Hoy el dictador se victimiza, y aduce que su gobierno ha soportado sanciones, bloqueos y amenazas de invasiones.

Desde mediados del 2021, la narcodictadura venezolana ha hecho todos los intentos posibles para lavar su imagen frente a la opinión pública internacional y sembrar la idea de “apertura” de un supuesto retorno a la gobernabilidad con la oposición y de estabilización económica.

Lamentablemente, en su cometido coadyuvaron varios factores geopolíticos que –tal vez por azar– se alinearon para limpiar la imagen internacional del dictador: el giro electoral hacia la izquierda que ha tenido la región desde 2021, sobre todo en Estados Unidos, Colombia y Brasil[1]; además de la subida del precio de los combustibles, producto de las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania a inicios de 2022.

Recordemos que en 2019, la mayoría de los países latinoamericanos (por aquel entonces gobernados en su mayoría por la derecha), y liderados por Luis Almagro en la OEA, conformaron el Grupo de Lima. Este grupo de países pedían una transición democrática en Venezuela, la celebración de elecciones libres, la liberación de presos políticos y el respeto a los Derechos Humanos. Pero como dice el popular refrán “las oportunidades las pintan calvas”, esta alineación geopolítica no duró para siempre. A partir de 2020 y hasta 2022, la correlación de fuerzas en la región cambió y Maduro supo soportar la presión que le pusieron más de 50 países del hemisferio que no reconocieron su mandato.

Así las cosas, y gracias al trabajo estratégico que hizo el Grupo de Puebla como contraparte al de Lima, integrado en un principio por los gobiernos socialistas de México y España y al que se incorporaron luego Argentina, Bolivia, Chile y más recientemente Colombia; el vecindario se ha llenado de gobiernos dispuestos a cohabitar con la dictadura en Caracas.

Uno de los principales aliados internacionales de Maduro en estos momentos es Gustavo Petro. Ambos se reunieron el pasado 1 de noviembre, después de haber reanudado relaciones diplomáticas tras siete años en que la frontera entre ambos países estuviera cerrada y se retiraran sus delegaciones diplomáticas.

El colombiano también invitó a Venezuela a reintegrarse en la Comunidad Andina de Naciones y reiteró su decisión de retirarse del grupo de países que ha pedido una investigación de la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad de Maduro. Petro también tiene especial interés en que Maduro reincorpore a Venezuela en el Sistema de Derechos Humanos, el cual se abandonó en tiempos de Chávez en 2013. El fin de todo este lavado de imagen de Petro a Maduro es que Venezuela participe como sede, anfitrión y garante (junto con la Iglesia católica, Cuba y Noruega) en las negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla terrorista del ELN que comenzaron este 21 de noviembre en Caracas.

Estados Unidos también ha suavizado su postura con Maduro. En mayo de este año el gobierno de Joe Biden envió una delegación a Caracas, y anunció que levantaría algunas sanciones y en un acto de buena fe, liberaron a los “narcosobrinos” de la Primera Dama venezolana, Cilia Flores, presos en Estados Unidos desde 2017.

Actualmente la situación de Maduro es completamente diferente de lo que era hace unos años. Sólo basta con ver su debut, dándose la mano y saludando a líderes de Occidente como Emmanuel Macron y John Kerry en la Cumbre del Cambio Climático de Naciones Unidas. Hoy el dictador se victimiza, y aduce que su gobierno ha soportado sanciones, bloqueos y amenazas de invasiones.

Esto recuerda tristemente a comienzos de los años 2000 cuando el dictador libio Muamar Gadafi, luego de ser considerado un paria por los países de Occidente y de ser llamado "perro rabioso de Oriente Medio" por Ronald Reagan, lentamente comenzó a ser reintegrado a la comunidad internacional y a ser visto como un aliado de Estados Unidos y Europa luego de la invasión a Irak en 2003. Hasta que estallaron las protestas en Libia en 2010 y ya sabemos cómo terminó la historia.

La pregunta es si esta “gadafización” de Maduro y este lavado de imagen internacional, desembocará en lo que creen algunos ingenuos de que ahora sí se logren las condiciones para unas elecciones medianamente aceptables en 2024 que refrende toda la comunidad internacional.

El chavismo destruyó a la sociedad venezolana hasta sus cimientos y le arrebató el futuro a su gente, pero todo ese daño quedará atrás y sin castigo porque es más importante dar la imagen de que ya “Venezuela se arregló” y esconder el polvo debajo de la alfombra.

 [1] También entre 2021 y 2022 la izquierda ha ganado en Perú, Chile y Honduras. Sin contar que los otros dos países más grandes del continente después de Brasil: México y Argentina, están liderados por gobiernos de izquierda.

La existencia de nuestra democracia está en juego

Una nube gris se cierne sobre las elecciones de 2023. Por primera vez desde que se inauguró la democracia en los años ochenta, estamos en la antesala de un proceso electoral sumidos en una enorme incertidumbre por los cambios que el Tribunal Supremo Electoral pretende implementar en nuestro modelo de votación, lo que restaría transparencia y certeza al resultado de las próximas elecciones.

De forma inexplicable el TSE ha insistido en la compra de un equipo tecnológico que ha sido seriamente cuestionado en otros países en donde se ha implementado. La justificación brindada por el ente electoral es que nuestros procesos son demasiado arcaicos y que es urgente su actualización. Es cierto que nuestro sistema depende bastante del papel y que, en ese sentido, podría parecer atrasado. Pero las experiencias que se ha tenido en otros países que han implementado “tecnología más avanzada” han sido desastrosas, creando graves crisis sociales y políticas.

El sistema que funciona desde los años ochenta en Guatemala, ha sido bastante efectivo en brindar certeza a toda la sociedad sobre los resultados electorales. Esa certeza deriva de que todo el proceso está en manos de miles de ciudadanos comunes, que se encargan de verificar de forma descentralizada que el proceso de votación se hace en orden, luego realizan el conteo de votos a viva voz en cada mesa electoral y finalmente se aseguran de que los resultados sean correctamente enviados al Tribunal Supremo Electoral. Así se ha hecho durante nueve elecciones generales. ¿Por qué sería necesario modificar algo que ha funcionado bastante bien?

Se podría argumentar que este sistema “análogo” es demasiado lento para conocer los resultados electorales. Sin embargo, aun cuando parece un proceso desactualizado, en las elecciones anteriores los resultados han estado disponibles para la ciudadanía en cuestión de pocas horas.  De nuevo surge la pregunta entonces. ¿Por qué cambiar un sistema que ha funcionado casi a la perfección?

Por otra parte, la región latinoamericana esta pasando por un período complejo de inestabilidad y crisis políticas, en donde la confianza en las instituciones democráticas se encuentra en mínimos históricos.  Guatemala no es ajena a esa situación, por lo que cualquier duda que exista sobre la imparcialidad y la transparencia del proceso electoral nos podría hundir en la peor crisis política en décadas.

La democracia guatemalteca ha pasado por altibajos desde sus inicios, pero ha logrado sobrevivir hasta el momento. Somos aún una democracia bastante imperfecta y tenemos desafíos gigantescos en la consolidación del Estado de Derecho y de los principios republicanos. Pero lo que ha permitido la sobrevivencia de nuestra frágil democracia es la confianza en nuestro proceso electoral, lo que ha significado la transferencia pacífica del poder en nueve elecciones generales. ¿Qué escenarios podrían plantearse para el país si se pierde esa confianza?

Diversas organizaciones de la sociedad civil han planteado sus dudas al Tribunal Supremo Electoral. Son organizaciones serias, que tienen una larga tradición en la vida democrática del país. Lamentablemente, las respuestas del Tribunal hasta el momento no han logrado disipar dichas dudas.

Los primeros magistrados del Tribunal Supremo Electoral tuvieron una tarea titánica. Luego de décadas de inestabilidad política, golpes de estado y elecciones cuestionables, construyeron un ente electoral que gozó de mucho prestigio, al brindarle a los guatemaltecos la certeza de elecciones limpias, transparentes e imparciales. Aquellos magistrados han entrado a la historia del país con honor y prestigio.

La séptima magistratura tiene el deber ineludible de preservar el legado de aquellos primeros magistrados. Se debe preservar intacto el actual modelo electoral con el fin de brindar certeza y credibilidad a las próximas elecciones. La existencia de nuestra democracia está en juego.

La existencia de nuestra democracia está en juego

Una nube gris se cierne sobre las elecciones de 2023. Por primera vez desde que se inauguró la democracia en los años ochenta, estamos en la antesala de un proceso electoral sumidos en una enorme incertidumbre por los cambios que el Tribunal Supremo Electoral pretende implementar en nuestro modelo de votación, lo que restaría transparencia y certeza al resultado de las próximas elecciones.

De forma inexplicable el TSE ha insistido en la compra de un equipo tecnológico que ha sido seriamente cuestionado en otros países en donde se ha implementado. La justificación brindada por el ente electoral es que nuestros procesos son demasiado arcaicos y que es urgente su actualización. Es cierto que nuestro sistema depende bastante del papel y que, en ese sentido, podría parecer atrasado. Pero las experiencias que se ha tenido en otros países que han implementado “tecnología más avanzada” han sido desastrosas, creando graves crisis sociales y políticas.

El sistema que funciona desde los años ochenta en Guatemala, ha sido bastante efectivo en brindar certeza a toda la sociedad sobre los resultados electorales. Esa certeza deriva de que todo el proceso está en manos de miles de ciudadanos comunes, que se encargan de verificar de forma descentralizada que el proceso de votación se hace en orden, luego realizan el conteo de votos a viva voz en cada mesa electoral y finalmente se aseguran de que los resultados sean correctamente enviados al Tribunal Supremo Electoral. Así se ha hecho durante nueve elecciones generales. ¿Por qué sería necesario modificar algo que ha funcionado bastante bien?

Se podría argumentar que este sistema “análogo” es demasiado lento para conocer los resultados electorales. Sin embargo, aun cuando parece un proceso desactualizado, en las elecciones anteriores los resultados han estado disponibles para la ciudadanía en cuestión de pocas horas.  De nuevo surge la pregunta entonces. ¿Por qué cambiar un sistema que ha funcionado casi a la perfección?

Por otra parte, la región latinoamericana esta pasando por un período complejo de inestabilidad y crisis políticas, en donde la confianza en las instituciones democráticas se encuentra en mínimos históricos.  Guatemala no es ajena a esa situación, por lo que cualquier duda que exista sobre la imparcialidad y la transparencia del proceso electoral nos podría hundir en la peor crisis política en décadas.

La democracia guatemalteca ha pasado por altibajos desde sus inicios, pero ha logrado sobrevivir hasta el momento. Somos aún una democracia bastante imperfecta y tenemos desafíos gigantescos en la consolidación del Estado de Derecho y de los principios republicanos. Pero lo que ha permitido la sobrevivencia de nuestra frágil democracia es la confianza en nuestro proceso electoral, lo que ha significado la transferencia pacífica del poder en nueve elecciones generales. ¿Qué escenarios podrían plantearse para el país si se pierde esa confianza?

Diversas organizaciones de la sociedad civil han planteado sus dudas al Tribunal Supremo Electoral. Son organizaciones serias, que tienen una larga tradición en la vida democrática del país. Lamentablemente, las respuestas del Tribunal hasta el momento no han logrado disipar dichas dudas.

Los primeros magistrados del Tribunal Supremo Electoral tuvieron una tarea titánica. Luego de décadas de inestabilidad política, golpes de estado y elecciones cuestionables, construyeron un ente electoral que gozó de mucho prestigio, al brindarle a los guatemaltecos la certeza de elecciones limpias, transparentes e imparciales. Aquellos magistrados han entrado a la historia del país con honor y prestigio.

La séptima magistratura tiene el deber ineludible de preservar el legado de aquellos primeros magistrados. Se debe preservar intacto el actual modelo electoral con el fin de brindar certeza y credibilidad a las próximas elecciones. La existencia de nuestra democracia está en juego.

Más allá de lo que reportan los medios, los hechos aún no están del todo claros

Este dos de noviembre hizo noticia una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena dar posesión a una planilla a los cargos que integran el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

Esto llama la atención porque Guatemala fue suspendida por el Comité Olímpico Internacional (COI) el pasado 15 de octubre de 2022. ¿La razón? Una disputa sobre la elección del Comité Ejecutivo del COG. Vayamos a los hechos.

El 9 de octubre de 2021, se celebraron unas elecciones en las que se presentó únicamente una planilla (los que interponen el amparo que comento hoy). Sin embargo, el 25 de octubre de 2021, el COI envió una carta al COG en la que hizo ver que estas elecciones “no fueron llevadas a cabo de manera libre y limpia, y por consiguiente, se debe considerar todo el proceso eleccionario como nulo y sin efecto”. 

A partir de esto, el COG procedió a aprobar nuevos estatutos que fueron publicados en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 2021. En marzo de 2022, se repitieron las elecciones y salió vencedora otra planilla.

Desde entonces, ambas planillas (la ganadora en la primera elección que luego fue anulada) y la que resultó vencedora en marzo de 2022 reclaman ser el Comité Ejecutivo auténtico. ¿Quién tiene la razón? Que lo deduzca el lector a partir de los argumentos que se dan dentro del expediente.

 Argumentos de la planilla que ganó en marzo de 2022. Ellos argumentan que el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) goza de reconocimiento constitucional. El artículo 91 garantiza su autonomía y el artículo 170 del decreto 76-97 establece lo siguiente: “En caso hubiere contradicción entre esta ley y cualquier estatuto con la carta olímpica, esta última [la Carta Olímpica] prevalecerá” (resaltado propio).

Bajo este argumento, afirman que su elección es la que cuenta porque el propio COI “reconoció” como válida la elección de marzo. Se refieren a una comunicación de fecha 8 de septiembre de 2022 donde el COI dijo: “… la Corte Constitucional de Guatemala decidió, en agosto de 2022, suspender provisionalmente una serie de disposiciones de los Estatutos y Reglamentos del CON, relacionados en particular con el proceso de elección del CON [Comité Olímpico Guatemalteco]… a pesar de las advertencias enviadas por el COI” y que “las elecciones del CON [COG] que se llevaron a cabo con éxito en marzo de 2022 de conformidad con los estatutos del CON aprobados por el COI y la Carta Olímpica. 

La planilla que ganó en octubre de 2021 tiene a su favor lo siguiente. Que, en otro fallo, de fecha 4 de agosto de 2022, expedientes acumulados 3113-2022 y 3275-2022, la CC dejó en suspenso provisional varias disposiciones de estos estatutos. Dentro de ellas, dejó en suspenso algunas disposiciones relativas a la “Comisión Electoral”, órgano que organizó las elecciones de marzo de 2022.

¿Qué resolvió la Corte? Que la planilla que resultó ganadora el año pasado (bajo los viejos estatutos) debe asumir en tres días, en buena parte, dado que varios de los “nuevos estatutos” (marzo 2022) no están en vigor por haber sido suspendidos por la propia CC como explico en el párrafo anterior. La resolución se tomó por mayoría de 4 a 1. El voto disidente lo pronunció el magistrado Roberto Molina. 

Mi opinión. Hay un aspecto procesal que vale la pena mencionar. Más allá de lo que reportan los medios, los hechos aún no están del todo claros. Por eso no comparto la decisión de la CC de ordenar la toma de posesión de una planilla en un amparo provisional. ¿Por qué? Pues porque aún no están esclarecidos los hechos dentro del proceso de amparo y esta decisión prácticamente deja sin materia el asunto de fondo.

 Por otra parte, no comparto la visión global de la Corte en ambos casos respecto de la prevalencia de la ley guatemalteca sobre la Carta Olímpica. Creo que tanto el artículo 91 de la Constitución como el decreto 76-97 dejan clara la preeminencia de la Carta Olímpica. Además, ¿qué naturaleza tiene la Carta Olímpica? ¿no es de observancia obligatoria acaso? Son asuntos sobre los que valdría la pena profundizar en foros de debate.

Más allá de lo que reportan los medios, los hechos aún no están del todo claros

Este dos de noviembre hizo noticia una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena dar posesión a una planilla a los cargos que integran el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

Esto llama la atención porque Guatemala fue suspendida por el Comité Olímpico Internacional (COI) el pasado 15 de octubre de 2022. ¿La razón? Una disputa sobre la elección del Comité Ejecutivo del COG. Vayamos a los hechos.

El 9 de octubre de 2021, se celebraron unas elecciones en las que se presentó únicamente una planilla (los que interponen el amparo que comento hoy). Sin embargo, el 25 de octubre de 2021, el COI envió una carta al COG en la que hizo ver que estas elecciones “no fueron llevadas a cabo de manera libre y limpia, y por consiguiente, se debe considerar todo el proceso eleccionario como nulo y sin efecto”. 

A partir de esto, el COG procedió a aprobar nuevos estatutos que fueron publicados en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 2021. En marzo de 2022, se repitieron las elecciones y salió vencedora otra planilla.

Desde entonces, ambas planillas (la ganadora en la primera elección que luego fue anulada) y la que resultó vencedora en marzo de 2022 reclaman ser el Comité Ejecutivo auténtico. ¿Quién tiene la razón? Que lo deduzca el lector a partir de los argumentos que se dan dentro del expediente.

 Argumentos de la planilla que ganó en marzo de 2022. Ellos argumentan que el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) goza de reconocimiento constitucional. El artículo 91 garantiza su autonomía y el artículo 170 del decreto 76-97 establece lo siguiente: “En caso hubiere contradicción entre esta ley y cualquier estatuto con la carta olímpica, esta última [la Carta Olímpica] prevalecerá” (resaltado propio).

Bajo este argumento, afirman que su elección es la que cuenta porque el propio COI “reconoció” como válida la elección de marzo. Se refieren a una comunicación de fecha 8 de septiembre de 2022 donde el COI dijo: “… la Corte Constitucional de Guatemala decidió, en agosto de 2022, suspender provisionalmente una serie de disposiciones de los Estatutos y Reglamentos del CON, relacionados en particular con el proceso de elección del CON [Comité Olímpico Guatemalteco]… a pesar de las advertencias enviadas por el COI” y que “las elecciones del CON [COG] que se llevaron a cabo con éxito en marzo de 2022 de conformidad con los estatutos del CON aprobados por el COI y la Carta Olímpica. 

La planilla que ganó en octubre de 2021 tiene a su favor lo siguiente. Que, en otro fallo, de fecha 4 de agosto de 2022, expedientes acumulados 3113-2022 y 3275-2022, la CC dejó en suspenso provisional varias disposiciones de estos estatutos. Dentro de ellas, dejó en suspenso algunas disposiciones relativas a la “Comisión Electoral”, órgano que organizó las elecciones de marzo de 2022.

¿Qué resolvió la Corte? Que la planilla que resultó ganadora el año pasado (bajo los viejos estatutos) debe asumir en tres días, en buena parte, dado que varios de los “nuevos estatutos” (marzo 2022) no están en vigor por haber sido suspendidos por la propia CC como explico en el párrafo anterior. La resolución se tomó por mayoría de 4 a 1. El voto disidente lo pronunció el magistrado Roberto Molina. 

Mi opinión. Hay un aspecto procesal que vale la pena mencionar. Más allá de lo que reportan los medios, los hechos aún no están del todo claros. Por eso no comparto la decisión de la CC de ordenar la toma de posesión de una planilla en un amparo provisional. ¿Por qué? Pues porque aún no están esclarecidos los hechos dentro del proceso de amparo y esta decisión prácticamente deja sin materia el asunto de fondo.

 Por otra parte, no comparto la visión global de la Corte en ambos casos respecto de la prevalencia de la ley guatemalteca sobre la Carta Olímpica. Creo que tanto el artículo 91 de la Constitución como el decreto 76-97 dejan clara la preeminencia de la Carta Olímpica. Además, ¿qué naturaleza tiene la Carta Olímpica? ¿no es de observancia obligatoria acaso? Son asuntos sobre los que valdría la pena profundizar en foros de debate.

Las dos reformas a leyes ordinarias que el Congreso aprobó mediante el decreto legislativo 50-2022 son inconstitucionales

El 10 de octubre pasado el Presidente de la República, en consejo de ministros, declaró estado de calamidad por los efectos de la tormenta julia y para el efecto emitió el decreto gubernativo 5-2022. El Congreso, en sesión de fecha 11 de octubre, decidió ratificar el estado de calamidad mediante el decreto legislativo 50-2022.

Sin embargo, el decreto 50-2022 hizo varias modificaciones al estado de calamidad decretado por el presidente. Por una parte, modificó el artículo 4 del decreto gubernativo 5-2022 para excluir el derecho de tenencia y portación de armas durante el estado de calamidad, se reformó el artículo 7 para establecer el uso de la plataforma de Guatecompras dando como margen un periodo de 8 horas entre publicación del evento y recepción de ofertas, entre otras.

 Pero adicionalmente hizo dos cosas más. Primero, en el decreto legislativo 50-2022 donde aprueba el decreto gubernativo 5-2022, además, reforma dos leyes ordinarias. Mediante el artículo 5 reforma la ley de presupuesto del Estado para 2022 (decreto 16-2021) agregando el artículo 104 Quáter que asigna Q540 millones al Fondo de Emergencia; y, dos, el artículo 6 “modifica” el decreto 21-2022, aprobado en marzo y que dio Q3 millardos al Ministerio de Comunicaciones, para tomar de ahí los Q540 millones para el Fondo de Emergencia.

 Ahora bien, ¿cuál es el problema? En primer lugar, hay que recordar que el artículo 138 de nuestra Constitución establece que una vez que el ejecutivo declare un estado de excepción, debe dar aviso al Congreso para que “dentro del término de tres días, lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe”.

De este modo, el Congreso se reúne con el único propósito de emitir el decreto legislativo que determine la suerte del estado de excepción. No se reúne para otro propósito. Ahora bien, aunque el estado de calamidad se ratifique mediante un decreto legislativo, éste no es equiparable a un decreto legislativo ordinario.

 Ya dentro del expediente 919-2019 la Corte de Constitucionalidad argumentó que en virtud del artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos la ratificación de un estado de excepción debe hacerse mediante decreto legislativo y no mediante acuerdo legislativo en virtud de que se trata de una limitación de los derechos fundamentales. Sin embargo, nos recuerda que lo que está haciendo el decreto es aprobar un decreto gubernativo que emitió el presidente.

En tal sentido, si el decreto legislativo busca aprobar y/o modificar un decreto gubernativo (acto del ejecutivo), ¿puede el decreto gubernativo tener poder reformatorio sobre leyes ordinarias? Sería un peligroso precedente y una violación al principio de separación de poderes.

Recordemos un punto más. Prueba adicional de que los decretos legislativos que ratifican estados de excepción no son equiparables a las leyes en sentido estricto lo encontramos en la tan cacareada sentencia que ha invocado el pleno del Congreso en todos los estados de excepción que ha aprobado desde hace un año.

Me refiero al expediente 4466-2021, auto de aclaración y ampliación de fecha 23 de agosto de 2021. En esa oportunidad, la Corte de Constitucionalidad resolvió que el Congreso tenía a su alcance dos fórmulas para aprobar estados de excepción: en un solo acto por mayoría absoluta o en tres debates que deben ser en tres días distintos. En esta ocasión, un diputado presentó una moción privilegiada para que se aprobase en un solo debate.

Pero más importante aún, la Corte agrega: “es factible que el Congreso de la República, supletoriamente, emplee las formas que usualmente utiliza para la formación normativa a efecto de decidir si ratifica, modifica o imprueba…” (Resaltado propio). ¿Por qué “supletoriamente”? Porque la Corte está indicando que, de nuevo, no se trata de un decreto legislativo que apruebe una ley ordinaria. 

De este modo, las dos reformas a leyes ordinarias que el Congreso aprobó mediante el decreto legislativo 50-2022 son inconstitucionales. Un grupo de diputados presentó objeciones al decreto y también interpusieron un amparo. Ojalá esto se resuelva a la brevedad por el bien del orden constitucional.

Las dos reformas a leyes ordinarias que el Congreso aprobó mediante el decreto legislativo 50-2022 son inconstitucionales

El 10 de octubre pasado el Presidente de la República, en consejo de ministros, declaró estado de calamidad por los efectos de la tormenta julia y para el efecto emitió el decreto gubernativo 5-2022. El Congreso, en sesión de fecha 11 de octubre, decidió ratificar el estado de calamidad mediante el decreto legislativo 50-2022.

Sin embargo, el decreto 50-2022 hizo varias modificaciones al estado de calamidad decretado por el presidente. Por una parte, modificó el artículo 4 del decreto gubernativo 5-2022 para excluir el derecho de tenencia y portación de armas durante el estado de calamidad, se reformó el artículo 7 para establecer el uso de la plataforma de Guatecompras dando como margen un periodo de 8 horas entre publicación del evento y recepción de ofertas, entre otras.

 Pero adicionalmente hizo dos cosas más. Primero, en el decreto legislativo 50-2022 donde aprueba el decreto gubernativo 5-2022, además, reforma dos leyes ordinarias. Mediante el artículo 5 reforma la ley de presupuesto del Estado para 2022 (decreto 16-2021) agregando el artículo 104 Quáter que asigna Q540 millones al Fondo de Emergencia; y, dos, el artículo 6 “modifica” el decreto 21-2022, aprobado en marzo y que dio Q3 millardos al Ministerio de Comunicaciones, para tomar de ahí los Q540 millones para el Fondo de Emergencia.

 Ahora bien, ¿cuál es el problema? En primer lugar, hay que recordar que el artículo 138 de nuestra Constitución establece que una vez que el ejecutivo declare un estado de excepción, debe dar aviso al Congreso para que “dentro del término de tres días, lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe”.

De este modo, el Congreso se reúne con el único propósito de emitir el decreto legislativo que determine la suerte del estado de excepción. No se reúne para otro propósito. Ahora bien, aunque el estado de calamidad se ratifique mediante un decreto legislativo, éste no es equiparable a un decreto legislativo ordinario.

 Ya dentro del expediente 919-2019 la Corte de Constitucionalidad argumentó que en virtud del artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos la ratificación de un estado de excepción debe hacerse mediante decreto legislativo y no mediante acuerdo legislativo en virtud de que se trata de una limitación de los derechos fundamentales. Sin embargo, nos recuerda que lo que está haciendo el decreto es aprobar un decreto gubernativo que emitió el presidente.

En tal sentido, si el decreto legislativo busca aprobar y/o modificar un decreto gubernativo (acto del ejecutivo), ¿puede el decreto gubernativo tener poder reformatorio sobre leyes ordinarias? Sería un peligroso precedente y una violación al principio de separación de poderes.

Recordemos un punto más. Prueba adicional de que los decretos legislativos que ratifican estados de excepción no son equiparables a las leyes en sentido estricto lo encontramos en la tan cacareada sentencia que ha invocado el pleno del Congreso en todos los estados de excepción que ha aprobado desde hace un año.

Me refiero al expediente 4466-2021, auto de aclaración y ampliación de fecha 23 de agosto de 2021. En esa oportunidad, la Corte de Constitucionalidad resolvió que el Congreso tenía a su alcance dos fórmulas para aprobar estados de excepción: en un solo acto por mayoría absoluta o en tres debates que deben ser en tres días distintos. En esta ocasión, un diputado presentó una moción privilegiada para que se aprobase en un solo debate.

Pero más importante aún, la Corte agrega: “es factible que el Congreso de la República, supletoriamente, emplee las formas que usualmente utiliza para la formación normativa a efecto de decidir si ratifica, modifica o imprueba…” (Resaltado propio). ¿Por qué “supletoriamente”? Porque la Corte está indicando que, de nuevo, no se trata de un decreto legislativo que apruebe una ley ordinaria. 

De este modo, las dos reformas a leyes ordinarias que el Congreso aprobó mediante el decreto legislativo 50-2022 son inconstitucionales. Un grupo de diputados presentó objeciones al decreto y también interpusieron un amparo. Ojalá esto se resuelva a la brevedad por el bien del orden constitucional.

La crisis multisistémica que vive el mundo afecta a cada persona, familia, sociedad y gobierno.

Si te preguntaran lo que más quieres y necesitas en la vida, las palabras que vendrían a tu mente son: salud, bienestar, seguridad y garantías mínimas.

Asumiendo que tienes razonablemente resueltos los temas del espíritu y las emociones, la salud y el bienestar te los da la economía; la seguridad y las garantías mínimas te las debe dar la política.

Tener ingresos suficientes para vivir y buen gobierno son las dos dimensiones que identifican a las naciones modernas y desarrolladas.

Hoy vivimos diversas crisis sociales – humanas, personales – en gran medida por razones económicas debido a malas decisiones políticas.

Hoy vivimos en un mundo en el que la economía global se hizo insuficiente, hay escasez de oportunidades y las expectativas tropiezan con la realidad. Esto provoca frustración y resentimiento.

Comprender el proceso económico y exigir responsabilidad política se hacen imprescindibles para entender y enfrentar los tiempos que vivimos. Tiempos de enfermedad, inflación, recesión, desempleo, inseguridad alimentaria, incertidumbre.  

A estos dramas se suma que las sociedades no estamos siendo capaces de digerir la era exponencial en la tecnología. Las prioridades del diario vivir no nos dejan tiempo ni espacio para aprender a interactuar con la hiperinformación y la mentira, con la biotecnología, la inteligencia artificial y otras maravillas.

Sin duda alguna, la tecnología ofrece oportunidades y soluciones indiscutibles, pero, también trajo peligros y amenazas.

El posible mal uso de la tecnológica no tiene precedentes en un mundo donde la conflictividad geopolítica, la decadencia cívica y la inestabilidad social tampoco los tienen.

Vivimos tiempos extraordinarios que demandan virtudes extraordinarias. Pareciera mentira, pero la humildad, el conocimiento, el respeto, la honradez, el compromiso, la responsabilidad, no debieran ser virtudes extraordinarias, pero, en el mundo de hoy, lo son. Lo deben ser.

Estas virtudes serán indispensables para aplacar las amenazas que hemos permitido y resolver los conflictos que hemos provocado.

Por el momento, lo responsable es preguntarnos si podremos manejar el mundo que construimos.

Al menos yo, no lo sé, pero, como dicen, cuando se tienen muchos problemas, hay que resolverlos de uno en uno y poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa.

La crisis multisistémica que vive el mundo afecta a cada persona, familia, sociedad y gobierno.

La racionalidad económica se debe aplicar a los 4 por igual. No se deben endeudar por arriba de sus posibilidades y no se puede gastar más de lo que ingresa.

Cuando no hay suficiente inversión hay pocas oportunidades y cuando los gobiernos abusan de la deuda pública y del déficit fiscal se pagan las consecuencias.

Parece mentira que los valores que construyeron y desarrollaron el mundo libre occidental se desprecien como a un relato antiguo. El problema es que se pretenden sustituir con el populismo, la incompetencia, el autoritarismo y la corrupción; cuando lo que habría que hacer es fortalecerlos.

Por eso la gente vota con los pies y emigra a Estados Unidos y Europa. O lo hacían a Chile y Colombia, antes de Boric y Petro. Nunca se escucha de pueblos que emigren a Cuba, Venezuela, Rusia o China, o a países gobernados por el narcotráfico y la corrupción.

Pretender, soñar con un futuro de salud, bienestar, seguridad y garantías mínimas, más que importante, es cuestión de sobrevivencia espiritual; por eso, lo primero que debemos hacer es volver a los valores y a las virtudes que construyeron esa parte del mundo a la que llamamos libre y desarrollada.

Harán falta compromiso y honestidad intelectual para reconocer que América Latina debe pagar el precio y sufrir los dolores que permiten alcanzar el desarrollo.

Ese camino solo pasa por la democracia institucional, la división de poderes, el respeto a la ley y la libertad.

¿Alguien conoce uno distinto?

La crisis multisistémica que vive el mundo afecta a cada persona, familia, sociedad y gobierno.

Si te preguntaran lo que más quieres y necesitas en la vida, las palabras que vendrían a tu mente son: salud, bienestar, seguridad y garantías mínimas.

Asumiendo que tienes razonablemente resueltos los temas del espíritu y las emociones, la salud y el bienestar te los da la economía; la seguridad y las garantías mínimas te las debe dar la política.

Tener ingresos suficientes para vivir y buen gobierno son las dos dimensiones que identifican a las naciones modernas y desarrolladas.

Hoy vivimos diversas crisis sociales – humanas, personales – en gran medida por razones económicas debido a malas decisiones políticas.

Hoy vivimos en un mundo en el que la economía global se hizo insuficiente, hay escasez de oportunidades y las expectativas tropiezan con la realidad. Esto provoca frustración y resentimiento.

Comprender el proceso económico y exigir responsabilidad política se hacen imprescindibles para entender y enfrentar los tiempos que vivimos. Tiempos de enfermedad, inflación, recesión, desempleo, inseguridad alimentaria, incertidumbre.  

A estos dramas se suma que las sociedades no estamos siendo capaces de digerir la era exponencial en la tecnología. Las prioridades del diario vivir no nos dejan tiempo ni espacio para aprender a interactuar con la hiperinformación y la mentira, con la biotecnología, la inteligencia artificial y otras maravillas.

Sin duda alguna, la tecnología ofrece oportunidades y soluciones indiscutibles, pero, también trajo peligros y amenazas.

El posible mal uso de la tecnológica no tiene precedentes en un mundo donde la conflictividad geopolítica, la decadencia cívica y la inestabilidad social tampoco los tienen.

Vivimos tiempos extraordinarios que demandan virtudes extraordinarias. Pareciera mentira, pero la humildad, el conocimiento, el respeto, la honradez, el compromiso, la responsabilidad, no debieran ser virtudes extraordinarias, pero, en el mundo de hoy, lo son. Lo deben ser.

Estas virtudes serán indispensables para aplacar las amenazas que hemos permitido y resolver los conflictos que hemos provocado.

Por el momento, lo responsable es preguntarnos si podremos manejar el mundo que construimos.

Al menos yo, no lo sé, pero, como dicen, cuando se tienen muchos problemas, hay que resolverlos de uno en uno y poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa.

La crisis multisistémica que vive el mundo afecta a cada persona, familia, sociedad y gobierno.

La racionalidad económica se debe aplicar a los 4 por igual. No se deben endeudar por arriba de sus posibilidades y no se puede gastar más de lo que ingresa.

Cuando no hay suficiente inversión hay pocas oportunidades y cuando los gobiernos abusan de la deuda pública y del déficit fiscal se pagan las consecuencias.

Parece mentira que los valores que construyeron y desarrollaron el mundo libre occidental se desprecien como a un relato antiguo. El problema es que se pretenden sustituir con el populismo, la incompetencia, el autoritarismo y la corrupción; cuando lo que habría que hacer es fortalecerlos.

Por eso la gente vota con los pies y emigra a Estados Unidos y Europa. O lo hacían a Chile y Colombia, antes de Boric y Petro. Nunca se escucha de pueblos que emigren a Cuba, Venezuela, Rusia o China, o a países gobernados por el narcotráfico y la corrupción.

Pretender, soñar con un futuro de salud, bienestar, seguridad y garantías mínimas, más que importante, es cuestión de sobrevivencia espiritual; por eso, lo primero que debemos hacer es volver a los valores y a las virtudes que construyeron esa parte del mundo a la que llamamos libre y desarrollada.

Harán falta compromiso y honestidad intelectual para reconocer que América Latina debe pagar el precio y sufrir los dolores que permiten alcanzar el desarrollo.

Ese camino solo pasa por la democracia institucional, la división de poderes, el respeto a la ley y la libertad.

¿Alguien conoce uno distinto?

Estas posturas radicales falsean la historia y buscan hacer encajar los hechos por la fuerza a las miradas presentistas del momento.

El tema del 12 de octubre se vuelve cada vez más espinoso de analizar para los historiadores, probablemente porque es una fecha que, en los últimos años, se ha salido de los linderos de la historia y ha entrado al terreno de la política y de la ideología, atravesando a todo el continente americano y también a España.

Mientras que del otro lado del Atlántico, la fecha es un festejo de ribetes nacionalistas y de reafirmación de la identidad hispana como imperio civilizador e instrumento de unidad nacional; de este lado vemos discursos por parte de jefes de Estado y grupos indigenistas que derriban estatuas de los conquistadores y alegan que aquello se trató de un genocidio. Ambos extremos se declaran como enemigos del otro, lo que dificulta el diálogo entre las partes y el entendimiento de nuestro pasado histórico común.

Todos recordamos hace un par de años cuando el presidente de México, declaró que el rey de España y el Papa tenían que “pedir disculpas” por la conquista de los pueblos originarios americanos. Y también, en respuesta a AMLO, las declaraciones de la alcaldesa de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmando que “el indigenismo es el nuevo comunismo”. Si bien ambas posiciones se hallan en las antípodas de la otra, parecieran ser realmente dos gemelos especulares, dos reacciones extremas del mismo discurso refractario frente al hecho incontrovertible que representa la conquista de América. La constatación es que, en efecto, el tema del 12 de octubre dejó de ser un debate académico para pasar a tener un uso político al servicio de todo tipo de agendas ideológicas nacionalistas e identitarias.

De forma preocupante, la caricaturización del 12 de octubre y la conquista de América ha dejado de ser patrimonio exclusivo de los políticos, pues también la academia se ha salido del carril de la objetividad y del abordaje serio y riguroso del objeto de estudio. De hecho, muchas veces los intelectuales/activistas, en lugar de aplacar estas furias nacionalistas e identitarias, parecieran más bien echarle más leña al fuego de los extremos políticos.

Por un lado, hay una corriente de hispanofílicos[1] e hispanomaníacos[2] y toda suerte de propagandistas (de ningún modo hispanistas, una corriente académica de larga data y gran prestigio) que buscan re-semantizar conceptos como “conquista” y “colonia”, pues afirman que fueron implantados en la historiografía oficial con el fin de perpetuar la "Leyenda Negra". De tal suerte, argumentan que el 12 de octubre de 1492 no comenzó una "conquista", sino una "asimilación", ni tampoco los territorios de la América española fueron "colonias", sino que se trataban de una "extensión de los dominios de la Corona". A pesar de la jergonza que se busca imponer, la verdad es que los reyes, virreyes y gobernadores, e incluso, los propios cronistas de las Indias usaban esos términos (hoy casi vetados) al calor de los propios hechos, para describir y relatar lo que sucedía en el Nuevo Mundo. 

Igualmente sucede del lado de sus contrapartes, pues los indigenistas post-coloniales y decoloniales también tienen problemas con la terminología que se ha utilizado en la historiografía tradicional sobre el tema, ya que aducen que muchos términos no encajan con su propuesta desde la teoría crítica frente a la "modernidad eurocéntrica y europeizante" implantada por los imperialismos.

Ambas posiciones hispanofílicas e indigenistas, por cierto, tienen en común su animadversión (y muchas veces odio rotundo) al criollo pues los ven como los artífices del fracaso de los proyectos nacionales republicanos desde el siglo XIX hasta el presente. También tienen en común la añoranza a un pasado idílico perdido que es necesario “restaurar”, bien sea que se trate del viejo Imperio Español o de los extintos imperios prehispánicos.

En lugar de profundizar en el entendimiento de nuestra conformación histórica como hispanoamericanos (no como europeos ni indígenas), estas posturas radicales falsean la historia y buscan hacer encajar los hechos por la fuerza a las miradas presentistas[3] del momento.

Dirá el celebérrimo escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, a modo de zanjar la estéril discusión entre las viejas leyenda negra y leyenda dorada: «Ambas leyendas son, por descontado, falsas. Lo que pasó en América es bastante más complejo que una leyenda negra o que una leyenda dorada, es la complejidad del alma humana y de los hechos».

[1] Más allá del «Hispanismo», que es una corriente intelectual y académica interesada en el estudio de la cultura española; la hispanofilia es más bien la admiración, propagandística y justificadora, de lo español en su vertiente más nacionalista.

[2] La Hispanomanía es el relato, usualmente de los extranjeros curiosos y fascinados con la cultura española, que perpetúa estereotipos y tópicos sobre España.

[3] El presentismo es un vicio historiográfico que plantea juzgar el pasado bajo la óptica y los valores del presente sin tomar en cuenta el contexto y el momento del fenómeno histórico que se estudia.