Tres académicos nos invitan a entender, con lentes diferentes, el papel de las instituciones en el mundo occidental.

Tres académicos en los últimos años han aportado al mercado de las ideas, sólidas obras académicas y de divulgación con una singular importancia para la comprensión de la civilización occidental. Los académicos referidos son: Ian Morris, Steven Pinker y Niall Ferguson. Morris es profesor Stanford University, Pinker es profesor en Harvard University, al igual que Ferguson.

Las credenciales de estos hombres son conocidas, pero quizás la sola mención de algunas de sus ideas de manera sucinta, pueden evidenciar, cuán importante es tomarlos en cuenta en el mundo actual, cuando se trata de comprender los problemas institucionales en largos períodos históricos, evitando con ello posiciones unilaterales.

Morris ha venido a plantear como la moral occidental ha variado a lo largo del tiempo, quedando condicionada al uso y extracción de la energía en determinada época. Partiendo de que existen tres grandes sistemas en la civilización occidental: i) valores de cazadores-recolectores, ii) valores agrícolas o campesinos y iii) valores de los combustibles fósiles, el autor disecciona cómo se dan las relaciones entre libertad, igualdad y coacción en estos estadios.

Dado que los tres estados civilizatorios dejan resquicios en nuestra civilización, se puede llegar a la conclusión que las tres pueden encontrarse en muchas partes del mundo, aun cuando la última a nivel general sea la predominante en occidente. De hecho, bastaría viajar por buena parte de la América latina para observar como aun encontramos “valores de cazadores-recolectores” y “valores agrícolas o campesinos”.

Ello explica en buena medida los contrastes abismales en nuestros propios países, cuando se trata de sistemas morales e institucionales que rivalizan entre sí.

El elemento político-institucional en Morris, aun no siendo su preocupación central, no deja de tener un lugar especial. De hecho muestra como la necesidad por preservar el poder ha llevado paradójicamente a que los gobiernos permitan la paz. Este elemento del papel decisivo del gobierno, se relaciona en parte con los otros autores que se mencionarán, dado el énfasis que colocan en el papel de las instituciones en occidente.

En lo que se refiere a Steven Pinker[1], vale destacar que ha abordado el tema de lareducción de la violencia en occidente, con datos significativos que persuaden como nuestra época está signada por una condena férrea a todo trato cruel e infamante en comparación con otros estados de la historia.

Morris y Pinker recuerdan, pese a las críticas que formulan, a la célebre obra de Thomas Hobbes, al punto de que coinciden con este en el hecho de que la necesidad del gobierno se da por el hecho de que el hombre abandona el “estado de naturaleza”precisamente por el miedo a la muerte prematura.

Pinker sugiere que el hombre moderno está impregnado de una “naturaleza humana”, la cual si bien está plagada de instintos violentos, no excluye que también tenga sus instintos "angelicales".

En el caso de Niall Ferguson[2], vale destacar que ha aportado con creces al debate contemporáneo en lo que se refiere al ascenso pero riesgoso proceso de decadencia de la civilización occidental. Ha mostrado la importancia que ha tenido para occidente el imperio de la ley, la competencia entre los países y dentro de los países, la revolución científica, el gobierno representativo, la medicina moderna, la sociedad de consumo y la ética del trabajo.

En The Great Degeneration (2014) el autor muestra algunas “cajas negras que han permanecido selladas durante largo tiempo”, a saber: “democracia”, “capitalismo”; “imperio de la ley” y “sociedad civil” como componentes centrales de la civilización que están en riesgo de degeneración.

Esta perspectiva pretende alertar cuán peligroso sería ese “estado estacionario” que hablaba Smith, entendido como un país anteriormente rico que deja de crecer. En el caso de América latina, el debate intelectual y político ha girado en torno a la pregunta de por qué somos países pobres en su gran mayoría. Sin embargo, la preocupación de Ferguson está en el hecho de qué hay países ricos que pueden volver a la pobreza.

La obra de estos tres pensadores nos invita con perspectivas singulares y fructíferas a mirar el papel de las instituciones en el mundo occidental con lentes diferentes. De la misma manera, nos muestran como ha sido ese largo proceso de gestación de instituciones, sus fundamentos, sus características, sus aportes e incluso los peligros que enfrentan en un mundo a veces alejado de la necesidad de conocer nuestro pasado.

Si bien el papel de las instituciones ha sido relevante en los tres, la perspectiva humana tiene un papel central en los autores. La idea de que las instituciones sociales o políticas pueden alterar los rasgos esenciales del ser humano sería rechazado por Pinker especialmente, pero los tres pueden dar cuenta como el ser humano con sus rasgos más intrínsecos se ven condicionados de cierta manera por el contexto histórico que les toca vivir.

Referencias:

[1] Autor de obras significativas como The blank slate: the modern denial of human nature (2003); The language instinct: how the mind creates language (2007); How the Mind Works (2009) y The better angels of our nature: why violence has declined (2012).

[2] Autor de obras significativas como The ascent of money: a financial history of the world (2009); Civilization: the west and the rest (2012); The great degeneration: how institutions decay and economies die (2014) y Kissinger: 1923-1968: the idealist (2016) entre otras.

El proceso de lucha contra la corrupción que experimenta Guatemala ha generado incertidumbre sobre el futuro del país.

Una parte de la sociedad guatemalteca ve con mucha suspicacia y desconfianza el proceso que está atravesando el país. Su temor es que se caiga en una espiral de ingobernabilidad que podría dejarnos en una situación peor que la que históricamente hemos vivido. Además se cuestionan las motivaciones de los actores que están detrás de este proceso de cambio y por último se señalan ciertas irregularidades o errores que se han cometido.

La primera reacción ante estos argumentos es obviarlos o bien tildarlos de formar parte del pacto de corruptos. Claro, no se puede negar que hay un pequeño grupo muy estridente que se dedica a desprestigiar la lucha contra la corrupción por intereses obscuros y perversos. Pero también hay personas que están genuinamente preocupadas por las repercusiones que podría traer este proceso, por lo que es importante establecer un diálogo constructivo entre éstos y quiénes apoyan decididamente la transformación del país.

El punto de partida debe ser visualizar la situación en la que se encontraría el país hoy en día, si no se hubiese renovado el mandato de CICIG en 2015. ¿Quién sería el presidente en estos momentos? En los meses previos a las elecciones de 2015, las encuestas daban como posibles ganadores a personajes que claramente pretendían aumentar la voracidad de la corrupción a niveles que nos hubiesen llevado rápidamente al colapso. De hecho estábamos muy cerca de ese punto, como lo han revelado los procesos judiciales actuales. Fue la intervención de CICIG lo que motivó un despertar cívico en la ciudadanía que impidió que estas personas alcanzaran el poder. ¿Podemos negar este hecho?

El segundo punto es reconocer que sin CICIG, hubiese sido imposible iniciar la lucha contra la corrupción. Ningún sector o grupo de personas del país tenía (o tiene) la fuerza para enfrentarse a todo el entramado de corrupción que tenía (o sigue teniendo) cooptado al Estado. Es ilusorio e ingenuo decir que solo nosotros como sociedad podemos acabar con las mafias incrustadas en el Estado. ¿Acaso lo habíamos podido hacer antes? ¿Acaso no la corrupción había tomado control de todas nuestras instituciones, afectando a todos los sectores de la sociedad?

El tercer punto es también admitir que en este proceso se han cometido serios errores. Por ejemplo, no se puede negar que hay personas en prisión preventiva que no deberían estar allí. Son personas a las que difícilmente se les puede llamar criminales y que tuvieron el infortunio de no comprender los alcances de lo que estaban firmando. La justicia también es saber diferenciar entre unos y otros. Pero muy distinto es tomar estos errores, que no son poca cosa, para tratar de frenar el proceso entero de transformación del país. Eso tampoco es válido. Se deben señalar los errores para que se corrijan, no para tratar de estropear la lucha contra la corrupción.

Por último, si logran sacar a CICIG. ¿Cuál será el futuro del país? Lo más probable es que se inicie un proceso de descomposición institucional que terminaría con grupos abiertamente mafiosos y criminales controlando todas las instituciones del Estado. Ante la comunidad internacional y los inversionistas quedaríamos como un país sin remedio, en donde el Estado de Derecho está totalmente ausente. ¿De verdad creemos que lograremos atraer la inversión y generar crecimiento económico con esa imagen del país?

No cabe duda que el proceso que experimenta Guatemala genera incertidumbre. Esto hace que muchas personas bien intencionadas se opongan al cambio o incluso, que estén dispuestas a tolerar los actos desvergonzados de corrupción y opacidad que realizan actualmente varios funcionarios públicos en el Organismo Ejecutivo y en el Congreso. Pero se tiene que tener claro que la tolerancia a dichos actos, es lo que nos tiene sumidos en la miseria y en las crisis recurrentes. Como bien dice la sabiduría popular “no se pude hacer lo mismo y esperar resultados diferentes”.

Artículo originalmente publicado en El Periódico.

¿Cuáles son las fuerzas que están marcando el momento complejo que vive el planeta?

El mundo está enredado en conflictos geopolíticos en cada continente. El desencanto con la política sigue generando movimientos populistas de izquierda o derecha en todas las latitudes; el comercio mundial se ha debilitado; la posibilidad de emigrar y las oportunidades de trabajo presentan sombras cada día más grandes y la globalización -y sus promesas- llegan a finales de 2016 con grandes signos de interrogación.

¿Cuáles son las fuerzas que están marcando el momento complejo que vive el planeta? ¿Cuáles son las verdaderas causas de la resistencia de ISIS, del BREXIT, de los abusos de China, Rusia o Corea del Norte y su carrera armamentista o el descaro de grupos cercanos al poder en Irán y Arabia Saudí para financiar organizaciones terroristas? ¿Cuáles son las causas de la caída en el petróleo y la incapacidad de los países productores para ponerse de acuerdo y bajar producción? ¿Qué impacto tendrá en el mundo el cambio en la matriz energética, la autosuficiencia de EE.UU. y los riesgos que tendrán las nuevas tecnologías para generar energía limpia? ¿Cuántas pruebas más necesitamos para tomar medidas drásticas para enfrentar el cambio climático, a pesar de que en la naturaleza humana no está el pensar en los humanos que tendrían que pagar las consecuencias más graves dentro de 100 años?

“Los seres humanos no estamos siendo capaces de digerir los cambios que la velocidad de esta era exponencial nos impone.”

Y en fin, ¿cuáles son las causas de que América Latina, a pesar de los grandes avances que ha tenido en los últimos 25 años, se vea hoy atrapada en una economía basada en los bajos precios de sus materias primas a las que da poco valor agregado por su falta de desarrollo tecnológico? ¿Por qué permitimos que América Latina siga atrapada en un brutal subdesarrollo político y con los efectos que provoca vivir como el péndulo, de izquierda a derecha? ¿Por qué no logramos dar continuidad a un modelo de desarrollo basado en el Estado de Derecho y políticas publicas coherentes, basado en el crecimiento consistente y con políticas sociales que permitan que avancen quienes se han quedado rezagados?

¿Por qué a la libertad económica, al respeto a la propiedad privada, a políticas económicas que incentivan el crecimiento y la creación de oportunidades, y a políticas fiscales que promueven la inversión les cuesta tanto ser aceptadas por amplios sectores sociales y políticos, a pesar de que la historia y la evidencia confirman que así es como los países que alguna vez fueron pobres, alcanzaron bienestar?

Y por si esto fuera poco, cada día se hace más evidente que los seres humanos no estamos siendo capaces de digerir los cambios que la velocidad de esta era exponencial que vivimos nos impone. Desde 2007 arrancamos una revolución tecnológica de la que se habla poco por la crisis que estalla en 2008, pero desde aquellos días, los avances en comunicación, transporte, medicina, nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial, robótica, impresión 3D y genética son extraordinarios y afectarán nuestras vidas de muchas formas que hoy todavía ignoramos.

¿Cómo afectará esta era exponencial los empleos, la migración, la educación, la inversión y el crecimiento en América Latina? ¿Cómo nos afectará la debilidad en las instituciones y por estar tan atrasados respecto al mundo desarrollado? ¿Por qué EE.UU. empieza a dar señales claras de que cambiará su política migratoria? ¿Cuánto desempleo provocará el avance tecnológico?

¿Qué debemos hacer en América Latina para enfrentar esta era y hacerla nuestra aliada? ¿Debemos revisar nuestro modelo educativo? ¿Debemos ponerle más atención a la política y a la calidad moral y académica de quienes nos gobiernan? Estas disyuntivas o dilemas no buscan ser optimistas o pesimistas, son simples reflexiones de fin de año.

Una catástrofe, lo malo, lo bueno y un llamado a la conciencia. Es momento de solidarizarnos con el país a largo plazo.

Otro acontecimiento dramático inundó nuestras noticias. Otra tragedia que lloramos los guatemaltecos y que nos recuerda lo frágil que somos como humanos y como sociedad. La erupción del Volcán de Fuego es un llamado a la conciencia colectiva.

Por un lado, tenemos a las millones de víctimas que están sufriendo las consecuencias de la mala prevención por parte del Gobierno. Según varios medios, el INSIVUMEH realizó los informes correspondientes solicitando la evacuación de las comunidades más vulnerables de desatarse alguna catástrofe. Pero CONRED actuó hasta que fue demasiado tarde y el material piroclástico cobró las vidas de residentes de las Aldeas El Rodeo y la Colonia San Miguel los Lotes.

Luego, tuvimos una conferencia de prensa donde el Presidente en vez de darnos consuelo como población, nos dijo que no contaba con los suficientes fondos para sobrellevar la crisis. Su deber en estos momentos era demostrarnos, que si bien no ha podido ser un buen líder para el país, es una persona interesada en la vida de los guatemaltecos. Debió fomentar la calma y comprometerse a conseguir la ayuda necesaria. Lo mismo pasó con nuestros diputados, cuando días después, el Congreso nos demostró su indiferencia, utilizando la crisis como una cortina de humo, para poder favorecer el transfuguismo.

El otro lado de la historia son los héroes sin capa que no han descansado desde el 3 de junio. Los bomberos que dieron su vida salvando a los sobrevivientes en los escombros. Los soldados del ejército que se sumaron al rescate. Los médicos que atendieron las emergencias. Los medios de comunicación que pusieron en riesgo su vida para contarnos qué es lo que estaba sucediendo. Los miembros de Naciones Unidas que llegaron a la zona cero para asegurar una buena respuesta al desastre. Los líderes comunitarios que organizaron a las personas para habilitar los albergues. Los empresarios que donaron dinero o productos para llenar los centros de acopio. Los guatemaltecos que pusieron su vehículo para transportar los víveres recolectados de sus amigos o familia. Los extranjeros que sintieron el dolor como si fueran de Guatemala. La lista puede seguir.

El guatemalteco se caracteriza por ser demasiado solidario en este tipo de situaciones y estas últimas semanas, lo demostró. Todo esto es un ejemplo de cómo, bien enfocados, el esfuerzo en conjunto puede traer abundancia en cualquier situación. ¿Podríamos replicar esto mismo con la política y el resto de problemáticas sociales que olvidamos día a día? Este tipo de tragedias se pueden prevenir con un buen plan territorial, con buenas políticas de prevención y con políticos consientes que fomenten una tecnocracia capaz en puestos de alta jerarquía, en vez de continuar con el sistema clientelar al que estamos acostumbrados.

Es momento de solidarizarnos con el país a largo plazo. A un año de las elecciones, comencemos a sumar también propuestas políticas que busquen trascender intereses personales. La vida de estas personas nos recuerda lo mucho que Guatemala necesita de institucionales sólidas, que sean lideradas por personas capaces. Hace unos años fue el Cambray, hoy fue el Volcán de Fuego ¿qué más estamos esperando? Si las vidas perdidas de los guatemaltecos no nos hace despertar, el sistema político que tenemos continuará acabando con nosotros.

La función de los magistrados y jueces no es democrática, sino que es republicana, pues están llamados a defender el “imperio de la ley” de los tentáculos del poder político e incluso de las ambiciones de diversos sectores sociales.

La Constitución de Guatemala toma para sí el modelo de control jurisdiccional de la Constitución como requisito para posibilitar la existencia de una Constitución normativa. Desde el célebre caso Marbury contra Madison (5 U.S. 137 1803) de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, si los jueces no están dotados del poder de desaplicar cualquier acto u actuación contrario a la Constitución, la misma devendría en una mera hoja de papel sin efectividad política y jurídica.

La justicia impartida por los jueces, debe basarse exclusivamente en la Constitución y en las leyes de la República (art. 203), promoviendo el máximo apego a la Constitución, entendida ésta como lex superior. La necesidad por establecer mecanismos jurisdiccionales de protección de la Constitución -hábeas corpus (263), amparo (265), inconstitucionalidad de leyes de carácter general (267) y concretos (266)-, está absolutamente relacionada con la noción de Constitución que se asume mayoritariamente en el constitucionalismo moderno.

Esta idea se basa esencialmente en el argumento del juez John MARSHALL:

La existencia de Constitución como establecieron los revolucionarios de 1798 (Revolución Francesa), solo es posible si la misma establece la garantía de los derechos y la separación de los poderes (art. 16 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789). Dicha Constitución es el resultado de la “juridificación” de la soberanía, en tanto el pueblo al escribir el documento constitucional se somete a ésta irremediablemente, así como se someten todos los “organismos” creados por ella desde el punto de vista formal, para que pueda darse un “gobierno de leyes y no de hombres”.

En Guatemala, la Constitución dispone que el pueblo es titular de la soberanía, pero su ejercicio está sometido y regulado por la propia Constitución. Por ello, si el pueblo quisiera cambiar la Constitución, debe acudir a los procedimientos de reformaprevistos en la lex superior (arts. 277-281).

Si bien la organización del poder establecida en la Constitución está dirigida a garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades, “afirmando la primacía de la persona humana” y haciendo al Estado “responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz”, estos fines deberán ser garantizados por los jueces, en aras de que alguien dentro de la estructura constitucional permita que el documento que se ha dado a una comunidad política sea respetado. En efecto, si bien existen los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, además de los órganos con autonomía funcional (Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral entre otros), es menester destacar, que el judicial tiene una importancia inusitada.

La existencia de una Constitución normativa, solo es posible, si los jueces y magistrados cumplen con su delicada y responsable labor. Su función no es democrática, sino que es republicana, pues están llamados a defender el “imperio de la ley” de los tentáculos del poder político e incluso de las ambiciones de diversos sectores sociales. Para la concreción de tan delicada tarea, los magistrados y jueces deben contar con sólidas garantías institucionales, no solo en la Constitución, sino también en un desarrollo legislativo inteligente, pues sin eso será imposible lograr el ideal de un “organismo judicial”, independiente e imparcial (205), necesario para que prevalezca la justicia.

Por deber de independencia se entiende el control que se debe tener sobre los móviles del juez frente a influencias extrañas al Derecho provenientes desde fuera del proceso jurisdiccional. Esta independencia se predica frente a organismos del Estado, iglesias, organizaciones sociales, partidos políticos, corporaciones, prensa, televisión etc. (arts. 52 y 60 Ley del Organismo Judicial). Por otra parte, en relación al deber de imparcialidad, se entiende a los mecanismos de control sobre los móviles del juez, frente a influencias extrañas al Derecho provenientes desde dentro del propio proceso jurisdiccional, es decir, frente a las partes en conflicto y/o frente al objeto de litigio (arts. 56 y 123 a Ley del Organismo Judicial).

Sin estas dos garantías, será difícil que exista Constitución, libertad individual y política, propiedad privada y prosperidad material, algo que necesita América Latina en su conjunto, aun cuando sea en unos países más que otros; tal y como refiere el “The World Justice Project (WJP) Rule of Law Index”.

Latinoamérica deberá jugarse en 2017 para conquistar su estabilidad e institucionalidad.

La gran recesión que afectó al mundo a partir de 2008 perdonó a América Latina por las mismas razones que le afectan desde 2014. La crisis que revienta en 2008 sacudió a las grandes clases medias, clases medias altas y al gran consumo del mundo desarrollado, que motivados por la extraordinaria liquidez y el financiamiento en oferta, produjo burbujas gigantes que explotaron; y el resto de la historia todos la conocen.

América Latina, que de clases medias altas y gran consumo sabe poco, depende económicamente de los precios de las materias primas que produce y de economías, más o menos básicas según el país, con poco valor agregado. De 2007 a 2014, los precios de los commodities fueron buenos, y esto permitió que América Latina navegara bien por la gran recesión. Pero a partir de 2014, las cosas cambiaron pues cayeron los precios y nuestro continente se puso en jaque.

Hay una coincidencia perversa que nubla la visión de los pueblos menos informados, y ésta es que en países como Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia y otros por rebote, como Nicaragua, se instalaron gobiernos populistas y de corte dictatorial, que aprovechando, hasta 2014, los altos precios de sus materias primas y sus extraordinarios ingresos, se dedicaron a desfigurar su institucionalidad democrática, a comprar elecciones a base de grandes estructuras clientelares y a desarrollar una cultura dependiente y destructiva en los pueblos.

Venezuela es el caso más dramático. Hoy tienen una democracia asfixiada, una economía en ruinas, y a pesar de su riqueza, sufre hambruna, desempleo, extrema violencia y desesperación. Los otros países miembros de este club, al ver el desastre del vecino, moderaron sus proyectos y se enfocaron más en perpetuarse en el poder, lo cual también les ha fallado, excepto en Nicaragua, donde tenemos a un dictador experimentado y probablemente al pueblo más incauto. No es la primera vez que caen en lo mismo. Con los cambios de gobierno en Brasil y Argentina llegan también los precios bajos de materias primas. Y como sabemos, economías débiles, falta de oportunidades y una creciente desigualdad, provocan inestabilidad política y amenaza populista.

Desde 2000 se ha visto en los pueblos del mundo un creciente rechazo a la clase política tradicional y un peligroso desgaste al sistema democrático. Por eso, Podemos en España, Syriza en Grecia, Le Pen en Francia, Morales en Guatemala, el Brexit en Inglaterra y Trump en EE.UU. entre otros, basan su crecimiento y en algunos casos su llegada al poder, en el desencanto y la frustración con el stablishment político. Y por buenas razones: la epidemia de corrupción, incompetencia y élites distraídas ha labrado el camino al vacío político. En 2017 se pondrán a prueba, en cada país, su fortaleza democrática y solidez institucional. Las economías del mundo seguirán complicadas, sobre todo China y la UE, y hay incertidumbre en EE.UU. Se necesitarán audacia y creatividad para tener un buen año.

La política migratoria del Occidente desarrollado apunta a un cierre de fronteras. El Estados Unidos de Obama y la mayor parte de la UE están definiendo como política de Estado el cierre de sus fronteras a la migración ilegal. En Washington DC se escucha con frecuencia que en algunos países de Centroamérica no ha habido revolución porque hay migración.

“Cada día está más claro que el occidente desarrollado siente que llegó la hora de que nosotros resolvamos nuestros problemas.”

DIONISIO GUTIÉRREZ

2017, como todos, será un año de desafíos y oportunidades, pero debemos estar conscientes que el mundo de hoy exige más compromiso, disciplina, audacia y acción. Virtudes que en América Latina necesitan brillo y sustancia. Como siempre, está en nuestras manos construir el continente que queremos. Feliz 2017.

Varios partidos políticos, incluido el partido oficial, se han visto salpicados por acusaciones de financiamiento electoral ilícito.

Sin duda los mecanismos de financiación de los partidos políticos son cruciales para fortalecer nuestra democracia en construcción. Velar porque la financiación de las campañas políticas sea lo más transparente posible es uno de los objetivos que se plantean en esta coyuntura.

Varios partidos políticos, incluido el partido oficial, se han visto salpicados por acusaciones de financiamiento electoral ilícito. La semana pasada también se inició un proceso contra personas acusadas de aportar fondos de forma irregular.

En medio de esta coyuntura queda una resolución de la Corte de Constitucionalidad de fecha doce de febrero de 2018 donde se insta al Congreso de la República a reformar el artículo 407 “N” del Código Penal que contiene el delito de financiamiento electora ilícito.

La resolución de la Corte es consecuencia de una impugnación que se planteara al segundo párrafo del mencionado artículo. Y es que resulta problemático que en este tipo penal se castigan dos conductas que guardan algunas diferencias importantes. El primer párrafo sanciona a quien aporte, reciba o autorice recibir fondos destinados a la financiación de campañas de partidos políticos o de candidatos, cuando estos fondos provienen de actividades ilícitas. El segundo párrafo sanciona las contribuciones anónimas o no registradas de acuerdo con la ley pero cuyo origen es lícito.

De este modo, la ley establece la misma pena (prisión inconmutable de cuatro a doce años) en ambos casos. Pero carece de toda lógica y sentido de justicia imponer castigos de la misma proporción a quienes aporten o reciban dinero de origen ilícito y quienes resulten responsables por los aportes recibidos de forma anónima pero cuyo origen sea lícito.

En el primer caso, la ley intenta proteger la integridad y la licitud de la financiación de las campañas electorales. Por ello la norma penal castiga una conducta que se asemeja al lavado de dinero con fines electorales. Pero en el segundo caso (financiación anónima), lo que se busca proteger es la transparencia del proceso electoral.

En ese orden de ideas, la Corte, citando a Muñoz Conde y García Arán, en el expediente 2951-2017, expresó: “(…) en los diferentes supuestos que contempla la norma se puede observar que existen un rango de conductas con distinto grado de valor subjetivo y objetivo, lo cual puede dar lugar a que se aplique el mismo marco penal y, en definitiva, se imponga un trato idéntico a dos situaciones diferentes, lo que adquiere trascendencia en cuanto al principio de proporcionalidad de las penas, según el cual, estas deben ser proporcionadas a la entidad del delito cometido o que estos no puedan ser reprimidos con penas más graves que la propia entidad del daño causado por el delito”.

La resolución concluye en que el Congreso debe reformar el artículo 407 “N” del Código Penal a efecto de establecer penas razonables y proporcionales para ambas conductas cuya gravedad es distinta. A su vez, deben diferenciar las multas y sanciones administrativas que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos por incumplir las normas de financiación y las acciones que constituyen delito.

El Congreso ya ha iniciado la discusión de la reforma en cuestión. Circulan algunas versiones preliminares pero aun se desconoce con precisión el texto que tendrá el consenso para su aprobación. Es muy importante que la reforma sea técnica y no sea una oportunidad para que los congresistas aprovechen a garantizar impunidad a sus colegas sobre quienes ya existen acusaciones por la comisión de este delito.

En resumidas cuentas, el Congreso debe determinar con precisión cuándo se comete el delito de financiación electoral anónima y definir una pena razonable y proporcional distinta a la impuesta en la conducta de financiación de campañas con fondos de origen ilícito. El asunto reviste especial importancia ya que se ha abierto una causa penal por financiación electoral anónima. Ojalá exista la madurez necesaria para que el tema se pueda solventar de manera razonable.

Columna originalmente publicada en República.

Las instituciones no surgen del vacío, sino que reflejan a una sociedad. Un cambio institucional fracasará, si la ciudadanía no está comprometida con un modelo de acción totalmente transparente.

La sociedad guatemalteca se acostumbró a convivir con la corrupción. Incluso llegó a verse como un “acto generoso”. Quiénes ostentaban un cargo público repartían entre conocidos y amigos los puestos en el gobierno, no importando si tenían la capacidad para desempeñarlos, con el argumento que “daban sustento a muchos hogares”. De igual forma se repartían los contratos públicos.

Claramente esta corrupción no sólo se manifestaba en el ámbito público, sino que llegó a “normalizarse” dentro de la ciudadanía. Desde corromper a policías en un puesto de registro, comprar licencias de conducir; hasta el soborno de jueces y funcionarios públicos, la corrupción penetró lo más profundo de nuestra sociedad.

Cuando la corrupción llega a ser parte de la idiosincrasia de una sociedad, el desafío es mayúsculo, dado que cambiar las normas y las reglas para erradicarla resulta muchas veces inútil. “Hecha la ley, hecha la trampa” reza un dicho popular, lo que denota la tendencia de una sociedad a quebrantar persistentemente las normas y a seguir hundida en el fango de la corrupción. En este sentido, ¿Qué viene primero? ¿El cambio de normas o el cambio de actitud de la ciudadanía ante la corrupción?

Hoy hablamos y discutimos sobre las reformas a diversas leyes en el país, lo cual resulta imprescindible. Sin embargo, cabe reflexionar sobre la efectividad que tendrán estas reformas si como guatemaltecos vamos a continuar considerando normal sobornar policías, quebrantar “pequeñas” normas o comprar ciertos favores. Si esperamos un cambio radical en el país, debemos cuestionar esa cultura de ilegalidad que nos ha caracterizado desde siempre.

Si volteamos a ver a los países menos corruptos del mundo, pareciera que han logrado construir sociedades en donde quebrantar la ley es totalmente repudiado. No sólo se trata de ser encarcelado, sino que la sociedad manifieste su más profundo desprecio por los actos reñidos con la ley. Y ese cambio de mentalidad resulta todavía más difícil de lograr que las reformas legislativas.

El reto que tenemos como sociedad, es internalizar que lo que más nos conviene a todos en el largo plazo es cumplir con la ley. Por ejemplo, la cultura de estar en la informalidad debe terminar. Es cierto que el exceso de reglamentación impide que los pequeños y micro negocios se incorporen al sistema legal del país, por lo que esas normas deben discutirse y flexibilizarse. Pero también es cierto que existen muchos negocios con la escala suficiente que perfectamente pueden cumplir con las obligaciones legales, con lo cual se ampliaría la base tributaria.

Y qué decir de la cultura de comprar productos de dudosa procedencia. Ya sean productos que han sido robados, de contrabando o piratas, existe un amplio mercado para ello en el país, lo que al final termina reforzando la violencia y el crimen organizado.

En este sentido, las intervenciones de la CICIG y el Ministerio Público no podrán tener un efecto perdurable, si como ciudadanía no somos capaces de asumir la responsabilidad que nos corresponde. Las instituciones no surgen del vacío, sino que reflejan el pensamiento y el sentir de una sociedad. Y un cambio institucional fracasará estrepitosamente, si la ciudadanía no está comprometida con un nuevo modelo de acción totalmente transparente.

Este enfoque muchas veces es cuestionado. Se asume que con solo reforzar el cumplimiento de la ley, provocará un cambio en la actitud de las personas. No se puede negar el efecto de los incentivos en la conducta del ser humano. Sin embargo, la sociedad en su conjunto tiene que decidir que vivirá en un auténtico Estado de Derecho y no bajo la ley de la selva. El mayor aporte de la CICIG y el MP hasta el momento ha sido cuestionar esa cultura de ilegalidad que nos ha caracterizado. ¿Responderemos adecuadamente?

Contenido publicado originalmente en: http://elperiodico.com.gt/domingo/2017/01/22/la-corrupcion-pequena/

El problema del agua es otro que desnuda irremediablemente la debilidad institucional del país.

El agua no es un recurso particularmente escaso en Guatemala, el IARNA en su Perfil ambiental de Guatemala 2010 – 2012[1] advierte que en Guatemala hay aguasuficiente para satisfacer las necesidades de consumo; de hecho, el agua que es utilizada en el país, representa menos de una cuarta parte de la oferta hídrica disponible. En pocas palabras: Guatemala tiene suficiente agua.

Con lo esperanzadores que puedan sonar los datos del párrafo anterior, el estudio de IARNA señala también que al año 2011, el 24.7% de los hogares del área rural en el país (aprox. 3 millones de personas) no tenían ni siquiera acceso a agua entubada, que no es lo mismo que potable.

Si bien esto no suena alarmante, dichos datos merecen ser examinados cuidadosamente pues, es cierto que existe suficiente agua en el país, como un dato general, pero no todas las regiones tienen la misma disponibilidad, ni la misma calidad de agua.

El estudio llega a una conclusión casi de inmediato: los problemas de Guatemala en relación al recurso hídrico, en general, no son provocados por la poca disponibilidad, sino por la poca capacidad técnica y la poca voluntad política que existe para gestionar el recurso de manera eficiente.

LEGISLACIÓN Y POLÍTICA SOBRE EL AGUA

Existen varios esfuerzos por incluir el tema del agua en la legislación nacional. Desde la Constitución, que habla sobre el tema en diversos artículos hasta distintas disposiciones que sancionan acciones relacionadas al tratamiento del agua como el desvío de ríos en el artículo 260 del Código Penal; o que obligan a las municipalidades a gestionar el recurso, como el artículo 68 del Código Municipal.

También existe en el país una Política nacional del sector de agua potable y saneamiento propuesta por el Ministerio de Salud y Asistencia Social[2] , que está enfocada a la gestión y saneamiento del agua con el fin de mejorar el acceso a agua de consumo humano y así tener un impacto positivo en la salud.

Además, en los últimos días y con la Marcha por el Agua llamando la atención de los medios de comunicación, se ha despertado nuevamente el interés sobre una ley específica para la gestión del recurso hídrico. La Constitución ordena en el artículo 127 la creación de la misma; sin embargo, a través de los años, no se han logrado los acuerdos y apoyos suficientes para lograr algún tipo de avance.

Leyes como éstas suelen ser difíciles de trabajar porque usualmente son esfuerzos porconfluir los intereses de muchos grupos. Lograr los acuerdos que el tema requiere suele atrasar los procesos o evitar que se lleven a cabo del todo.

A decir de algunos expertos, la ley para la gestión del agua debiera ser una ley más bien amplia y general que permita a las organizaciones comunitarias y a las municipalidades suficientes espacio de maniobra para poder decidir, de manera descentralizada, la mejor forma de gestionar el recurso hídrico que se encuentre en su jurisdicción. Algunos ejemplos exitosos de gestión de agua a nivel comunitario pueden encontrarse en la Reserva de la Biósfera Sierra de las Minas, una fuente importante de agua en la que nacen 63 ríos que alimentan los caudales del Motagua, Polochic y San Gerónimo[3].

El problema del país respecto al agua y la necesidad de una respuesta institucional, pero también ciudadana es real y urgente. En un estudio realizado por CEPAL, Emilio Lentini[4] afirma que más del 90% de las aguas superficiales del país están contaminadas con heces, desechos en descomposición, basura de todo tipo, químicos y otras sustancias perjudiciales para la salud.

Es penoso observar en los medios de comunicación imágenes recientes de las toneladas de basura que llegan al lago de Amatitlán; sin embargo, estas imágenes hacen comprender lo urgente que es poner atención al tema de la gestión del recurso hídrico desde sus distintas aristas: el cuidado y rescate de ríos, lagos y cuencas; el acceso al agua para consumo humano; el tratamiento de aguas residuales; y el acceso al agua para consumo industrial.

Panorama de desechos provenientes de basureros clandestinos en el lago de Amatitlán. pic.twitter.com/PVfZlBrmB5

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 23 de mayo de 2016

Y es que el problema del agua es otro que desnuda irremediablemente la debilidad institucional del país. Desde municipalidades que deciden no invertir en plantas de tratamiento de agua, hasta individuos u organizaciones que no son sancionados por contaminar o desviar ríos. Como país no podemos seguir ignorando los temas vitales, por más conflictivos que sean.

La conclusión lógica es que preocuparnos por gestionar de manera más eficiente el agua es un asunto de vida que impacta en temas de salud pública como la desnutrición y en temas económicos como los sistemas de riego o el uso industrial. El agua es, al final de cuentas, uno de los temas más importantes que podemos discutir, un tema profundamente humano y social.

Bibliografía:

[1] IARNA. (2013) Perfil ambiental de Guatemala 2010 – 2012. Universidad Rafael Landívar. Consultado en línea

enhttp://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_lateral/programas/semina...

[2] Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Política nacional del sector de agua potable y saneamiento. Consultado en línea en:http://www.segeplan.gob.gt/downloads/clearinghouse/politicas_publicas/Sa...

[3] Wikiguate (2015) Reserva de la biósfera Sierra de las Minas. Consultado en línea en: http://wikiguate.com.gt/reserva-de-la-biosfera-

sierra-de-las-minas/

[4] Lentini, E. (2010) Servicios de agua potable y saneamiento en Guatemala: beneficios potenciales y determinantes de éxito. CEPAL. Consultado en línea en:http://www.mspas.gob.gt/decap/files/descargas/bibliotecaVirtual/Art%C3%A...

¿Estamos presenciando el fin de la globalización o esto es solo un paréntesis?

Dicen que en política la forma importa tanto como el fondo, pero con las innumerables alternativas de comunicación e información de hoy, la forma en que se dice o hace algo puede ser desfigurada y tergiversada por medios de comunicación sesgados y por grupos con agenda ideológica, a tal extremo que pueden alterar, no solo la forma sino el fondo de políticas públicas y decisiones de Estado.

A pesar de que hoy nos podemos comunicar e informar “mejor”, también vale decir que nos pueden desinformar y confundir con demasiada facilidad si los receptores de esa información no tenemos el criterio y la capacidad de analizar y discernir. Y si a esto sumamos las redes sociales, nos encontramos que en el mundo de hoy, tenemos armado un diálogo de sordos en el que nadie escucha a nadie y nadie cree en nadie.

Lo que sucede en Washington no tiene precedente en la historia contemporánea. Las decisiones que se están tomando son polémicas y en algunos casos podrían tener consecuencias graves para el mundo. Sobre todo, por la forma. No se trata de quién tiene la razón. Eso el tiempo lo dirá. El problema es la incomunicación y la desconfianza creciente entre ciudadanos, países y aliados que son indispensables para la estabilidad y seguridad del planeta.

Intentando aislar el ruido, los sesgos, las cargas y los intereses, hay ciertas cosas que se deben reconocer: en los últimos 15 años, en la mayoría de pueblos del mundo, culturas, razas e ideologías, la clase política se convirtió en una clase apestada y rechazada por los ciudadanos.

“El “establishment” y las élites, y su forma de gobernar, provocaron la pérdida de respeto y confianza en la clase política y en la democracia.”

La sensación de que trabajan para sus intereses, la incapacidad para generar soluciones en un mundo cada día más complejo y carente de oportunidades, la corrupción y el cinismo, generaron la aparición, el avance y en muchos casos el triunfo de una categoría de políticos aún peores que los apestados.

A partir de la primera guerra mundial, el planeta construyó la exitosa y poderosa alianza transatlántica con los acuerdos del Bretton Woods, el nacimiento de la ONU y el plan Marshall. Esto marcó una era de dominio anglosajón en el mundo. Y la prueba de esa hegemonía hoy, es que Estados Unidos e Inglaterra fueron los países que más rápido se recuperaron de la crisis de 2008.

El Brexit, Trump, Le Pen y los nacionalistas alemanes entre otros, obligan a plantearse estas preguntas: ¿Qué ha hecho el resto del mundo para provocar esa reacción en estos pueblos del primer mundo? ¿Por qué están votando para cambiar el rumbo de su historia? ¿Será que sienten que ciudadanos de países subdesarrollados vienen a quitarles lo que ellos construyeron?

Hay otras interrogantes que, por sus delicadas consecuencias, merecen un cuidadoso análisis:

• ¿Estamos presenciando el fin de la globalización o esto es solo un paréntesis?

• ¿Cuáles serían las consecuencias de que nos convirtamos en un mundo aislacionista, proteccionista y xenófobo?

• ¿Qué papel va a jugar China frente a las políticas de Trump y May y de qué manera intentará aprovecharse Putin?

• ¿Cómo va a reaccionar el mundo musulmán ante el nacionalismo creciente que presenta el occidente desarrollado?

• ¿Cómo queda América Latina en medio de este complejo ajedrez geopolítico?

• ¿Podrá México convertir este momento de incertidumbre y amenaza en un reto de unión y oportunidad?

• ¿Qué cosas positivas pueden salir de esta nueva plataforma que presenta la geografía política mundial?

En un mundo ideal, la discusión debiera centrarse en buscar soluciones para corregir lo que estaba mal y asegurarse que las decisiones que se tomen resuelvan los problemas que hoy sufre el mundo para rescatar el Siglo XXI.