Espontáneas y autónomas, pero sin liderazgos ni programas

Dos autores contemporáneos, Thomas Friedman y Moisés Naim, han descrito en sus textos The World is Flat y El Fin del Poder las correlaciones de poder en el siglo XXI. Ambos, sostienen la tesis que la tecnología, las nuevas formas de comunicación, y la revolución de la información, han transformado las relaciones de influencia y poder en las sociedades.

Veamos algunos ejemplos. Hace veinte años, los programadores de contenido de las televisoras tenían el poder sobre el consumo de material televisivo y cinematográfico. Como televidentes, estábamos obligados a ver lo que el canal programaba. Ahora, en el siglo XXI, gracias a Netflix y YouTube, los consumidores tienen la libertad de sintonizar la película, la serie o cualquier contenido que desee, sin importar lo que digan los canales. Caso similar ocurre con la radio y los podcasts. O veamos la comunicación. Los teléfonos inteligentes y las redes sociales han convertido a los ciudadanos en periodistas. El mismo ciudadano informa de los hechos que acontecen en el día a día. Lo mismo ocurre con la formación de opinión, dado que ahora cualquier usuario de redes sociales se convierte en un generador de contenidos.

En pocas palabras, el poder y el mundo ahora son más horizontales que nunca.Esa horizontalidad también se traslapa al mundo de las movilizaciones sociales.

Históricamente, las manifestaciones, las movilizaciones sociales y las revoluciones tenían características jerarquizadas y verticalizadas. Generalmente la convocatoria a una protesta provenía de un líder particular, un actor con legitimidad, liderazgo o recursos; había un discurso programático. Había organización, logística y un liderazgo visible. Pensemos en el magisterio y Joviel Acevedo, o en movimiento campesino como referentes de este modelo.

Ahora, en el siglo XXI, se produce el fenómeno de la manifestación 2.0. Estas son movimientos sociales sin una conducción clara, sin liderazgos identificados,donde la autonomía y espontaneidad pesan más que los mensajes o discursos programáticos. Son movilizaciones generadas vía redes sociales, en donde la espontaneidad del individuo es la que vale: si el individuo se identifica con la razón de la manifestación, sale a la calle. Si el tema de la misma no le hace click, sencillamente el individuo se queda en su casa.

Para muestra, analicemos las jornadas del 2015 y septiembre 2017. Miles de guatemaltecos se identificaron con el tema de la manifestación: pedir la renuncia de Baldetti, de Otto Pérez en 2015, y luego, manifestar su rechazo a los decretos de impunidad del Congreso en 2017. Y por ello, salieron a las calles y paralizaron labores. Pero en medio de esas jornadas, otras demandas como la aprobación de reformas o el retraso de las elecciones, no generaron ese mismo nivel se identificación entre el ciudadano, y por ello, algunas de esas marchas no fueron tan concurridas. En pocas palabras, las manifestaciones ciudadanas de individuos se producen cuando existe una fuente de rechazo e indignación. Y al carecer de organización o liderazgos palpables, dichas movilizaciones son difíciles de articular para otros objetivos.

Lo anterior explica también por qué los actores movilizados no son actores articuladores de propuesta política. Únicamente se limitan a ser demostraciones de descontento.

La conclusión es sencilla de enumerar pero compleja de entender. En los movimientos 2.0 ya no importa quién convoca o quién es el líder. Importa el individuo como ciudadano. Si el individuo se siente identificado con el tema de la marcha, sale a la calle. Si no hay un tema de rechazo, no hay manifestación. Así de sencillo. Pero al mismo tiempo, dicha espontaneidad y autonomía de los movimientos 2.0 le condena a carecer de un discurso programático o de una línea de dirección que le permita trascender en el tiempo.

Columna originalmente publicada en El Periódico.

El ciudadano, con mayúscula, es la condición indispensable que permite que la democracia funcione.

La democracia nació en el Siglo VI antes de Cristo como un pacto entre clases para expulsar a los tiranos del poder en la antigua Grecia.

Hace 2,500 años se sentaron las bases de una batalla que se sigue peleando hasta el día de hoy en naciones donde a los pueblos se les priva de su libertad, se les niega la justicia y se violan sus derechos fundamentales.

En aquellos días, los antiguos griegos inventaron la idea del ciudadano, con la aspiración de que, sobre una base de igualdad política, los ciudadanos tomarían decisiones en asuntos de interés común.

A través de la historia, desde aquel lejano Siglo VI, la victoria de los griegos sobre los persas, la caída del imperio romano, la Toma de la Bastilla, el manifiesto comunista, la revolución industrial, el Tratado de Versalles y el fin del nazismo, entre otros, fueron momentos estelares de la humanidad que provocaron los contrastes que marcaron el desarrollo y la construcción de una cultura que ha dado, en especial, al occidente civilizado, niveles extraordinarios de desarrollo y bienestar. Una forma de vida que se puede resumir gracias a tres palabras: La Democracia Liberal.

Hoy, esas 3 palabras se ven amenazadas por los nacionalismos, el populismo, la corrupción, la desigualdad, el insuficiente crecimiento económico, la falta de oportunidades y la ausencia de líderes y estadistas capaces y honestos, dispuestos a servir. Y, por si fuera poco, a esto se suman gigantes desafíos como la era exponencial en la tecnología y el cambio climático.

Las generaciones del Siglo XXI debemos hacer esfuerzos extraordinarios para ajustarnos a las nuevas realidades y a la velocidad que las circunstancias imponen. Pero, en especial, debemos vigilar y proteger los valores más importantes de la civilización, como lo son, la democracia, el Estado de Derecho y la libertad.

La represión y el sufrimiento en las más de 50 dictaduras que todavía hay el mundo, y la imperfección y el subdesarrollo que persisten en las democracias; en especial, las de América Latina, obliga preguntarse si aquel invento de los griegos, que fue el ciudadano, necesita una mirada más profunda para replantear su esencia y su identidad, para que, además de esperar y exigir derechos y libertades, el ciudadano, también se comprometa a tener obligaciones y deberes fundamentales.

EL CIUDADANO es el epicentro de la democracia, la razón de ser del Estado, el punto de partida de la política y el responsable de construir verdaderos partidos políticos. El ciudadano, con mayúscula, es la condición indispensable que permite que la democracia funcione.

La política es pasión. Y las emociones superan a la razón y a la lógica; pero La Política debe volver a ser la profesión más digna y más respetada; y el ciudadano valiente, honesto y capaz su protagonista.

Eso de tomar decisiones sobre la vida de los demás debe estar en manos de los mejores.

Como los griegos, hace 2,500 años, debemos reinventar la idea del ciudadano y hacer los sacrificios que sean necesarios para que ÉSTE resurja como una fuerza cívica que sabe defender sus libertades pero que, sobre todo, sabe participar y cumplir con sus deberes ciudadanos.

Como los griegos en su día le dieron vida a la democracia para echar a los tiranos; en pleno Siglo XXI, además de vencer y desterrar a las más de 50 dictaduras que oprimen a millones, debemos entender que las democracias de mentira, la incompetencia de los gobiernos, la corrupción de los políticos y la complicidad o la indiferencia de las élites son otras formas de tiranía que castigan de igual manera, con el agravante que con su actuar falso y oportunista, desprestigian y debilitan los valores de la democracia, la justicia y la libertad.

PS: Rindo un homenaje al valiente pueblo nicaragüense por enfrentar la dictadura y luchar por su libertad. Después de Nicaragua sigue Venezuela. Vivan Nicaragua y Venezuela libres.

No podemos seguirle dando la espalda a los grupos de guatemaltecos que viven dentro de centros y hogares con derechos violentados.

En el Día Internacional de la Mujer, la paradoja se cumple cuando un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, cobra la vida de niñas y adolescentes. Como si la historia quisiera recordar la lucha de las mujeres y la tragedia en Nueva York.

La indignación no tardó mucho en llegar, cuando las primeras noticias de la muerte de más de 30 niñas eran anunciadas en medios de comunicación. Sin embargo, no es la primera vez que el Hogar Seguro Virgen de la Asunción es escenario de trágicas noticas. Plaza Pública[1] publicó el año pasado un reportaje donde describen una realidad llena de abusos, violaciones y humillaciones para todo aquel que ingresa a este centro. Hasta el 2015, el Hogar había recibido hasta 28 tipo de demandas. Incluso en diciembre del año pasado, el Juzgado Sexto de Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana condenó al Estado de Guatemala por las violaciones contra los derechos de los menores de edad resguardados en el Hogar.

Tuve la oportunidad de hablar con una psiquiatra que ofrecía sus servicios a una familia de las muchas que salieron afectadas en esta tragedia. Ella contó sobre cómo una de las víctimas, Estela*, había ingresado al hogar por un cuadro de consumo de drogas (tenía 15 años).

“Necesitábamos un lugar para alejar a esta chica de las calles que la estaban destruyendo. Un centro privado especializado en mujeres te cuesta Q8,000 al mes, pero la familia es de escasos recursos. Lo único que podíamos hacer, era confiar en la institución pública que se supone debe resguardar los derechos de los menores de edad que ahí ingresan.”

Estela era una de las chicas que tenía el respaldo de su familia y que utilizaba este centro para un fin específico; no tenía mucho tiempo de estar dentro del Hogar seguro. Sin embargo, en la última visita habló con su abuela y su tía de los abusos que recibía, incluso de sus mismas compañeras. Peleas, castigos y una historia sobre una monitora que se burlaba de ella, fueron los detonantes para que la familia se acercara a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) a presentar la denuncia correspondiente. Buscaban sacar a la joven del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, pues si bien no tenían los recursos, su casa era un ambiente mucho más adecuado para asegurar su recuperación. La PDH tomó la denuncia, pero no se acercó al lugar. Esto sucedió el martes 7 de marzo.

Algunos medios de comunicación también narran que, semanas anteriores a esta tragedia, personas avisaron a la PNC sobre el amotinamiento que desde adentro querían hacer y esta no atendió el lugar, hasta que fue demasiado tarde. Las chicas se fugaron, las regresaron al hogar, las encerraron y el incendio cobró las vidas.

La negligencia de la administración pública es lo que indigna en estas circunstancias. La responsabilidad de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia (SBSP) por la vida de estas menores no es discutible. Según una voluntaria entrevistada, los mismos monitores del centro no son personas certificadas para el trabajo: "No saben como controlarlas. Las mismas niñas son causantes de muchos de los problemas que hay dentro. Estos lugares necesitan personas comprometidas." Se supone que se trata un refugio destinado a la protección de menores víctimas de agresiones, pero la fuga de 60 niñas, en un intento desesperado de escapar de la situación de violencia y maltrato que viven diariamente, demuestra el riesgo que están dispuestas a tomar para tener una vida mejor.

La poca prioridad que grupos vulnerables como este tienen en la agenda de Gobierno es desconsoladora. Incluso, que el mismo presidente haya dado declaraciones sobre el caso hasta el final del día, envía un mensaje a la población.

Cerrar “temporalmente” el centro no soluciona la muerte de las niñas, ni soluciona las miles de violaciones y abusos que se cometen diariamene en otros albergues y centros de ciudado para niños. La cola de denuncias sigue apilándose y los culpables siguen sin ser castigados.

Las autoridades intentaron limpiarse las manos, pero una persecución penal por la responsabilidad de la vida de más de 30 niñas, es lo menos que podemos exigir como sociedad indignada. No podemos seguirle dando la espalda a grupos de guatemaltecos que viven dentro de centros y hogares con derechos violentados.

[1] Reportaje de Plaza Pública

* Se cambió el nombre de la joven para resguardar la seguridad de la familia.

El éxito de América Latina pasa por la reivindicación del ser humano y la redención de la política. Debemos rescatar el presente y asegurar el futuro.

Através de la historia de la humanidad, dos elementos lograron desarrollar naciones exitosas. El primero es un código individual de valores, que al ser compartido por un número suficiente de ciudadanos tiene un efecto multiplicador que hace la diferencia. El segundo elemento es la forma en que se gobiernan. La política, quienes participan en ella y los valores con que la ejercen, define la clase de sociedad que construyen.

El discurso que escuchamos en América Latina sostiene que con crecimiento económico alcanzaremos el desarrollo; no es tan sencillo. El mundo de hoy sufre un peligroso proceso de desvalorización y el ser humano está exteriorizando una serie de síntomas que, al proyectarlos en el tiempo y al analizar sus tendencias, hace evidente que, si no cambiamos la forma y el fondo en muchas de las cosas que hacemos hoy, llegaremos a situaciones muy negativas para la raza humana.

Hay descontento y desencuentro con la política y la democracia. Algunos países crecen económicamente bien unos años pero no tienen el fundamento institucional, ni la cultura para navegar en las crisis. Por eso los bandazos y la inestabilidad.

En lo que respecta al ser humano, la depresión se está convirtiendo en la epidemia del Siglo XXI. Hoy se suicida una persona – de 20 que lo intentan – cada 40 segundos y se estima que en el en el 2020 habrá un suicidio cada 20 segundos. Esta es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en el mundo. Los trastornos alimenticos y las enfermedades que estos provocan están desbordados, el consumo de drogas sigue aumentando. El estrés, crisis de identidad, inestabilidad laboral, ausencia de liderazgo y pérdida de respeto a la autoridad son fenómenos crecientes en las nuevas generaciones como lo es también el creciente descrédito a los valores e instituciones tradicionales. Y por si esto fuera poco, el sistema educativo del planeta está atrasado 10 años en el mundo desarrollado y 20 en el subdesarrollado. No formamos técnicos y profesionales para las demandas del mundo de hoy.

Esta realidad humana está provocando devastadores efectos en nuestras sociedades, a los cuales se suman otros problemas, como la incapacidad del mundo para generar suficientes oportunidades de trabajo a los jóvenes que llegan al mercado laboral cada año; o la reducción de las clases medias y medias altas que se están viendo afectadas y minimizadas por la situación económica del mundo.

Este complejo crucigrama está aumentando de forma desproporcionada la desigualdad y la conflictividad social. Y encima, los políticos y las elites económicas y académicas, no son parte de la solución. Los primeros son parte fundamental del problema, y los otros, con escasas excepciones, testigos pasivos y aislados, si no cómplices, de una realidad que se puede tornar explosiva en muchos países.

La corrupción de los políticos, la falta de una plataforma institucional de partidos políticos con cuadros técnicos y dirigentes honestos y capaces, la indiferencia de las élites y la poca participación ciudadana tienen a América Latina en riesgo de peligrosos retrocesos.

Nuestra región necesita menos partidos y más ciudadanos activos y comprometidos, exigentes con sus derechos e intolerantes con la corrupción y la incompetencia. Conscientes de que el buen gobierno y el éxito de las naciones pasan por los partidos políticos y que solo desde sus entrañas, se pueden construir los proyectos de Estado que América Latina necesita.

Para generar esta cultura, primero hay que reivindicar al ser humano. Abrir los espacios para que recupere la claridad y las herramientas que le devuelvan la fuerza innata y la confianza para rescatar su presente y asegurar su futuro.

Se repiten verdades y se descalifican personas. El debate de ideas, no existe.

Durante la Edad Media, el escolasticismo fue el movimiento filosófico que sustentó las enseñanzas del cristianismo. Su metodología se basaba en el principio de autoridad: una premisa se aceptaba como válida sólo por estar contenida en un texto sagrado. No había espacio para el cuestionamiento, mucho menos para debatir ideas contrarias. Pero esto cambió. La modernidad de Occidente devino a partir de los cuestionamientos a las verdades absolutas. El Renacimiento disputó la superioridad de la religión sobre el hombre; la Revolución Científica revisó las premisas aceptadas sobre la naturaleza. La Ilustración y las revoluciones liberales cuestionaron el status quo y el absolutismo.

Pero en Guatemala nos quedamos en el medioevo. Somos una sociedad escolástica, puesto que rehuimos del debate. Esto refleja un modelo de enseñanza que privilegia el adoctrinamiento sobre el pensamiento crítico. Pero también refleja la intolerancia. Cuando los argumentos ya no dan, recurrimos a inferencias ad hominen (atacar a la persona y no sus ideas), ad verecundiam (aceptar una verdad por el prestigio de su locutor), o ad baculum (apelar a la fuerza por encima de la idea).

Con esta base intelectual, resulta surrealista imaginar que el debate político podría ser diferente. A nivel ideológico, creemos que nuestra visión de sociedad está escrita en piedra, y que las recetas antagónicas son expresiones de intereses ocultos. Cuando los argumentos se agotan, se descalifica al rival tachándolo de “oligarca retrógrado”, “neoliberal vende-patrias” o “vividor socialista”. A partir de ahí, discutir sobre la sociedad que queremos, el modelo de desarrollo al que aspiramos, o la forma de alcanzarlo, resulta imposible.

Más difícil es debatir propuestas partidistas. Quien aplaude una acción de Gobierno se convierte en apologista de Jimmy Morales; quien le critica, en un “golpista”. Bajo esta categorización escolástica, el análisis objetivo, la fiscalización ciudadana, o la prensa independiente se consideran herejías modernas.

A lo anterior se agrega una práctica recurrente en el debate: el incesto intelectual que genera el mundo de las redes sociales. Derivado de los algoritmos utilizados por Facebook y Twitter, que privilegian los contenidos que resultan afines a los patrones de consumo de los usuarios, es muy común que la información a la que cada persona tiene acceso es un reflejo de la “burbuja” en la interactúa, por lo que pocas veces se produce una verdadera examinación de ideas y argumentos.

Quizá un primer paso para cambiar nuestra política pasa por superar el escolasticismo intelectual. Aprender a debatir propuestas y no a descalificar interlocutores;reconocer que debemos dejar de ser un país de suposiciones y prejuicios, para convertirnos en un país de ideas.

Columna publicada en El Periódico.

La pregunta obligada ante una tragedia como la ocurrida en el Hogar Virgen de la Asunción es hasta cuándo vamos a seguir tolerando vivir en un país subdesarrollado, en donde la niñez apenas si tiene un futuro.

Lo sucedido en el Hogar Virgen de la Asunción pone en evidencia, una vez más, que el Estado que hemos construido es totalmente inoperante. Es un Estado incapaz de garantizar la vida y la integridad de los ciudadanos, sobre todo de los más vulnerables.

Las niñas que perecieron tuvieron una corta existencia llena de dolor, sufrimiento y desesperación. En algunos casos, los familiares cercanos les infringieron ese sufrimiento y en vez de encontrar refugio en este Hogar, experimentaron el infierno en la tierra. Lo más terrible es pensar que en estos momentos, hay miles de niños en Guatemala que están pasando por una situación similar o peor.

A estos casos trágicos, se le tiene que sumar el de los niños que en pleno siglo XXI, no tienen acceso a educación y tampoco a un servicio de salud que les garantice un crecimiento sano. Niños que viven en lo profundo de las montañas, cerca o incluso dentro de los centros urbanos, que no tienen ninguna perspectiva de futuro. Lo más probable es que morirán tan pobres como nacieron. Es la historia trágica que se ha repetido durante generaciones y que no parece terminar en Guatemala.

Niños en las calles y semáforos pidiendo limosna, en vez de atender la escuela. Niños trabajando para ayudar al sustento de su hogar. Niños involucrados en maras, víctimas de redes criminales, cuyo final sólo puede ser la cárcel o una muerte violenta. Niños asesinados por las balas perdidas que todos los días se disparan en Guatemala. Es el país que tenemos, por más que volteemos la cara y no queramos verlo. Es la evidencia de una sociedad que ha fracasado en la búsqueda por encontrar el camino del desarrollo y la prosperidad.

En una sociedad en donde los habitantes tienen los ingresos suficientes para vivir dignamente, el panorama es totalmente distinto. Es un país de oportunidades laborales y de movilidad social, algo que pareciera ser un sueño lejano para Guatemala.

La pregunta obligada ante una tragedia como la ocurrida en el Hogar Virgen de la Asunción es hasta cuándo vamos a seguir tolerando vivir en un país subdesarrollado, en donde la niñez apenas si tiene un futuro. Hasta cuándo la indignación será lo suficientemente grande, como para decidirnos a construir un país distinto.

Si en algún lugar se puede encontrar una esperanza de cambio en una sociedad es en los centros urbanos. En aquellos ciudadanos que han superado la pobreza y que tiene los medios suficientes para educarse, reflexionar sobre su sistema de gobierno y actuar en consecuencia. La responsabilidad del cambio no puede recaer en alguien más.

Edmund Burke, el célebre filósofo inglés, dijo hace más de dos siglos que un “Estado sin medios para cambiar carece también de medios para conservarse”. Y es de cuestionarnos hasta dónde puede degradarse nuestro Estado, si no lo reformamos. Las acusaciones por narcotráfico de parte de Estados Unidos en contra de funcionarios del gobierno anterior, nos debe hacer reflexionar que probablemente estábamos a punto de entrar en uno de los períodos más sombríos del país.

El fracaso de las naciones se debe al diseño inadecuado de los Estados. Sin un Estado que garantice los derechos individuales y que brinde ciertos servicios públicos básicos, como salud y educación, es imposible lograr el desarrollo. Y debe ser un Estado que sea capaz de atraer a los profesionales del más alto nivel de la sociedad. Burke lo ponía en estas palabras: “¡ay del país que (..) considere que una educación escasa, una visión limitada de las cosas y una ocupación sórdida y mercenaria son los mejores títulos para ejercer el mando!”.

¿Tiene esperanza Guatemala? Cuándo vemos la situación de la niñez en el país, pareciera que no. El panorama es por demás desalentador. Sin embargo, si fuéramos capaces de indignarnos lo suficiente, talvez podríamos construir un futuro distinto.Ojalá ésta no sea una coyuntura más. Ojalá no volvamos a sentarnos cómodamente en el sillón de nuestra sala.

Publicación original en El Periódico.

Aun cuando la represión penal sea una herramienta en la persecución de la corrupción, ello no cura la enfermedad, dado que sin cambios estructurales que eliminen la arbitrariedad, será difícil lidiar con la corrupción.

Los gobiernos de la República de Guatemala en los últimos años han requerido apoyo internacional de Naciones Unidas, materializado con la instauración de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La finalidad inicial fue la de apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, logrando su desmantelamiento, aun cuando ha venido asumiendo también funciones relacionados a la investigación criminal en casos de corrupción administrativa.

La necesidad por fortalecer al poder judicial para que pueda éste, en el futuro, seguir enfrentando a los cuerpos u aparatos ilegales como objetivo indirecto, no significa que sea algo menos importante. La cuestión está en que Guatemala ha devenido en un Estado infectado por la corrupción, en su vertiente de acaparamiento ilícito de bienes y de dinero por parte de ciertos detentadores del poder político y funcionarios en general.

En la actualidad, la organización “Transparencia Internacional”, ha creado un índice titulado “Corruption Perceptions Index”, en el que se evidencia según ciertas variables, la percepción de la corrupción a nivel mundial. Guatemala figura en el puesto 123 de 168 países analizados y de hecho, América Latina en su conjunto, no aparece muy bien en este ámbito, salvo por los casos de Uruguay y Chile.

Aunque la corrupción no es el único factor explicativo de la pobreza en América Latina, sí que cabe sostener que merma las oportunidades para la prosperidad, sin contar con el escaso interés que tales sistemas suscitan en el mundo empresarial internacional, quienes no dudarán un instante en no invertir en países contaminados con una corrupción generalizada.

La corrupción generalizada como se puede ver en las distintas órdenes de captura impartidas por el Ministerio Público, revela la existencia de un problema de Estado que va más allá de la persecución penal contra determinadas personas con flaquezas morales y escaso compromiso con su Nación. La comprensión del problema requiere de una despersonalización de la corrupción y de entender cuán importante es el elemento institucional. Si como se afirma, las instituciones dan mensajes[1], entonces la agudización de la corrupción revela un déficit en el funcionamiento institucional que requiere de atención ciudadana y política.

En tal sentido, debe destacarse que tal atención no puede desencadenar una “guerra”contra la corrupción como un asunto de prioridad absoluta, pues ello equivaldría a afirmar que se puede eliminar por completo el pecado o el mal en el mundo. El resultado de esta “guerra”, sería el acrecentamiento de una corrupción más refinada y el surgimiento de nuevas fuentes, formas y estrategias para llevarla a cabo, lo que eleva la importancia, no solo de reformas jurídico-políticas integrales, sino también, de la evaluación de las prácticas en contra de la ley, generalizadas dentro del funcionamiento de la Administración Pública y el Gobierno.

El análisis del fenómeno de la corrupción, debe tomar en cuenta el valor que tienen las instituciones y el sistema de partidos como frenos de la misma. La solidez de un sistema de partidos, representativo, democrático, cuya sociedad civil sea la regente de estas organizaciones, mejora el control ciudadano sobre el ejercicio del poder político.

La corrupción generalizada revela una crisis del sistema político-constitucional, la cual no merma sola y exclusivamente con una cruzada moral, debido a que acentúa las poses y discursos en favor de una moral absoluta, desprestigiando el sistema, sin aportes significativos a un arreglo político realista.

Aun cuando la represión penal sea una herramienta en la persecución de la corrupción, ello no cura la enfermedad, dado que sin cambios estructurales que eliminen la arbitrariedad, será difícil lidiar con la corrupción. Lo que se hace necesario es una actitud sincera tanto de la sociedad como de los políticos, sobre cuál ha de ser la función del poder político en una sociedad, así como su estilo de vida, la cual no puede estar basada en lo extravagante de su comportamiento, sus lujos, sus bienes, sino en sus dotes personales o intelectuales.

Un reforzamiento de los controles sociales, de los controles estatales, de un replanteamiento institucional del sistema político constitucional y una reducción de la ambición ciudadana sobre la política como único factor de desarrollo social, económico, cultural, artístico etc., sin duda son aspectos que coadyuvan a una disminución de la corrupción.

Referencias bibliográficas:

1. Julia BARRAGÁN, “El mensaje de las instituciones” en Telos: Revista iberoamericana de estudios utilitaristas, n° 1, Sociedad Iberoamericana de Estudios Utilitaristas, Madrid, 2002, pp. 123-144

¿En dónde están los líderes políticos que necesita Guatemala?

La cruzada contra la corrupción está sacudiendo el sistema político guatemalteco, pero difícilmente podemos decir que se ha ganado la guerra. El proceso no ha terminado de ser asimilado por nuestras instituciones y sus efectos sin duda podrían revertirse si las fuerzas corruptas logran reacomodarse. Lo cierto es que la sacudida nos ha inmerso en una crisis política permanente y en una eterna fijación por la coyuntura que nos impide tener, como mínimo, una visión de mediano plazo que permita trazar una ruta para cuando lleguen momentos menos convulsos.

La falta de planteamientos serios para reconstruir el sistema político después del terremoto es culpa de la falta de liderazgo. Las pocas voces sensatas y serias que existen en esta sociedad son tímidas o fácilmente deslegitimadas por la eterna lucha ideológica de la sociedad civil que impide construir lazos de confianza.

El único liderazgo verdadero está siendo demostrado por la Fiscal General Thelma Aldana y el Comisionado Iván Velásquez. Sin embargo, la condición de sus roles les limitan porque no podemos abordar el desarrollo del país únicamente desde la perspectiva de la lucha contra la corrupción; esta no puede ser la única política pública que mueva la agenda nacional. Hacerlo sería un gran error porque, citando al académico venezolano Ricardo Hausmann, combatir la corrupción no terminará con la pobreza[1].

Según Hausmann, es cierto que los países más prósperos tienden a ser menos corruptos. Sin embargo, los países con bajos niveles de corrupción, o que han mejorado en el combate a la misma, no necesariamente han dado el salto al desarrollo. Algunos ejemplos son Costa Rica, Ghana, Zambia, Macedonia, Uruguay o Nueva Zelanda. Construir un país toma más que solo combatir la impunidad.

Que esto no se malinterprete, la lucha contra la corrupción debe continuar con fuerza, hasta que nuestras instituciones logren asimilarla y se socaven completamente los cimientos del sistema político putrefacto que tiene de rodillas a la administración pública. Lo que planteo es que, paralelo a este proceso, se comience a discutir otra gran política de Estado con la que se pueda llenar el vacío dejado por la corrupción.

Y es que en sistemas como el guatemalteco, la corrupción y el clientelismo han cumplido una función: se convirtieron en una suerte de lubricante que ayuda a que los recursos públicos se muevan fácilmente para que pudieran ser ejecutados (y robados). Conforme avance el proceso, se asimile el nuevo modelo y se haga más difícil ser corrupto o corruptor, comenzaremos a experimentar una especie de inmovilismo en las instituciones públicas que provocará nuevos problemas. De hecho, algunos funcionarios públicos ya comienzan a hablar tímidamente de este tema; están apareciendo los primeros síntomas.

Lejos de permitir que este inmovilismo debilite aún más a las instituciones públicas guatemaltecas, deberíamos primero preguntarnos cuál será nuestra alternativa al modelo de Estado corrupto que hasta ahora conocíamos y cómo vamos enfrentar las nuevas dinámicas políticas del país. Si no lo hacemos, simplemente nos estaremos dejando arrastrar por la ola y perderemos la oportunidad.

Por supuesto que nada de esto se puede lograr sin liderazgos reales que tengan la valentía de desmarcarse de la política tradicional, la que está siendo embestida por la cruzada contra la corrupción. ¿En dónde están esos líderes políticos?

Hay que hacer un llamado a esos diputados honestos, a esos políticos idealistas, a esos funcionarios capaces y a esa sociedad civil tímida para que tomen las riendas de la discusión pública. En algún momento hay que quitarle el micrófono a la “vieja política” para dar mensajes nuevos y más fuertes. ¿Alguien se anima?

[1]Ricardo Hausmann. Fighting Corruption Won’t End Poverty. https://www.project-syndicate.org/commentary/fighting-corruption-wont-en...

Publicación original en: http://bit.ly/2oRuOEC

La libertad de expresión es un derecho incómodo para un gobierno corrupto y por lo tanto, es uno que debemos proteger en todo momento.

Con los casos de corrupción que están dirimiéndose en los tribunales, hay muchas discusiones en el ambiente sobre algunos derechos fundamentales, principalmente la presunción de inocencia y la libertad de expresión. Discutir sobre la importancia o pertinencia de estos derechos es una perogrullada en una sociedad occidental, como la guatemalteca, en donde la mayoría de las personas acepta y vive bajo ciertos valores considerados universales. Sin embargo, al parecer existen algunas confusiones sobre cuáles son los límites que tienen estos derechos porque, guste o no, ningún derecho es absoluto.

El tema de los límites a la libertad de expresión ha sido esgrimido por algunos de los acusados y sus allegados, como una forma de intentar que la prensa reduzca su cobertura de los detalles y nombres que salen a luz en las audiencias públicas y las conferencias de prensa del Ministerio Público por los casos de corrupción que están saliendo a luz desde el 2015. Si en algo tienen razón los acusados, es que la libertad de expresión tiene límites y estos límites están establecidos en la Constitución Política de la República, en la Ley de Emisión del Pensamiento (Decreto número 9), en el Código Penal y en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El elemento más importante que comparte la legislación sobre el tema, es que el ejercicio del derecho a la expresión no puede estar sujeto a censuras previas sino a responsabilidades ulteriores. En el caso de Guatemala, cualquier persona que, haciendo uso de su derecho a expresarse, falte el respeto a la vida privada o a la moral, será sancionada de acuerdo a lo expresado en la ley y los agraviados tendrán el derecho a publicaciones de sus defensas o rectificaciones.

Dicho esto, debemos tener cuidado al momento de pedirle a la prensa que se censure o, peor aún, sugerir la creación de instituciones de control y monitoreo de medios de comunicación. La libertad de expresión es un derecho incómodo para un gobierno corrupto y por lo tanto, es uno que debemos proteger en todo momento, afrontando de forma responsable las consecuencias. Países como Guatemala pecan de exceso de legislación respecto a la libertad de expresión; además, es y ha sido peligroso ejercer el periodismo en el país, por lo que no es conveniente limitarla aún más.

En países como Estados Unidos el funcionario está totalmente expuesto a la crítica, tanto en lo privado como en lo público. Es la idea abstracta de mercado la que rige el actuar de los medios, a través del principio que afirma que el público preferirá aquellos medios que le proporcionan información más certera y descartará los que mienten o son inexactos. Un sistema que está lejos de ser perfecto pero que pareciera funcionar relativamente bien en el país del norte.

La legislación guatemalteca procura la construcción de un periodismo responsable y profesional estableciendo la idea de que existen consecuencias detrás de todo lo que se dice. Con esto, las fuentes de financiamiento o las características de los propietarios de los medios deberían ser irrelevantes, pues existe un acuerdo social asentado en la responsabilidad de las acciones. Para hacerlo, es necesario un sistema de justicia que pueda resolver de forma expedita y transparente los casos que conozca y esto, inevitablemente nos recuerda la importancia de fortalecer a todos los elementos de la cadena de justicia.

La libertad de expresión es pieza clave del sistema democrático y un valor fundamental de la vida en sociedad. Que la conveniencia del momento no se lleve nuestro deseo de defender siempre y a toda costa los derechos humanos más elementales.

¿Hasta dónde debe llegar la desgracia y la opresión de un pueblo hermano en América Latina para que el continente se levante y exija su liberación?

¿Hasta cuándo va a terminar la hipocresía y la complicidad o en el mejor de los casos la tímida protesta de la comunidad internacional ante la farsa democrática que el chavismo ha erigido en Venezuela?

¿Cómo se puede afirmar que “todo volvió a la normalidad” por que “se devolvieron” los poderes a la Asamblea Nacional cuando nunca los tuvo?

¿Cuánto más grande debe ser la mentira democrática para que el mundo libre, de una vez por todas, llame a las cosas por su nombre y afirme que en Venezuela hay una dictadura insolente y criminal?

¿Qué más pruebas hacen falta para demostrar que Venezuela es un país secuestrado y gobernado por una banda de criminales, narcotraficantes y asesinos?

¿Cómo es posible que en uno de los países más ricos del mundo, sus habitantes se estén muriendo de hambre?

¿Qué circunstancias pueden llevar a la población adulta en una nación a perder 19 libras de peso en promedio y estar sufriendo desnutrición crónica?

¿Cómo puede ser posible que en el país con la mayor reserva petrolera del mundo haya escases de combustibles?

¿Con qué objetivo el chavismo destruyó el aparato productivo y lo dejó sin oportunidades de trabajo, sin bienes y servicios, sin impuestos, sin inversión y sin futuro? ¿Qué creen que pueden esperar de una realidad con esas condiciones? ¿Lo consideran sostenible? ¿Es cuestión de locura, de ignorancia, de ambición, de revancha o de un poco de cada una?

¿Dónde creen que terminarán sus días ese club de sociópatas que han destruido a Venezuela?

Hoy en día, en Venezuela, más del 70% de la población no puede comprar alimentos ni medicinas; primero por que no hay, pero aunque hubiere, no tiene dinero.

Asfixiaron al sector empresarial y destruyeron PDVSA, la gallina de los huevos de oro negro de Venezuela, y llevaron la economía nacional a la ruina. Venezuela es hoy el país con más inflación del mundo y con niveles de pobreza llegando al 80% de la población. Estadísticas que se ven en países africanos donde lo que hay es desierto y desolación.

¿Qué tipo de seres, que se consideren humanos, pueden hacer esto con uno de los países con más riqueza y recursos naturales?

Es cierto que Chávez llegó al poder por la vía de la urnas como lo hicieron otros dictadores de la historia. Pero todos sabemos que a partir de ese día el chavismo se dedicó a desvirtuar, controlar y destruir el sistema democrático. Venezuela es hoy una nación secuestrada por una camarilla de déspotas y matones.

No son suficientes las declaraciones oficiales de países y organizaciones internacionales que denuncian o señalan. No son suficientes las opiniones como ésta. Llegó la hora de que el mundo occidental y los hombres y mujeres que creemos en la libertad y la democracia hagamos algo mucho más contundente para liberar a Venezuela.