes que viajan cada día hacia Estados Unidos. El crimen organizado se aprovecha de esta situación y captura en la transición de Guatemala a México a personas para “colaborar” en su red, especialmente a niños y mujeres, pues son fáciles de secuestrar y controlar.  

 En el  2015, el Ministerio Público -MP- detectó a 673 posibles víctimas de trata, las cuales debían de probar su caso con la ayuda del MP para contar con el apoyo institucional del Estado. Una de las grandes críticas que surge en el informe es la poca capacidad de acción que tiene el Estado guatemalteco ante la detección de estos casos en lugares vulnerables como las fronteras. La mayoría de las organizaciones sociales vinculadas al tema de trata o migración indicaron que desconocían si la Dirección General de Migraciones tenía algún protocolo para responder ante “posibles víctimas” (cuando es una de las entidades estatales con mayor acercamiento a la problemática). Lo único que tienen claro es que, en caso de ellos identificar a una víctima, se comunican con la subestación de la Policía Nacional Civil más cercana para que puedan atenderla.  

La ONU ha señalado que por cada víctima de trata rescatada hay 30 ocultas lo que daría un total de 20,190 víctimas sin descubrir, conforme a los datos del 2015. El problema es que algunos guatemaltecos han olvidado que el tema de trata de personas está relacionado con la privación de libertades que cada ser humano tiene y en su lugar, es entendida como algo “normal” o cultural.  Esto hace difícil encontrar casos que no necesariamente tienen que ver con explotación sexual, sino aquellos que suceden en la cotidianidad con empleadas domésticas exclavisavas, obreros en fábricas o agricultores explotados o personas en la mendicidad. 

Otro vacío que se encuentra es la atención y protección de quienes ya son consideradas víctimas. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Estado debe garantiza el alojamiento seguro y adecuado para las necesidades de las víctimas de trata y no deben ser recluidas en centro de detención para inmigrantes u otro tipo de albergues, ya que tienen necesidades especiales. Durante 2015 se albergaron, del total de víctimas, a 201 personas en seis albergues gubernamentales, de los cuales tres no están especializados en la atención a víctimas de trata.  Así mismo la Secretaria de Bienestar Social cerró el Albergue Luz de Esperanza en diciembre del 2015 sin más explicación que su reglamento interno no le permitía realizar esas actividades.  Lo preocupante de esta situación es que quedarían un total de dos albergues especializados para el 2016. 

En materia judicial, las cifras aumentaron en el 2015 al resolver satisfactoriamente 37 de las 394 denuncias[2] que se registraron en el MP con víctimas de tratas confirmadas, a diferencia de las 19 que se realizaron en el 2014. El problema con el proceso judicial es que muchos de los casos se desestiman cuando la investigación no encuentra al acusado de trata por la misma naturaleza “oculta” del delito y esto hace que jamás llegue a las cortes. Tan solo en el 2015, el MP tuvo que desestimar 67 de las denuncias, mientras que las restantes siguen en investigación. 

Guatemala tiene todavía un largo camino para combatir la trata de personas, pues a pesar de los avances que han habido en materia de acompañamiento legal o judicial, los casos siguen sin salir a luz y la atención a las víctimas es precaria. El Estado se ha apoyado en organizaciones no gubernamentales para suplir la falta de servicios, pero el resguardo de los derechos humanos de las víctimas debe provenir del mismo Estado. El fortalecimiento de instituciones, como el Ministerio Público, Organismo Judicial o la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas no solo mejoraría las cifras de la lucha del Estado en esta problemática, sino que alejaría a más mujeres, hombres y niños de este círculo criminal. 

Referencias:

[1] Página web de la Dirección General de Migración: http://www.migracion.gob.gt/index.php/root1/estadisticas.html

[2] Ministerio Público. CRM-4883-Personas Agraviadas Trata 2015-. Reporte Estadístico de Personas Victimas por el Delito.

 Más una crítica a la figura del antejuicio,  hay que hacer una fuerte reflexión sobre las personas e instancias involucradas en su tramitación que actúan conforme a sus compromisos políticos. 

Un antejuicio supone proteger a los funcionarios públicos de imputaciones falsas y de venganzas políticas o personales, que puedan recibir por decisiones o acciones que su cargo conlleven. Un buen ejemplo de esto son los jueces del sistema de justicia, pero en Guatemala este derecho es inherente a más de  10 cargos públicos. 

Esta semana Jimmy Morales prometió luchar por mantener el derecho de antejuicio que tienen los alcaldes, señalado como una de las reformas constitucionales que promueven CICIG y MP. Las críticas de la ciudadanía explotaron, haciendo énfasis en que ese comentario perpetúa la vieja política y la impunidad que arrastra el país por tanto tiempo. 

Jimmy Morales sigue en campaña politica, ofreciendo que no va quitar el antejuicio a los alcaldes!

— Anthony Rivas (@AnthonyRivasG) 15 de mayo de 2016

Si retrocedemos hace algunos años, el derecho de antejuicio solamente beneficiaba a los diputados, jueces y magistrados por su rol de mediadores de la ley, lo cual podría traer claras represalias hacia su cargo. Bajo esta perspectiva, la inmunidad que reciben estos actores se convierte en una garantía constitucional para que ejecuten su labor sin las amenazas de demandas sin fundamento, impidiéndoles continuar con sus responsabilidades públicas.

Ahora bien el problema ha sido que, con el transcurso del tiempo, cada modificación que recibía la institución del antejuicio consistía en ampliar el número de funcionarios que gozaban de ese derecho. 

 En el 2015, la Corte Suprema de Justicia reportó 632 solicitudes de antejuicios, siendo los alcaldes el grupo mayoritario afectado por denuncias en temas como malversación de fondos, lavado de dinero o abuso de poder; las cuales en su mayoría quedaron sin alguna investigación que verificara los cargos, al no ser admitido el correspondiente antejuicio. 

Lo cierto es que la realidad de nuestro país hace ver que, más una crítica a la figura del antejuicio,  hay que hacer una fuerte reflexión sobre las personas e instancias involucradas en su tramitación que actúan conforme a sus compromisos políticos, haciendo que los casos prosperen o no. De esta forma el antejuicio pasó de ser una garantía constitucional a, muchas veces, una herramienta de impunidad.

El debate sobre si quitar o no la inmunidad a los cargos de alcaldes, gobernadores o diputados del Parlamento Centroamericano, seguirá sobre la mesa  en las reformas a la constitución. Incluso hay quienes creen que el derecho de antejuicio debería de revocarse de cualquier puesto público (incluyendo jueces, presidentes o magistrados), pues tendría que prevalecer el derecho de igualdad ante la ley.

Cualquiera que sea la decisión final, en definitiva pondrá a prueba el sistema de justicia de nuestro país, pues permitiría demostrar a los tribunales y personas involucradas, su apego a la ley   y su capacidad de no ser objeto de manipulaciones que conlleven a más casos de corrupción.

 Existe una preocupación en distintos sectores que, al haber excluido la educación integral en sexualidad, de la iniciativa de ley para la juventud el tema no podrá ser tratado en las escuelas públicas del país, sin embargo esto no necesariamente es cierto. 

La polémica ley de la juventud, iniciativa 3896, que desde hace algunos meses está siendo discutida en el Congreso ha sido objeto de acalorados debates entre distintos grupos de la sociedad civil. Los dos temas que han generado mayor controversia son la implementación de un nuevo impuesto dirigido al funcionamiento de la Secretaría de la Juventud y la inclusión del tema de educación integral en sexualidad en el currículo del Ministerio de Educación. 

Ésta semana la comisión encargada del tema en el Congreso, presentó el dictamen favorable para la aprobación de la iniciativa anunciando que ambos temas habían sido retirados de la misma y que ésta iniciaría el trámite para ser conocida por el pleno.

La noticia fue tomada como una derrota por los distintos actores a favor de la propuesta original, pues consideran que al haber excluido la educación integral en sexualidad de la iniciativa de ley para la juventud, el tema no será tratado en las escuelas públicas del país, lo cual no es cierto. 

En el año 2009 entró en vigencia el reglamento del Decreto 87-2005, llamado Ley de acceso universal y equitativo de servicios de planificación familiar y su integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva[1]. El objetivo principal de dicha ley, es obligar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) a proporcionar métodos y consejería en planificación familiar a todas las personas que demanden el servicio.

Así mismo, la Ley de Planificación Familiar obliga al Ministerio de Educación a redefinir la propuesta curricular de estudios a  nivel secundario, en coordinación con el Ministerio de Salud, para incluir los contenidos referentes al tema de salud reproductiva[2]. 

La ley también especifica que la formación debe ser integral y enumera algunos de los temas que deben incluirse en la misma:

- Derechos y responsabilidades para la promoción y auto cuidado de la salud.

- Sexualidad y el embarazo precoz y no deseado.

- Factores de riesgo que contribuyen y afectan la morbimortalidad materno-infantil.

 Esta ley fue objeto de polémica y acaloradas discusiones en el año de su aprobación, pues diversos sectores, algunos de ellos asociados a la Iglesia Católica, se oponían a que los servicios públicos del país, tanto educativos como de salud, proporcionaran a la población información y métodos de planificación familiar. Pese a la oposición, la ley fue exitosamente aprobada y hoy Guatemala cuenta con un marco jurídico que brinda acceso a los guatemaltecos a la salud sexual y reproductiva.

Desde la aprobación de la ley, el Ministerio de Salud ha implementado de forma precaria los servicios en salud sexual y reproductiva a través del Programa Nacional de Salud Reproductiva. Los problemas generalizados del sistema público de salud han impedido que el tema cobre la fuerza necesaria, ya que la eficiencia del servicio siempre depende de la capacidad del personal para proporcionar la consejería y de la disponibilidad de insumos en cada servicio de salud.

En el tema educativo, el Currículo Nacional Base contempla el tema de la educación sexual y la planificación familiar. En el área de Ciencias Naturales, se encuentra el componente de vida saludable el cual tiene entre sus objetivos: “Estimular el desarrollo de valores relacionados con el pensamiento crítico, la toma razonada de decisiones ligadas al bienestar personal, familiar y comunitario y el manejo responsable de la sexualidad y la planificación familiar”.

Una rápida revisión de la legislación existente y el Currículo Nacional Base permite determinar que Guatemala cuenta, desde hace algunos años, con la base legal y técnica para que la educación sexual y reproductiva no sea un tema olvidado. Determinar si el tema está siendo abordado de forma correcta por las instituciones públicas responsables del mismo, requiere hacer un análisis de la calidad de los servicios públicos.

En conclusión, para mejorar la efectividad de la política de salud reproductiva en el país no es necesario perder tiempo discutiendo sobre la posibilidad de aprobar una nueva legislación sobre el tema, sino conocer la legislación existente y velar por que las instituciones la cumplan.

Referencia

[1]  El Decreto 87-2005 puede ser consultado en línea aquí: http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/Cen...

[2] Artículo 12 del Capítulo III del Reglamento de la Ley de PF. Acuerdo gubernativo 279-2009. Puede ser consultado aquí:http://www.iglesiacatolica.org.gt/cns/200901.pdf

 Proponen modificar más de veinte artículos constitucionales para fortalecer el sector justicia e iniciar la senda de construcción de un auténtico Estado de Derecho. 

La Secretaría Técnica del Ministerio Público, del Procurador de los Derechos Humanos y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentaron a la Nación unas Reformas a la Constitución de la República de Guatemala, con el título de “Propuesta para la discusión presentada por los organismos ejecutivo, legislativo y Judicial” de fecha 25 de abril de 2016.

Fuente: elperiodico.com.gt

El documento plantea la modificación de más de veinte artículos constitucionales para fortalecer el sector justicia e iniciar la senda de construcción de un auténtico Estado de Derecho. Con cambios en la organización, estructura y funcionamiento del sector justicia, se pretende combatir el flagelo de la impunidad y corrupción. La propuesta forma parte del llamado proceso denominado “Diálogo Nacional”, cuya plataforma consiste en fomentar un espacio de discusión que facilite la probación e implementación de reformas constitucionales necesarias para el país. 

La exhortación a la sociedad civil para que  participe activamente en la mejora de la propuesta, se complementa con diversas estrategias para lograr la inclusión de diversos sectores del país. De igual modo, la discusión deberá ceñirse a los estándares internacionales del constitucionalismo occidental. A este respecto, llama la atención la ausencia de una exposición de motivos que pueda dar cuenta de las bases y fundamentos de los cuales se partió para la elaboración de la misma. 

Los temas que aborda la propuesta son varios. A modo de ejemplo, pueden mencionarse los de carrera judicial, las regulaciones de antejuicio para dignatarios y funcionarios públicos, la independencia del organismo judicial, los requisitos para ser magistrado o juez, la integración y duración de las funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, además de regulaciones en cuanto al funcionamiento del sistema jurídico indígena. 

Tales transformaciones no están solas y aisladas del funcionamiento integral del sistema político constitucional. Los proponentes a tal efecto, han sostenido que ello solo procura centrar la atención en el aspecto judicial para no desviar la atención hacia temas no prioritarios por el momento. En efecto, de ser aprobadas las reformas por el Congreso de la República serán sometidas a la ratificación del pueblo mediante consulta popularcomo indica la Constitución, y posteriormente requerirán de desarrollos legislativos, por lo que al Congreso le tocará un rol preponderante en esta etapa política que parece iniciarse.