
En el programa de esta semana, analizamos la designación de cárteles de droga como organizaciones terroristas.
Dionisio Gutiérrez inició preguntando cuántos tienen algún conocido que sufre por la adicción a las drogas, o quiénes, incluso, han perdido a alguien por su consumo, pues “la adicción a las drogas provoca un doloroso drama personal y familiar”, pero también tienen “repercusiones sociales y económicas graves para las naciones”.
El saldo social que provoca el consumo de drogas, y que ha llevado “a la muerte a millones de seres humanos a través de la historia”, es el lado de la demanda del fenómeno. Esta es la demanda de la cual se aprovecha la oferta, los narcotraficantes.
Gutiérrez señaló que los narcotraficantes “se aprovechan de los débiles que. Usan la violencia y el asesinato sin límites y sin escrúpulos. Contaminan la política y corrompen las instituciones del Estado para obtener protección y garantizar impunidad”. Además, recordó que se han infiltrado en la política: “En América Latina, hay más narco-Estados de los que se quiere reconocer. Los carteles de la droga juntos son la organización criminal más grande, poderosa y asesina del planeta. Son la mayor amenaza a la gobernabilidad y a la salud de las naciones”.
Por otro lado, ante la reciente proclamación de los cárteles de droga como grupos terroristas, Gutiérrez mencionó que “es difícil pronosticar lo que vienen”. Sin embargo, señaló que hay dos dimensiones que se deben abordar: “la primera, que las sociedades aprendan a decir NO a las drogas; y la segunda, Estados fuertes que pongan en su lugar a los criminales”.
Para finalizar, Gutiérrez expresó: “Ya no queremos ver madres que sufren en silencio por la adicción de sus hijos. Ya no queremos más muerte y violencia. Ya no queremos más presidentes, diputados, alcaldes o jueces al servicio del crimen organizado”.
En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Pedro Trujillo, doctor en Ciencia Política y Gobierno, y a John Polga, profesor de política comparada en la Academia Naval de Estados Unidos, sobre el Tren de Aragua y los desafíos del tráfico de drogas.
Trujillo indicó que las implicaciones del régimen de Maduro en Venezuela respecto al Tren de Aragua no le sorprenderían, ya que es algo que se ha visto en otras ocasiones: “En los años sesenta y setenta vimos grupos cubanos de este tipo, utilizados como elementos desestabilizadores”.
Además, señaló que la clasificación del Tren de Aragua como grupo terrorista es significativa porque “la designación permite que determinados instrumentos internacionales, como los financieros, se utilicen para cortar el oxígeno de estos grupos”. Trujillo también afirmó que es fundamental que Estados Unidos sea capaz de identificar los grupos que apoyan a estos actores para interrumpir la ayuda que reciben, ya que, en la medida en que se detecten vínculos con grupos de narcotráfico, maras o crimen organizado, se podrá aplicar sanciones.
Respecto a la posibilidad de que Estados Unidos realice operaciones militares contra el narcotráfico, Trujillo no descartó la opción, señalando que la administración de Trump podría estar dispuesta a llevarlas a cabo.
Por su parte, Polga comentó que la designación de los cárteles de droga como grupos terroristas “forma parte de un esfuerzo para acabar con el flujo de drogas y personas a través de la frontera sur”. Además, indicó que su impacto dependerá de “cómo se implemente la política, pero definitivamente amplía las herramientas para perseguir a los cárteles”.
Por otro lado, Polga subrayó que neutralizar la oferta de drogas no es suficiente, ya que “cualquier discusión sobre el narcotráfico debe abordar también la demanda”. Agregó que, si solo se enfoca en la oferta, esta cambiará de geografía, lo que se conoce como el efecto burbuja: “Las rutas y orígenes de las drogas cambian dependiendo de hacia dónde se dirijan las fuerzas de seguridad”.
Finalmente, en cuanto a la presencia del narcotráfico en la política y las políticas públicas necesarias para controlar la corrupción, la violencia y los niveles de consumo, Polga indicó que esto “requiere un esfuerzo conjunto, la colaboración de los países vecinos y de la región. Es necesario fortalecer los sistemas de justicia e invertir en la policía y las fuerzas militares, además de abordar el tema desde una perspectiva de salud pública”.
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