La historia no perdona. Y quienes hoy están en una posición de poder en Guatemala tienen que estar conscientes de la forma en que se escribirá este capítulo del país. 

Ejercer la función pública al más alto nivel conlleva una responsabilidad con la historia de una nación. Las decisiones que se toman afectan la vida de millones de personas, para bien o para mal. Por esa razón, hay políticos que son recordados con honores como Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y más recientemente John McCain; mientras que otros se convierten en villanos y entran a la historia con deshonra por el sufrimiento que causaron a sus respectivos pueblos, como ha sucedido con tantos dictadores africanos, asiáticos y latinoamericanos.

En Estados Unidos, una buena parte del sector político pareciera tener ese sentido de la historia. Muchos han dejado legados que los colocan en un sitial de honor en la historia de su país. La política en esa nación ha tenido estándares mucho más altos que la política en América Latina. Por supuesto que tienen sus propios escándalos y hoy no se encuentran en su mejor momento; claramente no viven en el paraíso. Pero comparado con Latinoamérica, nos llevan muchas millas de ventaja.

El gran problema del político promedio de América Latina, y de Guatemala en particular, es que sólo busca enriquecerse y sacar provecho de su posición. El prestigio, la ideología, el honor y el sentido histórico están completamente ausentes de sus motivaciones. Y lo que es peor, con el paso de los años, la calidad de la clase política guatemalteca se ha deteriorado aún más. Hoy vemos a políticos dando un espectáculo terrible de ignorancia, cinismo, cobardía y arrogancia que los hace ver como el principal obstáculo para la transformación del país.

Por supuesto, que en medio de la podredumbre que infectó a la política de Guatemala, aún quedan políticos honestos y funcionarios probos que atestiguan con tristeza cómo el Estado ha quedado en manos de personas sin escrúpulos.  Pero son una minoría y poco o nada pueden hacer, sin el apoyo decidido de la ciudadanía.

El panorama para Guatemala es desalentador si al final no logramos construir un Estado administrado por ciudadanos capaces y decentes al servicio de todos. Seguiremos hablando del país que anhelamos, pero nunca se concretará porque no contamos con un Estado funcional que lo impulse. Seremos el país de la eterna promesa y el permanente fracaso.

En medio del ambiente crispado que vive el país, los ciudadanos también hemos olvidado la responsabilidad que tenemos con la historia y las futuras generaciones. Caímos en la trampa de la polarización y el desprestigio. Ya no estamos discutiendo sobre las principales reformas que debemos impulsar para que el país tenga una oportunidad de desarrollo. En vez de eso, nos embarcamos en discusiones viscerales en donde no se aceptan matices y la descalificación ha desplazado al diálogo respetuoso y constructivo.

Hoy más que nunca se necesita que edifiquemos puentes y seamos capaces de dialogar, aun cuando defendamos puntos de vista encontrados. Es lo que hacen los países civilizados para resolver sus diferencias. Lo peor que nos podría pasar es regresar a ese pasado oscuro en donde la violencia se imponía sobre la razón. Ninguna persona decente debería avalar la violencia, la intimidación y las amenazas para silenciar un punto de vista diferente. Eso simplemente es inaceptable y nos convertiría en cómplices de una atrocidad.

La historia no perdona. Y quienes hoy están en una posición de poder en Guatemala tienen que estar conscientes de la forma en que se escribirá este capítulo del país. ¿Quedarán registrados como hombres de Estado que impulsaron y permitieron la primavera de Guatemala? ¿O la historia los recordará como villanos que robaron la esperanza de cambio de todo un pueblo? El país se encuentra en un momento crítico y se necesita de políticos con sentido de historia, que tomen decisiones en función del bienestar de la población y no del interés personal. La historia será implacable. 

Publicado originalmente en El Periódico.

Tomarse el debido proceso en serio debe ser una de las cuestiones básicas cuando se quiere construir una institucionalidad ceñida al ideal político de Estado de Derecho.

El eminente profesor de Harvard Ronald Dworkin irrumpió en el ámbito de la teoría del derecho con el libro cuyo título se toma en préstamo a efectos de nuestro propósito: Taking Rights Seriously (1977). Todo el mundo habla del debido proceso, pero mucho de lo que se dice sobre la garantía no es verdad y es muy superficial.

Tres errores principales dominan la discusión sobre el debido proceso en Guatemala. El primero, reduce el debido proceso al derecho a la defensa, eludiendo el haz de derechos que conforman la garantía con arreglo a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El segundo, simplifica la noción de derecho a la llamada presunción de inocencia, muchas veces poca comprendida, máxime si se analizan otros derechos rivales como el de libertad de expresión etc.

El tercero, supone que el ordenamiento jurídico de Guatemala satisface los requerimientos del debido proceso con arreglo a estándares internacionales y que las violaciones al debido proceso solo son producto de malas actuaciones por parte de determinados funcionarios o jueces. Estas tres visiones son erróneas como se tendrá ocasión de comprobar.

En una serie de entradas semanalmente me propongo analizar la garantía constitucional del debido proceso, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. En Guatemala pese a que se menciona constantemente la palabra«debido proceso», no hay literatura constitucional especializada que analice el tópico. Por ello, trataré en la medida de lo posible, de soportar mi investigación con fuentes documentales del derecho comparado, jurisprudencia nacional e internacional, sin menoscabo de mi propia perspectiva.

En el transcurso de las semanas criticaré con contundencia aquellas opiniones académicas y políticas expresadas por otros en el país. A pesar de que en el debate político se emplea constantemente la palabra «debido proceso» para apelar a su existencia en los distintos casos que se someten a los tribunales, o bien para criticar el comportamiento de los tribunales de justicia, Ministerio Público o CICIG, ello no ha estimulado la producción de libros, artículos, informes o entradas específicas para analizar la situación jurídica.

Es menester destacar que el uso de la palabra ha trascendido del ámbito judicial y se ha convertido en tema de conversación en la televisión, prensa escrita, universidades, centros de pensamiento y hogares. Este hecho singular solo viene a mostrar el interés ciudadano en casos judiciales básicamente relacionados con temas de corrupción o cuando no, con una especie de judicialización de la política.

Al ser la corrupción un problema de Estado[1], no es en rigor un fenómeno eminentemente político, ligado a la estructura de poder, a menos que se quiera referir que el sistema político constitucional se hizo para la corrupción. Es ante la corrupción, un fenómeno politizado que sin tener naturaleza o fines políticos, determina la dinámica política y en muchos casos podría llegar a tener significación e impacto político, en campañas, legislaciones etc.[2]

La mayoría de los casos judiciales mediatizados por la prensa son penales y han desencadenado que el vocabulario judicial sea asumido por “legos” formando parte de los discursos políticos. Uno de estos términos usados es el debido proceso.

Con una larga historia que se remonta a la Magna Carta Libertatum (1215), el debido proceso tiene eco en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) de 1969 entre otras.

La referida garantía del debido proceso, implica un haz de derechos que no siempre se analizan en su conjunto. Tales derechos son a título enunciativo y no taxativo, la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia[3]; derecho a ser oído públicamente por un tribunal competente; garantías institucionales que favorezcan independencia e imparcialidad judicial e incluso presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

Con arreglo a la tradición constitucional occidental, la garantía implica a su vez, el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. Además, protege a los individuos a no declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable, en tanto la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

Además de los derechos antes referidos que conforman ese haz antes mencionado, debe incluirse el derecho a ser notificado en el idioma que la persona comprenda o si fuere el caso, asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; el derecho a ser informado en forma detallada de la naturaleza y causas de la acusación formulada e incluso la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de una defensa; la obtención de un defensor, inclusive gratuito, si careciere de medios suficientes para pagarlo; y el ser juzgado sin dilaciones indebidas.

De igual modo, toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, es decir, un derecho de apelación. En el procedimiento judicial aplicable a los menores de edad a efectos penales, se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.

Conforme al principio de responsabilidad patrimonial del Estado, cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.

Por último, conforme al principio non bis in ídem, nadie podrá ser juzgado, ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. Sobre todos estos derechos nos referiremos en las sucesivas entradas sobre este tema.

Referencias

[1] Njaim, Humberto, La corrupción, un problema de estado, Dirección de Cultura, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1995.

[2] García Pelayo, Manuel Idea de la política, Fundación Manuel García-Pelayo, Caracas, 1999.

[3] Art. 14.  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 de Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)

La revista Estrategia & Negocios entrevistó a Dionisio Gutiérrez en Octubre del 2000, donde compartió su experiencia empresarial y su visión para el desarrollo económico de la región centroamericana.

Dionisio Gutiérrez habla sobre la experiencia de liderar uno de los grupos empresariales más importantes de la región y sobre la ventaja de llegar a mercados más grandes, como los latinoamericanos.

En la entrevista compartió su visión sobre la importancia de la integración centroamericana como una salida a las crisis económicas de la región: “La única salida que veo es la creación de una comunidad económica centroamericana con una sola moneda y un solo pasaporte, con la consecuente eliminación de las fronteras. (..) Si creáramos esta comunidad económica de 25 millones de personas, justifica grandes inversiones, genera grandes ahorros e impulsa gran aceleración al crecimiento, resolviendo el problema social. Sería algo similar a la Comunidad Económica Europea que dio origen a la Unión Europea.”

A continuación lo invitamos a leer la entrevista completa:

La revista Al Grano entrevistó a Dionisio Gutiérrez en el año 2002 sobre la política del país y los cambios que se necesitan para alcanzar mejores niveles de desarrollo.

Dionisio Gutiérrez habló con revista Al Grano sobre su visión de la política en Guatemala a lo largo de la era democrática: “Cuando se da la apertura democrática, nuestro nuevo sistema político nace mal. Le faltaron muchos ingredientes que lo fortalecerían. Desde el principio empezamos a tener debilidades en las instituciones garantes de la vida democrática. Creo que el pesimismo y la grave crisis social y económica que está viviendo Guatemala, es el resultado de muchos factores.”

Dionisio se centró en remarcar la ausencia de liderazgos que existen en el país, especialmente en el ámbito político. A la pregunta sobre ¿qué hacemos para que funcione este país, qué puede hacer el ciudadano? Respondió: “Lamentablemente la respuesta no le gusta a la gente, pero es participar en los partidos políticos. Al final del día, el que quiera de verdad cambiar nuestro país tiene que ir buscando participar en los partidos políticos y ahí hacer la diferencia; porque los partidos son los vehículos de la democracia, son los que llegan al congreso, los que llegan al ejecutivo, de ahí se eligen a los funcionarios y a los hombres y mujeres que ocupan las instituciones.”

Lo invitamos a leer a continuación la entrevista completa:

"Comprometido con sus ideas, valiente para exponerlas, Gutiérrez supo enfrentar en su país (Guatemala) la presión de factores de poder político que buscaron callarlo. Pero el callar no es lo suyo."

Dionisio Gutiérrez fue entrevistado en el 2014 por la revista centroamericana Estrategia y Negocios. Habló sobre el desarrollo económico y social de la región y enfatizó sobre la necesidad de una sociedad civil fuerte y activa: "El cambio más importante debe darse en la actitud de las élites. La política necesita ser rescatada y pasar a manos de los mejores de la sociedad."

Además, brindó su opinión sobre las políticas de Estado de largo plazo que deberían adoptarse para alcanzar el desarrollo: "Necesitamos un consenso mínimo sobre una visión de largo plazo y una estrategia. Un consenso mínimo capaz de promover el cambio.(...) El problema es que no tenemos un modelo de desarrollo. No hemos respondido a la cuestión de qué tenemos que hacer para que nuestra economías crezcan seis puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población durante 20 años, y acompañar su implementación con políticas de alto impacto, empezando por la educación."

Lo invitamos a leer a continuación la entrevista completa:

Revista Panorama le realiza una entrevista en 1993 a Dionisio Gutiérrez sobre su visión económica para el desarrollo de la región centroamericana.

En 1993, la revista Panorama entrevistó a Dionisio Gutiérrez sobre la política y el desarrollo económico de Guatemala y Centroamérica. Dionisio enfatizó la importancia de la apertura comercial y la integración centroamericana para asegurar el crecimiento de la región. “La parte económica la veo muy mal, somos un país sin un proyecto nacional en el campo económico y eso nos obliga a vernos igual en un período largo: con mucha pobreza y atraso. Eso tiene que terminar, tenemos que hacer un proyecto nacional en el campo económico que nos dé como resultado el desarrollo del país.”

Lo invitamos a leer a continuación la entrevista completa:

Las cortes pueden llegar a ser sumamente polémicas incluso bajo sistemas judiciales sólidos.

La famosa Corte Warren en los Estados Unidos es un buen ejemplo de ello. Corría el mes de septiembre de 1953 y la Corte Suprema de los Estados Unidos conocía el icónico caso Brown v. Board of Education. Se trataba de una demanda que presentó una estudiante afroamericana, Linda Brown, que retaba la jurisprudencia (Plessy contra Ferguson, 1896) hasta entonces vigente que declaraba que los afroamericanos y los blancos podían estar “separados pero en iguales condiciones”. Con ello existían en Estados Unidos escuelas públicas exclusivamente para blancos y otras exclusivamente para afroamericanos.

Durante las deliberaciones de la Corte Suprema, el juez presidente Fred Vinson hizo ver a sus colegas jueces que, si bien la segregación era deleznable, la Corte no podía fallar en contra de dicha práctica porque cada estado tenía derecho a decidir su propia política educativa aunque ésta fuera discriminatoria. En medio de las deliberaciones el juez Vinson murió y el entonces presidente, Dwight Eisenhower, nombró a Earl Warren como juez presidente de la Corte Suprema.

Warren tenía una visión de que la Corte Suprema debía servir, además de su función de control constitucional, como un instrumento para defender a los débiles, oprimidos y desaventajados. En tal sentido, ordenó repetir las audiencias del caso Brown y cual activista convenció a sus colegas para que, por unanimidad, resolvieran que la segregación en las escuelas públicas era contraria a la decimocuarta enmienda y así terminar con esta práctica.

Lo que siguió fue una enorme crítica a la decisión de la Corte Suprema. Muchos afirmaron que la decisión deformaba la Constitución, que se basaba en evidencia empírica cuestionable, en tanto que otros afirmaban que la Corte Suprema estaba usurpando el poder legislativo del congreso y los estados en lugar de limitarse a interpretar las leyes.

El Senador demócrata de Georgia, Richard Russell Jr, incluso aseguró entonces que la corte cometió un “claro abuso de su poder judicial” e hizo un llamado a las autoridades a resistirse a la decisión por todos los “medios legales posibles”. De hecho, varios estados intentaron abolir la educación pública para evitar cumplir con la decisión judicial y en la práctica tomó tiempo en que varios estados dieran estricto cumplimiento de la sentencia.

Salvando las distancias, en Guatemala vivimos una coyuntura complicada que ha tenido a la Corte de Constitucionalidad (CC) como un protagonista importante, algo que no ocurría desde el Serranazo probablemente. La decisión de la CC de impedir al presidente declarar al comisionado de CICIG persona non grata hace poco más de un año es en buena parte reflejo de ello.

Llamó la atención al respecto porque en el anuncio que hiciera el presidente Morales de la decisión de impedir al comisionado de CICIG el ingreso al país, él y algunos funcionarios de alto rango de su gobierno aseguraron que no tenían obligación de “acatar órdenes ilegales” y opinaron que la CC se ha “extralimitado” aunque habían respetado varias de sus resoluciones.

Es natural que las decisiones de alta relevancia de las cortes generen descontento. De hecho, son objeto de críticas por parte de la comunidad de abogados y juristas. Yo mismo he sido crítico de varias decisiones de la CC. Pero un funcionario público tiene la obligación de respetar el marco constitucional y eso incluye el respeto a las decisiones de las cortes, sin importar cuán en desacuerdo se pueda estar con sus criterios jurídicos.

En todos lados se cuecen habas, reza el dicho. Estados Unidos, una de las democracias más exitosas del mundo, ha tenido episodios de polémica y descontento con las decisiones judiciales, pero fueron capaces de superarlas en un marco de respeto a la ley y la Constitución. Lo propio es necesario que ocurra en nuestro país si aspiramos a construir una república que aún está en una fase de construcción.

Por supuesto que nuestras altas cortes son muy mejorables. Nuestros esfuerzos deben ir encaminados a generar sistemas en los que estas gocen de mayor Independencia judicial. Es imposible liberarse de la polémica, pero es posible mejorar la calidad de las resoluciones de nuestras cortes si diseñamos mejores sistemas de designación e incentivos con una carrera judicial y con judicaturas vitalicias.

Analizamos los primeros 100 días del gobierno de Jimmy Morales y el rumbo que podría tomar el país en los próximos meses.

Cien días han pasado desde que el presidente Jimmy Morales tomó posesión del cargo; y durante estos meses la crisis política e institucional que estalló en 2015 continúa afectando el funcionamiento de las instituciones del Estado

En medio de esta crisis el Congreso de la República ha tomado mayor protagonismo y es la institución sobre la que ha recaído la responsabilidad de dirigir la agenda de reformas que la ciudadanía pedía en las protestas. La respuesta del Congreso al clamor ciudadano ha sido preocupante: desde reformas y leyes que han sido aprobadas sin el objetivo de mejorar la situación actual, hasta el comportamiento cuestionable de algunos diputados que parecieran no entender el momento político que viven. Es poco lo que se ha avanzado hasta ahora en el fortalecimiento institucional que necesita Guatemala.

Además de los conflictos políticos, el país también enfrenta serias dificultades en la administración pública. Los problemas financieros del Estado han provocado que existan pocos avances en la difícil tarea de rescatar las instituciones gubernamentales, especialmente aquellas que brindan servicios importantes para la población como salud, educación y seguridad. A pesar de los esfuerzos del Ministerio Público y la CICIG, las instituciones siguen estando cooptadas por redes delictivas que buscan la forma de apropiarse de los recursos de los contribuyentes e impiden su correcto funcionamiento.

Es en este panorama complejo que el presidente Jimmy Morales debe buscarestrategias y consensos que le permitan dar respuestas certeras a los serios problemas que enfrenta el país. Todavía hay suficiente tiempo para retomar el rumboy construir un legado de cambios importantes para Guatemala.

¿Podrá el presidente Jimmy Morales y su gabinete de gobierno responder positivamente a la enorme responsabilidad que enfrentan?

Esta semana en Dimensión analizaremos los primeros 100 días del gobierno de Jimmy Morales y el rumbo que podría tomar el país en los próximos meses.

Panelistas:

- Christians Castillo (Investigador de IPNUSAC)

- Maria Dolores Arias (Conductora del programa “Más negocios” y “Contravía PM” en Libertópolis)

- Roberto Wager (Analista político y catedrático universitario)

Sintoniza el programa completo este domingo a a las 10 p.m. por Canal 3 o encuéntralo aquí a partir del lunes por mañana:

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