Las redes sociales, especialmente durante estas elecciones, se han convertido en una herramienta útil para los políticos y actores sociales. 

No obstante, esta multiplicidad de actores e historias, puede dejar a quienes participan en una situación vulnerable cuando no es posible identificar identidades ni discernir entre los verdadero y lo falso.  

Los mecanismos sociales online producen una interesante dinámica que influye en la opinión de quienes interactúan. No es que se pueda determinar estrictamente una relación causal lineal, pues se trata de un entramado de relaciones (red), pero sí se le puede catalogar como herramienta de presión hacia la pertenencia o identidad social.

Desde estas redes vistas como herramientas de presión social, los políticos han intentado promover sus propuestas, lo cual resulta válido; sin embargo, también las utilizan para criticar o difamar de forma anónima con el objetivo de moldear el imaginario público en relación a alguna persona o algún tema en particular. ¿Cómo podemos identificar cuando no hablan desde una identidad real ni desde la verdad? ¿Cómo podemos identificar perfiles que promueven “campaña negra”?  

Estos son algunos indicios:

1. No poseen una fotografía que les identifique o utilizan una fotografía que puede identificarse como descargada de internet.

2. En Twitter su línea de tiempo consiste en retweets y notas.

3. En Facebook sus posts son principalmente caricaturizaciones.

4. Sus posts son ataques o referencias a otros, en Twitter incluso promoviendo hashtags negativas.

5. Los perfiles suelen coincidir entre sí en las fechas de publicaciones y creación.

6. La poca actividad en sus perfiles se limita a e enviar enlaces relacionados a política.

7. Tienen nula o poca interacción con sus contactos.

Según Sergio Mortaya, experto en el tema, el gasto de los políticos es de entre Q150 mil y Q200 mil mensuales en centros de operaciones dedicados a crear cuentas y perfiles falsos, comprar likes, hacer comentarios, y más. Si esto se multiplica por al menos nueve meses, significa que los partidos gastan más de 1.3 millones de quetzales en estos medios [1].    El Tribunal Supremo Electoral ha sancionado a algunos partidos por su actividad online, pero solamente por campaña anticipada, pues señalan que la fiscalización de campaña negra corresponde al Ministerio Público. Los usuarios pueden apoyar denunciando estos perfiles en las redes sociales correspondientes.

1. http://www.guatevision.com/candidatos-hacen-campana-negra-en-la-web/

 En respuesta a las menciones directas de Pérez Molina esta mañana a Dionisio Gutiérrez, él ha decidido responderle con lo siguiente:

"Pérez Molina me recuerda a los políticos corruptos que he enfrentado desde que tengo 20 años. Todos repiten la misma historia. 

Si Pérez Molina tiene algún problema conmigo, que vaya a los tribunales. Ahí nos vemos la cara. Yo no tengo derecho de antejuicio. 

Lo importante ahora es lograr los 105 votos en el Congreso para quitar la inmunidad al presidente para que responda por sus actos." 

 Así como estos cinco países son muy distintos entre sí, también los casos de corrupción; la forma en la que fueron o están siendo manejados; y el efecto que han tenido, ha variado según el nivel de tolerancia de los ciudadanos y la capacidad de respuesta que tienen las instituciones de los diferentes países ante los complicados casos que se han presentado.

 Considerado por muchos como un ejemplo de desarrollo en la región, en 2014 Chile ocupaba el puesto 21 de 175 países en el índice de percepción de corrupción realizado por la organización Transparencia Internacional. El puesto más alto alcanzado por un país latinoamericano.

 El gobierno mexicano enfrenta desde finales de 2014 una polémica que alcanza al presidente Peña Nieto, a la primera dama Angélica Rivera y otros funcionarios de gobierno, por haber realizado una compra de casas a contratistas del gobierno federal. Ante estos señalamientos, el Presidente ordenó que la Secretaría de la Función Pública investigara si él o alguien de su círculo cercano habían incurrido en conflicto de intereses por la compra de estas casas.

Fuente: Transparencia Internacional

 El escándalo de la empresa estatal Petrobras en Brasil se remonta hasta 2014, cuando un exdirector ejecutivo de la misma nombro a más de 40 políticos, entre los que se encontraban ministros, gobernadores y congresistas por su implicación en el supuesto pago de sobornos millonarios a partir de contratos y lavado de dinero. Muchos de estos casos se remontaban más de una década. 

 Asimismo, una gran cantidad de ciudadanos brasileños quieren que sea impugnada y cada vez menos personas creen que llegará al final de su período.

 Brasil ocupa el puesto 69 de 175 países en el Índice de Percepción de Corrupción.

Fuente: Transparencia Internacional

 En enero de 2015 la Corte Suprema de Panamá aprobó abrir una investigación contra el expresidente Ricardo Martinelli por su supuesto involucramiento en casos de corrupción durante su gestión entre 2009 y 2014. 

 Guatemala ocupa el puesto 115 de 175 países en el Índice de Percepción de Corrupción, el quinto país peor calificado de América Latina solamente superado por Honduras, Paraguay, Haití y Venezuela.

 Para agosto de 2015 los casos todavía se encuentran en proceso, pero la presidencia de Otto Pérez Molina pende de un hilo mientras es mencionado por su supuesta participación directa o indirecta en varios casos de corrupción y la exvicepresidenta Baldetti es ligada a proceso por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo.

 No es casualidad que la clase política de muchos países latinoamericanos esté enfrentando una crisis de legitimidad frente a poblaciones que parecieran ya no estar dispuestas a soportar los abusos y robos descarados de sus principales figuras políticas. Manifestaciones y otras muestras de rechazo han sido el denominador común en muchos países de la región, aunque los casos son distintos las demandas ciudadanos son siempre muy parecidas.

 La respuesta a los problemas de corrupción de los países latinoamericanos pareciera caer siempre en la lucha por fortalecer las instituciones y construir verdaderos Estados de Derecho. 

En su segunda transmisión, Razón de Estado abordó el tema de la captura del Estado en Guatemala, donde históricamente la función pública ha sido usada como mecanismo de enriquecimiento ilícito por los políticos.

Dionisio Gutiérrez, inició el programa con un editorial donde denunció la captura del Estado guatemalteco: “Guatemala se enfrenta a una peligrosa alianza de grupos criminales que pretende asfixiar los escasos logros alcanzados en materia de Justicia para mantener el secuestro del Estado(…) Promulgan leyes que no cumplen, fundan instituciones que no respetan, y a la sombra de la defensa de una falsa soberanía, niegan y esconden el secuestro del Estado y el grado de criminalización que ha alcanzado la política."

Recalcó que la reforma del Estado y la reforma al sistema de justicia son indispensables para que el país avance: “La causa más evidente del subdesarrollo político es la ausencia de Estado de Derecho; y entre las condiciones para alcanzarlo están el perfeccionamiento de las fuerzas de seguridad y la carrera judicial.”

Después, Dionisio Gutiérrez realizó una entrevista al abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac, donde hablaron sobre temas como el trabajo de CICIG en Guatemala, la corrupción, la ausencia de justicia y las reformas que el país necesita para solventar los grandes problemas que aquejan a la sociedad.

En el segmento de debate, moderado por Phillip Chicola, participaron los abogados César Sigüenza y Elvyn Díaz, quienes discutieron sobre la propuesta para una ley de aceptación de cargos que permitiría hacer más eficiente el sistema de justicia y reducir la mora judicial.

Al finalizar el programa, Dionisio Gutiérrez resaltó la urgencia de una reforma judicial, presentando cifras alarmantes sobre la impunidad en el país, la tasa de criminalidad, la tasa de homicidios y la presencia del Ministerio Público en el territorio guatemalteco. Asimismo, criticó las grandes deficiencias del sistema penitenciario, como la tasa de hacinamiento y el abuso a la prisión preventiva.

Dionisio Gutiérrez indicó que la inoperancia de nuestro sistema de justicia ha generado desconfianza entre los ciudadanos, pues sus resultados en todos estos años han sido tardíos o simplemente ausentes: “Apenas el 27% de los guatemaltecos confía en que el sistema de justicia los protegerá si son víctimas de un hecho criminal. La desconfianza es justificada pues el sistema es un fracaso.”

Vea el programa completo a continuación:

 Lea aquí la carta que el Presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, Dionisio Gutiérrez dirigió al Presidente Otto Pérez Molina exigiendo su renuncia. 

Esta carta escrita el 24 de mayo de 2015 salió publicada el día de hoy como Campo Pagado en el diario Prensa Libre.

 Al respecto, Guatevisión escribió una nota en la que indica "las palabras clave de Disonisio":

 

"General, márchese usted", dice Dionisio Gutiérrez a Otto Pérez http://t.co/Ql6OVlUSuF pic.twitter.com/3VOFgibx89

— Guatevisión (@Guatevision_tv) 24 de agosto de 2015

 Poco tiempo antes de publicar esta carta, Gutiérrez también había dedicado un mensaje televisado al Presidente en el que le exigía su renuncia.

Mensaje de Dionisio Gutiérrez sobre la actual crisis política e institucional del país.

#ActualidadAnalizada

El momento crítico en el que se encuentran los jóvenes en cuanto a oportunidades laborales y los efectos que esto genera.

Los  jóvenes están viviendo un momento sumamente crítico.  La falta de oportunidades laborales, un mal que se asociaba principalmente a los países en desarrollo, también está presente en las economías más desarrolladas del mundo. En el primer trimestre de 2008, el desempleo juvenil en la Unión Europea se encontraba en 15.2%, el nivel más bajo alcanzado en la década pasada. Sin embargo, desde esa fecha el desempleo juvenil se incrementó en este bloque económico y se ha ubicado entre 23% y 22% en los últimos tres años. Los casos más graves son Grecia y España, en donde el desempleo juvenil supera actualmente el 50%; mientras que en Croacia e Italia supera el 40%.

En Estados Unidos si bien las cifras no son tan dramáticas, también revelan una situación difícil para los jóvenes. En el año 2010 el desempleo juvenil alcanzó el 19.5% y luego ha descendido gradualmente hasta ubicarse actualmente en 12.3%. Esta reducción en el desempleo se debe al mayor dinamismo del mercado laboral de Estados Unidos, en comparación con el mercado laboral de Europa, que tiene mayores rigideces.  Pero también se debe a que muchos jóvenes han decidido salir del mercado laboral  o bien se han conformado con trabajos de medio tiempo, que ofrecen condiciones precarias. 

La generación de jóvenes de los países avanzados que están entrando al mercado laboral bajo estas circunstancias, corren el riesgo de afrontar consecuencias negativas por muchos años. La primera es en cuanto al nivel de salario que obtienen. Las personas que entran al mercado laboral en un episodio de recesión económica, tenderán a gozar de un salario menor a lo largo del tiempo, que aquellos que entran en un momento de expansión económica. Esto se debe a que la base salarial inicial es menor y también a que es poco probable que los salarios aumenten cuando las condiciones económicas son adversas.

El segundo efecto es respecto a la duración del desempleo. Algunos estudios sugieren  que, después de diez años, aquellas personas que  estuvieron desempleados por más de seis meses, tendrán en promedio un salario inferior en 32% que aquellas personas que nunca estuvieron desempleadas. Esta diferencia salarial tenderá a mantenerse incluso  después de veinte años. Pero aún  si el desempleo no dura más de seis meses, se tendrá efectos negativos de largo plazo. Después de diez años, aquellas personas que pierden sus empleos, tendrán en promedio un salario inferior en 9%, que aquellas personas que nunca perdieron sus empleos. 

Al final, ya son más de siete años que  varios países avanzados están afrontando un estancamiento económico crónico, lo cual podría marcar a toda una generación de jóvenes en estos países. En el caso de Guatemala, la situación es mucho más crítica. La economía del país es incapaz de crear la cantidad de empleos que se necesita todo los años. El efecto ha sido que la mayoría se tienen que conformar con trabajos sumamente precarios en la informalidad, otros optan por abandonar el país para probar suerte en Estados Unidos y unos cuántos más deciden entrar al mundo criminal. 

Ya sea en los países desarrollados o acá en Guatemala, la evidencia muestra que para  que los jóvenes tengan un futuro promisorio, lo que se necesita es que tengan acceso a empleos de alta calidad. Eso es lo que determinará,  decisiones tan vitales como la familia que formarán. En el mundo desarrollado se habla de la generación perdida en la actual década. Pero, ¿cuántas generaciones perdidas estamos dispuestos a tener en Guatemala?

 #ActualidadAnalizada

La judicialización de la política y la politización de la justicia son dos fenómenos interrelacionados que se observan en países con déficit de democracia formal y de “Estado de Derecho”, en los cuales se observa una férrea disputa de determinados actores políticos por lograr controlar a los poderes públicos, en especial, el poder judicial. El objetivo es simple: se trata de conseguir provechos políticos y económicos gracias al favoritismo que se quiere obtener del árbitro judicial. 

Vale acotar que la judicialización de la política,  no excluye  casos históricos en países con democracia y Estado de Derecho sólidos. En efecto, ya TOCQUEVILLE sostenía que “Lo que un extranjero comprende más fácilmente en los Estados Unidos es la organización judicial”, agregando que “no hay acontecimiento político en el que no oiga invocar la autoridad del juez, y concluye de ello naturalmente que en los Estados Unidos el juez es uno de los primeros poderes políticos” . La observación del pensador francés, era del todo cierta, en cuanto que muchos problemas políticos terminaban en el ámbito judicial en dicho país, antes y ahora. 

Sin embargo, TOCQUEVILLE  matizaba la judicialización de la política sosteniendo que: “Cuando el parlamento de París redactaba protestas y rehusaba registrar un edicto, cuando hacía sentar en el banquillo a un funcionario prevaricador, se veía al descubierto la acción política del poder judicial. Pero nada semejante se observa en los Estados Unidos. El juez americano no entra nunca en la lucha directa ni se encuentra enfrentado a los poderes políticos propiamente dichos”, lo que sugería, que si bien muchas disputas llegaban al ámbito judicial, el juez actuaba como árbitro y no como una parte más en el “juego democrático”, distinción que se desvanece en todas partes. 

El peligro de la judicialización de la política es que cercena la democracia, niega los desacuerdos, erosiona la independencia e imparcialidad de los jueces, impide  la separación de poderes y genera un debate ficticio; dado que la deliberación democrática  se realiza de manera limitada, y que los jueces al pronunciarse en cuestiones sometidas a su controversia por parte de los actores políticos, terminan siendo instrumentos de los actores políticos, estableciendo posiciones de ventaja en el debate democrático a una de las partes, o bien, en instrumentos para despolitizar asuntos políticos convirtiéndolos en presuntas cuestiones técnico-jurídicas. 

“La judicialización de la política es que cercena la democracia, niega los desacuerdos, erosiona la independencia e imparcialidad de los jueces, impide la separación de poderes y genera un debate ficticio”
 

 La judicialización de la política implica la politización de la justicia. Ambos fenómenos de por sí perjudiciales, conllevan a que el debate político se centre en los estrados judiciales, incentivando a que los actores políticos procuren convertir sus programas políticos en sentencias judiciales, generando una deslegitimación y desdibujamiento de la función judicial, al desfigurar la condición de árbitro de un juez, e inaugurar el juego del “arbitrio del tanteador” , es decir, la aplicación de criterios antojadizos sin fundamento con el objeto de favorecer a una de las partes en disputa. 

En tal sentido, una reforma institucional y una elevada conciencia ciudadana en torno a estos problemas, evitaría minar el precario ideal político del Estado de Derecho y el ideal democrático actualmente  existente, dado que quien arbitra en una democracia sujeta al Estado de Derecho (limitada), debe ser independiente e imparcial en relación a las partes en la contienda política, tanto en lo que concierne al árbitro electoral como en lo referente al árbitro judicial. 

Cualquier reforma institucional a futuro, debe estar dirigida al establecimiento de “reglas de juego”  consustanciales a la forma de gobierno democrática, que permitan que las decisiones colectivas sean tomadas por quien detenta la soberanía (el pueblo) mediante procedimientos específicos que culminen, reconociendo los desacuerdos, en una decisión mayoritaria en ejercicio de la libertad política. Ello aunado, a la necesaria demarcación de aquello que es democrático, y aquello que es de la incumbencia del ámbito judicial, como por ejemplo, la protección de los derechos, impidiendo al poder político transgredir el “coto vedado”   de los derechos de libertad, en tanto presupuestos y condiciones necesarias de la forma democrática limitada. 

 Cuando la probabilidad de que su voto sea el definitorio entre un candidato y otro es menor que la probabilidad de ser arroyado por un carro en camino a emitir ese voto, ¿por qué tomarse la molestia? ¿Cuáles son algunos factores psicosociales que influencian directamente la decisión de votar?

El voto es considerado uno de los pilares fundamentales de la participación cívica. Muchos estudiosos de la ciencia política lo relacionan directamente con la salud del proceso democrático y alegan que una participación con tendencia a la baja puede ser síntoma de un “déficit democrático”[1]. Dado que la participación política influencia las políticas públicas, también existe la preocupación de que una menor participación resulte en políticas que no son representativas de lo que quiere o no una población determinada. Es por esto que el número de votantes es señalado como un factor clave de participación[2]. 

Aunque se comprende la importancia del voto dentro de un sistema democrático,  es relevante plantearse la pregunta, ¿por qué votan las personas? Y de forma más puntual, ¿por qué votan los guatemaltecos? Cuando la probabilidad de que su voto sea el definitorio entre un candidato y otro es menor que la probabilidad de ser arroyado por un carro en camino a emitir ese voto, ¿por qué tomarse la molestia?[3]  Un estudio de la Universidad de Harvard define el voto como una expresión individual de un comportamiento social, que es influenciado por los eventos que ocurren antes y después de la emisión del voto, y aclara que la decisión de votar no es estática, sino que es influenciada por lo que sucede alrededor de la persona. ¿Qué es entonces lo que conduce a una persona a votar?

Algunos factores psicosociales influencian directamente la decisión de votar. El primero de esos factores,  si bien puede resultar algo tautológico, es la mera predicción de acudir a votar. Esto se debe a que el compromiso de una persona consigo misma, activa su deseo de llevar a cabo esa acción para poder ser consecuente[4].  Este deseo es  más fuerte si la intención de emitir el sufragio ha sido manifestada públicamente, y aún más fuerte si es percibida por el individuo como una decisión auténtica y voluntaria. En cuanto a la idiosincrasia guatemalteca, aunque el compromiso individual está presente, debido a la significativa identidad colectiva de las personas la manifestación pública de la intención de votar, es probablemente más determinante para que la persona en efecto acuda a votar. En cuanto a una práctica auténtica y voluntaria de la decisión de voto, esta está seriamente comprometida en algunos sectores debido al clientelismo y distintos mecanismos de coerción[5].  

“En cuanto a una práctica auténtica y voluntaria de la decisión de voto, esta está seriamente comprometida en algunos sectores debido al clientelismo y distintos mecanismos de coerción. ”
 

Otro factor que incide es el pensar lo que pueda pasar después de las elecciones[6].  Este miedo a “qué pasaría si”, parece ser un ingrediente permanente en el imaginario chapín, pues se acostumbra un voto en contra, a favor del “menos malo”. 

Un tercer elemento que puede influenciar la decisión de votar o no es la necesidad de pertenencia,  que también se refiere a la presión social y exigencia de rendición de cuentas por parte de los integrantes de un grupo. Las personas se comportan en formas consistentes con las expectativas de otros miembros de su comunidad[7]. Esa sensación de responsabilidad cívica que bien puede ser declarada por la persona, también puede ser señalada o exigida por su entorno social cercano.  La información clave de este elemento (sentido de pertenencia), es que los mensajes que remarcan un patrón (negativo o positivo) solo provocan que este se repita, por la percepción que genera de amplia aceptación o práctica del mismo. Este es uno de los efectos que se ven, por ejemplo, cuando las personas ven los resultados de las encuestas. También se ha visto recientemente con el discurso que valida el voto nulo.  

Finalmente, existen otros componentes quizá más específicos de la realidad guatemalteca, que hacen que el votante acuda a las urnas. El docente e investigador, Mariano González, señala los siguientes: Los beneficios del sistema democrático que en el caso de Guatemala, aún son percibidos como la mejor opción versus las dictaduras que aún no han sido olvidadas[8]; las mejoras en el sistema de participación electoral, lo cual incluye una mayor cantidad de mesas y cercanía a centros de votación; la  influencia de la propaganda electoral y la esperanza de una mejora para el país. En definitiva, estos componentes  que incentivan el voto tienen un gran potencial de mejora,  desde la calidad de nuestro sistema hasta una esperanza más fundamentada. 

Como lo muestra el porcentaje histórico de votantes en los comicios de 2011[9], debido a una combinación de los factores mencionados y seguramente muchos otros, los guatemaltecos sí acuden a las urnas. Con una amplia aceptación del sistema democrático,  el estado de subdesarrollo de Guatemala indica que el problema va más allá de la participación y apunta a la necesidad de un recambio de la clase política. 

1. Pammett, Jon H. and Lawrence LeDuc. 2003. Explaining the Turnout Decline in Canadian Federal Elections: A New Survey of Non-Voters. 79 p.

2. Archer, Keith. 2003. "Increasing youth voter registration: Best practices in targeting young electors." p. 26-30.

3. Rethinking why people vote. http://www.innovations.harvard.edu/sites/default/files/rethinking.pdf

4. Festinger, L. (1964). Conflict, Decision, And Dissonance. Stanford University Press.

5. Ver Artículo 136 (c) Constitución Política de la República de Guatemala.

6. Lerner, J. S., & Tetlock, P. E. (1999). Accounting for the effects of accountability. Psychological Bulletin, 125, 255-275.

7. Cialdini, R. B. (2003). Crafting normative messages to protect the environment. Current Directions in Psychological Science, 12(4), 105.

8. Gálvez, Mariano. 2011. http://www.plazapublica.com.gt/content/%C2%BFpor-que-siguen-votando-los-...

9. Gálvez, Mariano. 2011. http://www.plazapublica.com.gt/content/%C2%BFpor-que-siguen-votando-los-...

 ¿Existe en Guatemala alguna relación entre religión y política? 

En 2014, el Pew Research publicó un estudio llamado "Religión en América Latina: Cambio generalizado en una región históricamente católica"[1]. En dicho estudio Guatemala aparece como un país predominantemente cristiano con un 50% de población católica y un 41% de población protestante, además de un 6% de población sin afiliación alguna y 3% de población en la categoría “otro”. El estudio revela que Guatemala es un país en el que más del 90% de la población indica que la religión y la fe juegan algún papel en sus vidas. Los políticos están conscientes de esta situación y de forma intencional o no, utilizan la religión para ganar cercanía con las personas a las que quieren hacer llegar sus mensajes o pedir sus votos. 

Sin embargo, algunos políticos no abandonan la idea y continúan intentando construir imágenes y mensajes que evocan las creencias religiosas de las personas.

Algunos ejemplos de momentos en los que la política se mezcla con la religión podemos encontrar en casos como el de la reciente controversia generada por la iniciativa de ley que pretende la lectura, enseñanza e instrucción Bíblica en establecimientos educativos públicos, privados y por cooperativa; además de la gran cantidad de mensajes con connotación religiosa que utilizan algunos partidos políticos en sus campañas. Se pensaría que en un país con una mayoría importante de personas creyentes, este tipo de estrategias serían bien recibidas, sin embargo, el efecto ha sido contrario y ni siquiera las autoridades eclesiales parecen interesadas en apoyar la iniciativa o lo partidos en cuestión[2].

Que sea obligatoria la lectura de la Biblia en las escuelas ya es una iniciativa de ley ¿qué opinas?http://t.co/O8rG2hgUO4

— Diario Digital (@diariodigitalgt) 15 de julio de 2015

El marco legal del país no es claro con el tema de la educación religiosa, ni la Constitución de la República de Guatemala ni la Ley de Educación Nacional[3] hacen referencia a una educación laica. Por el contrario, señalan que "la enseñanza religiosa es optativa en los establecimientos (educativos) oficiales y podrá impartirse dentro de los horarios ordinarios, sin discriminación alguna"[4]. Asimismo no se encuentra referencia alguna sobre la denominación que debiera tener esta educación religiosa, por lo que se entiende que esto quedaría a discreción de las autoridades educativas nacionales o de las autoridades de cada establecimiento educativo público.

Ante esta disyuntiva, reconociendo que en Guatemala existe una importante diversidad cultural y religiosa y que el artículo 36 de la Constitución garantiza la libertad de religión, la deducción correcta es que la sociedad debe promover la educación pública laica y dejar la educación religiosa para el hogar, las iglesias y los establecimientos educativos privados que así lo deseen. Es importante recordar que ya que la educación pública es la única forma como una gran proporción de la población puede acceder al conocimiento académico, ésta debe ser lo más abierta posible, evitando excluir a las personas por sus diferencias culturales y religiosas.

En el tema de la política electoral, la legislación guatemalteca sí es clara y prohíbe expresamente el uso de la religión como herramienta de campaña política, el inciso “e” del artículo 36 del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos[5] indica que no es permitida: “Toda forma de propaganda, valiéndose de creencias religiosas o invocando motivos de religión, que influya en los ciudadanos a que se adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas”. 

Lo que se infiere del espíritu de esta legislación es que se debe evitar que la religión sea utilizada por la política para manipular las emociones y necesidades de las personas. Es aquí en donde se encuentra la línea entre la política con principios éticos que debiera ofrecer estrategias y soluciones factibles para procurar el bien común; y la política sin ética que ofrece soluciones irreales a problemas profundos muy sentidos por la población.

Es importante retirar del imaginario colectivo las connotaciones religiosas de los mensajes políticos, como es importante también que se asegure que tanto el político como los argumentos que sostiene en su propaganda sean responsables ante la ley. 

La religión no es un problema, ésta aporta valores y esperanza a la vida de muchas personas.  El problema es cómo la política pretende, todavía hoy, utilizarla con fines ilegitimos. 

1. Pew Research Center, 13 DE NOV. DE 2014, “Religión en América Latina: Cambio generalizado en una región históricamente católica”. Disponible en: http://www.pewforum.org/files/2014/11/PEW-RESEARCH-CENTER-Religion-in-La...

2. ¿Podrá la Biblia combatir la corrupción? http://diariodigital.gt/2015/07/15/podra-la-biblia-combatir-la-corrupcion/

3. Consultar en: http://www.oei.es/quipu/guatemala/Ley_Educacion_Nacional.pdf

4. Artículo 73, Sección cuarta. Constitución Política de la República de Guatemala

5. Consultar en: http://www.foroderechoguatemala.org/wp-content/uploads/2011/07/cons007.pdf

 Es claro que el momento que vive Guatemala es sumamente complejo. Hay luces de esperanza que nos indican que si se continúa con los procesos de depuración de la política, el país puede tomar el camino de la consolidación de las instituciones democráticas. Pero también existen riesgos latentes.

Es innegable el rol que está jugado la CICIG en la develación de los casos de corrupción que tanto nos han indignado. Tenemos que reconocer que nada de lo que actualmente estamos viviendo hubiera sido posible sin la intervención oportuna y eficaz de este órgano de las Naciones Unidas. En este sentido, se puede decir que ha sido un factor externo el que ha sacudido a nuestro corroído sistema político y si se le quita del escenario, seguramente el país volvería a la senda que nos conduce al precipicio.

Si el camino hacia la consolidación institucional lo tuviéramos que comparar con una carrera de maratón, sin duda alguna nos encontraríamos tan sólo en el calentamiento. Para que la carrera realmente “comience” tendríamos que ver que los casos que se han presentado hasta el momento logren prosperar en las cortes. Esa será la verdadera prueba de fuego del sistema. En el pasado se han presentado casos de corrupción, pero estos han sido desestimados en los juicios y las personas inculpadas han quedado libres. De esta cuenta, sabremos que realmente estamos avanzando cuando veamos la primera sentencia en firme. 

“Sabremos que estamos en el camino correcto cuando veamos moverse el engranaje de la justicia”

Por supuesto, esto es un proceso y tenemos que comprender que los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Sin embargo, es importante colocar la actual coyuntura en la perspectiva correcta. El “talón de Aquiles” de nuestra democracia ha sido precisamente la ausencia de un sistema de justicia realmente independiente y funcional. En este sentido, podremos decir que estamos en el camino correcto cuando veamos moverse el engranaje de la justicia que por tantos años ha estado atrofiado. 

Y esto nos lleva a un punto que no debemos perder de vista. Las reformas que hoy se discuten en el congreso son todas importantes. Es necesario contar con una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos que regule y haga transparente la actividad de los partidos. Eso queda muy claro después del informe de CICIG presentado recientemente. Asimismo es de vital importancia las reformas a las Ley de Servicio Civil y a la Ley  de Contrataciones del Estado. Sin embargo, la aplicación en el futuro de estas leyes dependerá de que contemos con un “árbitro” independiente y eficiente. Este “árbitro” claramente es el Sistema de Justicia. 

Es importante que recordemos que actualmente existen muchas leyes que podrían hacer que el Estado funcione mejor, pero éstas no se aplican debido a que tenemos un Sistema de Justicia sumamente frágil. Si no hacemos las reformas que corresponden al Sistema Judicial del país, para evitar que sea cooptado por la política, las reformas a las otras leyes caerán en saco roto. 

Por el momento toda nuestra indignación está concentrada en la clase política. Sin embargo, no debemos olvidar que la batalla que actualmente está librando la sociedad guatemalteca tarde o temprano se concentrará en los tribunales. Es allí donde veremos si realmente nuestra democracia avanza. Por ese motivo, las reformas al sistema judicial del país no deben quedar en un segundo plano. El peor escenario es que la CICIG abandone el país y el sistema judicial quede intacto. Ese sería el camino directo  hacia el precipicio.