En general, la reforma incluye ajustes razonables a la LEPP. Sin embargo, a estas alturas, hay dos ideas que conceptualmente están ausentes en el proyecto
Ya se discute en la Comisión de Asuntos Electorales el dictamen para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). En general, lo que se recoge son una serie de reformas que tienden a corregir aspectos puntuales de la normativa.
Por ejemplo, se facilita la afiliación y desafiliación a las organizaciones políticas; se establece el derecho a inscribirse de forma automática en el Registro de Ciudadanos al momento de inscribirse en el RENAP o actualizar el DPI (importante considerando que casi un 70% de jóvenes entre 18 y 25 años no están empadronados); se obliga al RENAP a informar al Registro de Ciudadanos del fallecimiento de un ciudadano para efectos de su cancelación en el padrón y afinan el concepto de proselitismo para diferenciarlo de la propaganda electoral.
En cuanto al financiamiento, se reforma el artículo 21ter para puntualizar mejor quiénes son los sujetos que tienen prohibido financiar partidos (Estados extranjeros, personas jurídicas extranjeras, etc.); se corrige la redacción de la obligación de canalizar las donaciones siempre a través de la organización política y de no hacerlo a candidatos directamente ni hacerlo de forma anónima; se aumenta el techo de gastos de campaña de $0.50 a $1.00 por ciudadano empadronado y se modifica el techo de campaña para Comités Cívicos Electorales que antes tenían techo de $0.10 por ciudadano empadronado en su circunscripción municipal y ahora será de $1.00.
En materia de sanciones, se modifica el primer artículo 88 agregando que, previo a imponer sanciones, el órgano correspondiente debe garantizar el derecho de defensa, el derecho de audiencia previa y el debido proceso y correr audiencia por un plazo de cinco días a las organizaciones políticas, candidatos o personas individuales, según fuera el caso; se modifica el artículo 90, correspondiente a las multas, y se quitan las referencias al “reglamento”. Por otra parte, se modifica el monto de las multas y se establece que serán entre uno y cincuenta salarios mínimos. Hoy, la ley estipula multas que van desde los $500 hasta los $250,000.
Por otra parte, se modifica la figura de la llamada “campaña anticipada”. Se propone cambiar el artículo 94 Bis y definir la propaganda electoral anticipada como la acción de llamar al voto fuera de la fase establecida en la literal “b”. La sanción sería, como en la anterior redacción, la no inscripción, previo agotamiento de un proceso de sanción siguiendo los lineamientos del artículo 90 en su redacción propuesta.
El borrador incluye una propuesta, quizá la más llamativa, de incluir los listados abiertos para la elección de diputados. Se incluye también la obligación de los candidatos a presentar planes de trabajo. En materia de propaganda en medos de comunicación se mantiene la regla de distribución igualitaria, pero se quita el límite a la tarifa a pagar a los medios de comunicación. Se hace mención al voto nulo y al voto en blanco, pero no se corrige la confusión: el voto nulo y el voto en blanco deberían ser equivalentes en cuanto a la repetición de elecciones, pero eso no se corrige.
En general, la reforma incluye ajustes razonables a la LEPP. Sin embargo, a estas alturas, hay dos ideas que conceptualmente están ausentes en el proyecto. Por una parte, la idea de facilitar la formación de partidos dado que el enfoque de las reformas de 2016 de “institucionalizar” los partidos vía la letra de la ley, ha fracasado. Y segundo, eliminar los “mecanismos de veto” tales como la exigencia de finiquito y las sanciones de cancelación en términos poco claros. Sobre esto habrá oportunidad de ahondar más en otra columna.
En general, la reforma incluye ajustes razonables a la LEPP. Sin embargo, a estas alturas, hay dos ideas que conceptualmente están ausentes en el proyecto
Ya se discute en la Comisión de Asuntos Electorales el dictamen para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). En general, lo que se recoge son una serie de reformas que tienden a corregir aspectos puntuales de la normativa.
Por ejemplo, se facilita la afiliación y desafiliación a las organizaciones políticas; se establece el derecho a inscribirse de forma automática en el Registro de Ciudadanos al momento de inscribirse en el RENAP o actualizar el DPI (importante considerando que casi un 70% de jóvenes entre 18 y 25 años no están empadronados); se obliga al RENAP a informar al Registro de Ciudadanos del fallecimiento de un ciudadano para efectos de su cancelación en el padrón y afinan el concepto de proselitismo para diferenciarlo de la propaganda electoral.
En cuanto al financiamiento, se reforma el artículo 21ter para puntualizar mejor quiénes son los sujetos que tienen prohibido financiar partidos (Estados extranjeros, personas jurídicas extranjeras, etc.); se corrige la redacción de la obligación de canalizar las donaciones siempre a través de la organización política y de no hacerlo a candidatos directamente ni hacerlo de forma anónima; se aumenta el techo de gastos de campaña de $0.50 a $1.00 por ciudadano empadronado y se modifica el techo de campaña para Comités Cívicos Electorales que antes tenían techo de $0.10 por ciudadano empadronado en su circunscripción municipal y ahora será de $1.00.
En materia de sanciones, se modifica el primer artículo 88 agregando que, previo a imponer sanciones, el órgano correspondiente debe garantizar el derecho de defensa, el derecho de audiencia previa y el debido proceso y correr audiencia por un plazo de cinco días a las organizaciones políticas, candidatos o personas individuales, según fuera el caso; se modifica el artículo 90, correspondiente a las multas, y se quitan las referencias al “reglamento”. Por otra parte, se modifica el monto de las multas y se establece que serán entre uno y cincuenta salarios mínimos. Hoy, la ley estipula multas que van desde los $500 hasta los $250,000.
Por otra parte, se modifica la figura de la llamada “campaña anticipada”. Se propone cambiar el artículo 94 Bis y definir la propaganda electoral anticipada como la acción de llamar al voto fuera de la fase establecida en la literal “b”. La sanción sería, como en la anterior redacción, la no inscripción, previo agotamiento de un proceso de sanción siguiendo los lineamientos del artículo 90 en su redacción propuesta.
El borrador incluye una propuesta, quizá la más llamativa, de incluir los listados abiertos para la elección de diputados. Se incluye también la obligación de los candidatos a presentar planes de trabajo. En materia de propaganda en medos de comunicación se mantiene la regla de distribución igualitaria, pero se quita el límite a la tarifa a pagar a los medios de comunicación. Se hace mención al voto nulo y al voto en blanco, pero no se corrige la confusión: el voto nulo y el voto en blanco deberían ser equivalentes en cuanto a la repetición de elecciones, pero eso no se corrige.
En general, la reforma incluye ajustes razonables a la LEPP. Sin embargo, a estas alturas, hay dos ideas que conceptualmente están ausentes en el proyecto. Por una parte, la idea de facilitar la formación de partidos dado que el enfoque de las reformas de 2016 de “institucionalizar” los partidos vía la letra de la ley, ha fracasado. Y segundo, eliminar los “mecanismos de veto” tales como la exigencia de finiquito y las sanciones de cancelación en términos poco claros. Sobre esto habrá oportunidad de ahondar más en otra columna.
La última encuesta refleja que el 47% de chilenos votaría por la opción de rechazar el nuevo texto y el 44% optaría por aprobarlo
Para quienes nos apasiona el estudio del derecho constitucional, lo que ha ocurrido en Chile es de mucho interés. El 78% de los chilenos votó por aprobar la idea de reemplazar la Constitución chilena de 1980.
En mayo de 2021, los chilenos volvieron a acudir a las urnas para elegir a los diputados que integrarían la Convención Constitucional (CC) encargada de redactar la nueva Constitución chilena. El 35% de convencionales elegidos eran de listas independientes, el 65% de partidos políticos y solo el 1% de candidaturas independientes.
El principal partido de derecha, Chile Vamos, obtuvo apenas el 24% de los escaños. La concertación no pasó del 16% y el resto estuvo conformado por partidos más escorados a la izquierda, por neutrales y por los cupos otorgados a los pueblos originarios.
No cabe duda de que al votar por el apruebo en el referéndum, una mayoría importante de chilenos apoyó la idea de redactar un nuevo texto constitucional. A juzgar por las encuestas y los resultados, incluso contó con el apoyo de una parte importante de la derecha.
El texto constitucional debe someterse a consulta plebiscito el próximo 11 de septiembre para obtener su aprobación. La última encuesta refleja que el 47% de chilenos votaría por la opción de rechazar el nuevo texto y el 44% optaría por aprobarlo. Estos números contrastan con el amplio apoyo inicial con que contó el esfuerzo.
Ahora el trabajo de la CC ha concluido y algunas de sus disposiciones han causado temor y rechazo en amplios sectores de la sociedad chilena. Hay preocupación por el régimen de propiedad propuesto, concretamente el inciso 4 del artículo 78 que dispone que los bienes indemnizados se indemnizarían a “justo precio” y no a precio de mercado.
También ha traído amplia discusión la propuesta del texto constitucional el hecho de que la nueva Constitución reconoce un pluralismo jurídico en amplios términos. Es decir, habría pluralidad de sistemas legales dentro del territorio y sus límites no quedan claros o no existen.
Asimismo, la Constitución prevé un mecanismo de restitución de tierras a los pueblos indígenas, aunque no está muy claro de qué forma. Esto, sumado a otras propuestas como la eliminación del senado, la creación de un sistema federal y plurinacional son recibidas con recelo por cierto sector de la población.
El propio expresidente, Ricardo Lagos, ha dicho que Chile merece una Constitución que logre consensos y afirma que ninguno de los dos textos (el actual y el aprobado) lo logren. Incluso hay voces desde la izquierda, como Mario Waissbluth, que han afirmado que no votarán por el apruebo. Ya veremos cuál será el desenlace de este proceso.
La última encuesta refleja que el 47% de chilenos votaría por la opción de rechazar el nuevo texto y el 44% optaría por aprobarlo
Para quienes nos apasiona el estudio del derecho constitucional, lo que ha ocurrido en Chile es de mucho interés. El 78% de los chilenos votó por aprobar la idea de reemplazar la Constitución chilena de 1980.
En mayo de 2021, los chilenos volvieron a acudir a las urnas para elegir a los diputados que integrarían la Convención Constitucional (CC) encargada de redactar la nueva Constitución chilena. El 35% de convencionales elegidos eran de listas independientes, el 65% de partidos políticos y solo el 1% de candidaturas independientes.
El principal partido de derecha, Chile Vamos, obtuvo apenas el 24% de los escaños. La concertación no pasó del 16% y el resto estuvo conformado por partidos más escorados a la izquierda, por neutrales y por los cupos otorgados a los pueblos originarios.
No cabe duda de que al votar por el apruebo en el referéndum, una mayoría importante de chilenos apoyó la idea de redactar un nuevo texto constitucional. A juzgar por las encuestas y los resultados, incluso contó con el apoyo de una parte importante de la derecha.
El texto constitucional debe someterse a consulta plebiscito el próximo 11 de septiembre para obtener su aprobación. La última encuesta refleja que el 47% de chilenos votaría por la opción de rechazar el nuevo texto y el 44% optaría por aprobarlo. Estos números contrastan con el amplio apoyo inicial con que contó el esfuerzo.
Ahora el trabajo de la CC ha concluido y algunas de sus disposiciones han causado temor y rechazo en amplios sectores de la sociedad chilena. Hay preocupación por el régimen de propiedad propuesto, concretamente el inciso 4 del artículo 78 que dispone que los bienes indemnizados se indemnizarían a “justo precio” y no a precio de mercado.
También ha traído amplia discusión la propuesta del texto constitucional el hecho de que la nueva Constitución reconoce un pluralismo jurídico en amplios términos. Es decir, habría pluralidad de sistemas legales dentro del territorio y sus límites no quedan claros o no existen.
Asimismo, la Constitución prevé un mecanismo de restitución de tierras a los pueblos indígenas, aunque no está muy claro de qué forma. Esto, sumado a otras propuestas como la eliminación del senado, la creación de un sistema federal y plurinacional son recibidas con recelo por cierto sector de la población.
El propio expresidente, Ricardo Lagos, ha dicho que Chile merece una Constitución que logre consensos y afirma que ninguno de los dos textos (el actual y el aprobado) lo logren. Incluso hay voces desde la izquierda, como Mario Waissbluth, que han afirmado que no votarán por el apruebo. Ya veremos cuál será el desenlace de este proceso.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha dicho que tentativamente la convocatoria a elecciones arranca el 20 de enero de 2023 y que la primera vuelta electoral sería el 25 de junio de 2023.
Dado que el artículo 9 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece que para ejercer el derecho al voto se requiere estar inscrito como ciudadano (empadronado) con tres meses de anticipación, la fecha límite para empadronarse será el 26 de marzo de 2023. Es decir, estamos aproximadamente a nueve meses de que concluya el proceso de empadronamiento.
Sin embargo, vemos que en el grueso de población entre 18 y 25 años hay únicamente 969,660 empadronados. Datos del RENAP estiman que habría cerca de 3,213,590 en ese mismo rango de edad. Es decir, habría una diferencia de cerca de 2.2 millones de jóvenes en este rango de edad que no están empadronados.
Por supuesto, la cifra del RENAP no es exacta y debemos tomarla con ciertas salvedades. Pero Prensa Libre reportaba, cruzando datos del INE a partir del censo, que serían 1.8 millones de jóvenes los que están pendientes de empadronarse.
Cabe mencionar que, de no tener una agresiva y exitosa campaña para empadronar jóvenes entre 18 y 25 años, sería el grupo etario más infrarrepresentado con diferencia. Solo el 30% de ciudadanos entre 18 y 25 años están empadronados, mientras que en los demás grupos de edad la cifra está por encima del 70% excepto en el grupo comprendido entre 26 y 30 años. En este último grupo, cerca del 60% está empadronado.
Siempre han existido desafíos derivados de la carga que representa para el ciudadano primero obtener su documento de identidad y luego acudir al Registro de Ciudadanos a empadronarse. En algún momento, cuando la emisión de la Cédula de Vecindad estaba a cargo de las municipalidades, existían convenios y al tramitarse la primera cédula automáticamente se remitía al Registro de Ciudadanos para su empadronamiento. Entiendo que no existe algo similar ahora.
Por otra parte, de acuerdo con estimaciones de la cancillería, habría en Estados Unidos cerca de 2.9 millones de guatemaltecos. No conocemos su rango de edad, pero podemos especular que una porción importante está en edad de votar. Sin embargo, actualmente únicamente 69,942 están empadronados en el extranjero.
Si nos guiamos por los números de las últimas elecciones, donde votaron 5 millones de personas aproximadamente, nos queda claro que el impacto de empadronar o no a los jóvenes y a los residentes en el extranjero podría ser decisivo.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha dicho que tentativamente la convocatoria a elecciones arranca el 20 de enero de 2023 y que la primera vuelta electoral sería el 25 de junio de 2023.
Dado que el artículo 9 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece que para ejercer el derecho al voto se requiere estar inscrito como ciudadano (empadronado) con tres meses de anticipación, la fecha límite para empadronarse será el 26 de marzo de 2023. Es decir, estamos aproximadamente a nueve meses de que concluya el proceso de empadronamiento.
Sin embargo, vemos que en el grueso de población entre 18 y 25 años hay únicamente 969,660 empadronados. Datos del RENAP estiman que habría cerca de 3,213,590 en ese mismo rango de edad. Es decir, habría una diferencia de cerca de 2.2 millones de jóvenes en este rango de edad que no están empadronados.
Por supuesto, la cifra del RENAP no es exacta y debemos tomarla con ciertas salvedades. Pero Prensa Libre reportaba, cruzando datos del INE a partir del censo, que serían 1.8 millones de jóvenes los que están pendientes de empadronarse.
Cabe mencionar que, de no tener una agresiva y exitosa campaña para empadronar jóvenes entre 18 y 25 años, sería el grupo etario más infrarrepresentado con diferencia. Solo el 30% de ciudadanos entre 18 y 25 años están empadronados, mientras que en los demás grupos de edad la cifra está por encima del 70% excepto en el grupo comprendido entre 26 y 30 años. En este último grupo, cerca del 60% está empadronado.
Siempre han existido desafíos derivados de la carga que representa para el ciudadano primero obtener su documento de identidad y luego acudir al Registro de Ciudadanos a empadronarse. En algún momento, cuando la emisión de la Cédula de Vecindad estaba a cargo de las municipalidades, existían convenios y al tramitarse la primera cédula automáticamente se remitía al Registro de Ciudadanos para su empadronamiento. Entiendo que no existe algo similar ahora.
Por otra parte, de acuerdo con estimaciones de la cancillería, habría en Estados Unidos cerca de 2.9 millones de guatemaltecos. No conocemos su rango de edad, pero podemos especular que una porción importante está en edad de votar. Sin embargo, actualmente únicamente 69,942 están empadronados en el extranjero.
Si nos guiamos por los números de las últimas elecciones, donde votaron 5 millones de personas aproximadamente, nos queda claro que el impacto de empadronar o no a los jóvenes y a los residentes en el extranjero podría ser decisivo.
Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado.
El Siglo XXI está demostrando ser un tiempo distinto al que habíamos imaginado. En los apenas 22 años que lleva, vimos el brutal ataque terrorista en Estados Unidos, conocido como el 911. La gran recesión económica que explota en 2008. Las gravísimas y provocadas crisis humanitarias en Yemen, Siria, Venezuela, y ahora, Ucrania; regiones que están creando, también, las crisis de refugiados más severas desde la Segunda Guerra mundial. El cambio climático que, con sus tormentas, inundaciones y sequías está cambiando la faz de la tierra; y encima, aparece una pandemia que encontró al mundo con los calzones abajo; y mientras los subíamos, nos encerraron, con excepción de quienes trabajaban en la mañana para comer por la tarde, que no se dejaron.
A lo que se debe poner atención es que, desde los primeros días del Siglo XXI, avanzaba en demasiados países del mundo, en especial, en la mayor parte de América Latina, una plaga de políticos y de gobiernos, de izquierda y de derecha, que, en realidad, eran y siguen siendo organizaciones criminales que encontraron en la política y en pueblos fácil de engañar, las formas perfectas para llegar al poder, mal gobernar, someter, saquear y destruir naciones, ilusiones y esperanzas.
El eje transversal, el común denominador de los problemas que llegaron con el Siglo XXI está en la política; en la forma de gobernarnos y en la pérdida, casi total, de integridad, capacidades y valores. El sistema democrático, liberal y republicano por el que tanta sangre se derramó en los 80s y 90s no logra despegar.
La incompetencia y la corrupción de esos grupos que se dicen de derecha, de los que cada día quedan menos al mando de gobiernos, está facilitando la consolidación del nacional – populismo, siempre autoritario y principalmente de izquierda; que es hoy, el verdadero enemigo de la democracia, del Estado de Derecho y del desarrollo. El verdugo de la libertad.
Los ciudadanos del mundo debemos comprender que la gran batalla que se libra en los 5 continentes es entre dos sistemas: el de la democracia y la libertad, contra la cleptocracia autoritaria, de izquierda o derecha. Es una batalla entre el mercado libre, el respeto a la propiedad, la certeza jurídica y la oportunidad de superación en libertad, contra mafias delincuentes que organizan partidos políticos para ejecutar la captura criminal del Estado para convertir naciones de pueblos libres en naciones de esclavos.
Los pueblos del mundo están hartos de estar hartos de Castro, Chávez, Putín, Maduro, Jinping, Ortega, Kim Jong-un, Lukashenko, Bashar al-Assad y tantos otros. La democracia no es perfecta, pero permite cambiar gobernantes. Estos maleantes se robaron los países que gobiernan a la fuerza e intentan regar su veneno en otras regiones.
Ucrania estaba limpiando su casa y modernizando sus instituciones para ser una democracia con las credenciales suficientes para ser parte de la Unión Europea. Esta es la verdadera razón de la invasión. Putin no podía permitir que el pueblo ruso, cada día más pobre y con menos libertad, viera a sus vecinos ucranianos convertirse en una nación próspera y desarrollada. Por eso, el tirano asesino del Kremlin intenta destruirla.
Las próximas elecciones en Colombia y Brasil definirán el rumbo del Siglo XXI para América Latina. En Colombia, el presidente Duque, hombre decente y de convicciones democráticas, ha gobernado contra la corriente y contra los enemigos de la democracia que quieren capturar Colombia también. Colombia merece una mejor opción que la que un tal Petro propone. Y Brasil, estaría mejor sin Bolsonaro; pero sin duda, merece algo mejor que Lula.
El populismo nacionalista, siempre corrupto y autoritario que practican tantos cínicos déspotas en el mundo es la amenaza más grande del Siglo XXI. Un Siglo que sin duda trajo sus dolores y tormentos; el más peligroso de todos, la plaga de criminales que dicen ser políticos.
Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado.
El Siglo XXI está demostrando ser un tiempo distinto al que habíamos imaginado. En los apenas 22 años que lleva, vimos el brutal ataque terrorista en Estados Unidos, conocido como el 911. La gran recesión económica que explota en 2008. Las gravísimas y provocadas crisis humanitarias en Yemen, Siria, Venezuela, y ahora, Ucrania; regiones que están creando, también, las crisis de refugiados más severas desde la Segunda Guerra mundial. El cambio climático que, con sus tormentas, inundaciones y sequías está cambiando la faz de la tierra; y encima, aparece una pandemia que encontró al mundo con los calzones abajo; y mientras los subíamos, nos encerraron, con excepción de quienes trabajaban en la mañana para comer por la tarde, que no se dejaron.
A lo que se debe poner atención es que, desde los primeros días del Siglo XXI, avanzaba en demasiados países del mundo, en especial, en la mayor parte de América Latina, una plaga de políticos y de gobiernos, de izquierda y de derecha, que, en realidad, eran y siguen siendo organizaciones criminales que encontraron en la política y en pueblos fácil de engañar, las formas perfectas para llegar al poder, mal gobernar, someter, saquear y destruir naciones, ilusiones y esperanzas.
El eje transversal, el común denominador de los problemas que llegaron con el Siglo XXI está en la política; en la forma de gobernarnos y en la pérdida, casi total, de integridad, capacidades y valores. El sistema democrático, liberal y republicano por el que tanta sangre se derramó en los 80s y 90s no logra despegar.
La incompetencia y la corrupción de esos grupos que se dicen de derecha, de los que cada día quedan menos al mando de gobiernos, está facilitando la consolidación del nacional – populismo, siempre autoritario y principalmente de izquierda; que es hoy, el verdadero enemigo de la democracia, del Estado de Derecho y del desarrollo. El verdugo de la libertad.
Los ciudadanos del mundo debemos comprender que la gran batalla que se libra en los 5 continentes es entre dos sistemas: el de la democracia y la libertad, contra la cleptocracia autoritaria, de izquierda o derecha. Es una batalla entre el mercado libre, el respeto a la propiedad, la certeza jurídica y la oportunidad de superación en libertad, contra mafias delincuentes que organizan partidos políticos para ejecutar la captura criminal del Estado para convertir naciones de pueblos libres en naciones de esclavos.
Los pueblos del mundo están hartos de estar hartos de Castro, Chávez, Putín, Maduro, Jinping, Ortega, Kim Jong-un, Lukashenko, Bashar al-Assad y tantos otros. La democracia no es perfecta, pero permite cambiar gobernantes. Estos maleantes se robaron los países que gobiernan a la fuerza e intentan regar su veneno en otras regiones.
Ucrania estaba limpiando su casa y modernizando sus instituciones para ser una democracia con las credenciales suficientes para ser parte de la Unión Europea. Esta es la verdadera razón de la invasión. Putin no podía permitir que el pueblo ruso, cada día más pobre y con menos libertad, viera a sus vecinos ucranianos convertirse en una nación próspera y desarrollada. Por eso, el tirano asesino del Kremlin intenta destruirla.
Las próximas elecciones en Colombia y Brasil definirán el rumbo del Siglo XXI para América Latina. En Colombia, el presidente Duque, hombre decente y de convicciones democráticas, ha gobernado contra la corriente y contra los enemigos de la democracia que quieren capturar Colombia también. Colombia merece una mejor opción que la que un tal Petro propone. Y Brasil, estaría mejor sin Bolsonaro; pero sin duda, merece algo mejor que Lula.
El populismo nacionalista, siempre corrupto y autoritario que practican tantos cínicos déspotas en el mundo es la amenaza más grande del Siglo XXI. Un Siglo que sin duda trajo sus dolores y tormentos; el más peligroso de todos, la plaga de criminales que dicen ser políticos.
Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado.
Hace unas horas regresé de Ucrania a Madrid, después de 3 días de lo que será un viaje inolvidable, dramático y triste, pero con esperanza después de ver y entender el espíritu de los ucranianos con los que hablé y conviví más de 60 horas.
Todo empezó con un viaje de Madrid a Varsovia con el grupo que organizó el viaje. A las 4 de la mañana del viernes volamos 40 minutos en varios helicópteros AS365 Dauphins de Varsovia a Chelm. Y de ahí nos subieron a un convoy militar para iniciar la travesía a Kyiv. Nos pusieron casco y chaleco de kevlar.
Llegamos a Kyiv al final de la tarde, después de parar en varios pueblos, dos de ellos totalmente destruidos por los rusos. No hay palabras para describir aquello. Gente enterrada en jardines y aceras de tierra. Gente por las calles todavía buscando seres queridos.
Recorrimos Kyiv y los alrededores. Me impresionaron de sobremanera las evidencias de los crímenes de guerra cometidos por los rusos en la ciudad de Bucha y no pude evitar una fuerte taquicardia cuando paramos en dos cementerios improvisados con cientos de fosas comunes.
Nos llevaron a “dormir” a Irpin, al noroeste de Kyiv. Ciudad que los rusos dejaron destruida pero después de que los irpeños les dieran una paliza. La consideran una ciudad “segura” y lejos de las zonas donde se están librando las batallas de estos días. Por supuesto, no pegué un ojo las dos noches que pasamos en esa escuela abandonada que usamos de base para movernos por la región.
Algunos de los soldados ucranianos que nos acompañaron hablan razonablemente bien el inglés. Muchachos jóvenes la mayoría comandados por un capitán que perdió parte de su familia en un bombardeo. El drama que viven es brutal, pero están dispuestos a morir por la libertad de su país.
Nos reunimos con dirigentes de sociedad civil, con técnicos de varios tanques de pensamiento y con el director general del National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute, desde el que piensan organizar el plan de reconstrucción de Ucrania después de que “saquen a los rusos de su país”. Palabras de ellos que celebré con emoción.
Fui testigo de las ofertas y planes de ayuda para que el NTUU KPI sea la base técnica e intelectual desde la que harán el diseño y la propuesta de políticas públicas para la Ucrania que quedará después de esta injusta, cobarde e innecesaria invasión. Ellos coordinarán con el gobierno democrático el plan de desarrollo para la nueva Ucrania. Su director expresó con lágrimas en los ojos que desean construir una nación europea moderna con división de poderes, Estado de Derecho y libertad.
En la agenda del viaje no estaba previsto que viéramos al Presidente Zelensky, pero hubo dos intentos del grupo organizador para que nos recibiera. Sin embargo, fue imposible. Estaban preparando la visita de alguien más importante. Hubiera sido un gran honor estrechar la mano de quien es ya uno de los grandes héroes del Siglo XXI.
Por razones de seguridad nos dejaron prender el celular en dos ocasiones durante dos minutos para revisar mensajes y para avisar a quien quisiéramos que estábamos bien. La verdad es que fue un viaje con “radio silence” y mucha tensión. Así lo decidieron los organizadores por respeto a las víctimas. Y también, porque afirman que Putin está despachando a Ucrania bandas de mercenarios de varias nacionalidades para perseguir extranjeros que llegan a ayudar, destruir las operaciones de suministro y asesinar a quienes considere una amenaza a sus planes. Nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad para garantizar la seguridad de organizadores y miembros de la misión.
Tardaré algunas semanas en procesar las experiencias, las vivencias y las emociones sentidas en este viaje a la tierra invadida por el déspota criminal ruso. Lo que me queda claro es que el respeto y la admiración que siento por el pueblo ucraniano, por su ejército y por su presidente, me acompañarán hasta el último de mis días.
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