¿Vale la pena votar cada cuatro años por el "menos peor"?

Estamos en las vísperas de un nuevo proceso electoral. A diferencia de la euforia y el optimismo de 2015, en estas elecciones  prevalece un clima de escepticismo e indiferencia. En las votaciones anteriores se creía que a través de las urnas se podían vencer a los candidatos que representaban la continuidad de la corrupción y la impunidad, que tanto indignaba en aquel entonces.

Sin embargo, lo ocurrido en los últimos cuatro años demuestra que las votaciones no garantizan la depuración del sistema. Ni el Ejecutivo, ni el Congreso electo en 2015 lideraron el cambio que tanto necesita este país. Más bien se convirtieron en íconos del inmovilismo, en guardianes de este sistema que utiliza todo lo que está a su alcance para no morir.

El colmo del cinismo es que algunos de los candidatos rechazados contundentemente en las elecciones pasadas, hoy se están postulando nuevamente. Presentan un “rostro nuevo”, apostando a que los guatemaltecos tenemos muy poca memoria y que unos cuantos discursos son suficientes para ocultar las verdaderas intenciones. Nunca faltan los ingenuos que lo creen.

Lamentablemente, aquellos candidatos que se presentan por primera vez, tampoco levantan gran entusiasmo. Muchos de ellos tienen tantos señalamientos como los viejos candidatos. Otros, simplemente son improvisados que no tendrían idea alguna de qué hacer a  partir del día uno en la presidencia.

La lección de estos treinta años de experimento democrático, es que realizar elecciones es insuficiente para garantizar el funcionamiento de una democracia liberal. Claramente no estoy sugiriendo que volvamos al esquema de fraudes electorales o de golpes de estado que imperó antes de 1985. Pero sí debemos exigir algo más que elecciones limpias y transparentes.

Los partidos políticos, esas instituciones que son el corazón de una democracia vibrante, simplemente desaparecieron del escenario político guatemalteco. O tal vez nunca existieron. En su lugar, tenemos organizaciones con  dueños, cuya única intención es llegar al poder para saquear el Estado. La ideología simplemente es irrelevante.

¿Qué podemos hacer ante un panorama tan desolador? Lo mismo que en otras ocasiones. Elegir entre aquellos candidatos “menos peores”. Es la única opción que tenemos en el corto plazo. Ir a votar, aunque sea con el semblante de un funeral. Porque no nos engañemos. Esto no será una fiesta cívica, cuando la oferta política es tan pobre.

En el largo plazo, sin embargo, debemos exigir un cambio radical de nuestro sistema político. Si seguimos bajo las mismas reglas, la oferta política no se modificará. Seguiremos eligiendo entre los “menos peores” en cada proceso electoral.

Pero también es necesario un cambio en la cultura política del país. Es indispensable que la clase media y el sector urbano se involucren activamente en los partidos políticos, con un sistema de financiamiento transparente, que impida que los partidos tengan dueños.

Debemos  comprender que el disgusto y la animadversión que la mayoría de guatemaltecos siente hacia la actividad política, sólo allana el camino para que los peores elementos de esta sociedad se hagan con el control del Estado.  En política no hay vacíos y los espacios que dejan las personas decentes, son ocupados por individuos inescrupulosos.

A la mayoría de políticos de este país poco les importa el rechazo de la ciudadanía. Se roban los impuestos que pagamos y gozan de privilegios insultantes, sin tener la más mínima vergüenza. Total, viven en un país en donde la impunidad es la norma.

Esa es la razón por la cual se debe pasar de simplemente votar cada cuatro años por el “menos peor”, a  construir una cultura en donde la actividad política sea vista como un derecho y una obligación ciudadana.

Si queremos un país distinto, no podemos esperar a que la oferta política cambie de forma “espontánea”. Nosotros debemos colaborar activamente en construir un sistema político decente.  No tenemos opción.

Columna publicada originalmente en El Periódico. 

Se utiliza el término «populismo» para denigrar cualquier propuesta política, pero ¿está siendo bien utilizado?

La etiqueta de populista está a la orden día. En la próxima campaña electoral en Guatemala, tal y como viene usándose en la prensa, será el dardo que se empleará para denigrar a los adversarios políticos. Todo el mundo usa la etiqueta pero nadie sabe con rigor qué significa. En efecto, antes de la moda teórica actual, los peligros del populismo ya habían sido analizados, entendiéndose éste, como sinónimo de colectivismo (socialismo etc.). La historia ha evidenciado el carácter perjudicial de estas ideas una y otra vez. 

El intento por renovar el colectivismo en los países ricos, ha disociado el vocablo populismo del colectivismo. En Iberoamérica, en las últimas décadas, el socialismo del siglo XXI, catapultó un sistema socialista que solo fue tachado de populista por sus extremos militaristas, medidas económicas y persecución a la disidencia, no por socialista, debido a la carga emotiva que empieza a tener el término en países indefensos ideológicamente.  

Frente a esto existe otra versión más intelectual y rigurosa sobre el populismo. Esta versión no consiste en argumentar sobre una presunta crisis de la democracia, por irrupción de actores externos al consenso de partes entendidas, o bien, por el declive de las instituciones formales. Allí el análisis consiste en observar la reacción política en curso, en contra de la hegemonía de las élites que proliferan en Europa con ecos en otras latitudes.

La crisis de las élites estriba en el distanciamiento y desprecio que éstas tienen con realidades concretas como la familia, comunidad, nación y valores tradicionales. Este desprecio viene dado por la ideología dominante de una universalidad abstracta, heredera del proyecto ilustrado europeo-continental que empieza a fracturarse y degenerarse.

Como acertó Edmund Burke, siempre se ha tratado de una oposición entre el proyecto revolucionario en curso que pretende concretar derechos metafísicos o abstractos a una realidad compleja en detrimento de la historia y tradiciones.

Estas élites herederas de 1789, siguen hablando babélicamente sin tomar en cuenta las problemáticas sociales. Arrogantes de su papel en la historia, acusan a todo aquello que no coincida con su proyecto ilustrado con la etiqueta peyorativa de «populista». Semi-intelectualizadas como afirma Del Sol, están llamadas más a etiquetar en lugar de pensar y guiar, atacando todo aquello que no se acomode a su visión del mundo unilateral.

En lugar de asumir la naturaleza compleja del ser humano, la política moderna parece unilateral. Por ello, las élites no comprenden la tensión entre universalidad y particularismo, al punto de sostener que todo particularismo es propio de gente no ilustrada que hay que excluir.

Así, con arreglo al ideal de consenso, no se entienden realidades políticas como las de Trump, Bolsonaro, López Obrador, Brexit etc., que escapan a la afasia política imperante.

Así pues, en lugar de entender y comprender, las élites pretenden prescribir recetas de cómo acabar con los populistas, lo cual se traduce paradójicamente, en liquidar o silenciar a todo aquel que no piense como las élites. De hecho, aun cuando no existe un núcleo que permita entender conceptualmente qué se entiende por populismo, se sigue vendiendo un ideal anti-democrático que consiste en que solo los defensores de la ideología ilustrada y abstracta de los derechos humanos merecen el rótulo de demócratas. Esto no es nuevo.

Desde la ilustración francesa al comunismo internacional se ha intentado imponer a sangre y fuego el proyecto de la homogeneidad social. Por ello, el desprecio por lo rural, tradiciones, usos y normas sociales y educación ha sido sustituido por el political correctness. Por ello, frente al movimiento anti élite o populista que no se entiende, solo cabe la rabia, la cual ahora en el discurso emocional parece reemplazar la razón.

Fragmentado, volátil, poco representativo… entre otras cosas. Guatemala tiene un sistema de partidos políticos fallido.

Desde la apertura democrática, la tragedia de los partidos políticos guatemaltecos ha sido objeto de estudio a nivel latinoamericano, por su fragmentación, volatilidad y poca representatividad.

¿Qué significan en la realidad estas características?

La fragmentación hace referencia al número desmedido de organizaciones que han surgido a lo largo de los años. De 1985 al 2018, se han registrado 98 partidos ante el TSE. Lo que los expertos no explican es que la mayoría de esas organizaciones han sido meros cascarones electorales, diseñados para llevar a determinados personajes o grupos al poder.

La volatilidad se refiere a la poca estabilidad de los partidos políticos. En 33 años de democracia, la vida promedio de los partidos ha sido de 12.1 años. En un poco más de una década, un partido nace, crece, se reproduce y muere.

De los 72 partidos que han participado en procesos electorales, 40 sólo lo hicieron en un evento electoral. Tan sólo 19 han sobrevivido a tres o más elecciones.

Salvo algunas excepciones, llegar al poder ha sido la mayor maldición para los partidos en Guatemala. Ninguna organización ha logrado reelegirse. Y en promedio, todos los partidos que han llegado a la Presidencia han perdido alrededor de 20 puntos porcentuales de votos luego de sus desastrosas gestiones al frente del Gobierno.

De ocho partidos que han ganado a la Presidencia entre 1985 y 2015, cinco de ellos ya no existen.

La falta de representatividad se debe a la forma en que los partidos funcionan. En Guatemala, los partidos han innovado para mal en la forma de hacer política. En lugar de construir organizaciones, con cohesión ideológica, con planes de gobierno y propuestas de políticas públicas, con afiliados comprometidos con la organización y una dirigencia interesada en el país; los partidos a penas aspiran a funcionar como meros vehículos electorales para caudillos y caciques.

Por ello se dice que los partidos operan como franquicias electorales. Esto implica que la utilización de los recursos se focaliza en la campaña electoral y no en el fortalecimiento de la organización, en la formación de cuadros o en la capacitación de afiliados.

Bajo la lógica de “quien paga para llegar, llega para robar”, en Guatemala los partidos que ganaron las elecciones de 1985 a 2011, fueron los que más dinero gastaron en campaña, quienes más tuvieron acceso a espacios en televisión y quienes más hicieron uso del clientelismo.

La necesidad de recursos obliga a los partidos a buscar financiamiento en la corrupción, o peor aún, en el mundo criminal. Esto explica por qué el 75 por ciento de los fondos utilizados durante las campañas provienen de la corrupción o del narcotráfico. Por esta razón, en los últimos años, cuatro partidos políticos han sido cancelados por anomalías en el financiamiento.

Ante esta realidad de voracidad y criminalidad que ha capturado a los partidos, no debe sorprendernos entonces que de la campaña 2015, tres candidatos presidenciales y dos vicepresidenciales estén presos o tengan cuentas pendientes con la justicia. 

¿Es posible lanzarse como candidato a la presidencia sin un partido político? 

El abogado Carlos Cerezo Blandón acudió al Tribunal Supremo Electoral para inscribir un binomio presidencial sin postularse a través de un partido político. En 2015 se acercó al Tribunal Supremo Electoral para consultar cuál era el procedimiento para postular candidaturas sin hacerlo a través de partidos políticos o comités cívicos y éste respondió que no existía procedimiento para ello. 

El intento del Licenciado Cerezo plantea un ejercicio interesante y que ya ha sido abordado en otras latitudes: ¿Exigir que los ciudadanos se postulen a través de partidos políticos vulnera el derecho a elegir y ser electo? Al fin y al cabo, nuestra Constitución reconoce en el artículo 136: «Son derechos y deberes de los ciudadanos: (…) b. Elegir y ser electo». Y si vamos al artículo 23 del Pacto de San José veremos más de lo mismo y un listado de razones por las cuales puede limitarse este derecho.

¿Qué dice la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad? 

Hay al menos dos casos donde la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado respecto de si son los partidos los vehículos por los cuales se canaliza el derecho a elegir y ser electo o son los individuos los titulares absolutos de ese derecho.

Entre los casos que han resuelto las cortes vemos que en el expediente 1235-99, donde Carlos David Pineda reclamó que la negación de su inscripción como alcalde de Zacapa se notificó al partido y no a él personalmente. En el expediente 2080-2011, Alejandro Baslells reclamó la inconstitucionalidad del artículo 250 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que establece que la legitimación para interponer recursos en el proceso electoral corresponde únicamente a las partes acreditadas dentro del proceso electoral, es decir, a las organizaciones políticas.

En ambos casos la Corte les negó la razón a los accionantes y resolvió que: «los ciudadanos ceden a los partidos y organizaciones políticas el papel de argumentar, desarrollar, defender y difundir sus intereses y objetivos» (la negrita es propia) y que «la ley faculta a los partidos políticos legalmente reconocidos para postular e inscribir candidatos para todos los cargos de elección popular, ante el Registro de Ciudadanos, y siendo que la democracia guatemalteca es representativa y se delega en las organizaciones políticas éstas [sic] facultades, pues si no todos los ciudadanos podrían inscribirse por si [sic] mismos creando desorden y anarquía en vez de un sistema electoral». 

El criterio anterior deja ver que la Corte acepta que son los partidos políticos los vehículos a través de los cuales se ejercen los derechos políticos y no los individuos de forma directa.

Dos casos que llegaron a la Corte Interamericana: el Caso Yatama vs Nicaragua y el Caso Castañeda Gutman versus Estados Unidos Mexicanos

Decíamos antes que ningún derecho es absoluto, pero también hay que matizar que los límites a los derechos políticos deben ser proporcionales y necesarios.

En el Caso Yatama vs. Nicaragua una población indígena de la costa atlántica reclamó que no pudo presentarse a las elecciones municipales de 2002 porque la autoridad electoral les exigía participar a través de un partido político. Bajo la ley anterior a 2002, esta población indígena participaba en las elecciones municipales a través de la figura de Asociación de Suscripción Popular, pero una reforma a la legislación electoral obligaba a los ciudadanos a presentarse a las elecciones municipales exclusivamente a través de un partido político. 

La CIDH resolvió varias cuestiones en ese caso, pero una de ellas relacionada al hecho de que Nicaragua violaba el derecho a elegir y ser electo debido a que la medida impuesta era discriminatoria y no proporcional. Lo que la CIDH manifestó fue que la participación política en figuras legales distintas de los partidos «es esencial para garantizar la expresión política legítima y necesaria cuando se trate de grupos de ciudadanos que de otra forma podrían quedar excluidos de esa participación (…)». 

Sim embargo, el Caso Castañeda Gutman es más interesante ya que surge a partir del intento del señor Jorge Castañeda de postularse como candidato independiente a la presidencia de México en las elecciones presidenciales del 2006. Un intento similar al del Licenciado Cerezo. La candidatura fue rechazada en virtud de que la legislación federal mexicana exigía que se presentara con un partido político. 

La respuesta de la CIDH fue que México no violaba el derecho a elegir y ser electo de Jorge Castañeda Gutman porque exigir que las candidaturas presidenciales se postulen a través de partidos políticos, es una medida proporcional y necesaria. Lo es teniendo en cuenta que, en una sociedad de más de 85 millones de electores, en las que todos tendrían derecho a ser elegidos y donde hay financiamiento mayoritariamente público, es un mecanismo adecuado para ejercer el derecho a elegir y ser electo.

¿Ayuda este breve repaso de la jurisprudencia nacional y de la CIDH a reforzar la idea de candidaturas independientes? No. Aun así, podría plantearse la discusión de permitir candidaturas independientes a través de una reforma a la legislación electoral como un debate más amplio y profundo.

El Tribunal Supremo Electoral convocó en Enero de 2019 a «elecciones generales» a celebrarse el 16 de junio. Iniciamos otro proceso electoral que de ningún modo significará un incremento de la libertad de los individuos. Debido a la confusión entre Estado de Derecho y democracia, los asistentes a la votación entregarán nuevamente un cheque en blanco a las facciones políticas en contienda.

La inexistencia del Estado de Derecho se mantendrá incólume. La ansiedad por salir de los «titulares ocasionales del poder» será satisfecha. La emoción por la alternancia se mezclará con la confusión conceptual que impedirá una toma de conciencia sobre la situación del país.

El bullicio babélico se encargará de promover la mentira de que en 2019 se elegirá, para no decir que solo se refrendará lo que ya fue elegido por las camarillas político-estatales.

El proceso electoral de 2019 se regirá por la Ley Electoral y de Partidos Políticos Decreto Número 1-85 y 26-2016. Cargada de disparates técnico-jurídicos y de imposibilidades legales, esta normativa se encargará de empobrecer más el debate político, inexistente en un país sin representación política y sin un foro político democrático.

La reforma (mejor dicho, la deforma) de 2016 se encargó de plasmar un entramado de disposiciones punitivas eludiendo el precario y débil sistema contencioso administrativo electoral. En lugar de favorecer la libertad política vedada en la Constitución, los cambios entronizarán el miedo, el political correctness y el eufemismo político.

En 2019 no se elegirá sino que se votará sin libertad. La legislación electoral nunca ha favorecido el acto de escoger. Siempre ha sido favorable a los partidos políticos convertidos en órganos auxiliares del Estado. Por ello, hasta las campañas  millonarias de las facciones político-estatales serán financiadas por el «ogro filantrópico».

Las otras fuentes de financiamiento se ocultarán con el supuesto sistema ideal de financiamiento electoral, que encubre las exigencias de todo tipo de su público cautivo, debido a la fetichización del derecho, tan usado cuando se quiere resolver cuestiones que escapan a problemas normativos.

La votación de 2019 consistirá en la ratificación de alguna propuesta político-partidista para Presidente, Vicepresidente, alcalde, diputado etc. Cada candidato atizará la sociedad del espectáculo que bien describió Guy Debord. Lo irrelevante y las emociones dominarán la escena en conjunto con los distintos programas mágicos improvisados que cada cierto tiempo tienen peso electoral.

Los ciudadanos convertidos en funcionarios asistirán lamentablemente a entregar un voto más para engranar la máquina estatal. Luego olvidarán sus responsabilidades cívicas para recluirse en las redes sociales. Otros cansados de lo mismo votarán nulos o se abstendrán. El proyecto de Estado seguirá sin discutirse en la inercia de los acontecimientos.

La afasia política existente, consistente en la pérdida de la capacidad de comprender o emitir el lenguaje, hará de las suyas. Tirios y troyanos emplearán palabras vagas como izquierda o derecha para eludir que eso es irrelevante en la clase política.

Los ratificados en el acto de votación este año pasarán a engrosar a los organismos del Estado, no para fungir como representantes del pueblo, sino como comisarios de los partidos políticos que los escogieron.

Mientras tanto, la fórmula constitucional que jamás se cumple está allí en el papel de 1985. A saber, la de una República democrática representativa (art. 140) que nunca termina de cristalizar.

Guatemala necesita una nueva derecha. 

Una que sea auténticamente liberal y no únicamente anticomunista. Que aprenda a dejar en el pasado los temores de la Guerra Fría, entienda que hoy la guerra se hace con las ideas y que defienda al capitalismo demostrando sus logros, no intentando destruir a sus opositores con las etiquetas del siglo pasado.

La nueva derecha guatemalteca debe ser abiertamente democrática, lo cual demostraría condenando los autoritarismos de todos los colores; así daría a entender que comprende que solo en democracia puede existir libertad y un ambiente propicio para el desarrollo.

Existirá dentro de esta nueva derecha una facción que se identificará como conservadora, pero ojo, conservador no es lo mismo que inmovilista. Un conservador debe aprender a reconocer cuando un sistema ha caducado y por lo tanto es necesario reformarlo; para esto, debe tener propuestas serias y ponerlas sobre todas las mesas de discusión. No es válido oponerse al cambio solo por miedo.

La nueva derecha debe defender sin complejos a la empresa privada, porque reconoce que es fuente de riqueza y empleo. Con esa misma firmeza debe separarse de esos empresarios que no están dispuestos a respetar las reglas del juego y que prefieren retozar con políticos corruptos para procurarse favores. Apañar la corrupción y aplaudir violaciones a la institucionalidad de parte de los políticos queda fuera de discusión 

También debe alejarse del populismo moral que utiliza la religión y los valores conservadores para hacer política irresponsable. No se vale apelar a los miedos, prejuicios conservadores y creencias de los guatemaltecos, para ganarle votos a proyectos políticos que no tienen la capacidad de hacer propuestas serias.

En ese sentido, algunos miembros de esta nueva derecha podrían identificarse abierta y libremente como religiosos, pero claro, comprenderían que la religión es un tema para el hogar, la familia y la vida, no para la política.

La nueva derecha debe alejarse de las políticas populistas de toda la vida, esas que ofrecen soluciones sencillas para resolver problemas complejos. Eso implica insertarle seriedad a discusiones de temas como la pena de muerte, la cual es vendida por la vieja derecha como herramienta para combatir la violencia.

En esa misma vía, la nueva derecha debe curar sus alergias al término de Derechos Humanos, pues debe estar consciente que estos fueron creación del mundo occidental y que su función no es “defender criminales” como se repite desatinadamente, sino proteger a los ciudadanos frente a potenciales abusos de los organismos del Estado.

Tampoco debe tener miedo a la diversidad cultural y de ideas. Guatemala es un país en donde conviven distintas formas de ver el mundo y es necesario que quienes quieran hacer política puedan sentarse en distintas mesas a compartir sus puntos de vista con apertura y respeto.

Una nueva derecha no se casaría con el ideal libertario de un Estado minúsculo, porque reconoce que eso no funciona en ninguna parte del mundo y que, en un país como este, es necesario financiar políticas sociales de manera transparente y estratégica, principalmente en salud y educación, para aliviar los problemas de las grandes mayorías.  

También reconocería que para lograr el objetivo de reducir los índices de pobreza, es obligatorio promover el crecimiento económico, pero no suficiente. El Estado también debe tomar un papel protagónico, creciendo ordenadamente y tomando solo aquellos compromisos que sean necesarios. Ningún país desarrollado funciona sin un Estado profesional y bien financiado.  

La nueva derecha debería reconocer que su participación en política es importante porque su ausencia deja espacio a una derecha populista, irresponsable y vociferante. También, debe reconocer que restarle importancia al servicio público ha dejado el camino libre para que los peores ocupen los puestos de mayor responsabilidad.

Por último, la nueva derecha debe evitar ese destructivo comportamiento tribal que tanto aflige a la vieja derecha. Debe reconocer que dentro de sus filas existirá la diversidad de ideas y de voces, lo cual no implica falta de lealtad.

La nueva derecha guatemalteca debe ser estratégica, debe tener propuestas y debe aprender a comunicarlas. Debe ser firme en sus posturas y expresarlas sin complejos.

¿En dónde está la nueva derecha guatemalteca?

Una cronología de las vinculaciones existentes en un Estado capturado.

Corría el año 2014. FECI y CICIG le seguían la pista a una red dedicada a la defraudación aduanera. Mediante interceptaciones telefónicas, armaban un rompecabezas sobre la integración de una compleja estructura criminal. Desde tramitadores, vistas de aduanas, pasando por supervisores, gerentes, intendentes, hasta el mismo superintendente. Todos, coordinados en un esfuerzo para generar riquezas ilícitas, facilitando la defraudación de impuestos en importaciones aduaneras.

La investigación determinó también que existía una estructura externa, integrada por particulares que, desde fuera del poder público, incidían en el nombramiento de funcionarios de SAT para servir los intereses de la red. El personaje que actuaba como enlace entre funcionarios y los particulares era Giovanni Marroquín Navas, cuya línea telefónica fue interceptada a partir de noviembre 2014.

Las escuchas de Marroquín permitieron identificar la trama para nombrar a Omar Franco como Superintendente de SAT, o los esfuerzos por conseguir el apoyo de Pérez Molina para nombrar un Gerente de Recursos Humanos afín a la red. Dichos episodios sustentaron la judicialización del Caso La Línea, aquel 16 de abril de 2015, y la captura de Marroquín y una veintena de personas más. Y meses más adelante, llevaría también a la captura de Roxana Baldetti y la caída de Otto Pérez Molina.

Pero eso no se quedó ahí. El análisis de las interceptaciones de Marroquín Navas evidenció que este también se dedicaba a realizar otros “trámites” tributarios. Concretamente, a entorpecer casos administrativos y penales por posible defraudación, además de agilizar devoluciones de crédito fiscal. Todo ello, mediante un proceso corrupto de pago de sobornos y cobro de comisiones ilícitas.

Esta línea de investigación permitió presentar el Caso Aceros de Guatemala en febrero 2016.

Pero esto tampoco se quedó ahí. La información recabada en los allanamientos de La Línea y del Caso Aceros, el examen financiero sobre los movimientos bancarios de Marroquín, y el análisis de más interceptaciones telefónicas de su línea, permitió identificar que la red dedicada a la tramitación de expedientes de crédito fiscal era de mayores dimensiones.

Esta ampliación de la investigación permitió que en febrero 2018 se presentara el Caso Traficantes de Influencias, en el cual se descubrió que personajes como el ex vicepresidenciable de la UNE, Mario Leal Castillo, y el diputado Felipe Alejos, captaban clientes que luego eran referidos con la estructura de Marroquín Navas. Este último mantenía el mismo rol de siempre: ser el enlace con la SAT, cobrar comisiones y trasladar los beneficios económicos indebidos a los funcionarios públicos.

El análisis financiero dentro del Caso Traficantes de Influencias permitió identificar un grupo de sociedades utilizadas por Giovanni Marroquín para captar las comisiones y pagar los sobornos. Una de ellas era “Ingeniería Integral S.A.”, administrada por su hijo, Marlon. El análisis de los movimientos financieros reveló que dicha empresa transfirió recursos a otra sociedad anónima en 2015: Maariv S.A. Dichas transferencias ocurrían a pesar de que ambas carecían de relación comercial alguna.

Una búsqueda en Google de Maariv S.A. arroja varios resultados de la página del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Porque Maariv S.A. aparece registrada como financista de la campaña UNE de 2015. 

La investigación sobre financiamiento de la campaña UNE 2015, que se conducía paralelamente a la trama anterior, permitió entender por qué Maariv recibía fondos de una sociedad vinculada a Marroquín Navas. Sencillo. Era una empresa de fachada utilizada para captar fondos e inyectarlos al partido. Igual que Promotora de Recursos Habitacionales (PROHABSA), vinculada al vice presidenciable Leal, o el Grupo Inmobiliario San Felipe, vinculado al diputado Julio Ixcamey.

Maariv, Prohabsa y San Felipe son típicos ejemplos de sociedades de cartón utilizadas para captar recursos -tanto lícitos aportados de forma anónima, o fondos provenientes de corrupción- con el fin de financiar campañas. Similar a lo que ocurría con el Grupo Estrella y el financiamiento del Patriota; o el conglomerado de empresas de fachada de Manuel Baldizón utilizadas para la campaña de Líder.

Giovanni Marroquín es el centro neurálgico que permite en una misma red de relaciones, conectar La Línea, a Pérez Molina y Baldetti, algunos empresarios, con Felipe Alejos y la UNE. Personajes como este, alrededor de quienes se configuran nodos de relaciones de negocios que trascienden partidos y sectores, sobran. Algunos ya están en prisión, pero otros muchos, siguen operando en la impunidad.

Y así, quien diría que tirando de la misma cuerda que permitió dar con La Línea y que llevaría a la caída de Pérez Molina y Baldetti en 2015, permitiría dar con el financiamiento de quienes en el papel eran sus némesis políticos: la UNE y Sandra Torres. Todo un script digno de una novela best seller, una serie de Netflix, o una de esas historias enredadas propias de Quentin Tarantino o Christopher Nolan.

Pero en realidad, ese hilo conductor es el fiel reflejo de la captura del Estado. Un sistema político que sirve para satisfacer intereses de grupos criminales sin importar banderas o ideologías. Y la lógica que, para participar de esa juerga de negocios corruptos, hay que invertir en campañas electorales.

Esta es precisamente la razón por la que creo que la FECI y CICIG se les debe permitir seguir operando, incluso más allá de septiembre 2019. Porque aún hay muchas cuerdas pendientes de las cuales hay que tirar. Pero esa es la misma razón por la que muchos quieren evitarlo a toda costa: si de la misma cuerda de la que cayó el Patriota, hoy sale golpeada la UNE, ¿qué no habrá en los otros extremos de esas cuerdas aún pendientes de tirar?

Columna originalmente publicada en El Periódico. 

Dionisio Gutiérrez escribe una carta abierta al presidente electo de El Salvador, a quien recuerda que tiene una oportunidad sin precedentes, pues asume el mando de su país después de años de gobiernos deficientes y corruptos.

Señor Presidente electo:

Le felicito por su victoria y le deseo lo mejor a usted, a su familia y al pueblo salvadoreño.

Conozco muy bien su país pues lo recorrí muchas veces – antes de que usted naciera – de Metapán a Playas Negras y de Cara Sucia a Nueva Esparta. 

Los salvadoreños son gente buena y generosa, trabajadores incansables y ciudadanos valientes que aprecian la libertad y sueñan con un mejor país.

No soy quien para dar consejos y menos a un Presidente. Es más, muchos expresidentes de Centro América, especialmente los de Guatemala, se consideran mis enemigos porque expuse sus mentiras, su incompetencia y su corrupción.

De los 8 presidentes de la democracia de Guatemala, dos están en la cárcel, pero deberían estar tres; uno está prófugo de la justicia, por golpista y por corrupto, escondido en Panamá; el que está hoy en la presidencia, es muy probable que también termine en la cárcel; y se salvan tres que pasaron por el gobierno sin pena ni gloria. 

Llegar a la presidencia de una nación es un gran honor, un privilegio extraordinario y la responsabilidad más grande a la que puede aspirar un ciudadano. Se puede afectar de manera dramática y determinante la vida de la gente y el futuro de la nación. Para bien o para mal.  

Como usted sabe, Presidente electo, América Latina está llena de historias y testimonios de corrupción, terror y destrucción. Necesitamos historias de éxito y testimonios de desarrollo y bienestar, como los dan con frecuencia Chile, Uruguay, Colombia, Costa Rica y Panamá.  

Usted, presidente Bukele, tiene una oportunidad sin precedentes. Asume el mando de su país después de años de gobiernos muy deficientes y excesiva corrupción.

El cambio de gobierno y el ejercicio de un liderazgo positivo y efectivo renovarán en su país el brillo, la esperanza y el optimismo que siempre le han caracterizado.  

Usted llega al poder sin compromisos y con la frescura que le dan su juventud, sus ideales y su deseo de cambiar el rumbo y la historia de El Salvador. Anímese. Atrévase. 

Tiene la ventaja, si así lo quiere, de poder convocar a los mejores de su país para que le ayuden a gobernar. El mundo ofrece suficiente evidencia sobre las políticas y las decisiones que construyen pueblos prósperos. Escoja la libertad y los valores de la democracia liberal y republicana. La historia y la estadística confirman que es el mejor camino a la grandeza de las naciones.

Con las excepciones de Nicaragua y Cuba, el drama en Venezuela y la incertidumbre en México y Bolivia, América Latina está gobernada – en este momento – en su mayoría por demócratas que dan la impresión de comprender la importancia de respetar las reglas de la democracia, y, sobre todo, dan la impresión de saber que la inversión y la creación de oportunidades son elementos determinantes de la ecuación para el crecimiento y el desarrollo de las naciones.

Reactivar la economía, aliviar la pobreza, detener la migración por sobrevivencia, evitar la fuga de la inteligencia de su país, el drama de la separación de familias y la seguridad ciudadana son algunos de los desafíos que usted enfrentará.    

La certeza jurídica, el Estado de Derecho, el respeto a la propiedad y el libre mercado son clave para lograrlo; pero la condición indispensable para el éxito de su gobierno es que usted, como Presidente, lidere esa formidable misión con honestidad, capacidad, transparencia y compromiso.   

Usted, Presidente, puede ser un referente para Centro América, como lo intenta el Presidente Alvarado de Costa Rica. Usted puede ser el Estadista que el norte de Centro América esperaba desde hace tiempo. 

Presidente Bukele, tiene usted en sus manos y en su corazón el poder para hacer historia; de la buena, de la que construye y transforma, de la que nuestros países están tan necesitados de escuchar, sentir y vivir.

 Respetuosamente,

Dionisio Gutiérrez
Ciudadano centroamericano

Columna originalmente publicada en Estrategia y Negocios. 

¿Quién es Nayib Bukele?

La contundente victoria de Nayib Bukele sugiere cuando menos dos grandes temas. Primero, el malestar de la ciudadanía contra las élites políticas y el desprestigio de los partidos políticos tradicionales vuelve a dar el triunfo a un candidato «antisistema». Y segundo, el impacto del voto joven y el cambio de las preferencias derivado del ascenso de las clases medias emergentes que está cambiando los resultados electorales en la región.

A partir de la apertura democrática, en El Salvador se consolidó un bipartidismo fuerte. Por un lado, el partido ARENA, formado por el ala anticomunista salvadoreña y el FMLN formado por la exguerrilla. ARENA gobernó desde 1989 hasta el 2009 y desde entonces hizo gobierno el FMLN. Ambos partidos han sido objeto de acusaciones de corrupción. El expresidente de ARENA, Tony Saca fue condenado a 10 años de prisión y el expresidente efemelenista, Mauricio Funes, se encuentra prófugo en Nicaragua y acumula cuatro órdenes de captura.

El propio Bukele empezó su carrera política en las filas del FMLN primero como alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y luego como alcalde de San Salvador (2015-2018) donde acabó con un histórico 84% de aprobación. Ya en 2016 Foreign Policy lo había considerado uno de los 15 tomadores de decisiones más importantes del mundo pero en las filas efemelenistas no pensaban darle espacio como candidato presidencial. Con su popularidad en las nubes y tras hacer críticas al FMLN a finales de 2017 le acabaron expulsando del partido.

Para entonces Bukele ya había roto con el sistema. Después de salir del FMLN intentó formar un nuevo partido político, pero no tuvo éxito. Se unió a las filas de un pequeño partido político de izquierdas llamado Cambio Democrático, pero el partido fue cancelado por el TSE. Tras ese revés, en julio de 2018 se unió finalmente al partido de centro-derecha GANA y el pasado 4 de febrero ganó la presidencia con ese partido.

Bukele logró capitalizar el malestar con la clase política y entre su campaña del «devuelvan lo robado» y su fuerte presencia en las redes sociales logró catapultarse a la presidencia. Para los salvadoreños en general y en especial para los jóvenes y clases medias emergentes, Bukele era la alternativa a los actores políticos tradicionales.

No hay que perder de vista que desde 2016 hemos visto cómo el descontento de las clases medias está teniendo un impacto importante en la política. En el mundo desarrollado, esas clases medias insatisfechas culpan a la élite política y al globalismo de su estancamiento económico. Son ellos quienes votaron por Trump y por el sí en el Brexit.

En los países de ingresos más bajos y concretamente en Latinoamérica, las clases medias emergentes son hijas de la apertura democrática y la apertura económica que comenzó a mitades de la década de 1980. Estas clases medias emergentes están cambiando profundamente la demanda política de la región.

En Centroamérica se ve cómo aquellos grupos de los deciles de ingreso más bajos, especialmente los que vivían en zonas rurales, que eran presa fácil de los programas clientelares, se han transformado en clases medias emergentes urbanas que demandan ahora seguridad y servicios públicos funcionales y que aborrecen a esa clase política tradicional, precisamente por ser incapaz de garantizarles aquellas condiciones.

Hoy fue Bukele en El Salvador y en 2015 el electorado pensó que sería Jimmy Morales la respuesta para Guatemala. El caso es que estas clases medias emergentes buscan con ansias reemplazar a esos desprestigiados partidos políticos. Latinobarómetro reflejó a finales de 2018 que solo el 13% de latinoamericanos cree en los partidos. De ese descontento es que surgen los Bukele, los Bolsonaro o los AMLO. ¿Cuál será el resultado de este giro a los políticos antisistema? El tiempo lo dirá.

El 2019 nos necesita despiertos. Seamos críticos con la información que recibimos.

Hace tres siglos, el escritor Jonathan Swift anticipó el mundo de la posverdad en su obra “El arte de la mentira política” cuando dijo: “La falsedad vuela, mientras la verdad se arrastra tras ella, de suerte que cuando los hombres se desengañan, lo hacen un cuarto de hora tarde”.

En 2016 el Diccionario de Oxford nombró a la posverdad como la palabra del año, después de meses convulsionados por fenómenos como el Bréxit o la victoria de Donald Trump, donde noticias con datos adulterados inundaron los medios de comunicación.

Estudios realizados en el MIT han demostrado que las noticias falsas se comparten seis veces más rápido que la verdad. Medios de comunicación tradicionales han perdido popularidad y plataformas como Facebook, Twitter y Youtube, están afrontando grandes retos para contrarrestar la difusión de información de baja calidad.

Según la empresa iLifeBelt, cuatro de cada diez guatemaltecos tienen acceso a internet y para la mayoría de los jóvenes, es el medio de información con mayor impacto. Las redes son el principal canal por el que los jóvenes consumen la información que define su postura ante los graves problemas que enfrenta nuestro país. ¿Cómo nos aseguramos de formar criterios con base en hechos y no por historias inventadas?

Un consejo trillado es revisar las fuentes de donde proviene la información, pero es esencial reconocer el peso del autor y el espacio en el que se está difundiendo. Pausemos un momento antes de compartir aquella noticia que nos impactó. Somos responsables de lo que suscribimos por redes sociales. No podemos permitir que bloggeros y cuentas que viven de la difamación ganen credibilidad.

Además, es importante analizar los otros puntos de vista. Escuchar otras opiniones no significa que se esté de acuerdo con los argumentos, pero permite confrontar visiones opuestas, de las cuales se pueden obtener conclusiones interesantes. En países con democracias consolidadas, el debate es la herramienta que permite la evolución de las instituciones. Guatemala necesita del sano disenso para generar los cambios sociales que tanto añoramos.

El panorama político y social de nuestro país en los próximos meses vendrá marcado por la influencia de la posverdad donde la evidencia, pierde peso frente a las historias a medias. Esfuerzos ciudadanos nos presentan herramientas como Confirmado que busca ser una plataforma que corrobora datos, o ¿Por Quién Voto? que está próxima a lanzarse y que permitirá conocer las posturas ideológicas de los partidos políticos.

Seamos críticos con la información que recibimos. Una mentira contada cien veces, nunca será una verdad si rechazamos la información que no tiene sustento científico o legal. El 2019 nos necesita despiertos, el futuro de nuestro país depende de las decisiones que tomemos.

Columna publicada originalmente en El Periódico.