Luis Miguel es Director del Área Social de Fundación Libertad y Desarrollo, catedrático universitario y tiene una maestría en Administración Pública de Escuela de Gobierno.
La libertad de expresión es un derecho incómodo para un gobierno corrupto y por lo tanto, es uno que debemos proteger en todo momento.
Con los casos de corrupción que están dirimiéndose en los tribunales, hay muchas discusiones en el ambiente sobre algunos derechos fundamentales, principalmente la presunción de inocencia y la libertad de expresión. Discutir sobre la importancia o pertinencia de estos derechos es una perogrullada en una sociedad occidental, como la guatemalteca, en donde la mayoría de las personas acepta y vive bajo ciertos valores considerados universales. Sin embargo, al parecer existen algunas confusiones sobre cuáles son los límites que tienen estos derechos porque, guste o no, ningún derecho es absoluto.
El tema de los límites a la libertad de expresión ha sido esgrimido por algunos de los acusados y sus allegados, como una forma de intentar que la prensa reduzca su cobertura de los detalles y nombres que salen a luz en las audiencias públicas y las conferencias de prensa del Ministerio Público por los casos de corrupción que están saliendo a luz desde el 2015. Si en algo tienen razón los acusados, es que la libertad de expresión tiene límites y estos límites están establecidos en la Constitución Política de la República, en la Ley de Emisión del Pensamiento (Decreto número 9), en el Código Penal y en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El elemento más importante que comparte la legislación sobre el tema, es que el ejercicio del derecho a la expresión no puede estar sujeto a censuras previas sino a responsabilidades ulteriores. En el caso de Guatemala, cualquier persona que, haciendo uso de su derecho a expresarse, falte el respeto a la vida privada o a la moral, será sancionada de acuerdo a lo expresado en la ley y los agraviados tendrán el derecho a publicaciones de sus defensas o rectificaciones.
Dicho esto, debemos tener cuidado al momento de pedirle a la prensa que se censure o, peor aún, sugerir la creación de instituciones de control y monitoreo de medios de comunicación. La libertad de expresión es un derecho incómodo para un gobierno corrupto y por lo tanto, es uno que debemos proteger en todo momento, afrontando de forma responsable las consecuencias. Países como Guatemala pecan de exceso de legislación respecto a la libertad de expresión; además, es y ha sido peligroso ejercer el periodismo en el país, por lo que no es conveniente limitarla aún más.
En países como Estados Unidos el funcionario está totalmente expuesto a la crítica, tanto en lo privado como en lo público. Es la idea abstracta de mercado la que rige el actuar de los medios, a través del principio que afirma que el público preferirá aquellos medios que le proporcionan información más certera y descartará los que mienten o son inexactos. Un sistema que está lejos de ser perfecto pero que pareciera funcionar relativamente bien en el país del norte.
La legislación guatemalteca procura la construcción de un periodismo responsable y profesional estableciendo la idea de que existen consecuencias detrás de todo lo que se dice. Con esto, las fuentes de financiamiento o las características de los propietarios de los medios deberían ser irrelevantes, pues existe un acuerdo social asentado en la responsabilidad de las acciones. Para hacerlo, es necesario un sistema de justicia que pueda resolver de forma expedita y transparente los casos que conozca y esto, inevitablemente nos recuerda la importancia de fortalecer a todos los elementos de la cadena de justicia.
La libertad de expresión es pieza clave del sistema democrático y un valor fundamental de la vida en sociedad. Que la conveniencia del momento no se lleve nuestro deseo de defender siempre y a toda costa los derechos humanos más elementales.
Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado.
Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado.
¿Hasta dónde debe llegar la desgracia y la opresión de un pueblo hermano en América Latina para que el continente se levante y exija su liberación?
¿Hasta cuándo va a terminar la hipocresía y la complicidad o en el mejor de los casos la tímida protesta de la comunidad internacional ante la farsa democrática que el chavismo ha erigido en Venezuela?
¿Cómo se puede afirmar que “todo volvió a la normalidad” por que “se devolvieron” los poderes a la Asamblea Nacional cuando nunca los tuvo?
¿Cuánto más grande debe ser la mentira democrática para que el mundo libre, de una vez por todas, llame a las cosas por su nombre y afirme que en Venezuela hay una dictadura insolente y criminal?
¿Qué más pruebas hacen falta para demostrar que Venezuela es un país secuestrado y gobernado por una banda de criminales, narcotraficantes y asesinos?
¿Cómo es posible que en uno de los países más ricos del mundo, sus habitantes se estén muriendo de hambre?
¿Qué circunstancias pueden llevar a la población adulta en una nación a perder 19 libras de peso en promedio y estar sufriendo desnutrición crónica?
¿Cómo puede ser posible que en el país con la mayor reserva petrolera del mundo haya escases de combustibles?
¿Con qué objetivo el chavismo destruyó el aparato productivo y lo dejó sin oportunidades de trabajo, sin bienes y servicios, sin impuestos, sin inversión y sin futuro? ¿Qué creen que pueden esperar de una realidad con esas condiciones? ¿Lo consideran sostenible? ¿Es cuestión de locura, de ignorancia, de ambición, de revancha o de un poco de cada una?
¿Dónde creen que terminarán sus días ese club de sociópatas que han destruido a Venezuela?
¿Seremos capaces las élites de América Latina de reconocer con humildad y responsabilidad que han sido nuestra indiferencia hacia la política, nuestra incapacidad para articular Proyectos de Estado para nuestros países, nuestra ineptitud para construir una visión de largo plazo comprometida con el Estado de Derecho y la libertad las causas que han motivado la aparición de bandas criminales con una mutación del virus comunista, las cuales, con un discurso populista y oportunista han alcanzado el poder por las urnas, engañando al electorado, para luego destruir el sistema que los llevó al poder?
Hoy en día, en Venezuela, más del 70% de la población no puede comprar alimentos ni medicinas; primero por que no hay, pero aunque hubiere, no tiene dinero.
Asfixiaron al sector empresarial y destruyeron PDVSA, la gallina de los huevos de oro negro de Venezuela, y llevaron la economía nacional a la ruina. Venezuela es hoy el país con más inflación del mundo y con niveles de pobreza llegando al 80% de la población. Estadísticas que se ven en países africanos donde lo que hay es desierto y desolación.
¿Qué tipo de seres, que se consideren humanos, pueden hacer esto con uno de los países con más riqueza y recursos naturales?
Es cierto que Chávez llegó al poder por la vía de la urnas como lo hicieron otros dictadores de la historia. Pero todos sabemos que a partir de ese día el chavismo se dedicó a desvirtuar, controlar y destruir el sistema democrático. Venezuela es hoy una nación secuestrada por una camarilla de déspotas y matones.
No son suficientes las declaraciones oficiales de países y organizaciones internacionales que denuncian o señalan. No son suficientes las opiniones como ésta. Llegó la hora de que el mundo occidental y los hombres y mujeres que creemos en la libertad y la democracia hagamos algo mucho más contundente para liberar a Venezuela.
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación.
El gobierno intentará convencer al gobierno de Trump que la tragedia del volcán supone una razón suficiente para otorgar el TPS.
El pasado 25 de junio el presidente Morales anunció en su cuenta deTwitter:“He instruido a la Ministra de Relaciones Exteriores, solicitar de inmediato ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, el Estatus de Protección Temporal (TPS), porque la política migratoria siempre ha sido una prioridad de mi gobierno.”
El mensaje del presidente sugiere varias cosas. Claro está que sería altamente deseable que se concediera un TPS para Guatemala, pero no parece que la medida pueda tener demasiado éxito. Más bien parece un intento improvisado por corregir la lenta respuesta del gobierno ante la crisis que viven los menores separados en Estados Unidos y la falta de una política clara en materia de migración durante los años que van de gobierno.
El gobierno intentará convencer al gobierno de Trump que la tragedia del volcán supone una razón suficiente para otorgar el TPS. Hay que recordar que el TPS se instituyó por el presidente George H.W. Bush en 1990 justamente para beneficiar ciudadanos de países a los cuales sea difícil retornar para los migrantes a causa de un conflicto armado, una catástrofe natural u otro evento extraordinario.
Sin embargo, el contexto no es favorable. Actualmente hay 13 países que gozan de TPS. Desde el año pasado el presidente Trump no ha hecho más que anunciar que pondrá fin o no renovará el TPS para varios países, entre ellos Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Nepal, Liberia, Sudán, entre otros.
Se dio la ampliación del TPS para Sudán del Sur y para Siria pero hay que considerar los niveles que ha alcanzado el conflicto en este último país. Aún así, únicamente se extendió la protección para los sirios que llegaron a EEUU antes de agosto de 2016, los que llegaron después deben marcharse o permanecer como ilegales.
Lo anterior no augura buen futuro y la capacidad de negociación de Guatemala tampoco es la mejor. Para algunos el traslado de la embajada de Guatemala en Israel pueda tener un peso pero el sentido común sugiere que habría sido mejor negociar algún beneficio para los migrantes previo a hacer el traslado definitivo.
Sería en el mejor interés de los guatemaltecos que el TPS se otorgue pero la visita de Mike Pence trajo un mensaje muy claro: “si quieren venir a EEUU vengan legalmente, si no, no vengan”. Por otra parte, afirmó que el éxodo de personas es una amenaza a su seguridad y que debe terminar. El vicepresidente americano pide más bien que reforcemos la seguridad de nuestras fronteras, una narrativa que no sugiere en lo más mínimo una respuesta favorable para la petición de nuestro presidente.
Director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado en Ciencia Política, catedrático y analista político en el programa Sin Filtro de Guatevisión.
Durante el siglo XVII, James Harrington, uno de los ideólogos del republicanismo, esbozó una receta para alcanzar la estabilidad política: el buen funcionamiento de la Res pública depende de la difusión de la riqueza y propiedad. Para Harrington, el concepto de difusión de la riqueza implicaba que una gran mayoría de ciudadanos alcanzara la condición de “propietarios”, situación que les facilitaría el acceso a oportunidades, a un nivel de vida más digno, y generaba incentivos para que más personas participaran activamente en la discusión pública.
La receta de Harrington bien podría servir como un faro para construir desarrollo y estabilidad política en Guatemala. Para nadie es un secreto que los guatemaltecos tenemos una vocación natural hacia el emprendimiento, tal y como ha demostrado durante años las encuestas del Global Entrepreneurship Monitor. Dichos estudios también han perfilado el empeño que el guatemalteco le pone al trabajo. Sin embargo, ni la vocación emprendedora, ni el espíritu trabajador ha sido suficiente para generar condiciones de desarrollo económico y estabilidad política en el país.
Por lo anterior, se requiere de un esfuerzo institucional y de política pública para generar un país de propietarios. Esto implica la adopción de marcos normativos y políticas que permitan generar certeza sobre la propiedad privada. Propuestas como la regulación de la titulación supletoria y el tracto sucesivo resultan estratégicas para facilitar que miles de pequeños propietarios puedan regularizar sus activos, y con ello, acceder a mecanismos de financiamiento.
La generación de certeza de la propiedad puede complementarse mediante políticas para incentivar la integración vertical de productores con cadenas productivas y encadenamientos para la exportación. En otras palabras, permitir que los pequeños propietarios encuentren mercados internos y externos para sus productos.
A esto debe agregarse la modernización de los sistemas de crédito, para facilitar a los propietarios y emprendedores el acceso a financiamiento, a capital semilla y capital de trabajo. Para ello se debe apostar por la flexibilización del mercado financiero, además de promover modalidades de financiamiento más horizontal. Figuras como el factoraje, el leasing, las garantías mobiliarias o las microfinanzas deben fortalecerse en nuestro marco normativo. Debemos considerar también la participación de más guatemaltecos en sociedades productivas, a través de un sistema de Bolsa de Valoresque favorezca el ahorro y la inversión.
Asimismo, debe fomentarse otras modalidades de propiedad y desarrollo productivo. El cooperativismo, la gestión comunitaria, las modalidades de empresarialidad indígena y los encadenamientos deben potenciarse, puesto que permiten a miles de guatemaltecos potenciar su productividad, integrar esfuerzos de producción, comercialización y exportación.
El complemento a todo lo anterior es vigorizar a las capas medias. Esto implicadifundir la presencia y promover más opciones para la enseñanza técnica y la educación universitaria, puesto que ambas constituyen los pilares modernos para la movilidad social. En este sentido, la inversión educativa a nivel técnico y superior debe apostar por establecer institutos de capacitación y centros universitarios en las ciudades intermedias y en los polos de desarrollo rural.
El objetivo es construir un sistema en el que la mayoría de guatemaltecos sean propietarios. El ejercicio de la empresarialidad y la propiedad privada deben ser vistos como una oportunidad para todos. Un país de propietarios, con mayor difusión de la riqueza, genera paz social, cohesión y estabilidad política.
Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado.
Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado.
Ser dictador es fácil. Solo hay que saber usar la ignorancia y el miedo de los débiles y la ambición y el egoísmo de los poderosos.
Solo un criminal o un loco puede pretender quedarse en el poder porque le da la gana y a la fuerza, después de recibir el repudio colectivo y la exigencia general para que renuncie a un cargo al que llegó con trampas y en el que se quiere mantener por iluminado, por charlatán y por abusivo.
Deshonesto, corrupto y asesino son los señalamientos que se le hacen 24 horas al día desde todos los puntos cardinales. Usted nunca tuvo la intención de respetar ni siquiera las reglas retorcidas que le llevaron al poder, después de la oscura alianza que hiciera con otro igual que usted. Su naturaleza es ser dictador, deshonesto y, cuando se le antoja, homicida.
Esos números con los que presumía eran mentira. Cuando se viene desde tan abajo cualquier avance es positivo, pero siempre insuficiente. Y encima, no era gracias a usted sino a pesar de usted. Pero aún así, presumía con el esfuerzo de otros; un esfuerzo que hoy está destruyendo con su ambición, con su miedo y con su locura.
Sus aliados accidentales, los acomodados que no querían olas porque ellos estaban bien, la mayoría de sus socios y muchos de sus cómplices le están abandonando. Su título de comandante está llegando al final. Dentro de poco, ya no mandará ni en su casa, si es que alguna vez lo hizo.
Tal vez ahora, cuando ya no pueda usar de forma abusiva y prepotente el poder podrá ser juzgado con un debido proceso y en un juicio justo. Necesitará una buena defensa. Ser acusado de corrupto, violador y asesino no es cualquier cosa. Pero al menos, usted tendrá la oportunidad de defenderse. Una oportunidad que usted no dio a ninguna de sus víctimas.
Comandante, renuncie usted. La historia le juzgó desde el primer día que llegó al poder en la forma en que lo hizo. Por sus actos deshonrosos y sus crímenes solo le queda salir corriendo para que no le alcance la sed de justicia y el ansia de reivindicación de un pueblo al que usted ha condenado al ostracismo y la servidumbre.
Ser dictador es fácil. Solo hay que saber usar la ignorancia y el miedo de los débiles y la ambición y el egoísmo de los poderosos. Claro, no tan poderosos como usted.
Comandante, renuncie usted. Permita que la libertad y la democracia vuelvan a ser dignas de ese nombre. Permita que la gente de esa tierra a la que usted pretende convertir en su finca deje de sufrir. Ya hizo bastante daño. Ya causó suficiente sufrimiento. Llegó la hora de la libertad y la democracia.
Comandante, renuncie usted. Que haya por lo menos un acto en su vida que la gente de esa tierra pueda agradecerle.
Este texto pudo ser inspirado en las más crueles novelas negras de América Latina. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia.
De no contar con educación integral en sexualidad, es probable que los niños y jóvenes reciban mensajes contradictorios y en ocasiones perjudiciales desde sus pares, los medios de comunicación o desde otras fuentes.
La Educación Integral en Sexualidad –EIS- es vista por diversos sectores como un derecho humano y a pesar de contar con la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva, donde se establece la obligación del Estado con toda la población para garantizar el derecho del acceso a la educación sexual, a métodos de planificación familiar y anticonceptivos, esto no ha alcanzado los niveles esperados.
En 2008, Guatemala participó con el Ministerio de Educación en la cumbre de la XVII Conferencia Internacional sobre el SIDA, donde adoptó la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”[1] donde para el año 2015, se debía de reducir en un 75% la brecha en el número de escuelas que no tenían institucionalizada la EIS.
Sin embargo, la educación sexual laica y científica todavía no llega a todas las escuelas y los problemas que viven muchos jóvenes a consecuencia de la ausencia de información, afecta sus planes de vida y sus oportunidades de desarrollo. No solamente estamos hablando de embarazos no deseados, sino también de enfermedades graves como lo es el SIDA.
En febrero de este año, la Ley de Juventud causó revuelo proponiendo diversas propuestas, dentro de las que estaba asegurar la educación sexual y la disposición de métodos anticonceptivos (a pesar de contar con la ley mencionada en el primer párrafo). Por supuesto, grupos civiles y la iglesia se opusieron al respecto, argumentando que la educación sexual se debe tratar como tema familiar y no escolar, pues esto incentivaría a los jóvenes a tener una vida sexual activa desde una etapa muy prematura.
Al contrario de esto, Naciones Unidas con sus diversas agencias en el país, aseguran que la educación en sexualidad retarda y hace más responsable el comportamiento sexual de los niños, niñas y jóvenes. De no contarse con ella, es probable que reciban mensajes contradictorios y en ocasiones perjudiciales desde sus pares, los medios de comunicación o desde otras fuentes, haciéndolos experimentar por su cuenta y desconociendo lo que es una violación sexual.
En un país donde, en el 2015, existieron 1883 casos de niñas menores de 14 años embarazadas o donde una de cada cinco mujeres, entre los 15 y 19 años de edad, tiene hijos o está embarazada[2], la EIS se convierte en una necesidad primordial. Y no se necesita de la creación de una nueva ley, sino de acatar la legislación ya existente y los acuerdos internacionales que tiene Guatemala sobre la prevención.
Poner este tema en la agenda política es un reto, pues a pesar de que sectores como el Ministerio de Educación y el de Salud mantienen líneas de trabajo para obtener mejoras, éstas no pueden ser significativas si los presupuestos siguen siendo de bajo nivel. Asignar fondos a la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa (DIGECADE), es importante para el cumplimiento del marco normativo del Ministerio de Educación para la institucionalización de la educación integral en sexualidad, ampliando la cobertura nacional.
Un enfoque integral en la manera de impartir esta temática necesita de la colaboración de diversos actores, tanto políticos como locales. Es importante que padres y madres de familia, así como maestros rompan estereotipos donde la sexualidad es algo sucio o tabú. Hablar se sexualidad de manera científica ayudará a empoderar a los menores de edad y a las personas jóvenes, pues aunado a esto, se agrega la moral que muchos han aprendido en el hogar y que les permitirá tomar mejores decisiones para su futuro.
Jesús María es el Director del Área Institucional en Fundación Libertad y Desarrollo. Es catedrático universitario y Doctorando en Derecho por la Universidad Austral.
Es necesario un debate correcto sobre el tipo de reformas constitucionales que necesita Guatemala.
La sociedad guatemalteca ha presenciado un debate político centrado en la necesidad de reformas a la Constitución y de una reforma del Estado en general[1]. Muchos sectores sociales han participado en algunos de los debates, aun cuando muchos han alegado que no se han tomado en cuenta[2]. En efecto, una muestra bastante palpable del tono del discurso y de las discusiones con déficit democrático que se han llevado, puede cotejarse en las propuestas de reformas a la Constitución . Reducida la discusión a la consigna de “reformas sí o reformas no”, el debate correcto no se ha dado, a pesar de la necesidad de reformas urgentes que requiere el país.
Desde que el Procurador de los Derechos Humanos, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y los poderes públicos presentaran en 2016 una «Propuesta para la discusión» en relación a la necesidad de reformar la Constitución y ha pasado casi un año sin que nada haya cambiado. La propuesta fue la conclusión del denominado proceso de «Diálogo Nacional», cuya plataforma consistió en fomentar un espacio de discusión ciudadana que facilitara la aprobación e implementación de reformas constitucionales necesarias para el país[4].
Al documento inicial presentado en 2016[5], se le han hecho diversos cambios y llama la atención que no se conozca ningún documento oficial actualizado con las reformas que se discuten puertas adentro en el Congreso. Los cambios efectuados a la propuesta han sido motivados por fuertes críticas por parte de especialistas[6], de sociedad civil, e incluso, de algunos representantes en el Congreso en temas puntuales como «pluralismo jurídico»[7] y principios-garantías de la administración de justicia[8] .
Las expectativas con las reformas han nublado la debida comprensión de que las mismas no cumplen su propósito aisladamente, dado que se requieren de cambios culturales significativos[9] e incluso, de cambios en las instituciones para que respondan efectivamente a las expectativas que se tengan. Al no tomarse en cuenta las debidas precauciones y cautelas en toda reforma constitucional[10], la propuesta tal y como está formulada presenta aspectos positivos pero también negativos. Dichos aspectos negativos superan la discusión centrada por meses en el llamado «pluralismo jurídico», tema sobre el cual no vamos a pronunciarnos en este escrito[11]. De hecho, discutiremos otro punto crucial en estas reformas en la llamada “carrera judicial”.
Conforme al artículo 205 de la propuesta de reforma constitucional se prevé la “carrera judicial”, con requisitos insignificantes para ser jueces, como se evidencia de la lectura del artículo 207 de la misma. La carrera se resiente cuando se analiza que la estabilidad es relativa, dado que el ingreso, nombramiento y ascenso con base en concursos públicos por oposición, así como los traslados, régimen disciplinario, formación profesional, evaluación del desempeño, causas y mecanismos de suspensión, retiro y separación del cargo (artículo 208 de la propuesta de reforma) queda atado a un régimen disciplinario férreo que pasará por una «evaluación de desempeño profesional» ejercido por el llamado «Consejo de Administración Judicial» (artículo 209 de la propuesta de reforma).
Este régimen disciplinario traslada indebidamente el régimen organizativo de las administraciones públicas al ámbito judicial, lo cual hará ilusa la estabilidad otorgada por el concurso público, pues los jueces estarán sometidos a un régimen disciplinario contrario al ideal de Estado de Derecho. La contradicción está en que se desea un "juez-funcionario" designado por los poderes políticos con el objeto de cumplir un «"servicio público".
En un país con poca separación de poderes y adicional a ello se establece el «litigio malicioso y el abuso de derecho» los cuales serán sancionados conforme a la ley, no cabe duda de que se crean incentivos perversos para que al cabo del tiempo, el organismo judicial afecte el libre ejercicio de la profesión de abogado y termine convirtiéndose el Consejo de Administración Judicial en un instrumento para la depuración judicial de aquellos jueces que el poder político considere molestos.
Todo el esquema previsto en la propuesta de reforma ya estaba previsto en el Decreto Número 32-2016, Ley de la Carrera Judicial, que fue impugnada ante la Corte de Constitucionalidad. En realidad no prevé sustancialmente nada nuevo. Por tanto, la pregunta que surge frente a todo esto, es si en esta discusión sobre una reforma constitucional a la justicia, han sido escuchados los jueces en todos sus ámbitos con el objetivo de afectar de manera irremediable a la cenicienta del poder judicial.
Si la Decreto Número 32-2016, Ley de la Carrera Judicial fue impugnada pues se alegaban incompatibilidades con la Constitución, la cuestión está en debatir esos aspectos y no eludir esa discusión tratando de llevar esos aspectos discutidos ahora al ámbito constitucional. En efecto, si la reforma es para la justicia, lo que debe prioritariamente hacer es escucharse a los actores principales que son los jueces, evitándose así reformas desconocedoras de las dinámicas judiciales.
Mientras esta discusión no se materialice será difícil que la reforma prospere y que sea exitosa al es aprobada, si es que el objetivo es lograr una independencia e imparcialidad judicial real, como paso urgente para la modernización de Guatemala. La discusión por tanto no debe ser constitucionalizar la Ley de Carrera Judicial[12].
Paul Boteo es Director General de Fundación Libertad y Desarrollo. Además, es catedrático universitario y tiene una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Construir un Estado democrático, en donde la ley y la justicia prevalezcan, en el marco del respeto a los derechos humanos, es uno de los desafíos más grandes que enfrentamos como sociedad.
La visión que se tiene en el exterior de Guatemala es que somos un país caótico, en donde el Estado de Derecho es casi inexistente. Con una tasa de homicidios que nos coloca entre los países más violentos del mundo, la incrustación del narcotráfico en el aparato estatal y un nivel de impunidad que sobrepasa el 90 por cierto, no es de extrañar que se tenga esa percepción.
Este caos se puede palpar todos los días en el tráfico de la ciudad. Las personas manejan a su gusto y antojo, tratando de imponerse al resto, haciendo maniobras que ponen en riesgo la seguridad de peatones y conductores por igual. Se tiene que manejar siempre pendiente del próximo loco que piensa que la vía pública le pertenece. Y muchas veces esto ocurre ante la mirada impasible de la Policía Municipal de Tránsito.
En el interior del país también se manifiesta este caos. En algunos sitios la Policía Nacional Civil es incapaz de ejercer control porque la población les amenaza con lincharlos. Qué decir de los territorios en donde el narcotráfico es quién impone las reglas y ha desplazado por completo al Estado.
Las leyes en el país simplemente no se aplican. Las invasiones de tierra y el despojo de las mismas se dan sin que los ciudadanos se puedan defender. Hay bandas criminales que se dedican al robo de propiedades y las personas no les denuncian por temor a perder la vida. Sin mencionar que el robo de energía eléctrica se realiza en algunos casos con total impunidad.
En general, el Estado guatemalteco es incapaz de hacer valer la ley. Es un Estado débil que no posee el monopolio de la fuerza. Las fronteras son paso expedito para el contrabando y toda clase de ilícitos. Y dentro de la misma ciudad capital, existen lugares en donde las autoridades de seguridad parecen haber claudicado de su responsabilidad. El colmo es que las cárceles, en donde el Estado debería ejercer su máximo control, se encuentran administradas por los propios privados de libertad. Somos un país caótico.
Para muchos la solución es la dictadura. Se hace referencia al orden que supieron imponer los dictadores del pasado y la supuesta seguridad que gozaban en ese entonces los ciudadanos. Por supuesto, el costo de esa situación era la anulación de la libertad individual y la total discrecionalidad con la que actuaban los dictadores.
La democracia, sin embargo, no implica caos. En los países desarrollados el Estado es capaz de hacer valer la ley, respetando siempre los derechos de los ciudadanos. La policía en esos países es respetada y actúa con fuerza cuando tienen que hacerlo. Es que si no se respeta la ley, el resultado es el predominio de los criminales.
Construir un Estado democrático, en donde la ley y la justicia prevalezcan, en el marco del respeto a los derechos humanos, es uno de los desafíos más grandes que enfrentamos como sociedad. Nunca en la historia del país hemos disfrutado de tal régimen y por esa razón, nos cuesta tanto conceptualizarlo.
En Guatemala podemos seguir discutiendo de políticas económicas, lo cual resultará estéril, si continuamos siendo un país en donde el Estado es incapaz de tener presencia y hacer valer la ley en todo el territorio nacional. Un país caótico no atrae inversiones, las ahuyenta. Un país caótico no garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino simplemente permite a los criminales tomar el poder.
La crisis de gobernabilidad en la que se ha sumido el Estado guatemalteco, difícilmente podrá superarse si no logramos conceptualizar toda la cadena de justicia como un pilar fundamental de una auténtica democracia. De esta cuenta, las reformas constitucionales que actualmente se están discutiendo, podrían representar un punto de quiebre en nuestra trágica historia de caos y dictaduras. Pero deben realizarse conscientes de la responsabilidad que implica. Nos guste o no, en estos momentos, el futuro del país está en manos del Congreso.
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación.
Algunos argumentan que imponer restricciones restringe la libertad de asociación pues se “obliga” a un diputado a permanecer en un bloque legislativo determinado. ¿Importará más la libertad del diputado o el voto por partido de los ciudadanos?
En el Congreso de la República existe zozobra por el texto vigente del artículo 205 Ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). De acuerdo con esta norma, los partidos políticos tienen prohibido recibir en sus bloques legislativos a los diputados “tránsfugas”, es decir, aquellos que se cambien de partido político una vez electos. Pero lo que más preocupa a los diputados es que el texto en discusión les impide correr en la elección del año entrante.
Ciertamente la redacción del 205 Ter sobre la que dictaminó la CC guarda ciertas diferencias con la que se encuentra en vigor. El texto original establecía que la prohibición de los bloques legislativos para recibir diputados que decidieran cambiarse de partido político únicamente tendría vigencia dentro de los tres años posteriores a la elección. Dado que se trata de un posible vicio de procedimiento, lo propio sería que el Congreso someta a evaluación de la Corte de Constitucionalidad el texto antes que efectuar esta reforma.
Por otra parte, el diputado Hernández Azmitia presentó una iniciativa de ley para derogar el artículo 205 Ter de la LEPP. Dicha iniciativa es la 5442 y se presentó el pasado 11 de junio y aun no cuenta con el dictamen de la comisión de asuntos electorales del Congreso. De derogarse el artículo en discusión el transfuguismo volvería a ser permitido de forma irrestricta.
Ante esta disyuntiva es preciso someter a discusión el transfuguismo como tal. Algunos argumentan que imponer restricciones restringe la libertad de asociación pues se “obliga” a un diputado a permanecer en un bloque legislativo determinado. Sin embargo, el contraargumento es que en el modelo actual los diputados son elegidos por listas cerradas, por lo tanto el elector realmente elige al partido y no al diputado directamente. De hecho, cuando un diputado “tránsfuga” causa vacante le sustituye el siguiente en la lista del partido que lo eligió y no del partido al que se unió después de ser electo.
Por otro lado conviene hacer un examen más profundo de la conveniencia o no de la práctica del transfuguismo. Para algunos el transfuguismo dota de un poder excesivo al partido político en detrimento de las opiniones personales de los diputados del bloque legislativo. Lo cierto es que para otros el transfuguismo genera un mal incentivo para la consolidación de partidos políticos que canalicen las demandas de los electores. Por lo anteriormente dicho, conviene comenzar a tratar el tema con seriedad. El asunto da para muchos más análisis.
Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado.
Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado.
América Latina necesita que su juventud aspire a liderar un movimiento renovador.
En los últimos 10 años, en la mayoría de pueblos del mundo, la clase política se convirtió en una clase apestada y rechazada por los ciudadanos. El “establishment” político y su forma de gobernar, provocaron la pérdida de respeto y confianza en la clase política y en la democracia.
La sensación de que trabajan para sus intereses, su incapacidad para generar soluciones en un mundo cada día más complejo y carente de oportunidades, su corrupción y su cinismo generaron la aparición, el avance y en muchos casos el triunfo de una categoría de políticos aún peor que los apestados.
Los pueblos no hemos aprendido a elegir, aunque debo decir en nuestro favor, que la oferta es limitada, prosaica y deshonesta.
Ortega decía que una nación no puede ser solo pueblo. Necesita una minoría intelectual y honesta que articule, proponga y lidere los cambios y los proyectos que desarrollan y generan bienestar para todos.
La ausencia de los mejores en la sociedad impide que seamos países más normales, como otros, en los que después de sus próceres vino esa minoría dirigente que continuó con los valores que fundan y construyen naciones de verdad.
La ausencia de los mejores provoca en los pueblos una peligrosa ceguera para distinguir al hombre mejor del hombre peor; por eso elegimos a tanto político oportunista y deshonesto, por eso consentimos tanto abuso e incompetencia; por eso, la corrupción y la crisis permanente. Y cuando aparece un individuo honesto, capaz, respetable y digno, la masa no sabe apreciarlo y los corruptos le destruyen.
Demasiados países en nuestra región tienen serios problemas sociales y económicos. Pero el verdadero problema es político. Si la política no funciona, todo lo demás falla. La política no puede seguir siendo una guerra de bandas combatiendo por un botín.
La verdadera política, la Política con mayúscula, necesita principios, compromiso y debate. Requiere oponentes honorables y que estos alcancen acuerdos para avanzar.
La ausencia de esa minoría eminente es la que provoca que los pueblos se queden para siempre en ese estadio elemental de la evolución que es la aldea.
Esta minoría eminente no puede estar formada por esa mayoría de políticos indecentes y pícaros que ha producido América Latina, o por esas elites rancias e indiferentes o por los ciudadanos que no están dispuestos a hacer el sacrifico de entregar a su nación su máximo esfuerzo, su alma y su corazón.
América Latina necesita que su juventud aspire, no a ser víctima, eco o consecuencia de una realidad decadente en muchos de sus países, sino al contrario, líder de un movimiento renovador y constructor. ¿Por qué no habría de sentir la juventud el orgullo de ser la generación del cambio, e iniciar la misión impostergable de rescatar su país con los ideales y valores que fundan naciones en libertad y democracia?
Son los jóvenes que se imponen a sí mismos un código de valores, una disciplina ejemplar y mayores exigencias quienes deben llenar el vacío que ha dejado la ausencia de los mejores en la sociedad. La juventud debe sentir la urgencia de adquirir el conocimiento, las ideas y el valor para cambiar su destino y rescatar su futuro. Y esto, aunque nos moleste reconocerlo, solo se puede lograr a través de los partidos políticos.
Por eso, el primer gran desafío de nuestro tiempo es formar una nueva generación de dirigentes que rescaten la política y el rumbo de las naciones. Y que los ciudadanos se den a respetar.
Y el segundo desafío es generar una auténtica ofensiva intelectual para poner al servicio de las naciones el repertorio de ideas que puedan aclarar, unificar y construir los países que queremos.
No es noticia y mucho menos secreto, pero son el despertar de las elites y el compromiso de la juventud lo que podría cambiar la peligrosa ruta que llevan algunos de nuestros países.
