Blog

The world that is transformed before our eyes
30
Director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado en Ciencia Política, catedrático y analista político en el programa Sin Filtro de Guatevisión.
21 Apr 2020

El Covid-19 nos obliga a replantearnos la forma en que trabajamos, consumimos, nos informamos, nos educamos, e incluso, en qué y cómo creemos.

 

La aldea global vive el episodio más crítico de este joven siglo XXI. La pandemia provocada por el Covid-19 seguramente acarreará transformaciones geopolíticas de mayor magnitud que las del 11 de septiembre 2011 y em impacto económico se vislumbra como más severo que el de la crisis financiera 2008. Ambos, momentos recientes que reestructuraron la sociedad moderna.

Lo cierto es que el virus global que nos obliga a guarda cuarentena y encerrarnos en nuestros hogares ya está reorientando nuestra relación con la economía, las prácticas del mercado, la relación con el gobierno, la formas en que nos informamos y comunicamos y la forma en que vemos al Gobierno. Aquí algunas reflexiones sobre cambios que se están produciendo ante nuestros ojos.

Información y fake news. Cadenas de Whatsapp con toda clase de teoría de la conspiración. Remedios caseros o medicinas que supuestamente previenen el Covid-19. Todo tipo de especulación sobre si el Gobierno levantará las restricciones, si se reabrirán los centros comerciales, si regresaremos a trabajar el lunes. A todos nos han llegado, sólo para darnos cuenta horas más tarde, que eran falsas. El debate sobre las fake news o la información no verificada ha estado durante años en el radar, pero ha sido hasta la crisis de Covid-19 que quizá entendamos el valor de esperar información de fuentes oficiales y calificadas.

Eficiencia y productividad laboral. Uno de los males de las economías basadas en servicios es la reunionitis. Cuantas horas de productividad semanal se pierden por reuniones que pudieron sustituirse por llamadas o video-conferencias. Cuántas horas se pierden en el proceso de trasladarse de la reunión A, a la reunión B. La cuarentena nos obligó a cambiar patrones laborales y quizá nos lleve a maximizar la productividad. También, aunque suene duro decirlo, obligará a reevaluar los trabajos esenciales versus los superfluos.

La educación y la religión a distancia. Las clases presenciales han sido canceladas; los servicios religiosos suspendidos. Incluso, la Semana Santa en Guatemala se canceló. El sustituto ha sido la tecnología. Misas y servicios que se transmiten por Facebook live. Las clases ahora son en línea. Y la ventaja es que el mundo está a disposición de quien tiene acceso a la red. La Universidad de Oxford ofreció clases de economía por internet. MIT dio cursos básicos de ingeniería. El tráfico de usuarios a las misas del Vaticano se incrementó exponencialmente. La educación y la religión se volvieron a distancia y al mismo tiempo, globales.

Nuevos canales de distribución. Los restaurantes y los comercios de venta al detalle son quizá de los sectores más afectados por el cierre de actividades. Para sobrevivir, todos se han visto obligados a replantear sus cadenas de distribución. La utilización en masa de servicios de delivery. Oferta de platillos de sencilla preparación en casa. Telecomercio. Desde hace varios años, los antropólogos habían identificado la preferencia muy milenial de ordenar a distancia por encima de realizar las compras físicas. El modelo Amazon y Uber Eats se basó en esa tendencia. Pero en América Latina, dicha tendencia había tardado en posicionarse. Quizá la crisis del Covid-19 obligará a replantear los canales de distribución. Quizá ahora más que nunca es momento de acelerar la agenda digital en Guatemala.

La contraofensiva de la ciencia. El siglo XXI ha sido el período de mayor avance científico de la humanidad, pero al mismo tiempo, de mayor retroceso en la aceptación de la ciencia. Cuestionar el rol preventivo de las vacunas; minimizar las alertas de científicos que señalaban que la siguiente pandemia global era inminente. Incluso hace unas semanas, Gobiernos restaron importancia al avance del Covid-19 bajo la premisa que era una herramienta al servicio de un interés geopolítico. Hoy el mundo espera ansioso el descubrimiento de la vacuna contra el virus. O la investigación para descubrir los fármacos para tratar la enfermedad. Las teorías de la conspiración rápidamente pierden validez ante investigaciones científicas que detallan el origen y comportamiento del virus. Tuvimos que sucumbir ante un patógeno de apenas unos nanómetros de tamaño para darnos cuenta que el mundo progresa y vive gracias a la ciencia.

 

 

Understanding the historical fall in oil prices
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
21 Apr 2020

La pandemia del coronavirus continúa impactando la economía mundial, en particular el precio del petróleo.  

Este lunes, 20 de abril, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) cerró a un precio negativo de cerca de -$37.63.

¿Por qué se cayó el precio? Como explica este artículo del Wall Street Journal, un 60% de la demanda de petróleo viene dada por los combustibles para el transporte. Cuando un tercio del mundo está bajo algún tipo de encierro por las medidas de distanciamiento social, naturalmente el uso del transporte cae dramáticamente y con ello la demanda de petróleo.

El reporte mensual de la International Energy Agency (IEA) estimó que la demanda de petróleo se caería en 29 millones de barriles de petróleos diarios. Usando cifras de 2019, la demanda mundial de petróleo rondaba los 100 millones de barriles diarios, con lo cual la caída de 29 millones de barriles al día es un 29% de la caída de la demanda. Una cifra nunca vista.

Esta dramática caída de la demanda en marzo y abril por las medidas de distanciamiento social explican la caída en los precios. Lo que no es fácil explicar es, ¿por qué el precio es negativo? ¿por qué pagan por llevarse el petróleo? Ya no hay donde almacenar petróleo y además la oferta de petróleo es inelástica.

Es decir, no es tan fácil “recortar” la producción de petróleo porque la mayoría de los pozos no se pueden “detener” sin causar un problema enorme. Les costaría muchísimo reanudar producción. Por eso resulta más “barato” esto que parar la producción. Además, hay otra razón: si alguien puede almacenar el petróleo y venderlo en el futuro, podría ganar dinero.

Los precios del petróleo a futuro son otra historia. Al ver el mercado de futuros, vemos que el petróleo WTI para entrega en junio es de $21 y para septiembre es de $30. Esto porque en la medida que se tiene la expectativa de que se levanten las medidas de distanciamiento social, la expectativa es que la actividad económica se reactivará y la demanda volverá a subir. Si le pagan hoy por llevarse unos barriles de petróleo puede ganar dinero, pero claro, necesita un lugar para almacenarlo.

¿Qué significa todo esto para nosotros los consumidores? Bueno, Guatemala es un país que importa combustibles. En ese sentido mientras el petróleo esté barato los combustibles también lo estarán. Hay que tener en cuenta que toma tiempo hasta que la caída del precio del petróleo se transmite a la gasolina y a la importación de gasolina y por tanto al precio que usted encuentra en la gasolinera.

Sin embargo, al ver los datos del Ministerio de Energía y Minas, las constantes caídas del precio del petróleo (el precio cae desde comienzos de marzo) ya se ven reflejadas en el precio de la gasolina. Un galón de gasolina súper se compraba a Q23.40 hace un mes y al 13 de abril se compraba por Q19.70. Podríamos ver precios de Q15 por galón. No olvidemos que pagamos un impuesto fijo de Q4.70 por galón de súper y Q.4.60 por galón de regular, sin importar el precio de la gasolina.

Support measures for formal employment
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
24 Apr 2020

Considerando que son estas las mayores generadoras de empleo bien harían las autoridades en buscar una solución para que esta ayuda llegue a los trabajadores y no tengamos como resultado una serie de despidos que agraven a un más la maltrecha situación económica que vivimos. Hay formas para brindar el beneficio sin que los trámites burocráticos sean el obstáculo para ayudar a quienes lo necesitan.

 

Medidas de ayuda y trabajadores informales

Como explicamos en una entrada del 3 de abril, el decreto 13-2020 trajo un paquete de medidas para intentar paliar el impacto económico derivado de las políticas de distanciamiento social. Explicamos que habrá un programa destinado a entrega de alimentos, otro destinado a un bono familia de Q1,000 a personas en situación de pobreza y un fondo para dar préstamos blandos a las empresas. 

Los datos

Con datos de la última encuesta de empleo de mayo de 2019, sabemos que cerca de 7.1 millones conforman la Población Económicamente Activa. Cerca de un 70%, es decir, más o menos 5 millones de personas, tiene un empleo informal. El bono familia de Q.1,000 mensuales busca apoyar a esta población que no tiene ningún mecanismo de protección social.

Por lo tanto, los restantes 2.1 millones de trabajadores restantes tienen un empleo formal. No todos tienen cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por diversas razones. Una razón de peso es que la obligación de afiliar trabajadores al IGSS parte del punto en que una empresa tiene más de 3 trabajadores. De lo contrario, es optativo salvo excepciones. Según cifras de 2018, cerca de 1.3 millones de trabajadores estaban afiliados al sistema. Suponemos que las cifras anteriores se mantienen más o menos en el mismo rango.

Los trabajadores formales

Dicho eso, el decreto 13-2020 trae un mecanismo de ayuda para estos cerca de 1.3 millones trabajadores formales. Dado que gran parte de los negocios no pueden operar durante el estado de calamidad actual, el acuerdo gubernativo 58-2020 detalla que se considera el estado de calamidad causa de fuerza mayor para los contratos laborales de las actividades económicas que están sin poder operar.

Fuerza mayor, en lenguaje llano, es una circunstancia imprevista que no hace posible que las partes de un contrato puedan cumplirlo. La pandemia y las consiguientes medidas de distanciamiento social no eran previsibles y por tanto muchos negocios no pueden operar ni los trabajadores laborar. Solución: suspender el contrato de trabajo mientras la situación dure.

Como suspender el contrato implica que ni la empresa paga al trabajador ni este labora, la ayuda del gobierno consistirá en pagar Q75 diarios a los trabajadores que caigan bajo este supuesto.

Momento, hay que llenar algunos requisitos antes.

Ahora bien, para ello hay que: a) celebrar un convenio de suspensión de trabajo entre empleador y trabajadores; b) registrarlo en el Ministerio de Trabajo; c) El ministerio de trabajo debe aprobarlo; y d) con los pasos anteriores completo, el Crédito Hipotecario Nacional paga el salario.

El problema que encuentran varias empresas es que o bien no logran “justificar” la suspensión. Recordemos que algunas empresas sí pueden operar por ser esenciales. Otro problema que encuentran es que algunas tienen algún trámite incompleto en el IGSS y por tanto no les dan trámite. Otros, especialmente empresas pequeñas, no han inscrito el contrato de trabajo ante el Ministerio.

De tal cuenta, una reciente nota de prensa reporta que de aproximadamente 3,800 solicitudes, 1,700 fueron rechazadas. Ser formal es costoso en términos de tiempo, dinero y trámites. El hecho de que muchos empleadores no tengan en orden los papeles puede ser caótico. Es de suponer que, de no lograr la suspensión del trabajador, la solución sea el despido.

Papeleos y microempresas

No olvidemos un dato importante: el 90.34% de empresas son microempresas. Esto es, empresas que tienen entre 1 y 10 trabajadores y venden entre 1-190 salarios mínimos anuales. Esto es, que aproximadamente venden entre Q2,825.10 y Q536,769.00 al año. El “costo” de cumplir todas las regulaciones es más alto para las empresas micro porque su sacrificio es grande. No son empresas que tengan amplios presupuestos para abogados y puedan navegar entre el complejo mundo de la burocracia.

Considerando que son estas las mayores generadoras de empleo bien harían las autoridades en buscar una solución para que esta ayuda llegue a los trabajadores y no tengamos como resultado una serie de despidos que agraven a un más la maltrecha situación económica que vivimos. Hay formas para brindar el beneficio sin que los trámites burocráticos sean el obstáculo para ayudar a quienes lo necesitan.

Global scenarios after the Covid-19 crisis
30
Director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado en Ciencia Política, catedrático y analista político en el programa Sin Filtro de Guatevisión.
27 Apr 2020

La aldea global intenta adaptarse a la mayor crisis de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Con información limitada, sin entender el alcance y dimensión del virus, proyectar cómo será el futuro a resulta difícil. 

 

La aldea global intenta adaptarse a la mayor crisis de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Con información limitada, sin entender el alcance y dimensión del virus, proyectar cómo será el futuro a resulta difícil. Solo queda elaborar escenarios prospectivos que nos permitan imaginar algunos escenarios.

Escenario # 1 – La década pérdida: Todos pierden. Estados Unidos, Europa y China sucumben ante el Covid-19. Las políticas de reapertura económica y normalización social aceleran la llegada de una segunda y tercera oleada de contagios, lo que provoca un incremento en el número global de casos y de muertes. Bajo la amenaza de nuevos focos de contagio, las políticas de supresión y suspensión de actividades se vuelven a implementar, cada vez con mayor rigurosidad y duración. El shock a la oferta y el colapso de la demanda provoca una crisis económica sin precedentes. Estados Unidos, Europa y China luchan mediante enormes esfuerzos fiscales y monetarios por estimular la economía. No obstante, el proceso es lento y doloroso, y se extiende a lo largo de la década de 2020. Incluso, a pesar de la normalización, el mundo mantiene una “cuarentena psicológica” ya que toma mucho más tiempo desarrollar una vacuna. La reelección de Trump, mayor enfriamiento en la relación Estados Unidos – China (agravada por los reproches de occidente hacia la potencia oriental) y la parálisis de la Unión Europea acelera el proceso de “desglobalización”. Esa desglobalización, aunada a los efectos ya descritos, provoca que la recuperación económica sea lenta. El mundo pierde los destinos favoritos de la migración, y sin las remesas, el efecto dominó de la pobreza se agudiza en América Latina, África septentrional y Medio Oriente. La tensión Estados Unidos – China llega a niveles críticos y resurge el fantasma de un conflicto global.

Escenario # 2 – Unipolaridad y nuevo orden mundial. Estados Unidos y Europa resultan sumamente afectados por la crisis sanitaria y económica. Las bolsas mantienen una tendencia negativa a lo largo de 2020, provocando la gradual desvalorización de las mayores empresas occidentales. China, en cambio, se vende como el país que mejor contrarrestó la pandemia, mensaje alimentado por su autoritarismo. El espejismo de la recuperación china y el mensaje implícito de la eficiencia autoritaria provoca una crisis de legitimidad en las democracias y los mercados libres. En América Latina y África, la incapacidad de los gobiernos por atender a grandes segmentos de población en el desempleo y la pobreza agudiza el malestar social y genera movilizaciones de descontento. En la mayoría de casos, se generan condiciones para que proyectos populistas o autoritarios de izquierda resulten favorecidos. Mientras tanto, grandes consorcios chinos adquieren acciones de las principales empresas occidentales, ampliando la cabeza de playa de la China en las economías europea y norteamericana. Los paquetes de ayuda a África, Medio Oriente y América Latina -al estilo de un Plan Marshall- impulsados desde Beijing generan dependencia hacia la potencia asiática. La caída de los precios de petróleo y la lenta recuperación del consumo internacional, provoca que Arabia Saudita caiga presa de su propio dumping, lo que le arroja a los brazos de Shanghái. Mientras tanto, el desempleo y la pauperización de las clases medias norteamericana provoca -al igual que en Europa del 2010- un gradual giro hacia la izquierda. Ideas radicales, con poco asidero político, impulsadas por Bernie Sandres, Elizabeth Warren y Alexandra Ocasio ganan terreno, y el escenario de una victoria de un radicalismo demócrata en 2024 se vuelve muy probable. 

Escenario # 3 – El renacimiento de Occidente. Los avances científicos patrocinados por Estados Unidos, Reino Unido y Alemania permiten que para inicios de 2021 exista una vacuna contra el Covid-19. El esfuerzo por vacunar a los sectores más vulnerables, al tiempo que la inmunidad colectiva de rebaño se acrecienta entre la población joven, permite recobrar la normalidad económica y social a partir de 2021. Molestos con la parsimonia de la Organización Mundial de la Salud, Occidente asume el liderazgo de facilitar la vacunación global entre 2021 y 2023. Al mismo tiempo, generan un frente internacional para hacer valer la responsabilidad de China por la pandemia. La potencia oriental se ve obligada a cerrar sus mercados “húmedos”, a modificar su legislación sanitaria y, sobre todo, a adoptar políticas de mayor apertura de información. La economía, la educación y la sociedad global se adaptan rápidamente a las nuevas dinámicas sociales y culturales. El comercio electrónico se expande, los canales regionales de distribución se fortalecen, y la dependencia de la manufactura china se reduce. Las potencias occidentales, junto al sistema monetario internacional, desarrollan grandes paquetes de recuperación para los países en desarrollo, que incluye créditos a empresas locales e inyecciones de capital para infraestructura estratégica y productiva. Países con limitantes competitivos en Centroamérica, en la cuenca andina, en el áfrica occidental, la zona subsahariana y sur asiático desarrollan modelos de integración para fortalecer sus canales de producción y sus mercados internos. A su vez, los resabios del distanciamiento social incentiva a acelerar la implementación de agendas digitales. Se fomenta el trabajo a distancia, se acelera el uso de la tecnología para las actividades cotidianas. La educación se revoluciona, y gracias a la rápida implementación de modelos de formación a distancia, se abre la puerta para cerrar la brecha educativa global. La agenda digital se convierte en el principal trampolín para el desarrollo.

Mathematical models, epidemics and why we are not mosquitoes
113
Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
28 Apr 2020

En nuestro caso son necesarios enfoques más heterodoxos y flexibles que tomen en cuenta las variables sociales y económicas que, hasta ahora, se siguen pasando por alto porque los especialistas de escritorio están más ocupados proyectando escenarios apocalípticos en sus modelos hipotéticos.

 

 

La tesis del distanciamiento social surge a partir de los estudios sobre la transmisión de la malaria en los mosquitos que llevó a cabo el Premio Nobel de Medicina de 1902, Ronald Ross. A través de una serie de ecuaciones diferenciales, Ross llegó a la conclusión de que la capacidad de propagación se reducía significativamente cuando la densidad de la población susceptibles a transmitir el parásito, cae por debajo de cierto umbral (a menos mosquitos, o vectores de transmisión, menos propagación del mismo). En una nota curiosa, este descubrimiento científico terminaría propiciando la construcción del Canal de Panamá en 1907, que había fracasado tras un primer intento en 1881-88 debido a la propagación de la fiebre amarilla y la malaria.

A partir de allí comenzó a considerarse con más base científica lo que la humanidad tenía milenios haciendo por intuición: que las medidas para reducir la densidad poblacional a través del llamado “distanciamiento social”, aplanaban la curva de propagación (Spinney, Pp. 81-83). Además, el modelo de Ross fue probablemente el primer ejemplo del concepto de “umbral”, que ha sido central en epidemiología desde entonces.

Así las cosas, los modelos matemáticos comenzaron a aplicarse en la naciente ciencia epidemiológica que, partiendo de ciertos supuestos, permitían proyectar y predecir escenarios hipotéticos para que desde la salud pública se pudieran hacer intervenciones que contrarrestaran brotes epidémicos. Los modelos matemáticos en epidemiología también vienen a suplir la imposibilidad de diseñar experimentos empíricos que, incluso si fuesen posibles de organizar, tendrían implicaciones éticas graves relacionadas con los grupos de control. De tal suerte que, para describir el curso de un brote futuro de enfermedad, la formulación y el análisis de un modelo matemático puede ser la única forma de comparar el efecto de diferentes estrategias de manejo de una epidemia.

En ese sentido, el modelo de Ross, que sigue vigente en la epidemiología actual (aunque con algunas variantes y aportes de otros modelos como el de Kermack-McKendrick, el de Bailey, etc.), es un modelo determinista y, aunque es una buena abstracción para elaborar escenarios futuros; obviamente no contempla todas las variables del complejo mundo en que vivimos las grandes sociedades modernas globalizadas, y el simple hecho de que las personas (a diferencia de las mosquitos) tenemos intereses distintos que incluso compiten entre sí (Buchanan y Tullock dixit) y donde los costos de la unanimidad son altísimos y prácticamente imposibles de conseguir.

También, desde el punto de vista epistemológico y de la filosofía de la ciencia, los modelos matemáticos epidemiológicos presentan lo que pensadores como Karl Popper llamaron el problema de la inducción y es básicamente un problema de cómo establecer la verdad de los enunciados universales basados en la experiencia (en este caso sería sólo una formulación hipotética a priori, porque no hay una base empírica experimental sólida), más si a partir de ellas se quieren establecer ciertas inferencias inductivas para explicar un fenómeno. La forma de saberlo es haciendo una contrastación deductiva de las teorías y ver cuánto de falsabilidad hay en ellas. Es decir, que un enunciado científico para serlo tiene que poder ser constantemente cuestionado y escrutado por la propia comunidad científica, que en esta crisis, por el contrario, más bien pareciera estar empecinada en dar ciertas verdades como absolutas y censurar y desprestigiar a quienes cuestionen sus modelos o se salgan de la corriente principal.

De hecho, lo que se ha venido a confirmar en esta crisis es que a medida que se tiene más información, las proyecciones de los modelos epidemiológicos del Covid-19 de hace meses de organizaciones del gremio médico convencional como la OMS, la fundación de Bill y Melinda Gates y de institutos como el Imperial College, parecieran fallar en cuanto a sus predicciones iniciales. Un estudio publicado en Israel por el profesor Isaac Ben-Israel, presidente de la Agencia Espacial Israelí y el Consejo de Investigación y Desarrollo, muestra que "la propagación del coronavirus disminuye a casi cero después de 70 días, sin importar dónde golpee, y no importa qué medidas impongan los gobiernos para tratar de frustrarlo". También, otro estudio publicado en el Wall Street Journal, por T. J. Rogers, Joe Malchow y Yinon Weiss demuestra a través de varias regresiones, que no existe una correlación significativa entre hacer "shut down" y frenar la propagación del Covid-19. Independientemente de si se aplica o no la supresión, la propagación termina siendo igual en los estados que se estudiaron. 

Más allá de estas observaciones epistemológicas y metodológicas sobre modelos hipotéticos; la historia de las epidemias (que sería nuestra única forma de contrastar este tipo de fenómenos en la realidad concreta), da cuenta de que las cuarentenas prolongadas y generalizadas a toda la sociedad son impracticables, nunca se han podido hacer completamente, ni siquiera en los países con capacidad para hacerlo. Y en parte por la imposibilidad de un “shut down” total, y por el fenómeno del pasaje serial[1], es que también ocurren segundas y terceras oleadas de contagio y que, finalmente, se desarrolla inmunidad de rebaño.

Por esta razón, y mientras no haya vacuna al Covid-19, en lugar de implementar cuarentenas prolongadas generalizadas y paralizar totalmente las actividades de la sociedad; un abordaje realista sería bajo un modelo estatocástico[2], que tome en cuenta el factor humano. Es decir, que se establezca una estrategia de “apretar y relajar” medidas de distanciamiento (combinar mitigación y supresión) cuando las víctimas más críticas sobrepasen cierto umbral superior al establecido ahora por estos modelos hipotéticos; y que se practique la cuarentena selectiva aislando a pacientes infectados y su entorno inmediato.

Adicionalmente, especialistas como el Dr. Scott Atlas[3], de la Universidad de Stanford, refieren que ya de facto, y a pesar de las medidas de distanciamiento, se está desarrollando inmunidad en la población porque la pruebas de anticuerpos están reflejando que los contagios son más altos de lo que los modelos arrojan. También menciona que se están dejando de lado otras enfermedades, que no se pueden diagnosticar porque todo el sistema de salud está abocado al coronavirus. Enfermedades como el cáncer, y otros padecimientos crónicos no se están diagnosticando, lo cual básicamente está condenando a muerte a miles de personas que no están recibiendo atención médica y están sufriendo el costo de oportunidad que implica que el coronavirus sea la prioridad de todo el mundo en estos momentos. Además de Atlas, hay especialistas que cada vez se inclinan más hacia la tesis de la “inmunidad de rebaño” y que argumentan que el “lock down” total básicamente lo que está haciendo es impedir que esa inmunidad se desarrolle, y por ende, que la crisis se alargue innecesariamente.

Algo que no debe dejarse por fuera es que las medidas del “lock down” total son medidas para el primer mundo que (no exentos de dificultades) se las pueden permitir. Pero en el mundo subdesarrollado estas medidas son completamente impracticables e irreales. Un estudio reciente de la Universidad de Yale reveló que las medidas de distanciamiento social aplicadas en el mundo desarrollado, traen costos económicos demasiado altos en los países del tercer mundo. Primero, no hay infraestructura ni capacidad institucional para proveer salud y asistencia social. En nuestros países la prestación de servicios sanitarios es precaria, incluso en condiciones normales, pues son sistemas de salud colapsados y en crisis antes de esta crisis. Segundo, porque los sectores pobres que viven al día (y que son la mayoría) no pueden permitirse una paralización de sus actividades económicas: para ellos, el coronavirus es sólo una probabilidad, mientras que el hambre es una certeza. Un ejemplo es que en el sondeo de percepción que hizo la FLD, un 67% de los guatemaltecos consultados (con acceso a internet) manifestaron que, de quedarse sin ingresos, podrían hacer frente a sus gastos apenas entre 15 días y dos meses. 

En resumen, el tercer mundo no cuenta ni remotamente con un Estado de bienestar como el europeo o con la infraestructura de los Estados Unidos y ciertos países asiáticos, que pueda sostener desde la seguridad social y la salud pública una crisis pandémica de estas magnitudes, y es por eso que en nuestro caso son necesarios enfoques más heterodoxos y flexibles que tomen en cuenta las variables sociales y económicas que, hasta ahora, se siguen pasando por alto porque los especialistas de escritorio están más ocupados proyectando escenarios apocalípticos en sus modelos hipotéticos.

 

 

[1] Es un fenómeno que refleja la habilidad de adaptación de un organismo a su ambiente. Cuando un organismo de patógenos débiles pasa de un animal vivo a otro, se reproduce cada vez de manera más profusa y eficiente. Esto usualmente incrementa su virulencia y su letalidad. Hoy en día, el descubrimiento de este proceso es utilizado (a la inversa) para la producción de vacunas. (Barry, John. The Great Influenza. Pp. 175-178).

[2] Allen, Linda J. S. “An Introduction to Stochastic Epidemic Models”. En https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-78911-6_3

[3] “Ep 625 | The Case for Herd Immunity and Opening Schools”. En https://podcasts.apple.com/us/podcast/ep-625-the-case-for-herd-immunity-and-opening-schools/id1065050908?i=1000472551569&mod=article_inline

 

 

Referencias:

Atlas, Scott. “The data is in —stop the panic and end the total isolation”. En https://thehill.com/opinion/healthcare/494034-the-data-are-in-stop-the-panic-and-end-the-total-isolation

Barry, John. The great influenza. The epic story of the deadliest plague in history. New York. Penguin Books. 2004.

Ben-Israel, Isaac. “The end of exponential growth: The decline in the spread of coronavirus”. En https://www.timesofisrael.com/the-end-of-exponential-growth-the-decline-in-the-spread-of-coronavirus/

Buchanan, J y Tullock, G. The calculus of consent. Indianapolis. Liberty Fund. 1999

Diamond, Jared. Guns, Germs and Steel. New York. W. W. Norton & Company. 1997.

Gilder, George. “An Egregious Statistical Horror Story”. En https://www.aier.org/article/an-egregious-statistical-horror-story-suffused-with-incense-and-lugubrious-accents/

Kuhn, Thomas. La estructura de las revoluciones científicas. México. FCE. 2004

Popper, Karl. La lógica de la investigación científica. Madrid. Tecnos. 1980

Spinney, Laura. Pale rider. The spanish flu of 1918 and how it changed the world. New York. Public Affairs. 2017.

The sins of 15-2020 and the presidential veto
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
30 Apr 2020

El decreto 15-2020, aprobado el pasado 3 de abril por el Congreso, regulaba algunas medidas de “alivio” para la población por la crisis que vivimos. En términos sencillos, lo que establecía el decreto era: a) prohibir el corte de servicios básicos por falta de pago a partir del estado de calamidad; y b) prohibir el cobro de intereses o mora por falta de pago y ofrecer un convenio de pago hasta por 12 cuotas a los usuarios que no pudieran pagar las cuotas de los servicios durante la emergencia.

 

 

Los dos pecados del decreto

La idea central del decreto es razonable. Estamos parados no porque queramos, sino porque las medidas de emergencia del gobierno no permiten producir por razones sanitarias. Eso provoca que la falta de ingresos de muchas familias no les permita hacer frente a los pagos de servicios de energía eléctrica, agua potable o telefonía.

¿Cuáles son entonces los pecados? Son básicamente dos.

El primero es no establecer un criterio objetivo para otorgar los beneficios. En el caso de la energía eléctrica era fácil definir por nivel de consumo (kilovatios hora por mes) quiénes podían ser los beneficiarios. Está claro que hay hogares con mejores ingresos a quienes no hace falta dar la ayuda. La ley simplemente establecía que el privilegio era para “población guatemalteca en situación de vulnerabilidad”. En el agua potable podría ser algo similar.

El segundo pecado fue no procurar un mecanismo de compensación para las empresas involucradas. Es decir, suponer que una empresa, por grande o pequeña que sea, puede sencillamente dejar de cobrar un servicio sin menoscabo alguno es simplemente absurdo.

Veamos ejemplos de países concretos. Perú, por ejemplo, también prohibió el corte de energía eléctrica por falta de pago y estableció obligación de hacer convenios de pago hasta por 2 años. Eso sí, el decreto peruano tiene un mecanismo de compensación: el Estado asumirá el pago de intereses compensatorios a través de un fondo de inclusión social. Esto permite al usuario hacer un convenio de pago; permite a la empresa cobrar el costo financiero al Estado y no al usuario. Ambas partes compensadas.

El decreto 15-2020 tenía un mecanismo de compensación, a través de créditos blandos otorgados por el CHN, pero únicamente era para cableros y prestadores del servicio de agua potable.

Los pecados del veto presidencial

Por los dos pecados anteriores es que yo dije: yo hubiera vetado el decreto 15-2020 si fuera presidente. Sin embargo, como podrá apreciar el lector al leer el veto, ni lo hubiera hecho por las mismas razones ni habría tardado tanto en hacerlo.

El decreto tiene 5 artículos y no hacían falta semanas para vetarlo. Dada la urgencia que vive el país, no es correcto demorar tanto para vetarlo. Especialmente cuando una de las “razones” para vetarlo es que dice “luz” en lugar de energía eléctrica.

Por eso los dos pecados del veto son: a) el inexplicable retardo; y b) la pobre argumentación del veto. Es verdad que el presidente presentó una iniciativa como contrapropuesta, pero hay cosas discutibles como la disposición para otorgar fondos a la empresa de agua potable de la Municipalidad de Guatemala. Pero haría falta otra columna para analizar la iniciativa y sus virtudes y defectos.

¿Qué hacer ahora? El balón en cancha del Congreso

No se trata de inventar el agua azucarada. El Congreso debe trabajar a tiempo completo en una nueva iniciativa que supere los obstáculos técnicos del decreto 15-2020. 

Debe encontrar el equilibrio de ayuda al usuario y compensación a las partes involucradas para no generar problemas en la cadena de pagos de los proveedores. Si el decreto 15-2020 fue aprobado con 140 votos quiere decir que voluntad y votos, hay. Solo falta hacerlo realidad.

 

Did Congress act well? Reject on the veto decree 15-2020
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
03 May 2020

El presidente vetó el decreto 15-2020 (aprobado el 3 de abril) alegando que un artículo podía ser inconstitucional. El 30 de abril el Congreso rechazó el veto presidencial con 126 votos.

Partamos de un corolario: es urgente que el Estado dé un mecanismo de ayuda a la población y evitar el corte de servicios básicos (luz, agua, etc.). En otra columna expuse el pecado del decreto original, pero se podía corregir sin mucha dificultad.

Primacía legislativa

Dicho lo anterior, vayamos a la discusión estrictamente legal y de procedimiento. El presidente vetó el decreto 15-2020 (aprobado el 3 de abril) alegando que un artículo podía ser inconstitucional. El Congreso hoy (30 de abril) rechazó el veto presidencial con 126 votos (más de los 107 mínimos necesarios). Es cierto, el artículo 179 de la Constitución establece que:

“(…) Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las dos terceras partes del total de sus miembros [107 votos], el Ejecutivo deberá, obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los ocho días siguientes de haberlo recibido.” (Resaltado propio)

La Corte de Constitucionalidad

Ahora bien, el inciso “h” del artículo 272 de la Constitución establece que una de las funciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) es: “Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad”. (Resaltado propio). El artículo 163 de la Ley de Amparo replica esta disposición.

Por eso vale hacernos la pregunta, ¿podía el Congreso rechazar el veto y ordenar la publicación del decreto? ¿O debía enviarlo a consulta a la CC dado que el Ejecutivo lo vetó alegando inconstitucionalidad? La pregunta es relevante porque ahora cabría la posibilidad de que se impugne el decreto alegando vicios interna corporis (para decirlo sin lenguaje rimbombante, que violaron el procedimiento pues).

Algunos precedentes

No es la primera vez que hay una disputa por esto. Por ejemplo, en el expediente 1137-2007 la Corte de Constitucionalidad conoció un pulso que tuvo Oscar Berger con el legislativo. El Congreso había aprobado un decreto que ponía plazo al Ministerio de Educación para emitir un reglamento para la ley de educación y Berger lo vetó alegando vicios de inconstitucionalidad.

El Congreso, al igual que ahora, decidió rechazar el veto por mayoría calificada. Berger presentó un amparo y la CC resolvió darle la razón y resolvió que rechazar el veto sin consultar a la CC violaba el inciso “h” del artículo 272 de la Constitución.

Encontramos otro caso en la era de Jimmy Morales, en 2016. En ese entonces, con motivo de las reformas a la ley orgánica del Congreso, se había incluido un delito por no comparecer a las citaciones del Congreso. Morales entonces vetó ese artículo señalando posibles vicios de inconstitucionalidad.

El Congreso rechazó el veto y esta vez fue el diputado del FCN, Adim Maldonado quien interpuso una acción de inconstitucionalidad por vicios de procedimiento (interna coroporis), ya que el Congreso no siguió el artículo 272 de la Constitución y omitió enviar el decreto para opinión de la CC.

 ¿Qué resolvió la CC? Dio la razón, declaró inconstitucional la ley por violar el proceso legislativo y categóricamente dijo:

“(…) es evidente que dentro del procedimiento legislativo de formación de ley, en caso de que exista veto presidencial alegando inconstitucionalidad de la normativa, el Congreso de la República debe requerir a esta Corte que (…) emita opinión sobre la inconstitucionalidad señalada por el Ejecutivo, para que posteriormente, recabado el parecer de este Tribunal, pueda someterse el asunto a conocimiento del pleno del Congreso y decida si es procedente o no hacer valer la primacía legislativa regulada en el artículo 179 del Magno Texto” (Resaltado propio)

Lo más relevante de este último precedente es que fue pronunciado por la actual magistratura. Los siete magistrados (siete porque era inconstitucionalidad general) que resoliveron fueron Franciso de Mata Vela, Bonerge Orellana, Neftaly Aldana, Gloria Porras, María Cristina Fernández, Mynor Par Usen y María de los Ángeles Araujo.

Hay otros expedientes más donde se sostiene este criterio (Expediente 4-93, expediente 421-2009 O.C.). Es probable que el presidente o alguien impugnen el decreto 15-2020 por los vicios antes señalados. Será esta misma magistratura quien resuelva. Es cierto, técnicamente la Corte puede apartarse de su propia jurisprudencia, pero debe tener buenas razones para cambiar su interpretación de la Constitución. ¿Lo hará?

¿Actuó bien el Congreso? Rechazo al veto el decreto 15-2020
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
03 May 2020

El presidente vetó el decreto 15-2020 (aprobado el 3 de abril) alegando que un artículo podía ser inconstitucional. El 30 de abril el Congreso rechazó el veto presidencial con 126 votos.

Partamos de un corolario: es urgente que el Estado dé un mecanismo de ayuda a la población y evitar el corte de servicios básicos (luz, agua, etc.). En otra columna expuse el pecado del decreto original, pero se podía corregir sin mucha dificultad.

Primacía legislativa

Dicho lo anterior, vayamos a la discusión estrictamente legal y de procedimiento. El presidente vetó el decreto 15-2020 (aprobado el 3 de abril) alegando que un artículo podía ser inconstitucional. El Congreso hoy (30 de abril) rechazó el veto presidencial con 126 votos (más de los 107 mínimos necesarios). Es cierto, el artículo 179 de la Constitución establece que:

“(…) Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las dos terceras partes del total de sus miembros [107 votos], el Ejecutivo deberá, obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los ocho días siguientes de haberlo recibido.” (Resaltado propio)

La Corte de Constitucionalidad

Ahora bien, el inciso “h” del artículo 272 de la Constitución establece que una de las funciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) es: “Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad”. (Resaltado propio). El artículo 163 de la Ley de Amparo replica esta disposición.

Por eso vale hacernos la pregunta, ¿podía el Congreso rechazar el veto y ordenar la publicación del decreto? ¿O debía enviarlo a consulta a la CC dado que el Ejecutivo lo vetó alegando inconstitucionalidad? La pregunta es relevante porque ahora cabría la posibilidad de que se impugne el decreto alegando vicios interna corporis (para decirlo sin lenguaje rimbombante, que violaron el procedimiento pues).

Algunos precedentes

No es la primera vez que hay una disputa por esto. Por ejemplo, en el expediente 1137-2007 la Corte de Constitucionalidad conoció un pulso que tuvo Oscar Berger con el legislativo. El Congreso había aprobado un decreto que ponía plazo al Ministerio de Educación para emitir un reglamento para la ley de educación y Berger lo vetó alegando vicios de inconstitucionalidad.

El Congreso, al igual que ahora, decidió rechazar el veto por mayoría calificada. Berger presentó un amparo y la CC resolvió darle la razón y resolvió que rechazar el veto sin consultar a la CC violaba el inciso “h” del artículo 272 de la Constitución.

Encontramos otro caso en la era de Jimmy Morales, en 2016. En ese entonces, con motivo de las reformas a la ley orgánica del Congreso, se había incluido un delito por no comparecer a las citaciones del Congreso. Morales entonces vetó ese artículo señalando posibles vicios de inconstitucionalidad.

El Congreso rechazó el veto y esta vez fue el diputado del FCN, Adim Maldonado quien interpuso una acción de inconstitucionalidad por vicios de procedimiento (interna coroporis), ya que el Congreso no siguió el artículo 272 de la Constitución y omitió enviar el decreto para opinión de la CC.

 ¿Qué resolvió la CC? Dio la razón, declaró inconstitucional la ley por violar el proceso legislativo y categóricamente dijo:

“(…) es evidente que dentro del procedimiento legislativo de formación de ley, en caso de que exista veto presidencial alegando inconstitucionalidad de la normativa, el Congreso de la República debe requerir a esta Corte que (…) emita opinión sobre la inconstitucionalidad señalada por el Ejecutivo, para que posteriormente, recabado el parecer de este Tribunal, pueda someterse el asunto a conocimiento del pleno del Congreso y decida si es procedente o no hacer valer la primacía legislativa regulada en el artículo 179 del Magno Texto” (Resaltado propio)

Lo más relevante de este último precedente es que fue pronunciado por la actual magistratura. Los siete magistrados (siete porque era inconstitucionalidad general) que resoliveron fueron Franciso de Mata Vela, Bonerge Orellana, Neftaly Aldana, Gloria Porras, María Cristina Fernández, Mynor Par Usen y María de los Ángeles Araujo.

Hay otros expedientes más donde se sostiene este criterio (Expediente 4-93, expediente 421-2009 O.C.). Es probable que el presidente o alguien impugnen el decreto 15-2020 por los vicios antes señalados. Será esta misma magistratura quien resuelva. Es cierto, técnicamente la Corte puede apartarse de su propia jurisprudencia, pero debe tener buenas razones para cambiar su interpretación de la Constitución. ¿Lo hará?

Los pecados del 15-2020 y del veto presidencial
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
30 Apr 2020

El decreto 15-2020, aprobado el pasado 3 de abril por el Congreso, regulaba algunas medidas de “alivio” para la población por la crisis que vivimos. En términos sencillos, lo que establecía el decreto era: a) prohibir el corte de servicios básicos por falta de pago a partir del estado de calamidad; y b) prohibir el cobro de intereses o mora por falta de pago y ofrecer un convenio de pago hasta por 12 cuotas a los usuarios que no pudieran pagar las cuotas de los servicios durante la emergencia.

 

 

Los dos pecados del decreto

La idea central del decreto es razonable. Estamos parados no porque queramos, sino porque las medidas de emergencia del gobierno no permiten producir por razones sanitarias. Eso provoca que la falta de ingresos de muchas familias no les permita hacer frente a los pagos de servicios de energía eléctrica, agua potable o telefonía.

¿Cuáles son entonces los pecados? Son básicamente dos.

El primero es no establecer un criterio objetivo para otorgar los beneficios. En el caso de la energía eléctrica era fácil definir por nivel de consumo (kilovatios hora por mes) quiénes podían ser los beneficiarios. Está claro que hay hogares con mejores ingresos a quienes no hace falta dar la ayuda. La ley simplemente establecía que el privilegio era para “población guatemalteca en situación de vulnerabilidad”. En el agua potable podría ser algo similar.

El segundo pecado fue no procurar un mecanismo de compensación para las empresas involucradas. Es decir, suponer que una empresa, por grande o pequeña que sea, puede sencillamente dejar de cobrar un servicio sin menoscabo alguno es simplemente absurdo.

Veamos ejemplos de países concretos. Perú, por ejemplo, también prohibió el corte de energía eléctrica por falta de pago y estableció obligación de hacer convenios de pago hasta por 2 años. Eso sí, el decreto peruano tiene un mecanismo de compensación: el Estado asumirá el pago de intereses compensatorios a través de un fondo de inclusión social. Esto permite al usuario hacer un convenio de pago; permite a la empresa cobrar el costo financiero al Estado y no al usuario. Ambas partes compensadas.

El decreto 15-2020 tenía un mecanismo de compensación, a través de créditos blandos otorgados por el CHN, pero únicamente era para cableros y prestadores del servicio de agua potable.

Los pecados del veto presidencial

Por los dos pecados anteriores es que yo dije: yo hubiera vetado el decreto 15-2020 si fuera presidente. Sin embargo, como podrá apreciar el lector al leer el veto, ni lo hubiera hecho por las mismas razones ni habría tardado tanto en hacerlo.

El decreto tiene 5 artículos y no hacían falta semanas para vetarlo. Dada la urgencia que vive el país, no es correcto demorar tanto para vetarlo. Especialmente cuando una de las “razones” para vetarlo es que dice “luz” en lugar de energía eléctrica.

Por eso los dos pecados del veto son: a) el inexplicable retardo; y b) la pobre argumentación del veto. Es verdad que el presidente presentó una iniciativa como contrapropuesta, pero hay cosas discutibles como la disposición para otorgar fondos a la empresa de agua potable de la Municipalidad de Guatemala. Pero haría falta otra columna para analizar la iniciativa y sus virtudes y defectos.

¿Qué hacer ahora? El balón en cancha del Congreso

No se trata de inventar el agua azucarada. El Congreso debe trabajar a tiempo completo en una nueva iniciativa que supere los obstáculos técnicos del decreto 15-2020. 

Debe encontrar el equilibrio de ayuda al usuario y compensación a las partes involucradas para no generar problemas en la cadena de pagos de los proveedores. Si el decreto 15-2020 fue aprobado con 140 votos quiere decir que voluntad y votos, hay. Solo falta hacerlo realidad.

 

Modelos matemáticos, epidemias y por qué no somos mosquitos
113
Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
28 Apr 2020

En nuestro caso son necesarios enfoques más heterodoxos y flexibles que tomen en cuenta las variables sociales y económicas que, hasta ahora, se siguen pasando por alto porque los especialistas de escritorio están más ocupados proyectando escenarios apocalípticos en sus modelos hipotéticos.

 

 

La tesis del distanciamiento social surge a partir de los estudios sobre la transmisión de la malaria en los mosquitos que llevó a cabo el Premio Nobel de Medicina de 1902, Ronald Ross. A través de una serie de ecuaciones diferenciales, Ross llegó a la conclusión de que la capacidad de propagación se reducía significativamente cuando la densidad de la población susceptibles a transmitir el parásito, cae por debajo de cierto umbral (a menos mosquitos, o vectores de transmisión, menos propagación del mismo). En una nota curiosa, este descubrimiento científico terminaría propiciando la construcción del Canal de Panamá en 1907, que había fracasado tras un primer intento en 1881-88 debido a la propagación de la fiebre amarilla y la malaria.

A partir de allí comenzó a considerarse con más base científica lo que la humanidad tenía milenios haciendo por intuición: que las medidas para reducir la densidad poblacional a través del llamado “distanciamiento social”, aplanaban la curva de propagación (Spinney, Pp. 81-83). Además, el modelo de Ross fue probablemente el primer ejemplo del concepto de “umbral”, que ha sido central en epidemiología desde entonces.

Así las cosas, los modelos matemáticos comenzaron a aplicarse en la naciente ciencia epidemiológica que, partiendo de ciertos supuestos, permitían proyectar y predecir escenarios hipotéticos para que desde la salud pública se pudieran hacer intervenciones que contrarrestaran brotes epidémicos. Los modelos matemáticos en epidemiología también vienen a suplir la imposibilidad de diseñar experimentos empíricos que, incluso si fuesen posibles de organizar, tendrían implicaciones éticas graves relacionadas con los grupos de control. De tal suerte que, para describir el curso de un brote futuro de enfermedad, la formulación y el análisis de un modelo matemático puede ser la única forma de comparar el efecto de diferentes estrategias de manejo de una epidemia.

En ese sentido, el modelo de Ross, que sigue vigente en la epidemiología actual (aunque con algunas variantes y aportes de otros modelos como el de Kermack-McKendrick, el de Bailey, etc.), es un modelo determinista y, aunque es una buena abstracción para elaborar escenarios futuros; obviamente no contempla todas las variables del complejo mundo en que vivimos las grandes sociedades modernas globalizadas, y el simple hecho de que las personas (a diferencia de las mosquitos) tenemos intereses distintos que incluso compiten entre sí (Buchanan y Tullock dixit) y donde los costos de la unanimidad son altísimos y prácticamente imposibles de conseguir.

También, desde el punto de vista epistemológico y de la filosofía de la ciencia, los modelos matemáticos epidemiológicos presentan lo que pensadores como Karl Popper llamaron el problema de la inducción y es básicamente un problema de cómo establecer la verdad de los enunciados universales basados en la experiencia (en este caso sería sólo una formulación hipotética a priori, porque no hay una base empírica experimental sólida), más si a partir de ellas se quieren establecer ciertas inferencias inductivas para explicar un fenómeno. La forma de saberlo es haciendo una contrastación deductiva de las teorías y ver cuánto de falsabilidad hay en ellas. Es decir, que un enunciado científico para serlo tiene que poder ser constantemente cuestionado y escrutado por la propia comunidad científica, que en esta crisis, por el contrario, más bien pareciera estar empecinada en dar ciertas verdades como absolutas y censurar y desprestigiar a quienes cuestionen sus modelos o se salgan de la corriente principal.

De hecho, lo que se ha venido a confirmar en esta crisis es que a medida que se tiene más información, las proyecciones de los modelos epidemiológicos del Covid-19 de hace meses de organizaciones del gremio médico convencional como la OMS, la fundación de Bill y Melinda Gates y de institutos como el Imperial College, parecieran fallar en cuanto a sus predicciones iniciales. Un estudio publicado en Israel por el profesor Isaac Ben-Israel, presidente de la Agencia Espacial Israelí y el Consejo de Investigación y Desarrollo, muestra que "la propagación del coronavirus disminuye a casi cero después de 70 días, sin importar dónde golpee, y no importa qué medidas impongan los gobiernos para tratar de frustrarlo". También, otro estudio publicado en el Wall Street Journal, por T. J. Rogers, Joe Malchow y Yinon Weiss demuestra a través de varias regresiones, que no existe una correlación significativa entre hacer "shut down" y frenar la propagación del Covid-19. Independientemente de si se aplica o no la supresión, la propagación termina siendo igual en los estados que se estudiaron. 

Más allá de estas observaciones epistemológicas y metodológicas sobre modelos hipotéticos; la historia de las epidemias (que sería nuestra única forma de contrastar este tipo de fenómenos en la realidad concreta), da cuenta de que las cuarentenas prolongadas y generalizadas a toda la sociedad son impracticables, nunca se han podido hacer completamente, ni siquiera en los países con capacidad para hacerlo. Y en parte por la imposibilidad de un “shut down” total, y por el fenómeno del pasaje serial[1], es que también ocurren segundas y terceras oleadas de contagio y que, finalmente, se desarrolla inmunidad de rebaño.

Por esta razón, y mientras no haya vacuna al Covid-19, en lugar de implementar cuarentenas prolongadas generalizadas y paralizar totalmente las actividades de la sociedad; un abordaje realista sería bajo un modelo estatocástico[2], que tome en cuenta el factor humano. Es decir, que se establezca una estrategia de “apretar y relajar” medidas de distanciamiento (combinar mitigación y supresión) cuando las víctimas más críticas sobrepasen cierto umbral superior al establecido ahora por estos modelos hipotéticos; y que se practique la cuarentena selectiva aislando a pacientes infectados y su entorno inmediato.

Adicionalmente, especialistas como el Dr. Scott Atlas[3], de la Universidad de Stanford, refieren que ya de facto, y a pesar de las medidas de distanciamiento, se está desarrollando inmunidad en la población porque la pruebas de anticuerpos están reflejando que los contagios son más altos de lo que los modelos arrojan. También menciona que se están dejando de lado otras enfermedades, que no se pueden diagnosticar porque todo el sistema de salud está abocado al coronavirus. Enfermedades como el cáncer, y otros padecimientos crónicos no se están diagnosticando, lo cual básicamente está condenando a muerte a miles de personas que no están recibiendo atención médica y están sufriendo el costo de oportunidad que implica que el coronavirus sea la prioridad de todo el mundo en estos momentos. Además de Atlas, hay especialistas que cada vez se inclinan más hacia la tesis de la “inmunidad de rebaño” y que argumentan que el “lock down” total básicamente lo que está haciendo es impedir que esa inmunidad se desarrolle, y por ende, que la crisis se alargue innecesariamente.

Algo que no debe dejarse por fuera es que las medidas del “lock down” total son medidas para el primer mundo que (no exentos de dificultades) se las pueden permitir. Pero en el mundo subdesarrollado estas medidas son completamente impracticables e irreales. Un estudio reciente de la Universidad de Yale reveló que las medidas de distanciamiento social aplicadas en el mundo desarrollado, traen costos económicos demasiado altos en los países del tercer mundo. Primero, no hay infraestructura ni capacidad institucional para proveer salud y asistencia social. En nuestros países la prestación de servicios sanitarios es precaria, incluso en condiciones normales, pues son sistemas de salud colapsados y en crisis antes de esta crisis. Segundo, porque los sectores pobres que viven al día (y que son la mayoría) no pueden permitirse una paralización de sus actividades económicas: para ellos, el coronavirus es sólo una probabilidad, mientras que el hambre es una certeza. Un ejemplo es que en el sondeo de percepción que hizo la FLD, un 67% de los guatemaltecos consultados (con acceso a internet) manifestaron que, de quedarse sin ingresos, podrían hacer frente a sus gastos apenas entre 15 días y dos meses. 

En resumen, el tercer mundo no cuenta ni remotamente con un Estado de bienestar como el europeo o con la infraestructura de los Estados Unidos y ciertos países asiáticos, que pueda sostener desde la seguridad social y la salud pública una crisis pandémica de estas magnitudes, y es por eso que en nuestro caso son necesarios enfoques más heterodoxos y flexibles que tomen en cuenta las variables sociales y económicas que, hasta ahora, se siguen pasando por alto porque los especialistas de escritorio están más ocupados proyectando escenarios apocalípticos en sus modelos hipotéticos.

 

 

[1] Es un fenómeno que refleja la habilidad de adaptación de un organismo a su ambiente. Cuando un organismo de patógenos débiles pasa de un animal vivo a otro, se reproduce cada vez de manera más profusa y eficiente. Esto usualmente incrementa su virulencia y su letalidad. Hoy en día, el descubrimiento de este proceso es utilizado (a la inversa) para la producción de vacunas. (Barry, John. The Great Influenza. Pp. 175-178).

[2] Allen, Linda J. S. “An Introduction to Stochastic Epidemic Models”. En https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-78911-6_3

[3] “Ep 625 | The Case for Herd Immunity and Opening Schools”. En https://podcasts.apple.com/us/podcast/ep-625-the-case-for-herd-immunity-and-opening-schools/id1065050908?i=1000472551569&mod=article_inline

 

 

Referencias:

Atlas, Scott. “The data is in —stop the panic and end the total isolation”. En https://thehill.com/opinion/healthcare/494034-the-data-are-in-stop-the-panic-and-end-the-total-isolation

Barry, John. The great influenza. The epic story of the deadliest plague in history. New York. Penguin Books. 2004.

Ben-Israel, Isaac. “The end of exponential growth: The decline in the spread of coronavirus”. En https://www.timesofisrael.com/the-end-of-exponential-growth-the-decline-in-the-spread-of-coronavirus/

Buchanan, J y Tullock, G. The calculus of consent. Indianapolis. Liberty Fund. 1999

Diamond, Jared. Guns, Germs and Steel. New York. W. W. Norton & Company. 1997.

Gilder, George. “An Egregious Statistical Horror Story”. En https://www.aier.org/article/an-egregious-statistical-horror-story-suffused-with-incense-and-lugubrious-accents/

Kuhn, Thomas. La estructura de las revoluciones científicas. México. FCE. 2004

Popper, Karl. La lógica de la investigación científica. Madrid. Tecnos. 1980

Spinney, Laura. Pale rider. The spanish flu of 1918 and how it changed the world. New York. Public Affairs. 2017.