Recientes informes internacionales han venido colocando en entredicho la existencia de una República democrática y representativa en algunos países , debido al desconocimiento de elementos esenciales tales como el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos, tal y como establece la Carta Democrática Interamericana (art. 3).
Los elementos esenciales de la democracia antes mencionados plantean una relación entre el “Estado de Derecho” y la democracia como medios que posibilitan la prosperidad material , derivada del disfrute de libertades que posibilitan el desarrollo económico. Es por ello, que comentaremos en esta primera entrada de nuestro blog, las razones que explicarían y justificarían la lucha por una democracia auténtica en Guatemala, contrastándolo con los principales obstáculos que imposibilitan el necesario proceso de democratización.
“Las palabras democracia, socialismo, libertad, patriótico, realista, justicia tienen varios significados diferentes que no se pueden reconciliar entre sí. En el caso de una palabra como democracia, no sólo no hay una definición aceptada sino que el esfuerzo por encontrarle una choca con la oposición de todos los bandos. Se piensa casi universalmente que cuando llamamos democrático a un país lo estamos elogiando; por ello, los defensores de cualquier tipo de régimen pretenden que es una democracia, y temen que tengan que dejar de usar esa palabra si se le da un significado. A menudo se emplean palabras de este tipo en forma deliberadamente deshonesta. Es decir, la persona que las usa tiene su propia definición privada, pero permite que su oyente piense que quiere decir algo bastante diferente.”
EORGE ORWELL “LA POLÍTICA Y EL IDIOMA INGLÉS”, EN LETRAS LIBRES, MÉXICO, D.F, 2004, P.14.
I. EL LARGO CAMINO HACIA UNA DEMOCRACIA AUTÉNTICA EN GUATEMALA.
La importancia de la democracia sometida al “Estado de Derecho”, estriba en que es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos, pero no cualquier democracia, sino aquella que denominamos “representativa”. Ahora bien, la palabra democracia, no cuenta con una esencia inmutable, a tal extremo, que diversos entomólogos políticos han encontrado hasta más de mil definiciones , lo cual ha complicado su comprensión.
Sin embargo, la comprensión sobre qué entendemos por democracia, requiere prescindir de definiciones persuasivas , surgidas al calor de la lucha política, con el objeto de dirigir el comportamiento de muchos ciudadanos, la mayor de las veces hacia puertos bien distintos a la democracia como ha sucedido en Guatemala y en muchos lugares de América Latina.
En efecto, una definición de democracia debería ceñirse tal y como lo ha hecho The Economist, a aquella forma de gobierno fundamentada en la libertad política, mediante la cual los individuos disputan por el poder político a través de reglas de juego formales -reglas y procedimientos para la toma del poder político y la resolución de controversias políticas- y no sustantivas. Esta idea, lleva implícita la escogencia de representantes mediante participación electoral, ausencia de coerción arbitraria, y siempre favoreciendo condiciones de igualdad política con la finalidad de que las decisiones se tomen mediante la regla mayoritaria y no mediante consenso.
La lucha por la democracia sometida al “Estado de Derecho”, reviste importancia, dado que una democracia limitada deviene en una de las condiciones básicas para la generación de prosperidad material, puesto que el disfrute de la libertad política y de la libertad individual posibilita el crecimiento económico . Ahora bien, luce importante no ceñirse solamente a lo establecido normativamente, sino también, indagar en los obstáculos que impiden dicho propósito.
Esta idea, se refuerza si se toma en cuenta que la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 en varios de sus preceptos enfatiza que el pueblo retiene para sí la titularidad de su soberanía y con ello el sufragio universal y secreto para elegir a sus representantes. Tal democracia representativa sujeta al “Estado de Derecho”, debería procurar en primer término garantizar la libertad política, entendida ésta como la participación de los hombres en la elección de su gobierno, en el proceso de la legislación y en el control de la administración, dado que ella es el fundamento de la democracia.
La democracia auténtica, siempre formal , cuya base es la libertad política deviene en representativa, dado que el pueblo delega cuota parte de su soberanía, en los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial (artículo 141), quedando la subordinación entre los mismos prohibida con arreglo al “Imperio de la ley” (art. 152), y al principio de la legalidad –o constitucionalidad- basado en el hecho de que el ejercicio del poder público está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y la ley y ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política, puede arrogarse su ejercicio.
La lucha por una democracia formal en Guatemala, deviene en un requisito previo a cualquier discusión en torno a la acción social del Gobierno, ya que lo importante previamente es la competencia libre por el poder político con el objeto de garantizar la presencia de un debate político abierto, en el que los ciudadanos decidan cuál es el representante más idóneo, y además evalúen y decidan cuál es acción de gobierno de su preferencia. Este hecho significa que la democracia es siempre formal, y no tiene una relación directa con una acción de gobierno en particular.
Esta idea se refuerza si se toma en cuenta, que incluso en aquellos sistemas como el guatemalteco, los innumerables cometidos sociales que se establecen constitucionalmente, tratan en todo momento de mantener –con tensiones indudables- las premisas del “Estado de Derecho” y de la democracia formal. En efecto, la prioridad va desde la Libertad –política e individual- hacia la “igualdad”, dado que en aquellos sistemas en donde se coloca la igualdad sin libertad, han caído las dos.
Tal y como ha dicho Sartori, “La lección que hoy nos llega del Este y de la parábola de la experiencia comunista confirma lo que la doctrina liberal ha mantenido desde siempre, es decir, que la relación entre libertad e igualdad no es reversible, que el iter procedimental que vincula los dos términos va desde la libertad a la igualdad y no también, en sentido inverso, desde la igualdad a la libertad. La “superación” de la democracia liberal no ha existido. Fuera del Estado democrático-liberal no existe ya libertad, ni democracia”.
II. LA FALSA DEMOCRACIA EN GUATEMALA: CRÍTICAS INTERNACIONALES.
Recientes informes internacionales en materia de “Estado de Derecho” y de democracia a nivel global han alertado el déficit democrático en Guatemala tomando en cuenta varios factores, mientras que otros informes han manifestado con más rigor la carencia en el “Estado de Derecho” y la democracia. Lo último no debería ser escandaloso si se repara en lo dañino que es emplear conceptos con el objetivo de deformar el entendimiento.
En efecto, dado que no existe una “democracia a medias” o un “Estado de Derecho” sin separación de poderes, es por lo que en este blog lucharemos en contra de determinados abusos del lenguaje, así como las deliberadas confusiones con clara intencionalidad política-ideológica, con el objetivo de mantener la inacción ciudadana en procura de que no se reviertan las tendencias de conculcación de derechos individuales y de libertad política.
En este sentido, resulta importante no dar por sentado la existencia real de los atributos del “Estado de Derecho” y de la democracia formal, dado que los mismos deben en todo momento someterse a un riguroso análisis por contraposición a cualquier intento ideológico por presuponerlos. Por ello, rigurosos análisis han manifestado que en Guatemala se observan síntomas altamente preocupantes, en tanto las elecciones presentan irregularidades sustanciales que a menudo impiden caracterizarlas como “libres y justas”; en los que la presión del gobierno sobre los partidos de la oposición y los candidatos deviene casi en constante en aras de favorecer la opción predilecta del sector que ejerce el poder ; en el que la corrupción tiende a ser generalizada y afianzada por la impunidad ; en el que el “Estado de Derecho” es deficiente , en el que el Estado no tiene control sobre su territorio ; así como la muy endeble “sociedad civil” por los constantes hostigamientos y presiones a la prensa, fiscales y jueces .
En efecto, la democracia al no reducirse solo a elecciones, requiere tomar en cuenta diversos factores cómo es la presencia de libertad política, dado que es el fundamento de la misma. Dada la limitada libertad política por la existencia de un sistema partitocrático conforme a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y los altos niveles de impunidad en lo que se refiere a grupos al margen de la Ley, así como a los actores políticos, deviene en consecuencia inexorable que muchos ciudadanos descrean de la democracia dado que confunden lo existente con el ideal democrático.
La lucha por la democracia, requiere una labor de acotación de la misma, circunscribiendo la democracia a lo formal, es decir, al reconocimiento, goce y ejercicio de la libertad política. A la vez, se requiere un sólido “Estado de Derecho”, que controle el poder político, con el objeto de garantizar el respeto a los derechos individuales, favoreciendo un poder judicial que aplique justicia independiente e imparcialmente. Ahora bien, dada la violencia generalizada, la presencia de pandillas, narcotráfico, impunidad, corrupción, ausencia de independencia e imparcialidad del poder judicial, ataques y persecuciones a sectores de la sociedad civil, es importante retener que ellos no son más que consecuencias de la ausencia de “Estado de Derecho” y de democracia formal.
El aspecto anterior, reviste importancia dado que la consolidación del “Estado de Derecho” y de la democracia formal, no se logrará, “colocando la carreta delante de los bueyes”, es decir, si se antepone a dicho ideal, la necesidad de fortalecer el Estado para garantizar una mayor igualdad material. Si bien es cierto que alrededor del 60% de guatemaltecos “se muestra favorable a que el Estado guatemalteco asuma dicho papel” a través de una política de redistribución de la riqueza, ello luciría imposible en un país que se encuentra en el umbral del sub-desarrollo como Guatemala.
Este deficiente desempeño económico, se encuentra estrechamente asociado a la carencia de “Estado de Derecho”, a tal punto que Guatemala se encuentra en el puesto 85 de 102 países analizados, de lo que se colige que su institucionalidad también es frágil. Dado que la acción de gobierno en materia social no tiene ninguna relación conceptual directa con la democracia, si luce destacar que ella es solo posible mediante la generación de innovaciones, y de la promoción de nuevas empresas que compitan con las existentes, lo que permitiría un crecimiento económico, para ulteriormente plantear si es necesario el debate en torno a una posible redistribución a través del gasto social.
Es un hecho altamente conocido, que la relación entre instituciones políticas y económicas es innegable, dado que es esta combinación lo que estimula y posibilita la prosperidad material y la paz social. En tal sentido, la lucha por el “Estado de Derecho” y por la democracia formal, luce como una tarea con prioridad lógica y política, antes que cualquier énfasis en la “igualdad material”, pues tal y como prueban los hechos, el resultado ha sido que Guatemala con su deficiente desempeño democrático se encuentre por debajo del promedio general en materia de democracia en la región, y que sea además el país en el que los encuestados son “particularmente pesimistas dada la situación económica” elevando incluso la intolerancia política.
Tal y como hemos mencionado, el crecimiento económico y social, al ser siempre en casi todos los casos una consecuencia de la existencia de instituciones y organizaciones fuertes, es por lo que resulta decisiva luchar por la democracia en sentido formal, caracterizada por normas y procedimientos con arreglo a la procura del disfrute y goce de la libertad política, y no como aquella que procuraría garantizar todo el bienestar deseado por una determinada comunidad política, pues ello significaría un exceso que impediría la consecución de un objetivo más modesto, cual es, el servir de medio pacífico para la resolución de disputas y desacuerdos políticos de manera civilizada.
Aun cuando la clarificación conceptual es importante en la lucha por la materialización de la democracia basada en el “Estado de Derecho” en Guatemala, luce importante tomar en cuenta también, las dificultades históricas que ha tenido la tenaz sociedad guatemalteca en procura de cristalizar el proyecto establecido constitucionalmente. Ello significa asimilar lo establecido normativamente, y evaluar siempre las “condiciones limitadoras y restrictivas que impone la estructura socioeconómica de las diferentes sociedades”, con el objetivo de transformarlas con modestia, pues como advirtió LINZ “Lo que fue posible en España y más lentamente en Brasil, será ciertamente infinitamente más difícil en Bolivia o en Guatemala.”
III. PALABRAS FINALES
La calificación de Guatemala como un régimen político-constitucional “híbrido”, no es más que el reconocimiento de la precariedad en cuanto a libertad política y derechos individuales, los cuales son condiciones básicas para la generación de prosperidad material. Este proceso de declive institucional, se ha mantenido inalterado por décadas y en determinados momentos, se ha acelerado críticamente, por la conculcación de la libertad política, los derechos individuales, la participación política, la deliberación, la elección y la votación sin coacción, así como la ausencia de separación de poderes, y el descrédito colosal por parte de la “sociedad civil” para con el sistema de gobierno.
Esta dramática situación institucional, ha desembocado en funestas consecuencias como la escasa productividad, exiguo respeto a la Ley, merma de la inversión extranjera y nacional, escasas oportunidades, etc., que se han traducido en “fuertes motivaciones para emigrar”, elevándose la inseguridad personal producto de los frecuentes robos, secuestros y asesinatos , así como la oligopolización de la representación, producto de un sistema electoral, fundado en la asignación de privilegios a los Partidos Políticos, como si fuesen las únicas organizaciones democráticas aceptadas para la pervivencia de una democracia auténtica, lo cual se desdibuja en los hechos.
La clarificación conceptual, requiere en Guatemala un sostenido debate en torno a si es conveniente un énfasis en la acción social del Gobierno, dejando de lado la discusión por la concretización de la democracia formal, es decir, la competencia libre por el poder político. Tal situación se explica, por cuánto las elevadas preocupaciones por la “desigualdad” no se asocian al deterioro del sistema político actual, sino a un problema de personas, eludiendo el hecho de que luce pertinente, pensar en la solidez de las “instituciones” en conformidad con el “Estado de Derecho” para luego generar las condiciones económicas que posibiliten políticas públicas específicas para el mayor bienestar de la población, lo cual solo puede darse en una genuina discusión democrática.
