Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación.
El pasado miércoles, 16 de mayo, el secretario privado de la presidencia, Carlos Martínez, juramentó a la nueva fiscal general, María Consuelo Porras. Este 18 de mayo será el día que asuma oficialmente como nueva fiscal general.
No cabe duda que la gestión de Thelma Aldana ha sido notable por todo lo acontecido desde 2015. Entre la fiscal Aldana y el comisionado de CICIG, Iván Velásquez, emprendieron una serie de casos de alto impacto que pusieron Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti tras las rejas. A la lista hay que sumar que se encuentran procesados por delitos relacionados con casos de corrupción cuatro funcionarios de SAT, 25 diputados, 12 alcaldes, 4 ex magistrados de la CSJ y varios ex ministros. La cantidad y envergadura de los casos antes descritos deja una tarea titánica para la futura fiscal general.
Pero no hay que olvidar que uno de los grandes retos es fortalecer el Ministerio Publico como institución. Para hacer frente a una lista de casos de tal trascendencia se necesita un ente acusador independiente y sobre todo capaz. Durante las gestiones de Claudia Paz y Paz y de Thelma Aldana hubo avances en torno al fortalecimiento del recurso humano de dicha institución. La FECI ha sido la fiscalía estrella y de no ser por los fiscales que ocuparon esos mandos medios nada de lo acontecido habría sido posible. Es de esperar que la buena gestión de esta fiscalía se replique a otras fiscalías.
No es tarea fácil para la Dra. Consuelo Porras. La presión que afrontará al frente del MP será monumental y vendrá de todos los lados del espectro ideológico y de todos los grupos de poder. Pero como guatemaltecos debemos comprender que uno de los grandes anhelos es generar instituciones sólidas. En ese sentido interesa mucho que la labor de la institución acusadora tenga éxito bajo un nuevo equipo y con una nueva fiscal. Si los logros se mantienen y se multiplican podremos decir que hemos tenido avances importantes como Estado y como país.
La fiscal general Porras tiene el respaldo de que su nombramiento fue precedido por un proceso altamente vigilado en las comisiones de postulación. La transparencia que primó dentro del proceso, gracias a la vigilancia que ejercieron varios actores de la sociedad civil, es suficiente para que veamos con optimismo el relevo en el MP. La fiscal general Porras viene de ser magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad, antes fue magistrada de Sala y tuvo un cargo dentro del MP. Su trayectoria nos da indicios de que tiene la capacidad para asumir el reto y por ello la comisión de postulación la tuvo como la mejor calificada de los postulantes.
Como ciudadanía tenemos que ser maduros y exigentes. Maduros para aceptar que el relevo en los puestos es clave en el proceso de construcción de Estado y de instituciones sólidas y, por ende, parte del proceso de lucha contra la corrupción; exigentes para estar vigilantes a la nueva gestión para que los logros alcanzados se mantengan y para que podamos lograr otros objetivos que como nación debemos perseguir.
Jesús María es el Director del Área Institucional en Fundación Libertad y Desarrollo. Es catedrático universitario y Doctorando en Derecho por la Universidad Austral.
La exigencia de un referéndum constitucional ha sido considerada por la oposición del Gobierno venezolano, como un medio que posibilitaría aliviar la grave crisis existente e incluso revertirla.
El jueves 1 de septiembre de 2016 la oposición política al gobierno de Venezuela recorrió las calles de Caracas en una contundente protesta a las actuaciones del gobierno y demás instituciones del Estado. La grave situación política[1], social[2], económica[3] e institucional[4] que padece el país en todos los ámbitos, motivó a que sectores políticos objetaran sobre la persecución política, la carencia de los bienes y servicios, la falta de comida y medicina, la inseguridad, la ausencia de separación de poderes y el irrespeto a los derechos humanos.
La protesta pacífica fue bautizada como “TOMA DE CARACAS”; participaron más de medio millón de personas según estimaciones. Políticamente, la protesta tuvo por finalidad la exigencia de una convocatoria inmediata al referéndum revocatorio basándose en la previsión constitucional (art. 72) que permite revocar al Presidente de la República luego de transcurrido la mitad de su período constitucional[5]. No es una exigencia que se traduce en un golpe de estado, sino en una revocatoria de mandato prevista constitucionalmente, en una de las novedades del texto de 1999.
El referéndum solo podrá materializarse si se agilizan los procesos constitucionales y si no se obstaculizan los mismos. La “TOMA DE CARACAS”, devino en un rechazo manifiesto y multitudinario a toda la estructura del Estado cuyas actuaciones se alejan cada vez más de los principios y valores constitucionales; al punto incluso de boicotear el cumplimiento de la Constitución, haciendo más difícil el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. La exigencia de un referéndum constitucional ha sido considerada por la oposición política como un medio que posibilitaría aliviar la grave crisis existente e incluso revertirla, pues permitiría un cambio en la dirección de los asuntos de gobierno.
Fuente: Theworld Today
Sin embargo, la negativa a la realización del referéndum revocatorio por parte del gobierno de Maduro[6] ha sido manifiesta, lo cual ha agudizado la crisis, pese a que han sido los actores y protagonistas del mismo gobierno los que más han defendido una supuesta democracia «participativa» y «protagónica».
La ruptura con las normas constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos, el retiro de Venezuela del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el incumplimiento de las previsiones de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos entre otros textos, ha aislado al país de los principios y estándares internacionales en materia de democracia, de Estado de Derecho, y de derechos humanos, los cuales están previstos también en el ordenamiento jurídico nacional. De hecho, recientemente se ha discutido su condición de miembro en el Mercado Común del Sur (Mercosur), dado su constante incumplimiento al «Protocolo de Ushuaia Sobre Compromiso Democrático»[7].
El incumplimiento de los tratados, pactos o protocolos internacionales obligó recientemente a que la Organización de Estados Americanos (OEA) por medio de su Secretario General, sometiera al conocimiento de todos los estados miembros, conforme al artículo 20 de la Carta, «una apreciación colectiva de la situación en Venezuela» y eventualmente la posibilidad de que el Consejo Permanente de la OEA adoptara las decisiones que estimara convenientes. El informe en cuestión[8] presentado en junio de 2016, planteaba cómo en el país suramericano está en presencia de una situación atípica, evidenciada en el esfuerzo constante por parte de los poderes ejecutivo y judicial para desconocer e incluso invalidar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional. Esto a través de "intervenciones inconstitucionales en contra de la legislatura, con la complicidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia"[9].
La ruptura con los principios de la Carta Democrática Interamericana denunciada por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos e incluso reiteradamente por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA)[10], constituida por 36 ex Jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, volvía a plantear un viejo problema bastante ignorado en la Declaración de Quebec de 2001: «Las amenazas contra la democracia, hoy en día, asumen variadas formas». Con ello, lo que se quería plantear es el hecho de que las violaciones a la Constitución y al orden democrático no son las mismas que en el pasado; aspecto que obliga a no olvidar que muchos actos del pasado son «heridas que todavía están abiertas, y que poco a poco vamos empezando a cicatrizar con memoria, verdad y justicia, y no repetición»[11]. Por ello, cada vez adquiere más importancia en la región, el énfasis de que el único camino para impedir errores del pasado es elevar la conciencia y responsabilidad internacional sobre lo que «debemos hacer como miembros de las comunidades políticas».
De hecho, es menester recordar que la fragilidad institucional en América Latina y su subdesarrollo hacen que subsistan problemas políticos, sociales y económicos «que pueden amenazar la estabilidad de los gobiernos democráticos»[12], por lo que si bien hoy es Venezuela, mañana podrá ser el resto de la región, si el precedente de violaciones constantes al orden constitucional quedan impunes con la complacencia internacional. Por ello, el Secretario General de la OEA, planteaba citando a Desmond Tutu que «si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor».
[5] Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores que eligieron al funcionario hubieren votado a favor de la revocatoria, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley.
[10] Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), Documentos para el diálogo en Venezuela, Fundación Editorial Jurídica Venezolana Internacional, Caracas-New York, 2016.
Los desechos sólidos son un problema mundial y en distintos países son manejados de maneras totalmente opuestas.
La tragedia que sucedió en el Basurero Municipal de la zona 3 ha dejado un gran número de fallecidos y heridos. El manejo inadecuado de los residuos sólidos no solo trae consigo impactos negativos a la salud, sino que, si se lee entre líneas, es el reflejo de como una sociedad lidia con todo un conjunto de problemas sociales. A continuación se presentan dos realidades muy distintas en cuanto a cómo las municipalidades afrontan el tema del tratamiento de desechos sólidos.
SUIZA Y EL RECICLAJE EXHAUSTIVO DE BASURA
El método más efectivo que encontró Suiza para afrontar el problema de sus basureros fue la clasificación. Todas las personas que viven en el territorio suizo están obligadasa separar y clasificar su basura gracias a la ley del ambiente en donde se multa a cada ciudadano con hasta 10 mil francos (alrededor de 10 mil dólares) por no clasificar su basura[1].
Los basureros públicos de Suiza tienen incorporado el sistema de clasificación.Fuente: brightside.me
Cada semana pasan los diferentes camiones recolectores en cada hogar para llevar la basura directamente a los incineradores y a las plantas de reciclaje. Casi el 95% de materiales se recicla[2] y esto sin duda aporta un empujón a su economía, gracias a que de la basura se alimentan otras industrias como las que crean mobiliario y equipo.
Incluso, existe la “policía de la basura” que se encarga de revisar que la basura de las personas esté bien clasificada y que se utilicen las bolsas con etiquetas correspondientes al tipo de basura que debe ir dentro. Los trabajadores de este sector, responden directamente a la municipalidad de su ciudad o son empleados de las recicladoras, donde gozan de empleos formales
Para más información de cómo separa Suiza su basura ingresa AQUÍ.
Este tipo de sistemas son replicados en varios países desarrollados del mundo, pues cuentan con la capacidad económica de invertir en este sector. Por ejemplo, Japón obliga a sus ciudadanos a lavar y secar su basura para hacer la tarea de reciclaje a nivel nacional mucho más fácil. Se crearon incentivos para esta práctica donde se reciben puntos por la cantidad de basura que se recicla y que luego se pueden canjear por premios o servicios en comercios específicos[3].
GHANA EL BASURERO TECNOLÓGICO
Las prácticas de basureros sin regulación o sin tratamiento de deshechos es la realidad latente de países en vías de desarrollo. Ghana, al igual que Guatemala, cuenta con un basurero poco regulado en donde niveles socio económicos bajos aprovechan a participar de la economía informal. El basurero de Agbogbloshie, un suburbio de Accra, se ha convertido en un cementerio electrónico, ya que no existen leyes que prohíban la importación de los equipos electrónicos en mal estado. La chatarra llega como donación o declarada como producto usado para su reventa en el país. Las empresas electrónicas de Europa prefieren exportar su basura a ese país para evitar los costos de reciclaje.
El problema principal con este basurero, es la falta de regulación sanitaria que existe y la enorme cantidad de menores que trabajan turnos de ocho horas diarias. Los trabajadores del basurero se dedican, en su mayoría a quemar los cables de los aparatos para poder vender el cobre, hierro, etc. sin tomar en cuento el daño que le hacen a sus pulmones, piel y sistema gástrico. Los trabajadores pueden obtener hasta $24 por cada 100 kilos que entreguen de los distintos materiales[4]. Otros se dedican a la reventa del equipo de segunda mano que reciben de tratos que tienen con hoteles y líneas famosas de electrodomésticos[5].
El trabajo infantil es uno de los problemas más grandes con los que cuenta el basurero de Agbogbloshie.
Comisionados de la ONU, Greenpeace y UNICEF no solo se preocupan por brindar insumos para la salud de los locales o defender sus derechos laborales, sino que intentan implementar una política pública para que no se reciban más electrónicos en el país sin la verificación de que puedan ser reutilizados.
Guatemala no se queda atrás con este tipo de realidad. Recientemente un alud de basura sepultó a trabajadores del relleno sanitario de la zona 3 por no contar con regulaciones básicas en cuanto al manejo de la basura. Se estima que alrededor de 5,000 personas trabajan dentro del basurero ganando al día Q60 y Q70 en productos que recogen y venden a recicladoras. Sin embargo, todos se encuentran laborando en la informalidad sin contar con un marco legal que los resguarde de los riesgos que existen alrededor de la basura.
Relleno Sanitario de la Zona 3 en la ciudad de Guatemala.
El camino parece largo para nuestro país. Es lógico que en nuestra realidad, la inversión pública que necesitemos actualmente se focalice en salud o educación dejando los desechos sólidos al final de la lista de prioridades. Sin embargo, cambiar nuestra cultura de basura incentivaría la operación de sistemas de gestión y de infraestructura apropiada para el tratamiento de desechos sólidos o líquidos; lo cual no solo impactaría a áreas aledañas a la zona 3, sino que haría ver a la basura como una industria con oportunidades de crecimiento económico.
Director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado en Ciencia Política, catedrático y analista político en el programa Sin Filtro de Guatevisión.
25 May 2018
Probablemente nunca en la historia democrática del país llegamos a un punto de tanta cercanía al evento electoral con tantas dudas y tan pocas certezas sobre el escenario político.
En medio de la incertidumbre que reina en el ambiente político nacional, una pregunta recurrente aparece en prácticamente todos los foros y mesas de discusión: ¿cómo se vislumbra el panorama electoral de cara a 2019?
La respuesta es compleja. Probablemente nunca en la historia democrática del país llegamos a un punto de tanta cercanía al evento electoral (poco menos de 14 meses de la primera vuelta) con tantas dudas y tan pocas certezas sobre el escenario político.
La principal fuente de incertidumbre es el efecto que tendrá este proceso de transformación política y depuración judicial de élites sobre el mundo político-partidario. El carácter atípico de las elecciones 2015, tanto en su evolución como en sus resultados, fueron el primer efecto del proceso. La cancelación de los partidos Líder y Patriota –los dos más relevantes hace tan sólo un lustro- y los fantasmas que pesan sobre otras agrupaciones por anomalías en el financiamiento electoral constituye –sin duda- la variable central del análisis partidario hacia 2019.
Por si esto fuera poco, las agrupaciones partidarias también se enfrentan a un electorado bastante escéptico y desencantado con la oferta electoral. Una encuesta de marzo pasado reveló que los partidos políticos son los actores con menos nivel de confianza ciudadana (sólo por delante del Congreso), con un magro 14% de credibilidad. De ellos, sólo dos agrupaciones de base puramente urbana y con bancadas pequeñas, tienen niveles superiores al 15% de aceptación.
El problema no sólo es de aceptación social, también de estrategia. Los mismos partidos se enfrentan a la disyuntiva de cuál será la tónica del proceso electoral 2019. Y esto, como consecuencia de todos los paradigmas que se rompieron en el 2015. Por ejemplo, antes de 2015, existía una correlación –casi perfecta- entre el gasto de campaña y la victoria electoral. Ganar elecciones implicaba gastar mucho. También implicaba contar con apoyo irrestricto de la televisión abierta. Y más relevante aún, requería de maquinarias y organización territorial, generalmente aceitadas vía clientelismo.
Los partidos también se apegaban a una receta de crecimiento. Recurrían al modelo de franquicias para fortalecer sus marcas. Las agrupaciones en proceso de crecimiento fichaban (cuales equipos de fútbol en pretemporada) a los caciques municipales y distritales que les aseguraran mayor caudal electoral. Sin embargo, muchos de esos caciques hoy son sujetos de persecuciones judiciales, por lo que el mercado de fichajes y el modelo de franquicias, parece estar en aprietos.
Y por si fuera poco, la expectativa es que la campaña 2019 será austera. Dados los casos recientes de financiamiento electoral ilícito, las fuentes tradicionales de recursos serán más escasas. Y dada la ofensiva contra el modelo de saqueo patrimonialista, se esperaría que el componente de financiamiento proveniente de la corrupción también disminuya. Ello, aunado a un nuevo marco regulatorio y un Tribunal Supremo Electoral con mayor capacidad de fiscalización, seguramente llevará a una contracción en la disponibilidad de recursos para la campaña.
La sumatoria de todo lo anterior arroja una conclusión evidente. Para la campaña 2019 la capacidad de movilización “de tierra” quedará supeditada a la relevancia del candidato. Y dadas las limitaciones que se vislumbran sobre el acceso a recursos, la posibilidad de acrecentar el nivel de conocimiento de un candidato en lo individual, será baja. En este contexto, los candidatos que ya cuentan con un nivel de reconocimiento alto, con valoración positiva en términos de simpatía entre el electorado, entrarán con la mayor ventaja competitiva de cara a 2019.
Una de las soluciones de las municipalidades al tráfico han sido los pasos a desnivel, pero ¿son estos la mejor solución?
Los pasos a desnivel se crean para facilitar el flujo de vehículos en intersecciones importantes que podrían hacer más lento el tránsito de alguna zona. Para la mejor distribución de vehículos parecen ser la solución, pero en la ciudad de Guatemala han tomado un papel protagónico en la lucha del colapso de las vías principales a horas pico.
El problema del tránsito se relaciona con la centralización de comercio que existe en la ciudad de Guatemala, la forma en cómo esta creció horizontalmente y la falta de servicios y estructura vial para llegar a este foco de comercio de manera eficiente. Según el Instituto Nacional de Estadística, se estima que en la ciudad viven alrededor de 1.2 millones personas e ingresan diariamente dos millones más, provenientes de municipios y departamentos cercanos. En base a esto, la municipalidad calcula que circulan todos los días 645 mil vehículos, de los cuales, 350 mil son de personas que viven en la capital.
Como respuesta, las municipalidades han construido pasos a desnivel con la idea de que esto aminorará la carga vehicular. Sin embargo, ejemplos actuales como el paso a desnivel “Madre Teresa de Calcuta” demuestra que reducen el tráfico en cierta área, pero lo movilizan a la siguiente intersección. Otro ejemplo podrían ser los pasos a desnivel en carretera a El Salvador, que si bien ayudaron a hacer fluir mejor el tránsito en un inicio, no solucionaron la salida y entrada del municipio, pues cada vez hay más proyectos de vivienda y más carga vehicular.
El precio de estos pasos a desnivel depende de la dimensión de la obra, pero en promedio una construcción de este tipo le costará a la municipalidad entre Q9 a Q13 millones, los cuales son financiados por empresas y comercios del sector. Esta misma inversión podría invertirse en otros proyectos, como ampliar el servicio del Transmetro a municipios aledaños (en su plan original, el Transmetro llegaba hasta Mixco) o bien continuar con circuitos de ciclovías en otros sectores de la ciudad.
Y con esta reflexión, no se pretende privar al guatemalteco que desea manejar su automóvil todos los días, sino brindar más opciones de movilización para quienes están dispuestos a dejar el volante. Esto descongestionaría las vías principales y permitiría utilizar el tiempo del tráfico en algo mucho más productivo.
El uso del automóvil, para quienes poseen uno, es algo incuestionable, incluso si la distancia a moverse es corta. Claro que esto tiene relación con la inseguridad de nuestras calles y transporte público, pero el Transmetro ha logrado incorporar a sus líneas a muchas personas que nunca antes habían utilizado un bus, gracias al buen servicio que brinda. Esto puede replicarse si la voluntad de los gobernantes e incluso de la misma ciudadanía, se encamina a este estilo de transporte. Un mejor servicio implica una fuerte inversión y pagar más que Q1 para hacerlo sostenible.
Neto Bran, alcalde de Mixco, está actualmente trabajando en el “Express Roosvelt”, que si bien es un proyecto piloto para la movilización de personas del municipio a El Trébol, podría demostrar resultados satisfactorios y ser replicado en otros lugares como Fraijanes o Villa Nueva. Implementar una red de transporte que permita salir a los guatemaltecos de los municipios donde viven para conectar a una central o paradas estratégicas, haría una gran diferencia. Pero una iniciativa aislada no tendrá resultados significativos; se necesita un plan de trabajo que coordine a varias municipalidades.
Se discuten otras iniciativas como el cambio de horario en establecimientos académicos o regular el uso de los automóviles por el número de placa; pero estas propuestas podrían no tener un impacto a largo plazo. Mientras se deje de invertir en transporte seguro, espacio para peatones o para transporte alternativo, más carros se seguirán incorporando a la red vehicular de Guatemala. La única forma de detener que el tráfico año con año sea peor, es aminorando la cantidad de automóviles que transitan en la ciudad y brindando más espacios de movilización sostenible.
Jesús María es el Director del Área Institucional en Fundación Libertad y Desarrollo. Es catedrático universitario y Doctorando en Derecho por la Universidad Austral.
Desde el 18 de abril de 2018 las ciudades de Managua, León, Granada, Masaya, Matagalpa, Estelis, Sébaco y Jinotega han sido los epicentros de diversas olas de protestas que estallaron luego de un intento por reformar el sistema de seguridad social.
El intento de reforma del gobierno de Daniel Ortega Presidente de Nicaragua[1], fue revertido el 22 de abril, cuando se anularon las reformas al sistema de pensiones causantes de la violencia en el país. Sin embargo, la brutal represión por parte de fuerzas policiales y de civiles aliados al gobierno desató la indignación de la sociedad civil que hasta mayo de 2018 no parece cesar.
Pese a la anulación de las medidas, las protestas no han descendido, debido a que en las manifestaciones públicas en contra de estas, la sociedad civil fue reprimida con furia por las fuerzas de seguridad. Desde el 18 de abril hasta el 25 de mayo, la cifra de fallecidos oscila en más de 80 muertos[2], 868 personas heridas y más de 438 personas detenidas; principalmente estudiantes, defensores de derechos humanos y periodistas como ha destacado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[3].
En la represión gubernamental, las organizaciones de derechos humanos han denunciado al gobierno de Nicaragua por emplear medidas de censura contra la prensa, bloqueos y ataques al funcionamiento de medios de comunicación como Canal 12, Canal de Noticias de Nicaragua (CDNN23), Telenorte y Canal 51, este último de la Conferencia Episcopal. Precisamente, la Conferencia Episcopal, aceptó ser mediadora en un diálogo que pretendía superar la severa crisis política que por vez primera padece el «autoritarismo moderno»[4] más efectivo de la región centroamericana, distanciado por completo de los principios de la Carta Democrática Interamericana. Este diálogo se encuentra suspendido por falta de acuerdos entre las partes.
El 23 de mayo el canciller Denis Moncada sostuvo que la agenda de 40 puntos presentada por la Conferencia Episcopal «conduce a un golpe de Estado, violando así la Constitución y las leyes vigentes en el país». Por su parte, los sectores de la sociedad civil reclaman elecciones generales en el primer trimestre de 2019, un adelanto de las presidenciales previstas para 2021, una reforma parcial de la Constitución política, cambios a la ley orgánica del poder legislativo y una ley marco para la transición y gobernabilidad democrática.
El cese de actividad de la mesa de diálogo, se debió de igual modo, al recrudecimiento de amenazas de muerte a varios obispos nicaragüenses, lo que motivó el 25 de mayo, a que las escuelas católicas convocaran a todas las comunidades religiosas, educativas y a la población en general a una marcha para mostrar apoyo a la Conferencia Episcopal. De igual forma, antes del cese de actividades de la mesa, los obispos de Nicaragua condicionaron la presencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la mesa del diálogo nacional, a la presencia del secretario general del organismo Luis Almagro.
Sin embargo, el secretario general de la OEA dirigió en fecha 23 de mayo un mensaje crítico[5] sobre la situación en Nicaragua, especialmente, a algunos sectores opositores que cuestionan el papel de la OEA en la crisis. La razón de este mensaje se debió al cuestionamiento que hizo el Frente Amplio por la Democracia (FAD), la cual acusaba al secretario general de la OEA de parcialidad a favor del régimen de Daniel Ortega y de contradecir los principios de la Carta Democrática Interamericana[6].
La parte más activa en procurar la salida del poder del presidente Ortega, está en la Alianza Unidad Cívica por la Justicia y la Democracia. Recientemente un joven estudiante sostuvo que «Esta no es una mesa de diálogo. Es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien porque el pueblo es lo que ha solicitado»[7]. De igual modo, el Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, sostuvo que dedicaba su premio «a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando, sin más armas que sus ideales, porque Nicaragua vuelva a ser República»[8].
Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado.
Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado.
La izquierda se pregunta por qué es tan difícil para los empresarios hablar de desigualdad y política. Los empresarios se preguntan por qué a la izquierda le cuesta entender la economía.
Analistas e intelectuales de izquierda se preguntan frecuentemente por qué es tan difícil para los empresarios hablar con profundidad de desigualdad, pobreza y política, y más aún, por qué les cuesta tanto hacer propuestas que solucionen los graves problemas que tienen nuestros países en estos campos. Y los empresarios se preguntan por qué a la izquierda le cuesta tanto entender el proceso económico y por qué no logran aclarar la dicotomía entre crecimiento económico y desarrollo social, y el hecho de que uno no puede existir sin el otro.
En general, para los empresarios, de cualquier tamaño, es fácil analizar y discutir sobre inversión y crecimiento económico; y saben, más o menos, que los problemas de pobreza y desigualdad se resuelven por ese camino. Sin embargo, en nuestros países, especialmente en los tres del norte de Centroamérica y en la dictadura de la región (el régimen de Nicaragua, que al fin tiró el pedazo de disfraz que le quedaba de democracia), los problemas sociales y políticos son grandes y el crecimiento económico es a todas luces marginal e insuficiente. Hay crecimiento pero solo beneficia a los sectores de la sociedad que participan de él. Ese crecimiento no es capaz de aliviar el subdesarrollo a una velocidad suficiente para evitar la inestabilidad social y los constantes ciclones políticos y la violencia que provocan la pobreza y la desigualad. Esto se hace más grave por el hecho de que muchos dirigentes, en lugar de tratar estos problemas con seriedad y responsabilidad, escogen un discurso populista y de confrontación, y lejos de resolver, complican más la crisis; y los empresarios se esconden en sus trincheras. Este fenómeno y las graves consecuencias que provoca, lo hemos visto en varios países de América Latina a través de la historia. Algunos siguen pagando un altísimo costo que afectará a más de una generación de ciudadanos.
Las crisis políticas, la inestabilidad y la falta de certeza alejan la inversión y no permiten que las economías crezcan e integren de manera efectiva a un número mayor de personas, especialmente a quienes se quedaron atrás.
La desigualdad ha existido siempre, y aunque a nivel mundial bajó, en los países desarrollados ha aumentado, y por eso, se convirtió en tema de discusión mundial. Sin duda, es un problema al que se debe encontrar explicación y solución, pero con responsabilidad y sin carga ideológica. El objetivo es subir el nivel de vida y combatir la pobreza. Expertos en el tema de la desigualdad la comparan al colesterol. Hay de la buena y de la mala. La clave es preservar la motivación, la iniciativa, la excelencia y la competencia, virtudes esenciales para el crecimiento económico y el desarrollo. La igualdad de oportunidades es crucial. La igualdad ante la ley es indispensable. Y la libertad y el Estado de Derecho son condiciones imprescindibles para alcanzar el desarrollo.
Como siempre, las elites juegan un papel esencial. Tienen que enterarse del problema y de sus riesgos. Y aquí está el dilema. Los partidos políticos están desprestigiados, disminuidos y sin rumbo. Su ideología es vacía y oportunista. No tienen propuesta de Estado. La elite económica está demasiado concentrada en sus empresas y no ven que sus países se les vienen encima. La academia, encerrada en sus librerías y la sociedad civil, despersonalizada y sin dirigentes relevantes. América Latina vive años peligrosos, pero también son años en los que la juventud debe comprender que es su momento y que llegó la hora de que una nueva generación tome el poder político de sus países, corrija el rumbo y salve su futuro. Y para tener éxito, debe prepararse y rescatar los partidos políticos para refundar la política.
Luis Miguel es Director del Área Social de Fundación Libertad y Desarrollo, catedrático universitario y tiene una maestría en Administración Pública de Escuela de Gobierno.
La discusión sobre las manifestaciones o bloqueos se ha convertido en parte de la eterna guerra política e ideológica que los guatemaltecos libramos en redes sociales y medios de comunicación.
El derecho a manifestar es vital para la democracia y la ciudadanía. Si tuviera que ordenar los derechos por importancia, sin pensarlo lo ubicaría bastantes puestos arriba del derecho a la libre locomoción. A pesar de su importancia, es bueno recordar que no existen derechos absolutos, todos los derechos tienen límites.
Los límites de ambos derechos son sutiles y difícilmente pueden delimitarse a la perfección en una ley. Por ejemplo, el derecho a manifestar o reunirse pacíficamente está garantizado en la Constitución y en tratados internacionales de Derechos Humanos, pero también existe legislación en el país que lo limita. El objetivo de esta legislación es procurar que todas las manifestaciones se lleven a cabo dentro de ciertos términos socialmente aceptados. Por supuesto que esto es subjetivo y estará sujeto a una diversidad de factores, como el momento político que atraviesa el país.
Una marcha o un plantón de cualquier tamaño pueden dificultar el paso por una o varias calles. Hay momentos en la vida política de un país en donde una manifestación puede crecer bastante y eso obstaculizará total o parcialmente el tránsito de vehículos o personas. En esos momentos las autoridades, que pueden estar bajo fuertes presiones, deben tomar decisiones para tratar de mantener el orden. Lo cual siempre es delicado pues cualquier movimiento mal calculado puede resultar en heridos.
#FotoDelDía | Multitudinaria manifestación denominada "Toma de Venezuela", organizada por la alianza opositora para protestar contra Maduro pic.twitter.com/GDEkE9tAsJ
Sin embargo es precisamente en estos casos en donde el derecho a la locomoción pierde frente al derecho a manifestar. En una manifestación de cualquier tipo, incluso las que son coordinadas con la autoridad y en donde es casi imposible mantener las vías totalmente despejadas, las personas tendrán que buscar alternativas de paso o unirse a la manifestación. En estos casos no hay mucho que hacer, a pesar de las buenas intenciones que tenga la autoridad de facilitar el paso “no queda otra que aguantarse”.
Hay momentos también en los que el derecho de manifestación se topa con los límites establecidos por la legislación y por lo que una sociedad está dispuesta a aceptar. Esto sucede cuando un grupo de personas, sin importar su procedencia o motivación, decide obstruir el paso en una o varias de las principales vías de comunicación del país por un importante período de tiempo. Esto es un abuso y un delito. Las autoridades están obligadas a reestablecer el orden público y para esto deben existir protocolos que permitan a las fuerzas de seguridad acercarse a los manifestantes sin recurrir a la violencia.
Las diferencias entre ambas “violaciones al derecho de locomoción” son sutiles pero importantes. En el primer caso la manifestación crece a tal punto que termina, sin intención o con previo aviso a los ciudadanos, obstaculizando el paso. En el segundo, la manifestación intencionalmente pretende afectar a los otros ciudadanos para llamar la atención sobre sus demandas; la protesta es en sí, un bloqueo malintencionado. Regular esto sin caer en arbitrariedades o cometer errores es complicado, pero necesario. Las autoridades no pueden hacerse de oídos sordos frente a la situación por el miedo a la opinión pública. La misma opinión pública y los manifestantes harían bien en diferenciar una manifestación pacífica, a un bloqueo abusivo en el que ni siquiera se permite el paso de una ambulancia.
Dicho esto, considero que lo importante es mantener un sano balance. Cualquier manifestación política, religiosa o cultural, por pequeña que sea, provocará molestias para alguien. Sin embargo, es necesario tener una actitud de tolerancia frente a lo que sucede porque algún día puede que seamos nosotros los que nos veamos en la necesidad de manifestar. No siempre vamos a estar de acuerdo con las demandas del otro, pero debemos respetar el derecho que tiene de gritarlas a los cuatro vientos.
La discusión sobre las manifestaciones o bloqueos se ha convertido en parte de la eterna guerra política e ideológica que los guatemaltecos libramos en redes sociales y medios de comunicación. Pero así como no se vale justificar ciertos bloqueos sistemáticos y abusivos porque “es la única forma que tienen para ser escuchados”, tampoco se vale criminalizar o ridiculizar cualquier protesta pacífica, por más descabelladas que puedan sonar sus peticiones. El tema de fondo es de respeto y empatía entre ciudadanos que deben comprender que existen diferentes realidades dentro del territorio guatemalteco.
Personalmente espero que algún día, las personas que utilizan medidas de hecho como estrategia desesperada para ser escuchadas, puedan ver sus problemas aliviados. Debemos aprender a resolver nuestros conflictos con inteligencia, dejar de dar largas a los problemas con las famosas “mesas de diálogo” que rara vez llegan a algún lado y prestar un poco de atención a lo que las personas nos están diciendo. Aún en la demanda más disparatada se puede encontrar una necesidad muy real que tiene años de esperar una respuesta de alguien.
Director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado en Ciencia Política, catedrático y analista político en el programa Sin Filtro de Guatevisión.
El mundo del deporte vive una revolución. La ciencia y el juego se han fusionado para potenciar a los atletas, mejorar el análisis de los resultados y rentabilizar al deporte como negocio. Todo empezó en el béisbol, cuando un grupo de matemáticos integró la Sociedad SABR, que aspiraba a un “conocimiento objetivo sobre el deporte”. El uso de la estadística para analizar las interioridades del juego alteró las estrategias durante los partidos y los métodos para identificar talento. La película Moneyball recoge esa fusión de estadística y deporte.
Esta revolución se expandió al fútbol con la publicación de Soccernomics en el 2007. Sus autores, Simon Kuper y Stefan Szymanski, recurren a la estadística y la economía para analizar el deporte. Algunos de sus hallazgos resultan interesantes en el marco la Copa Mundial de Fútbol, Rusia 2018.
Por ejemplo, las selecciones más exitosas son aquellas que mantienen el balance entre exportaciones e importaciones. Es decir, países que exportan jugadores a otras ligas, al tiempo en que sus propias ligas mantienen altos niveles de competitividad. He ahí el caso de Alemania, España, Argentina, Brasil e Inglaterra. En cambio, países con ligas basadas principalmente en importaciones –como las de los países árabes o la liga china- o en exportaciones –como muchas latinoamericanas- no tienen resultados tan positivos.
Otro hallazgo incluye la anomalía estadística entre la polémica arbitral e Inglaterra, selección cuya eliminación de mundiales tiende a estar asociada a decisiones arbitrales cuestionadas, tales como goles fantasma y expulsiones. No obstante dicha anomalía estadística, el estudio sobre decisiones polémicas arroja una conclusión contra-intruitiva: en el largo plazo, a mayor universo de casos, las decisiones polémicas que favorecen o perjudican a un equipo tienden a balancearse entre sí, por lo que las teorías conspirativas sobre buscar “beneficiar” o “castigar” a un equipo particular no tiene asidero estadístico. El punto anterior se demuestra tanto a nivel de selecciones como con clubs. Esto rompe la tesis que el Real Madrid o Barcelona reciben beneficios de parte del arbitraje.
En cuanto al desempeño, Brasil y Costa Rica son equipos que históricamente superan sus expectativas, en la relación entre posición en Ranking FIFA y resultados en mundiales. En cambio, las selecciones africanas, México y Estados Unidos tienden a ser eliminadas antes de lo esperado.
A nivel de fanaticada, los países que más disfrutan del deporte son aquellos en los extremos de calidad. Las fanaticadas en Alemania, Brasil y Argentina son fuertes dado el éxito de sus selecciones; pero países débiles futbolísticamente, como Noruega, Islas Faroe, Guatemala, Mali y Aruba también tienen una población con alta afición por el fútbol.
Un hallazgo que no augura un buen futuro para Rusia es el efecto económico de un Mundial. Contrario a la creencia, para los países en desarrollo no es buen negocio organizar mundiales, pues la relación costo-beneficio ha sido cada vez más negativa. Las economías de México después del Mundial 86, Portugal tras la Euro 2004, o Sudáfrica tras el Mundial 2010, cayeron en recesión y fueron incapaces de recuperar la inversión en infraestructura. Mientras que Brasil, en 2014, vivió los efectos sociopolíticos de una clase media descontenta por los gastos onerosos asociados a la organización del evento deportivo, mientras que los réditos esperados no llegaron.
La predicción más atrevida es la tesis sobre el cambio en el balance de poder. Kuper y Szymanski arguyen que el fútbol caerá presa de la misma tendencia de las Olimpiadas, en donde los países con grandes poblaciones y riqueza, destacan. No obstante, de los países propuestos, China, India o Estados Unidos ni siquiera clasificaron a la fase final de la competición; mientras que Japón (la última potencia que encaja en las variables identificadas) no ha despegado en cuanto a su calidad de fútbol. Lo anterior evidencia que si bien la estadística y la economía facilitan el análisis del deporte, utilizar dichas herramientas para realizar estudios prospectivos aún resulta muy atrevido.
Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado.
Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado.
¿Qué tienen en común las nuevas propuestas políticas que se ven emerger en muy diferentes puntos del mundo?
Cuando escuchamos nombres como Trump o Sanders en Estados Unidos, Trudeau en Canadá y Morales en Guatemala. Cuando intentamos comprender la aparición de grupos como Syriza en Grecia, Podemos en España, el AFD en Alemania y el Frente Nacional en Francia. Cuando aparecen ideas rupturistas en Inglaterra, Cataluña y Escocia, y cuando revisamos las circunstancias que facilitaron la llegada al poder de Hugo, Evo y Rafael en Venezuela, Bolivia y Ecuador, es obligado el análisis sobre las cosas que estos grupos y personas tienen en común, los riesgos que representan y también las oportunidades.
El común denominador es que son outsiders y antiestablishment; desprecian la política tradicional y han sabido conectar con la población; algunos de ellos, ofreciendo cosas que saben que no cumplirán, y otros, aprovechando la frustración ciudadana para llegar al poder, en algunos casos, para destruir y hacer más daño del que hicieron sus antecesores.
América Latina pasa por un momento delicado. La caída en la demanda y los bajos precios de las materias primas han provocado un frenazo en sus economías. Brasil está sumido en una crisis política y económica de la que todavía no sabemos cómo saldrá. Venezuela, devastada por el chavismo y aunque el inevitable final se acerca, tomará años reconstruirla. Bolivia y Ecuador tienen que rescatar sus democracias o no llegarán muy lejos y Centroamérica sigue perdida en su laberinto.
La esperanza en América Latina está en Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Panamá, que intentan hacer las cosas bien a pesar de la situación económica mundial. Y ahora, se suma Argentina con su nuevo gobierno, sobre el que hay grandes expectativas. El riesgo más grande de América Latina es sufrir retrocesos políticos y pérdida de libertades civiles a causa del estancamiento económico, el cual podría ser aprovechado por movimientos populistas y extremistas.
“Es evidente que la política pasa por un mal momento en el mundo. El gran desafío de nuestro tiempo es rescatarla y devolverle clase y brillo con líderes capaces y honestos.”
Europa no logra enderezar el rumbo. Alemania, Francia, Italia y España son los países llamados a salvar el proyecto europeo pero están aturdidos por la larga recesión, la falta de liderazgo y sus crisis internas. A esto se suman la presión que han puesto los refugiados y la amenaza terrorista.
Es evidente que la política pasa por un mal momento en el mundo. El gran desafío de nuestro tiempo es rescatarla y devolverle clase y brillo con líderes capaces y honestos; con visión de Estado de largo plazo. Los riesgos por la forma en que se gestiona la política en el mundo de hoy son inmensos, pero es importante encontrar luz en tanta oscuridad.
Para empezar, identifiquemos dos oportunidades: la primera es que los políticos tradicionales se den cuenta de que su tiempo terminó y que la vieja política es cosa del pasado. Los ciudadanos de hoy están más informados, son más exigentes y participan más. Y aunque puedan estar equivocados (que lo están con frecuencia) así es el proceso de aprendizaje que lleva a los pueblos a la verdadera democracia y al desarrollo. Así ha evolucionado la raza humana.
La segunda oportunidad está en que se ha hecho evidente que las cosas mejorarán cuando los mejores ciudadanos decidan participar en la política. Como técnicos, como funcionarios y en puestos de elección popular. Formando equipos y dando continuidad a verdaderos proyectos de Estado.
Vivimos un cambio de era. Los desafíos y amenazas en el mundo tienen hoy más complejidad. La responsabilidad de la actual generación de dirigentes es estar a la altura de los retos y encontrar salida y solución a los anhelos y esperanzas de los ciudadanos. No olvidemos lo más importante: la clave está en la política.
