Blog

Will the coronavirus cause a new economic recession?
31
Paul Boteo es Director General de Fundación Libertad y Desarrollo. Además, es catedrático universitario y tiene una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
16 Mar 2020

Las cifras de crecimiento del PIB del primer trimestre de 2020 de los países más afectados por la enfermedad registrarán estos efectos, cuando sean publicados. Y en el segundo y tercer trimestre podrían llegar incluso a ser negativas, dependiendo de la evolución de la enfermedad. ¿Pero llegaremos a una recesión mundial? Es difícil anticiparlo. 

El mundo ha entrado en pánico. Esta semana las Bolsas de valores alrededor del mundo sufrieron fuertes caídas; y en algunos casos, se registraron los peores resultados de las últimas dos o tres décadas.  En el caso del IBEX de España, es la peor caída desde que existe. Son tiempos turbulentos para la economía mundial y la interrogante es si estamos ante el inicio de una nueva crisis económica como la experimentada a finales de la década pasada; o si bien estamos ante un pánico pasajero en las Bolsas de valores, que finalmente no impactará en la economía real o los niveles de empleo.

En el mundo desarrollado las crisis económicas usualmente comienzan con la caída de las Bolsas de valores. Luego le sigue la contracción de la economía, con el cierre de empresas y los despidos masivos. El pánico pasa de los inversionistas a los consumidores, que restringen sus compras y eso hace que las ventas se reduzcan. Se cae en una espiral descendiente de malas expectativas y caída de la economía que se retroalimentan mutuamente. 

Pero no toda caída en la Bolsa de valores termina necesariamente en una crisis económica. A finales de 2018 e inicios de 2019, las Bolsas de valores de Estados Unidos experimentaron una caída significativa, que no se tradujo en una merma de la actividad económica. Las Bolsas se recuperaron en los meses subsiguientes y la economía americana creció 2.6 por ciento en promedio durante esos años. 

El problema en esta ocasión es que el temor de que la economía mundial sufra daños no es del todo infundado. El pánico al coronavirus está haciendo que varios países cierren sus fronteras, afectando el comercio mundial, la industria hotelera, transporte aéreo y terrestre, así como centros de diversión. La suspensión de los eventos deportivos, también significará una merma importante de la economía; y los centros comerciales podrían enfrentar una reducción drástica en el número de visitantes, afectando el comercio en general, sin mencionar restaurantes y cines, entre otros. En algunas ciudades, inundadas de este virus, las calles lucen vacías. La actividad económica está funcionando al mínimo. 

Las cifras de crecimiento del PIB del primer trimestre de 2020 de los países más afectados por la enfermedad registrarán estos efectos, cuando sean publicados. Y en el segundo y tercer trimestre podrían llegar incluso a ser negativas, dependiendo de la evolución de la enfermedad. ¿Pero llegaremos a una recesión mundial? Es difícil anticiparlo, aunque existe una alta probabilidad que la situación se complique en los próximos meses.

Algunos países europeos ya estaban en una situación frágil antes del coronavirus, como Alemania e Italia y esta situación podría empujarlos de lleno a una recesión. En el caso de Estados Unidos, ha registrado una actividad relativamente robusta, a pesar de la incertidumbre que generó meses atrás el comportamiento atípico de la curva de rendimientos. Pero el impacto del pánico del coronavirus en la economía en general y la situación complicada que enfrentan sus empresas petroleras, por la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, podría generar un estancamiento de su economía en los próximos meses.

La Reserva Federal parece estar dispuesta a utilizar todo su “arsenal” para evitar que la economía estadounidense entre en recesión y ha anunciado un paquete de estímulos monetarios bastante “robusto” y posiblemente veamos más acciones en el futuro cercano. El Gobierno Federal también parece estar dispuesto a utilizar la política fiscal para evitar una crisis. ¿Serán suficientes estas medidas? Lo veremos en los próximos meses. 

En el caso de China, los efectos serán bastante notorios, pero seguramente terminará el 2020 con un crecimiento de entre tres por ciento y cinco por ciento, evitando caer en terreno negativo. Pero para algunos países europeos, este será un año sumamente complicado. En el caso de Guatemala, la economía crecería entre 2.5 por ciento y 3.5 por ciento en 2020, nada catastrófico. 

Pandemias en la aldea global
30
Director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado en Ciencia Política, catedrático y analista político en el programa Sin Filtro de Guatevisión.
18 Mar 2020

Revolución de la movilidad, revolución de la información, interconexión global

Cuando el 31 de diciembre pasado se anunciaba el brote de una nueva cepa de Coronavirus en la provincia de Wuhan, China, la expectativa de afectar nuestras vidas cotidianas parecía remota. En 30 días, el número de pacientes afectados por el brote rondaba los 10,000. En 45 días, China, Corea del Sur, Irán e Italia eran los países más afectados por el brote y el número de afectados superaba los 70,000.

Para el día 60, el número de casos ya rondaba entorno a los 100,000 en más de 120 países.

Sin embargo, a partir del día 60 (1 de marzo) hasta ayer, la expansión de la enfermedad a nivel global ha crecido exponencialmente. En los 16 días de marzo, el número de casos identificados fuera de la China pasó de 8,000 a 88,000. Vivimos entonces la fase del crecimiento exponencial de la pandemia. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud formalmente reconoció al Covid-2019 como una “pandemia”.

En el ínterin, en Guatemala se respiraba un aura de tranquilidad. El reconocimiento tácito de nuestra posición tangencial dentro de la aldea global aunado a los controles aeroportuarios instalados desde la última semana de febrero así pensar que la pandemia nos afectaría marginalmente.

Hasta que eventualmente llegó. Primero, vía un turista que recién había visitado Italia (uno de los cuatro países más afectados originalmente) y luego, vía un grupo de visitantes a España. Y así, la revolución de la movilidad que Moisés Naím ha descrito, y que es una de las grandes manifestaciones de la aldea global del XXI nos trajo la pandemia a casa.

Sin embargo, otros fenómenos propios de la aldea global generan externalidades negativas. La revolución de la información, que nos permite seguir la evolución de la pandemia en tiempo real, genera una sobreabundancia de información. Las fake news proliferan, la desinformación fluye segundo a segundo y el pánico se multiplica con agilidad. ¿Cómo explicar entonces que en Guatemala, como en otros países de la región, escaseó el papel higiénico aún cuando no había casos confirmados ni se había implementado medidas de restricción de movilidad humana?

Así la respuesta de Gobierno ha sido efectiva. Los controles aeroportuarios tempranos permitieron identificar al universo de riesgo potencial con relativa facilidad (viajeros que visitaron países afectados por la pandemia). La suspensión de actividades educativas, deportivas, religiosas y espectáculos públicos se encamina ahora a limitar la propagación de focos de contagio local. El cierre de fronteras (gradual primero y absoluto ahora) se encamina a evitar que nuevos focos de contagio ingresen al país mientras las autoridades se enfocan en mantener bajo cuarentena y vigilancia los posibles focos de contagio local.

Previsiblemente, la siguiente fase será la limitación de la actividad cotidiana. La suspensión de ciertas actividades laborales y comerciales, el cierre de oficinas públicas, o incluso, la limitación de cualquier servicio no-esencial, tal y como ha ocurrido en Italia y España.

En cualquier escenario, el impacto social y económico será sensible. Sólo la cancelación de las actividades religiosas de Cuaresma (y quizá también) de Semana Santa implica una pérdida de varios cientos de millones de quetzales para los sectores turismo, alimentos, servicios, transporte, etc.  A ello sumemos el impacto en las cadenas de suministro globales. Ante este escenario, el siguiente paso para asegurar la oxigenación de la economía nacional requiere de una política monetaria tendiente a reducir tasas de interés, a implementar moratorias fiscales o flexibilidad de regulaciones laborales, que permitan mitigar la inminente desaceleración económica.

Y así como la pandemia llegó por la revolución de la movilidad, la revolución de las ideas y el libre flujo de información propio de la aldea global, nos da algunas luces de qué esperar en los próximos días y semanas.

El nuevo Tribunal Supremo Electoral
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
18 Mar 2020

La sesión del martes, 17 de marzo de 2020 terminó con la elección de 5 magistrados titulares y 5 suplentes para el periodo 2020-2026 del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La elección fue accidentada porque estaba de por medio la discusión de otros proyectos que se propusieron para hacer frente al impacto económico de la pandemia del COVID19. Pero al final se eligió TSE.

 

Las diferencias con la elección de CSJ y Salas de Apelaciones

La principal diferencia entre la elección de TSE y la de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Corte de Apelaciones (SdeCdeA) es que la comisión de postulación era más pequeña. Frente a los 37 comisionados que forman las comisiones de postulación de CSJ y SdeCdeA, la de TSE está integrada por 5 miembros: el representante del Colegio de Abogados (Yuri Búcaro), el rector de USAC (Murphy Paiz), el representante de los rectores de las universidades privadas (Roberto Moreno de la UVG), el decano de Derecho de la USAC (Gustavo Bonilla) y el representante de los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas (Juan José Rodil, U da Vinci). Cada cual con su respectivo suplente.

 Esta comisión envió una nómina de 20 candidatos de la cual el Congreso eligió a los 5 magistrados titulares y 5 suplentes. La segunda diferencia importante respecto de la elección de magistrados de CSJ y SdeCdeA es que para TSE se necesitan dos tercios de los votos totales, es decir, 107 votos. Era la primera vez que la alianza oficialista conformada por VAMOS, TODOS, UCN, FCN, Prosperidad Ciudadana, Unionista, VALOR, parte de BIEN, parte de Victoria, y parte del PAN, debía buscar el apoyo de la UNE para lograr los votos necesarios.

En ese orden de ideas, los acuerdos para nombrar a los magistrados titulares estuvieron por entre los 139 y 147 votos. En tanto que la elección de magistrados suplentes fue más reñida por la salida de UCN y otros diputados y se zanjó con la mínima de 107 votos.

 

Los cinco magistrados titulares:

Es difícil resumir los perfiles de todos, pero para tener una idea general, a continuación, damos unas líneas generales de los cinco magistrados titulares:

1.    Rafael Rojas Cetina

Actual magistrado de la CSJ. Leyó los tiempos y en 2016-17 fue un aliado de la lucha contra la corrupción protagonizada por MP y CICIG. Lideró la propuesta de reformas a la Constitución para el sector justicia, impulsó la ley de registro de agresores sexuales, por ejemplo. Con el paso del tiempo, pasó a ser defensor del status quo y un actor más hostil a las causas que se impulsaban desde el MP y CICIG. Muchos leen su nombramiento en esta clave.

2.    Mynor Custodio Franco Flores.

Es un viejo conocido del sistema de justicia. Tiene más de 30 años de servir al organismo judicial y lo ha hecho como magistrado de sala de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia (CSJ). Se le recuerda porque fue parte del cuestionado proceso de elección de CSJ de 2009 en el cual el entonces comisionado de CICIG, Carlos Castresana, hizo señalamientos contra 6 integrantes de la nómina que envió la Comisión de Postulación, entre ellos Mynor Franco. Castresana hablaba de una estructura paralela, formada por el Rey del Tenis, Roberto López Villatoro. Finalmente, Franco fue designado a la CSJ y otros tres magistrados designados fueron reemplazados como consecuencia de los señalamientos.

3.    Blanca Alfaro

Fue alcalde de Masagua, Escuintla por el Partido Patriota en 2012 y por el partido LIDER en 2016. Las elecciones pasadas fue la compañera de fórmula de Edwin Escobar. Sin cuestionar sus méritos, el gran problema con su nombramiento es el notorio conflicto de interés que puede tener pasar de la política partidista directamente a la autoridad electoral.

4.    Irma Elizabeth Palencia Orellana

Era actualmente magistrada a Sala de Apelaciones y tiene un recorrido en el Estado como asesora del RIC y ha trabajado en la Procuraduría de Derechos Humanos. En 2012 estuvo en la terna para elegir PDH, pero fue elegido finalmente Jorge de León Duque. En 2017 estuvo cerca de integrar la terna final, pero por muy poco le ganó Ricardo Alvarado Ortigoza.

5.    Gabriel Aguilera Bolaños

Quizá el cuadro más interesante entre los magistrados titulares. Ha sido docente en varias universidades privadas y tiene experiencia en la práctica privada. Fue viceministro de trabajo en el anterior gobierno y luego asumió la cartera de trabajo. Fue ajeno a la embestida en contra de la lucha contra la corrupción que emprendió Morales y se caracterizó como un perfil técnico dentro de la administración anterior.

 

Los cinco magistrados suplentes:

En líneas generales, de los cinco magistrados suplentes, se puede decir esto:

1.    Marco Antonio Cornejo Marroquín

En el gremio es conocido por sus años en la práctica privada. Fue uno de los abogados de Efraín Ríos Montt en el juicio por genocidio y es de las filas del FRG. Con ese partido fue diputado al PARLACEN donde buscó la presidencia, pero la perdió contra Julio González Gamarra de la UNE.

2.    Noé Ventura Loyo

Es otro conocido del sistema de justicia guatemalteco. Ha sido comisario, oficial y secretario de tribunales y en 2009 y 2014 elegido magistrado de Sala de Apelaciones. Su elección en 2009 se atribuyó a vínculos con el extinto FRG, pues benefició en algún momento al general Ríos Montt. El año pasado fue protagonista por presentar un amparo contra la elección de Corte Suprema de Justicia. Su amparo fue declarado con lugar por la Corte de Constitucionalidad.

3.    Alvaro Cordón Paredes.

Tiene una trayectoria en la práctica privada. Trabaja en su firma de abogados, tiene varios posgrados y destaca en la vida pública ser árbitro de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala.

4.    Marlon Josué Barahona Catalán

Es un abogado con experiencia en la práctica privada y en la vida pública en varias instituciones, aunque no ha ocupado nunca una judicatura. Ha sido asesor en la PDH, Comisionado Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, letrado en la Corte de Constitucionalidad, asesor del presidente de la CC, entre otros.

5.    Gabriel Gómez

Sin duda uno de los perfiles más interesantes. Gabriel Gómez tiene experiencia en la prevención de delitos financieros y fue uno de los expertos que colaboró en la creación de la Ley contra el lavado de dinero, ayudó a diseñar la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la cual fue director y también colaboró en la creación del reglamento de la Ley de extinción de dominio. Ha ejercido en la práctica privada y fue vicepresidente regional de cumplimiento de Citibank. De 2009 a 2014 se desempeñó como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

 

¿El coronavirus provocará una nueva recesión económica?
31
Paul Boteo es Director General de Fundación Libertad y Desarrollo. Además, es catedrático universitario y tiene una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
16 Mar 2020

Las cifras de crecimiento del PIB del primer trimestre de 2020 de los países más afectados por la enfermedad registrarán estos efectos, cuando sean publicados. Y en el segundo y tercer trimestre podrían llegar incluso a ser negativas, dependiendo de la evolución de la enfermedad. ¿Pero llegaremos a una recesión mundial? Es difícil anticiparlo. 

El mundo ha entrado en pánico. Esta semana las Bolsas de valores alrededor del mundo sufrieron fuertes caídas; y en algunos casos, se registraron los peores resultados de las últimas dos o tres décadas.  En el caso del IBEX de España, es la peor caída desde que existe. Son tiempos turbulentos para la economía mundial y la interrogante es si estamos ante el inicio de una nueva crisis económica como la experimentada a finales de la década pasada; o si bien estamos ante un pánico pasajero en las Bolsas de valores, que finalmente no impactará en la economía real o los niveles de empleo.

En el mundo desarrollado las crisis económicas usualmente comienzan con la caída de las Bolsas de valores. Luego le sigue la contracción de la economía, con el cierre de empresas y los despidos masivos. El pánico pasa de los inversionistas a los consumidores, que restringen sus compras y eso hace que las ventas se reduzcan. Se cae en una espiral descendiente de malas expectativas y caída de la economía que se retroalimentan mutuamente. 

Pero no toda caída en la Bolsa de valores termina necesariamente en una crisis económica. A finales de 2018 e inicios de 2019, las Bolsas de valores de Estados Unidos experimentaron una caída significativa, que no se tradujo en una merma de la actividad económica. Las Bolsas se recuperaron en los meses subsiguientes y la economía americana creció 2.6 por ciento en promedio durante esos años. 

El problema en esta ocasión es que el temor de que la economía mundial sufra daños no es del todo infundado. El pánico al coronavirus está haciendo que varios países cierren sus fronteras, afectando el comercio mundial, la industria hotelera, transporte aéreo y terrestre, así como centros de diversión. La suspensión de los eventos deportivos, también significará una merma importante de la economía; y los centros comerciales podrían enfrentar una reducción drástica en el número de visitantes, afectando el comercio en general, sin mencionar restaurantes y cines, entre otros. En algunas ciudades, inundadas de este virus, las calles lucen vacías. La actividad económica está funcionando al mínimo. 

Las cifras de crecimiento del PIB del primer trimestre de 2020 de los países más afectados por la enfermedad registrarán estos efectos, cuando sean publicados. Y en el segundo y tercer trimestre podrían llegar incluso a ser negativas, dependiendo de la evolución de la enfermedad. ¿Pero llegaremos a una recesión mundial? Es difícil anticiparlo, aunque existe una alta probabilidad que la situación se complique en los próximos meses.

Algunos países europeos ya estaban en una situación frágil antes del coronavirus, como Alemania e Italia y esta situación podría empujarlos de lleno a una recesión. En el caso de Estados Unidos, ha registrado una actividad relativamente robusta, a pesar de la incertidumbre que generó meses atrás el comportamiento atípico de la curva de rendimientos. Pero el impacto del pánico del coronavirus en la economía en general y la situación complicada que enfrentan sus empresas petroleras, por la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, podría generar un estancamiento de su economía en los próximos meses.

La Reserva Federal parece estar dispuesta a utilizar todo su “arsenal” para evitar que la economía estadounidense entre en recesión y ha anunciado un paquete de estímulos monetarios bastante “robusto” y posiblemente veamos más acciones en el futuro cercano. El Gobierno Federal también parece estar dispuesto a utilizar la política fiscal para evitar una crisis. ¿Serán suficientes estas medidas? Lo veremos en los próximos meses. 

En el caso de China, los efectos serán bastante notorios, pero seguramente terminará el 2020 con un crecimiento de entre tres por ciento y cinco por ciento, evitando caer en terreno negativo. Pero para algunos países europeos, este será un año sumamente complicado. En el caso de Guatemala, la economía crecería entre 2.5 por ciento y 3.5 por ciento en 2020, nada catastrófico. 

Coronavirus, una pandemia de desinformación
36
Directora de Comunicación y Prensa de la Fundación Libertad y Desarrollo. Comunicadora Social graduada de la Universidad Rafael Landívar. 
13 Mar 2020

La política en la era de la posverdad se ha encontrado con la pandemia del Coronavirus. La precisión de las declaraciones de los gobiernos podría tener consecuencias de vida o muerte. Es importante que informen correctamente a la población.

A medida que las autoridades de salud pública en todo el mundo luchan contra el nuevo Coronavirus, COVID-19 siendo su nombre correcto, existen otros obstáculos a los que también debemos ponerles atención: la desconfianza en los medios de comunicación, declaraciones irresponsables de los gobernantes y la desinformación en redes sociales.

El COVID-19, al igual que otras enfermedades del pasado, viene acompañado de teorías de conspiración que se han propagado tan rápidamente como el propio virus. Se comparten recetas mágicas para curar el virus por grupos de Whatsapp, videos que generan pánico en la población y hasta mensajes de racismo que asegura que todo es culpa de los chinos.

En la era de la polarización y la “posverdad”, la vida de miles de personas depende en gran parte en el uso responsable de la información. Los gobernantes y las autoridades del sistema de salud tienen una tarea titánica. A pesar de esto, presidentes como AMLO y Trump se burlan de la crisis y llaman a darse abrazos fraternales o se niegan a hacerse las pruebas de diagnóstico, respectivamente. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya considera el brote del nuevo Coronavirus como una pandemia y solicita a los gobiernos a activar y ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias; comunicarse con las personas sobre los riesgos y cómo pueden protegerse; encontrar, aislar, probar y tratar cada caso de COVID-19 y rastrear a las personas con las que haya estado en contacto.

Guatemala, con un sistema de salud tan débil, necesita de la prevención para hacerle frente a COVID-19. El presidente y autoridades locales tienen la obligación de comunicar en todos los idiomas del país los protocolos de higiene. La OMS indica que es importante lavarse las manos con frecuencia, usar geles hidroalcohólicos, mantener una distancia mínima de un metro con aquellas personas que tengan síntomas asociados a la enfermedad, y evitar tocarse la boca, nariz u ojos.1 

Cuando hablamos de prevención, también debemos pensar en la información que leemos y compartimos; es muy importante verificar que este contenido sea cierto. Podría haber varios efectos devastadores con toda la información falsa que está circulando. Ya tenemos personas vaciando los supermercados; el siguiente nivel son los asaltos por la histeria masiva, creyendo que el mundo está a punto de terminar. O, peor aún, aquellos que se niegan a creer que la enfermedad es realmente una amenaza y, a su vez, descartan la importancia de lavarse las manos o ir al hospital si están enfermos, o incluso confiar en sus médicos.

En un mundo tan saturado de información, las consecuencias de un mal manejo de la comunicación sobre el COVID-19 son vida o muerte. Los ciudadanos debemos saber escuchar las voces correctas y los gobernantes necesitan precisión en sus declaraciones. El impacto de esta enfermedad en los países depende en gran parte de esto.

La divulgación de contenido falso y malicioso sobre el Coronavirus ha sido un drástico recordatorio de la batalla cuesta arriba que realizan los investigadores y las empresas de internet. Facebook, YouTube y Twitter indicaron que están esforzándose para que la gente se dirija a fuentes confiables de información médica, y tenga líneas directas de comunicación con la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.2

En Guatemala ya tenemos el primer caso de COVID-19. Aprendamos las lecciones de Italia y España, donde sus gobernantes y ciudadanos no actuaron a tiempo; y son unos de los países con el mayor índice de propagación en Europa. Busquemos la prevención y exijamos a nuestros gobernantes decisiones responsables al respecto.

 


Referencias:

  1. https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
  2. https://www.nytimes.com/es/2020/03/10/espanol/negocios/coronavirus-desinformacion-redes-sociales.html?te=1&nl=el-times&emc=edit_bn_20200313&campaign_id=42&instance_id=16694&segment_id=22167&user_id=64e238e22256ab77f12fbba56b4999ff&regi_id=8959005620200313
El fallo de la CC sobre las reformas a la ley de ONG
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
11 Mar 2020

“Para el jurisconsulto, para el abogado, para el juez un solo derecho existe, el derecho positivo”. - Frédéric Mourlon

 

Las reformas a la ley de ONGs, que el Congreso aprobó de manera opaca y con mucha prisa, debían entrar en vigor el pasado viernes, 6 de marzo, pero la Corte de Constitucionalidad suspendió su vigencia a través de un amparo provisional.

Contra los notorios vicios de inconstitucionalidad que tiene esta ley me he referido en un análisis que publiqué en agosto de 2018 y, de forma más escueta, en una columna reciente.

En esta oportunidad quiero referirme al amparo provisional que concedió el tribunal constitucional y del cual he leído y escuchado múltiples críticas por parte de mis colegas. Lo resuelto en los expedientes acumulados 859-2020(…), fue por cuatro votos a favor y un voto disidente de la magistrada Dina Ochoa.

El fallo no deja de ser criticable (como todos los fallos) especialmente porque es apenas la tercera vez que se admite un amparo en contra de un decreto que se encuentra a medio proceso legislativo (al momento de plantearse el amparo).

Por hacer un repaso: en el expediente 5033-2012 se interpuso un amparo contra la amenaza de que el Congreso conociera la iniciativa 4084 (Ley de Desarrollo Rural Integral); en el expediente 6097-2016 se interpuso un amparo contra la amenaza de que el Congreso emitiera un decreto dando la concesión de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) sin seguir el proceso adecuado; en los expedientes acumulados 4470-2017 y otros, se interpusieron amparos contra la amenaza de que el Congreso aprobara una serie de decretos que beneficiarían a políticos amenazados de corrupción.

De los casos anteriores, la Corte de Constitucionalidad, en sentencia, denegó el amparo bajo el supuesto de que, palabras más, palabras menos, la amenaza de que pudiere aprobarse un decreto es incierta. En el último de los casos, aunque denegó el amparo en sentencia, sí otorgó amparo provisional en auto de fecha 14 de septiembre de 2017. Por este auto, se puede afirmar que es el primer caso en el cual el tribunal constitucional admite un amparo contra un decreto en proceso de aprobación.

Como afirmé anteriormente, este último criterio se sostiene nuevamente en el auto de 18 de julio de 2019, emitido dentro del expediente 682-2019. Lamentablemente, el auto consta de 3 páginas y no existe un razonamiento que nos permita entender los argumentos que ponderó el tribunal constitucional para resolver como lo hizo.

En el actual caso, el de la reforma a la ley de ONG, la Corte argumenta que suspende la aprobación del decreto en cuestión porque “la vigencia del Decreto al que hacen referencia los amparistas conlleva amenaza de violación a Derechos Humanos”.

¿Por qué acudir al amparo y no esperar la vigencia del decreto e impugnarla por la vía de la inconstitucionalidad? Precisamente a que la sola vigencia del decreto en cuestión vulnera flagrantemente el derecho a la libre asociación y así evitar daños irreversibles.

El ámbito de la crítica está abierto. Lo que debemos evitar es caer en razonamientos de corte positivista como la consignada al inicio de esta columna. Los comentarios que esgrimen muchos colegas asumen que hay “una sola y correcta” interpretación constitucional a la cual este tribunal ha faltado. Parece que estamos congelados en una visión decimonónica del derecho.

El juez constitucional no es un autómata. Siempre hay más de una respuesta para un caso complejo y la tarea del juez es encontrar las mejores razones o argumentos para llegar a una respuesta. El debate jurídico se enriquecería si comenzáramos los abogados por tener debates más académicos respecto de las resoluciones de nuestras cortes. También haríamos bien en exigir que nuestras cortes mejoren sus argumentos para que las resoluciones sean más sólidas.

Tampoco debemos perdernos en debates por formalismos sin sentido. No debemos olvidar que las formas y los procesos existen para proteger valores, no al revés. Argumentar a favor de las formas por el bien de las formas en sí, es uno de los vicios de nuestra cultura jurídica.

Reflexiones sobre legislación de competencia
30
Director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado en Ciencia Política, catedrático y analista político en el programa Sin Filtro de Guatevisión.
10 Mar 2020

Marcos conceptuales, principios comparados y diseño de institucionalidad.

Por enésima ocasión, se ha reactivado nuevamente la discusión para generar una propuesta de Ley de Competencia. Por cierto, vale recordar que el compromiso de Guatemala era aprobar una legislación en la materia antes del 2016. Pero dados los eventos políticos del último quinquenio, la discusión se ha postergado en un sinfín de ocasiones. Ahora, en condiciones políticas más estables, con un Congreso renovado y la postura del Presidente Giammattei de apoyar la aprobación de una ley en la materia, pareciera que el proceso sí puede llegar a buen término. Por tal razón, resulta importante realizar algunos apuntes sobre la temática.

Primero, es importante definir el marco del derecho de competencia. Contrario a la creencia, una Ley de Competencia no es una ley de protección al consumidor. El derecho de competencia se enfoca en regular los procesos de oferta de bienes y servicios (contratos, relación con proveedores, precios, formas de vender productos, etc.), mientras que una legislación de protección al consumidor se enfoca en regular la demanda de bienes y servicios. Tampoco es una ley anti-monopolios, puesto que la ley de competencia no regula estructuras de mercado (cantidad de oferentes de un bien o servicio), sino prácticas y acciones.

Segundo, si realizamos un análisis comparado, nos topamos que existen dos principios sobre los cuales gira la legislación de competencia. El primero es la Regla del Per Se, que se refiere a que existen ciertas prácticas que por sí mismas son anti-competitivas, como la fijación de precios o ciertos acuerdos horizontales. Por otro lado, la Regla de la Razón, se refiere a que la autoridad de la materia deberá evaluar si una práctica resulta anti-competitiva, contrastando frente a ella, los posibles beneficios en cuanto a eficiencia económica, desarrollo de tecnología, interés público, entre otros. Es decir, la Regla del Per Se es prohibitiva; mientras la Regla de la Razón permite evaluar la relación entre la práctica y la eficiencia del mercado.

Vale señalar que en la mayoría de países, la Regla del Per Se está siendo desplazada por la Regla de la Razón. Esto ocurre debido a que existen ciertas prácticas, como el cooperativismo, la asociatividad para la exportación, los acuerdos para el uso compartido de infraestructura o tecnología, las franquicias, así como la regionalización en la prestación de servicios públicos, que han demostrado ser eficientes, de acuerdo con las características de cada mercado. Por ello, el derecho de competencia moderno, en lugar de establecer listados taxativos de acciones prohibidas, opta por permitir que se juzgue las prácticas en función a la eficiencia económica.

Un tercer elemento a considerar, es el diseño de la institucionalidad. Derivado de la complejidad del derecho de competencia, y la trascendencia de su correcta aplicación, las instituciones en materia de competencia deben blindarse de capturas políticas. En tal sentido, la propuesta de integrar la entidad bajo una fórmula corporativista (es decir, similar a las Comisiones de Postulación), no cumple con el propósito de despolitizar la institución. Peor resulta la receta de querer que la Superintendencia de Competencia sea juez y parte, es decir, que revise y juzgue al mismo tiempo las prácticas anti-competitivas, puesto que esto naturalmente atenta contra principios institucionales como el balance y la división de poderes.

Por todo lo anterior, y dada la relevancia que una normativa de competencia para el buen desenvolvimiento de toda economía, es importante que el Congreso promueva una discusión técnica de la iniciativa, y que aspire a promover la eficiencia de los mercados.

 

CECA, posible respuesta
32
Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado. 

Empresario, sociólogo y comunicador. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Es Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y Director General del programa Razón de Estado. 

27 Feb 2020

La integración económica centroamericana puede ser la respuesta a los problemas estructurales de la región y el camino para que las naciones que la formen avancen hacia el desarrollo sostenible.

 El paso de los años y los resultados alcanzados por cada país de Centroamérica indican que llegó el momento, otra vez, de revisar y discutir alternativas desde una perspectiva regional que ofrezca soluciones más efectivas a nuestros rezagos económicos y sociales.

Hay suficientes datos del pasado y del presente que al proyectarlos al futuro hacen obvio que gobiernos y sociedades de la región deben hacer un nuevo intento para construir la Comunidad Económica Centroamericana -CECA-.

La integración de las economías de Centroamérica tiene como condiciones eliminar barreras a la movilidad de bienes, personas y capitales; promover la inversión regional e internacional con políticas fiscales, laborales y ambientales homologadas, modernas y efectivas; y hacer los esfuerzos necesarios para facilitar la coordinación en materia de seguridad transnacional.

Hay análisis y estudios concluyentes que demuestran que si los países de Centroamérica cumplen con estas condiciones ampliarían el mercado regional y obtendrían un crecimiento económico más robusto, alcanzando el objetivo principal del gran desafío de la integración económica, que es ofrecer más oportunidades de desarrollo y bienestar a los centroamericanos.

La integración económica centroamericana es la alternativa más realista para el desarrollo de la región. Motivaría la inversión, crearía oportunidades de trabajo y haría más eficiente la coordinación en la estrategia de seguridad regional y gobernanza transnacional.

La Comunidad Económica Centroamericana sería el marco de un mercado libre  regional  que aprovecharía las economías de escala para lograr mayores eficiencias y mayor competitividad; lo cual permitiría a la región acceder, competir e interactuar con el resto de economías del mundo.

La CECA debe desarrollar un modelo de gobernanza regional con visión de largo plazo. Esto será la garantía para inversionistas regionales y extranjeros, así como para los donantes y cooperantes que puedan respaldar el desarrollo de la región.

Con un crecimiento económico vigoroso, alivio a los problemas sociales, estabilidad política y certeza jurídica, Centroamérica se puede consolidar como un actor clave en el mundo occidental; y si hace bien sus tareas, como un referente de paz, Estado de Derecho, seguridad y desarrollo.

Después de setenta años de aprendizaje y reformas institucionales insuficientes , la región debe animarse a intentarlo otra vez, y, en un nuevo esfuerzo, crear la Comunidad Económica Centroamericana (CECA) con respaldo político y financiero de alto nivel, con objetivos a corto, medio y largo plazo bien definidos y con los mecanismos de seguimiento y control que garanticen su plena implementación y éxito.

Centroamérica unida representa un bloque económico de casi US$260.000 millones de PIB con buena ubicación geográfica y acceso a importantes mercados internacionales -EE.UU. y la Unión Europea- norma­ dos por acuerdos comerciales preferenciales.

La integración de las economías de la región y la creación de la Comunidad Económica Centroamericana aumentaría las exportaciones totales como porcentaje del PIB de manera notable y generaría un aumento en la tasa de crecimiento económico de dos puntos porcentuales que, de entrada, empezarían a mejorar el nivel de vida de los centroamericanos.

Los seis países de Centroamérica estamos en 499.000 kilómetros cuadrados y somos 49.3 millones de habitantes; y juntos e integrados económicamente podemos ser la sorpresa de la década que termina en 2030. ¿Por qué no?

 

El pulpo
30
Director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado en Ciencia Política, catedrático y analista político en el programa Sin Filtro de Guatevisión.
24 Feb 2020

El personaje que mejor evidencia el funcionamiento del “Mecanismo guatemalteco”

 

Un fantasma recorre el Estado de Guatemala: la captura del Estado. Por años, poderes fácticos (lícitos e ilícitos) han tomado control -de forma sistemática- de diversas instituciones para facilitar una agenda de negocios. La diversificación del fenómeno es extensa: las aduanas, la proveeduría de medicamentos, la obra gris, las municipalidades, los puertos y aeropuertos, el servicio civil, la justicia, y un largo etcétera.

En ese entramado, resaltan actores que, por su capacidad de operación política, sus redes de contactos, o el volumen de recursos destinados a ‘aceitar’ la maquinaria, toman control de diversos ámbitos de la administración pública, trascienden gobiernos, e incluso, sobreviven en circunstancias muy adversas.

Esos “pulpos” detrás de la captura del Estado han entendido a cabalidad el funcionamiento del sistema: financian la política (a nivel partidario, gremial o de grupos de incidencia), construyen redes de lealtades, inciden en nombramientos y designaciones, utilizan esas redes para ejercer control sobre las instituciones, y luego, acceden a negocios (lícitos e ilícitos) al amparo del Estado. Y esos vastos recursos generados de los “negocios” nutren nuevamente el financiamiento de la política, en un ciclo perverso e infinito.

La ofensiva judicial 2015-2019 puso en evidencia a algunos de esos “pulpos”, personajes cuyos nombres aparecían mencionados en diversas investigaciones de corrupción.

Quizá en este “mecanismo guatemalteco” una figura resalta sobre las demás. Su nombre apareció por primera vez en una investigación sobre “Negociantes de la Salud”: una red de proveedores coludidos con autoridades del IGSS, organizados para vender -de forma amañada y a veces sobrevalorada- medicamentos e insumos médicos. “La salud es un negocio” expresó sin miramiento un miembro de la red. El soborno era el aceite que hacía fluir las adjudicaciones en el sector público.

Luego, apareció vinculado al financiamiento ilícito del Partido Patriota en 2011. Menuda sorpresa. Cuando la lealtad -hasta entonces- pertenecía al archirrival UNE y su dirigencia. Quedó evidenciada que la supervivencia entre gobiernos depende de la capacidad de “dar un poco para todos”.

Posteriormente, cuando se destaparon las ollas de antaño y salió a luz la historia de Transurbano fue nuevamente señalado, no por el proceso de aprobación del proyecto, sino como beneficiario de los movimientos de dinero provenientes de las utilidades del negocio. El círculo parecía cerrarse: cuando está fuera del poder, paga para participar. Cuando está en el poder, cobra por gestionar.

El siguiente eslabón mostró la faceta del financista-recaudador. El operador, vinculado en 2015 a la UNE, no sólo aportaba para la campaña; además, se encargaba de captar fondos entre otros interesados de participar en el ciclo de “inversión-rentabilidad.” El “pulpo” intermediaba y recolectaba los aportes de “Gabriel y Carlitos,” quienes -casualmente- participan de los negocios de obra gris y medicamentos.

Luego, volvió a aparecer vinculado a una red de poder y lavado de dinero. En el poder, recibía inmuebles como soborno por gestionar pago de deuda de arrastre; fuera del poder, utilizaba esos inmuebles para agradar al nuevo “mero-mero” y su séquito cercano. La red mostró la existencia de complejos servicios de blanqueo que ofrecen ‘mecanismos alternos’ para pagar sobornos.

Con cinco causas penales encima, guardando prisión preventiva, y enfrentando la posibilidad de varias décadas en prisión, cualquiera pensaría que ni el mayor de los cánceres podría sobrevivir. Salvo que, en un Estado capturado, la única solución ante el embate de la justicia es capturar a quien la aplica. Y así, apareció nuevamente su nombre. Esta vez operando para definir la elección de altas cortes. Reuniéndose con comisionados, candidatos y diputados. Y todo, bajo las narices del sistema penitenciario.

Así va la historia del pulpo. Ese actor cuyos tentáculos aparecen en los negocios de medicamentos, en el pago de deuda de arrastre, el transporte público, el financiamiento de la política (sin importar colores, banderas ni ideologías) y la elección de cortes. Y por si fuera poco, recién incursionó directamente en la construcción de obra gris. Así la historia del mecanismo y sus operadores. De ese ciclo perverso en el que la captura se perpetua. Un sistema diseñado desde la corrupción, para la corrupción y por la corrupción.

El modelo caducó: urge reforma constitucional para el sector justicia
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
24 Feb 2020

En principio, las comisiones de postulación tenían un propósito claro y contundente para el sistema de justicia del país. Sin embargo, diversos factores históricos, políticos y sociales han tergiversado y dañado profundamente este objetivo; lo que llama a considerar inminentemente una reforma constitucional que rehabilite y enmiende al Estado y el proceso democrático de Guatemala.

 

El origen

Las comisiones de postulación aparecieron en nuestro país con el decreto 30-83, Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que promulgó Efraín Ríos Montt en el tránsito a la era democrática. Aquella ley estipulaba que el TSE sería elegido por la Corte Suprema de Justicia de una nómina que le propondría una comisión de postulación conformada por: 1) el rector de USAC; 2) un representante de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales; 3) los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país. Por aquel entonces las únicas facultades de derecho eran la de USAC, las universidades Mariano Gálvez, Rafael Landívar y Francisco Marroquín.

Naturalmente aquella comisión de postulación, conformada por figuras como Eduardo Meyer, Manuel Villacorta, Mario Guerra Roldán, entre otros, designaron a aquel histórico Tribunal Supremo Electoral formado por los juristas Arturo Herbruger Asturias (más tarde vicepresidente de la nación), Justo Rufino Morales Merlos, Gonzalo Menéndez de la Riva, Manuel Ruano Mejía y René Búcaro Salaverría.

La constituyente y la reforma del 93

Como relata Guerra Roldán (2019), quien formó parte de las comisiones de postulación, fue difícil para aquellos ciudadanos conformar la nómina de candidatos para TSE. Naturalmente la forma de proceder era la de sugerir nombres de juristas notables e intentar convencerles de aceptar el cargo. Nada de cientos de currículums como si de bolsa de empleo se tratase. Como ocurre en nuestros días.

Quizá la buena experiencia del TSE motivó a los constituyentes a optar por este modelo para elegir a nuestra Corte Suprema de Justicia (CSJ). Para colmo de males, las Salas de Corte de Apelaciones (CdeA) no se elegían por este método, pero en la reforma constitucional de 1993, post Serranazo, se amplió este mecanismo también para estos tribunales.

La reforma a la colegiación obligatoria y la degeneración

Las comisiones de postulación en los noventa funcionaron medianamente bien debido al reducido tamaño del gremio y porque aún había pocas facultades de derecho. Las críticas eran que el sistema era elitista.  

Sin embargo, en el gobierno del FRG, en el año 2001, se promulga la nueva ley de colegiación profesional obligatoria (decreto 72-2001) y comienza así la proliferación de facultades de derecho. Roberto López Villatoro, hoy procesado por al caso Comisiones Paralelas, fue señalado siempre como un cabildeador de aquella ley y posteriormente un actor clave en las elecciones del colegio de abogados y en las comisiones de postulación.

Con la proliferación de facultades de derecho ha aumentado aceleradamente el número de abogados graduados al tiempo que la calidad de algunas facultades cae cada vez más. Pero eso ha permitido controlar algunas decanaturas y por tanto controlar asientos en la comisión de postulación. También ha permitido crear redes informales de abogados para luego ganar las representaciones de parte del colegio de abogados en las referidas comisiones.

El intento de rescate en 2009

En mayo de 2009 fue asesinado el abogado Rodrigo Rosenberg y con ello apareció un video suyo que conmocionó a la ciudadanía guatemalteca. Parte de los logros de aquella indignación ciudadana fue la promulgación de la Ley de Comisiones de Postulación.

La demanda ciudadana entonces era que las reuniones de las comisiones de postulación eran secretas y por tanto el público no podía fiscalizar el proceso. La gran ganancia de esta ley fue que pudimos ver de primera mano el mercado que forman algunas alianzas espurias en las comisiones de postulación.

Naturalmente hay decanos de facultades de derecho y algunos comisionados que son intachables y hacen una labor notable, pero cuyo esfuerzo se diluye porque resultan ser minoría en una amplia comisión de 37 miembros.

2009, 2014 y 2019-2020: tres procesos cuestionados en las cortes

En ese orden de ideas, llegamos al punto de la degeneración total. En 2009 ya había Corte Suprema de Justicia electa por el Congreso y un amparo exigió al Congreso abrir un proceso para revisar la idoneidad y honradez de los magistrados designados. Al final, por diversas denuncias, 3 magistrados renunciaron a su designación y debieron ser sustituidos por otros 3 abogados del listado que había remitido la comisión de postulación.

En 2014, otra vez un amparo cuestionó la idoneidad del proceso por la falta de evaluación de jueces y magistrados y porque la elección de magistrados se hizo en una sesión exprés que duró 43 minutos. Si bien inicialmente la Corte de Constitucionalidad suspendió el proceso, al dictar sentencia lo convalidó.

Hoy sabemos por una denuncia que dejó la extinta CICIG, que hay hechos fundados que sugieren que varios candidatos a magistrados de CSJ se reunieron con Alejandro Sinibaldi y con Manuel Baldizón y que fue entre éstos que se “repartieron” la CSJ.

Y el proceso 2019-2020 ha sido aún más accidentado. Primero, se suspendió el proceso de comisiones de postulación porque el Consejo de la Carrera Judicial no había hecho las evaluaciones de desempeño como lo mandaba la ley. Pasó el 13 de octubre, fecha de vencimiento de los nombramientos de los magistrados, y el proceso no culmina aún.

Las evaluaciones no sirvieron de mucho. Fueron un mero trámite. Y la guinda al pastel la ponen las reuniones de algunos integrantes de las comisiones de postulación con el procesado Gustavo Alejos. Esto empaña profundamente el proceso. El solo hecho de las reuniones sostenidas compromete la idoneidad de los comisionados y sugiere que su actuación debe ser anulada y deben ser separados de este proceso. Amparos habrá más de uno y la Corte deberá resolver como corresponde.

Mientras tanto, la realidad evidencia que el modelo ya caducó. Es nuestra última oportunidad para rescatar el sistema de justicia y acabar con el modelo de comisiones de postulación. Lo complejo del asunto es que para ello hay que reformar la Constitución. Desde noviembre lo he dicho: el presidente Giammattei debe liderar el esfuerzo como representante de la unidad nacional. Esto debe contar con el respaldo de la sociedad civil, conseguir mayoría calificada en el Congreso y ser ratificada por consulta popular. Difícil, pero necesario.